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Púlpito de la parroquia, púlpito del rey

Las cordilleras eran las cartas que los obispos hacían circular entre los párrocos de su diócesis, al recibirlas, debían copiarlas en uno de sus libros de gobierno y remitir el original al siguiente curato, conforme al orden que se enlistaba en uno de los márgenes. La parroquia de San Jerónimo Coatepec, que en el siglo XVIII dependía del obispado de Puebla, conservó muy completo su libro de cordilleras, en que se registraron las de los años de 1765 hasta 1832.

En 2010, el Instituto Veracruzano de la Cultura, en su colección Bicentenario-Centenario, lo publicó bajo el título Libro de cordilleras de Coatepec, gracias al trabajo de transcripción de José Roberto Sánchez Fernández que hasta entonces era inédito, pero que circulaba ya bajo forma mecanuscrita. En efecto, si bien hoy en día esa versión se encuentra en Colecciones Especiales, y por tanto fuera de préstamo, al menos hasta 2009, era posible consultarla en la estantería abierta de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la Universidad Veracruzana. Yo lo consulté en esa versión en 2005, pero sólo lo aproveché de manera amplia en 2009 cuando redactaba mi tesis de doctorado en la Universidad Paris I Panthéon-Sorbonne, que justo terminé también en 2010. Ahora que ya ha pasado tiempo suficiente desde que se publicó como libro, es decir, ya no es algo de actualidad, y además, considerando que la tesis en que lo utilicé, si bien está disponible en su idioma original en este mismo blog, he preferido no publicarla, aprovecho este espacio para recuperar la traducción de ese fragmento en concreto.

Antes de pasar a ello, convienen algunas acotaciones. Primero, mi tesis, titulada Utilité du public ou cause publique. Les corporations religieuses et les changements politiques à Orizaba, 1700-1834, versó sobre la historia de las corporaciones religiosas de la villa de Orizaba en tiempos sobre todo de las Reformas borbónicas y hasta la primera Reforma liberal. Segundo, para mí, en ese contexto, el Libro de cordilleras de Coatepec era (y hasta el momento) una fuente que me ha permitido paliar la falta de una semejante para la parroquia de Orizaba, por ello, y toda vez que las cartas debían circular, en principio por todos los derroteros de la diócesis, no incluí consideraciones específicas sobre la parroquia de Coatepec. Tercero, sin duda hay muchas maneras de aprovecharlas, en concreto me interesaba mostrar de qué manera el rey se hacía presente en la vida parroquial de la diócesis de Puebla, antes de la independencia evidentemente. Por ello titulé al apartado en que realizaba el análisis como Púlpito de la parroquia, púlpito del rey. No sé si aun pueda tener algún valor para nuestra historiografía, pero de todas formas espero que pueda resultar de interés. En fin, las imágenes van simplemente a manera de ilustración, no corresponden ni al libro ni a la tesis.

Púlpito de la parroquia, púlpito del rey

Catedral de San Miguel Arcángel de Orizaba, foto del autor en 2008

Como la historiografía mexicanista ha destacado, en particular William Taylor, la monarquía solicitó cada vez más en el curso del siglo XVIII el apoyo de los clérigos seculares, los curas párrocos sobre todo[1]. Sin embargo, ello tuvo lugar por medios muy tradicionales, como las ceremonias litúrgicas, empleadas desde tiempo atrás para construir el sentimiento de unidad en torno al rey católico a través de todo el Imperio[2]. Podemos constatarlo en las cartas que el obispo de Puebla hizo circular entre los párrocos de su diócesis, las cordilleras, de las cuales la mayor parte no hacían sino trasmitir a su vez leyes, órdenes o decretos del rey o de los virreyes. Por desgracia las de Orizaba no han sido bien conservadas, pero disponemos en cambio de una colección muy completa (cerca de 200 cartas entre 1766 y 1821) para otra parroquia de la diócesis de Puebla y de la provincia de Veracruz, la de San Jerónimo Coatepec[3].

