Un proyecto de libertad religiosa

Procurador encabezadoLa ley, en el siglo XIX (y tal vez incluso hasta hoy) era una manera de realizar sueños políticos. En otras oportunidades he tenido el gusto de trabajar los proyectos de unos “soñadores” muy cocretos, los miembros la IV legislatura constitucional de Veracruz de 1833 a 1834. La segunda IV legislatura, aunque no vale la pena entrar ahora en los detalles de esa repetición, elegida el 25 de enero de 1833. Desde mi tesis de licenciatura (presentada en 2003 y publicada en 2006 con el título La política eclesiástica del Estado de Veracruz, 1824-1834) hasta mi tesis doctoral (presentada en 2010), dediqué alguna atención a una serie de decretos con los que ese grupo de legisladores, entre los que dominaba la facción de los “patriotas”, trataron de reformar la vida religiosa veracruzana. Alguna razón tuvo el obispo de Puebla, Francisco Pablo Vázquez al comparar uno de sus decretos con la Constitución civil del clero de 1790, obra de la Asamblea Constituyente francesa. Si algo parece claro en sus decretos es el intento de reorganizar a la Iglesia católica de forma que quedara bajo la tutela del Estado de Veracruz, aunque para ello esos legisladores trataron a veces que pasar por encima de los límites que imponía la Constitución federal de octubre de 1824.

¿A qué proyectos me refiero? En primer lugar a la creación de un obispado con los límites del territorio estatal, cuyo obispo y curia serían financiados del erario estatal y no del diezmo, que en cambio debía ser suprimido. En este mismo espacio publiqué, en 2010, el texto completo de ese decreto, el número 18, en realidad poco conocido en la historiografía. Hubo medidas que pueden considerarse menores: como la prohibición a los ayuntamientos de celebrar otras fiestas fuera del 16 de septiembre, así como la supresión de los dobles de campana, ambas ya en 1834. Desde noviembre de 1833, examinaron además la posibilidad de permitir al clero renunciar al fuero personal, a propuesta sacerdote y senador (era una legislatura bicameral) Leonardo Romay.

Mas sin duda, el más célebre de sus proyectos fue el planteado en su sesión del 30 de noviembre de 1833, en el que trataron de construir un sistema educativo estatal utilizando para ello los bienes de diversas corporaciones eclesiásticas, en particular los conventos, que por ello debían suprimirse. “Todos los institutos religiosos deben considerarse inútiles civilmente”, sentenciaba el proyecto de la comisión que dictaminó el proyecto de decreto, que fue emitido con el número 54. Éste fue la gran medida de esa legislatura, la que ocasionó controversias con el clero, en particular con el obispo de Puebla, aunque también con la federación. Más todavía, a la larga, la insistencia de la legislatura sobre el cierre de los conventos fue lo que desató, en abril de 1834, los pronunciamientos que llevaron a la caída de los poderes estatales, concretada en junio de ese mismo año.

Empero, hubo otro proyecto tal vez más ambicioso aún: una nueva constitución del Estado de Veracruz, presentado por el diputado orizabeño Joaquín Pesado en la sesión del 23 de enero de 1834. Proyecto de 50 artículos, reconocía en su artículo 6o. una serie de “derechos civiles”, para “toda clase personas, sin distinción de condición ni sexo”, que incluía por primera vez la libertad religiosa.  DerechosNo era un asunto menor, dado que la Constitución federal y el Acta constitutiva de la federación de 1824 habían establecido que la religión católica era la única que debía practicarse. El asunto justificó una verdadera campaña en el periódico de los “patriotas”, El procurador del pueblo, para probar que la tolerancia era compatible con el catolicismo, e incluso que la defensa de la religión no era propia de las autoridades civiles.

En efecto, aquel mes de enero de 1834 fue, podríamos decir, el “mes de la tolerancia religiosa” en las páginas de ese periódico. Entre los textos más sobresalientes que vieron la luz entonces estuvo un “cuento moral” publicado el día 17, que citaba a favor de la tolerancia religiosa un pasaje del Evangelio de San Mateo (“No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos…”). Un diálogo incluido en ese mismo número hacía de la tolerancia un derecho natural, pues decía, ningún pasaje de las Sagradas Escrituras, decían, privilegiaba un culto particular pues todos eran de “invención humana”. Los Padres de la Iglesia lo afirmaban, las Escrituras lo confirmaban. Otro texto fundamental fue publicado al día siguiente, el 18: la  “Carta sobre la tolerancia” de John Locke, de la que los editores prefieron no indicar su autor, y donde ésta era calificada como “el rasgo distintivo de la verdadera Iglesia”. Siempre en el marco de un discurso religioso, el editorial de El procurador del pueblo del 21 de enero mostraba un Jesucristo tolerante, “que no quiso forzar la inclinación de nadie”, así como una Iglesia primitiva que “practicó la tolerancia sin interrupción”. La sociedad y los gobiernos de entonces no debían sino seguir el mismo ejemplo.

Casi sobra decirlo, esta reforma no llegó a concretarse, al menos hasta donde sabemos, quedando en el olvido con la caída de los “patriotas”. Hoy, gracias a la Hemeroteca Nacional Digital de México, de la que proceden las dos imágenes de este breve artículo, podemos tener acceso más fácil a esos proyectos. Conviene insistir, ya para cerrar, que a 183 años de distancia puede parecernos un esfuerzo distante y ajeno, lo es en parte, pero es buen recordatorio de una de las implicaciones de la modernidad política: la posibilidad de cambiar a la sociedad, de reformarla y reorganizarla conforme a nuevas utopías, que aunque a veces “laicas” no dejaban de tener un aspecto religioso. Quien lea la sesión del 30 de noviembre de 1833 de los legisladores de Veracruz no dejará de advertir, su lado romántico, su idea de la futura prosperidad del estado gracias a la circulación de los bienes concentrados por los antiguos conventos, por ejemplo. Eran batallas que emprendían sin importar que pareciera una lucha de David contra Goliath (para seguir en las imágenes religiosas) por el peso de varios siglos de tradición que había que confrontar. Al final, la reforma en la materia era una vía también para hacer realidad una sociedad más igualitaria, valor particularmente querido de los “patriotas”, como se ve en la divisa que se lee en el encabezado de El procurador del pueblo.

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