Un cadáver controvertido

ExcomuniónA finales de agosto de 1857, un motín conservador costó la vida al primer gobernador de Colima, Manuel Álvarez Zamora. Largo sería entrar en los detalles, bástenos aclarar que el contexto de su ascenso al cargo y su muerte fue el de la polarización del país entre liberales y conservadores, que haría estallar la guerra civil al año siguiente, y que se había reforzado con motivo de la promulgación de una nueva constitución el 5 de febrero de ese año. Las tensiones se incrementaron de manera particular por la condena que el episcopado lanzó contra la Carta Magna, en virtud de su contenido tendiente a la secularización de la sociedad. En ella no había declaratoria de religión oficial, y en cambio sí libre enseñanza, libre imprenta y libre asociación, se suprimía el fuero eclesiástico, y se prohibía a las corporaciones eclesiásticas de administrar bienes. La tensión inicial culminó en el decreto federal del 17 de marzo que ordenó que todos los servidores públicos prestaran juramento de fidelidad a la Constitución, medida contestada con circulares de los gobiernos mitrados exigiendo la retractación de ese juramento a todos los fieles, so pena de que se le negaran la absolución en el confesionario, la comunión e incluso la sepultura eclesiástica. Esto es, prácticamente se les trataba como excomulgados, en la medida en que se les privaba de los sacramentos.

En buena lógica, al fallecer el gobernador Álvarez Zamora, que como mandatario estatal había jurado la Constitución, el párroco de Colima habría procedido a la ceremonia de levantarle la excomunión antes de admitir su sepultura eclesiástica. Al menos así se deduce de la investigación que ordenó el juez de distrito local y que llegó hasta el Ministerio de Justicia y Negocios Eclesiásticos federal a través del general Anastasio Parrodi, quien había logrado recuperar la ciudad para el gobierno liberal. El traslado del expediente (que hoy se encuentra en AGN, Justicia Eclesiástica, tomo 182, fs. 128-137), es significativo ya de la importancia que tenía un evento que, siendo en principio religioso, estaba en el centro mismo de los enfrentamientos políticos del momento.

Había varios puntos que las breves declaraciones tomadas en septiembre de 1857 trataron de aclarar. En primer lugar, estaba el hecho mismo de levantarle la excomunión al gobernador, que significaba tanto como reconocer algo que los liberales solían rechazar por principio: que la Constitución iba en contra de la religión; y peor aún, que la Iglesia podía imponer censuras en el fuero externo incluso a las autoridades del Estado que trataba justamente de consolidarse suprimiendo su reconocimiento a otros fueros como el eclesiástico y el militar. Un segundo punto a aclarar era el carácter público o secreto en que se hizo la ceremonia, el juez trató de determinar si se había convocado a los fieles para que asistieran a este acto, a través del mecanismo clásico para llamarlos a la iglesia: las campanas. Evidentemente, constatar que el párroco lo había hecho en ceremonia pública era confirmar una verdadera afrenta sin recato alguno a la autoridad del Estado. En fin, estaba el ritual mismo, el que establecía el Ritual Romano. Éste era bastante claro en lo que debía hacerse si el cuerpo aún no estaba sepultado: si corpus nondum sepultum fuerit, verberetur

En efecto, la ceremonia clásica para levantar la excomunión era azotar al penitente, levemente empero,  que si era varón debía para ello “desnudarse”, o casi, los hombros, mientras se recitaba el Miserere. El trato a un cadáver no era demasiado distinto, aunque no se aclaraba en el Ritual en donde debían de darse los golpes con una vara o una cuerda. Es decir, la controversia principal era saber si el párroco había cometido el “abuso ridículo y escandaloso” como lo calificó el general Parrodi, de azotar el cadáver del gobernador Álvarez Zamora.

Así pues, el contador de la Aduana Marítima de Manzanillo, José Mariano González Hermosillo, quien declaró ser hombre de misa diaria, afirmó haber visto cómo el párroco “tocaba con una varita negra los brazos del gobernador a la vez que rezaba el salmo Miserere“. Los otros testigos en el proceso fueron el coronel Mariano de la Madrid, quien había solicitado la sepultura para el gobernador y había sabido de la ceremonia gracias al sacristán de la iglesia, y desde luego el propio sacristán, Pedro González, quien confirmó que “en la mañana del día 27 del pasado tuvo lugar en la iglesia del Beaterio la ceremonia que refiere”. El atenuante para el párroco fue que si bien hizo sonar las campanas para llamar a la misa de cuerpo presente del gobernador, no convocó al pueblo a presenciar el levantamiento de su excomunión.

Así, el cuerpo de Manuel Álvarez Zamora había sido, literalmente, el campo de batalla entre las autoridades civiles y eclesiásticas, entre la Iglesia y el Estado del siglo XIX, que al menos en este caso ganó la primera, en la medida en que habría podido imponerle su disciplina al titular del Poder Ejecutivo de un Estado.

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