En ellas encontramos, en primer término, los mandatos sobre las celebraciones religiosas de la familia real y de la monarquía. Se trata de veintiún cartas, es decir, cerca de 10% del total, casi todas derivadas de una real orden. Así, desde 1766 y hasta la independencia, los fieles de la diócesis fueron testigos de la celebración de ocho nacimientos, siete matrimonios, tres decesos y dos embarazos, no sólo de los reyes estrictamente hablando, sino también de los príncipes de Asturias y de otros infantes de los Borbones españoles. Las cordilleras eran muy claras al respecto: los párrocos debían aprovechar estas celebraciones para “excitar la piedad de los fieles” hacia los reyes y su familia. Es así que la parroquia contribuía a hacer simbólicamente presentes los reyes físicamente lejanos[4].

Los párrocos se ocupaban entonces de desplegar una liturgia solemne, incluso regia, que contaba casi siempre los mismos ritos: acciones de gracias (misa solemne con Te Deum) por los recién nacidos y por las nuevas parejas de la realeza, rogaciones (es decir, la procesión acompañada del canto de la letanía de los santos) durante varios días por las princesas embarazadas, y vigilias y misas de requiem por los muertos[5]. Empero, los obispos dejaban siempre a los obispos actuar según las tradiciones diocesanas o parroquiales, o según “su piedad y amor por el soberano”.

La familia de Carlos IV, Francisco de Goya, Museo Nacional del Prado.

Mas no se rezaba sólo por las personas reales, sino también por la monarquía en su conjunto. Fue el caso en 1782, siempre a partir de una orden real, la del 27 de diciembre de 1781, por la cual todos los habitantes del Imperio debían asistir a una gran celebración, que no tenía otro motivo que una acción de gracias y rogaciones por el rey, su familia y todos los vasallos de la monarquía[6]. Se trataba sin duda de una novedad, pues en esta ocasión el rey daba instrucciones más detalladas de la liturgia a seguir: misa de acción de gracias con Te Deum, seguida al día siguiente de otra misa acompañada de las rogaciones con el Santísimo Sacramento expuesto en el altar mayor de la iglesia[7].

Además, antes de 1808, los reyes ordenaron dos veces a los obispos hacer elevar oraciones por los ejércitos reales durante las guerras contra Inglaterra (1779) y contra la Francia revolucionaria (1793), y otras dos para agradecer a Dios la paz concluida con ambas potencias (en 1795 y 1802 respectivamente)[8]. A más de las oraciones públicas, los párrocos estaban obligados a orar por los ejércitos del rey durante las misas “privadas” (es decir, celebradas sin fieles). Se trataba de oraciones más habituales, pues el obispo de Puebla podía remitir a sus párrocos a la sección de “preces del tiempo de guerra” del manual de ceremonias del obispado para consultar las rogativas a celebrar. Por otra parte, las cordilleras a propósito de las guerras eran también la ocasión de mostrar la preocupación del rey por sus vasallos. En efecto, monseñor López Gonzalo explicaba en 1779 que la guerra había estallado a causa de los “ultrajes” hechos por los ingleses en ciertas regiones de los reinos americanos, antes los cuales el “celo heroico” del rey no podía sino reaccionar[9].

La presencia monárquica era con frecuencia marcada con las particularidades de las corporaciones locales. En la parroquia de Orizaba, disputada en esta época, como hemos visto, entre españoles e indios, incluso las fiestas monárquicas se convirtieron en el teatro de esta rivalidad. Así, los funerales del rey Carlos III, celebrados dos veces en la iglesia de San Miguel, la primera por los españoles (5 y 6 de agosto de 1789) y la segunda por los indios (9 de octubre de 1789), proporcionaron la ocasión de probar la lealtad monárquicas y de continuar la competencia entre las corporaciones civiles. Ello fue especialmente visible en la preparación de los dos túmulos funerarios del rey. Los españoles prepararon un monumento de siete cuerpos, 288 cirios y 30 poemas latinos a los cuales respondieron los indios con un túmulo de nueve cuerpos, 460 cirios e innombrables poemas en castellano[10]. [CONTINUARÁ]

NOTAS

[1] W. Taylor, Ministros de lo sagrado, 1999, vol. I, pp. 29-33.

[2] Sobre este tema: V. Mínguez, Los reyes distantes, 1995. J. Valenzuela, Las liturgias del poder, 2001, pp. 165-205.

[3] Libro en donde se asientan las cartas cordilleras que comienza hoy, seis de septiembre del año de 1765, siendo cura beneficiado por Su Majestad, vicario y juez eclesiástico de este pueblo de San Jerónimo Coatepec, el licenciado D. Diego Xavier de Obregón Díaz de Escobar, mecanuscrito.

[4] Ibid., cartas nº. 6, 7, 33, 35, 52, 60, 68, 68, 71, 75, 78, 98, 108, 115, 134, 176, 179, 183bis, 187, 188, 191. Destaquemos que las cartas de los obispos trasmitían siempre las celebraciones reales. No hemos encontrado mandatos que den cuenta de las del Papa, quien se encontraba por tanto ausente, hasta donde sabemos, de las ceremonias de las parroquias de la Nueva España del siglo XVIII.

[5] Ibid., pp. 22-28.

[6] Ibid., carta nº. 60.

[7] Ibidem.

[8] Ibid., cordilleras nº. 53, 111, 120 y 130.

[9] Ibid. cordillera nº. 53.

[10] AGN, « Diario Oficial », Gazeta de México, t. III, nº. 43 y 49, 22 de septiembre y 10 de noviembre de 1789.

Limosnas, campanas, nublados y relaciones sociales

Las campanas se utilizaron para ahuyentar las tempestades durante varios siglos de la historia del catolicismo. El lector podrá encontrar otros ejemplos en este mismo espacio. En nuestra sociedad capitalista e industrial, en que el pronóstico del tiempo es cosa cotidiana y el Estado brinda apoyos más o menos efectivos para salir de las complicaciones que ocasionan los fenómenos climáticos, esto puede sonarnos extraño. Sin embargo, no era un asunto menor en una civilización campesina, que no disponía de otros medios para protegerse de las amenazas climáticas.

Así pues, resulta lógico que, justo por su importancia, se estimara como un auténtico servicio público que alguien estuviera al pendiente de subir al campanario incluso “a horas incómodas de media noche” como dice el documento que presentamos ahora, y que recibiera una contribución por ello, una limosna. Ésta, a su vez, no es tampoco exactamente una contribución pequeña y voluntaria como lo pensamos hoy, sino una obligación moral que sostenía muchas de las grandes instituciones de aquella sociedad, empezando por las órdenes religiosas, la construcción de iglesias, etcétera. Mas a lo largo del siglo XVIII, también lo hemos presentado aquí en varias ocasiones, empezó a surgir la crítica sistemática tanto contra el sonido de las campanas como contra los limosneros. Con fundamentos en la ciencia de la época, que ya comenzaba a interesarse por el tema de la transmisión de la electricidad (el rayo), y/o en una nueva sensibilidad que valoraba el silencio y el trabajo, incluso hubo autoridades civiles y eclesiásticas que trataron al menos de reducir la presencia del sonido de las campanas y de la recolección de limosnas.

Mal momento pues para un sacristán como el que veremos en el documento, que dependía precisamente de la limosna que su pueblo, ubicado en el corazón de la Península Ibérica, en la provincia de Cuencia, le pagaba por “tocar las campanas a nublado”. Sin embargo, y es una experiencia que hoy mismo, cuando hablamos del aterrizaje a nivel local de grandes reformas y otras medidas políticas, el sacristán no veía en el intento de prohibirle la colecta sino las relaciones sociales de nivel local. El breve documento transcribimos, que es el memorial que a nombre suyo se presentó ante el Consejo de Castilla en 1799, en lo que abunda es en las rivalidades pueblerinas, que desde luego, también podían tener un papel en la manera en que curas párrocos y jueces locales aplicaban las órdenes que les llegaban de los Consejos y Obispados.

Mínima venta hacia los cambios de gran escala que sucedían en el mundo occidental entonces, que se iba “desencantando” progresivamente, pero también hacia la ambigüedad con que se aplicaban esos cambios. Al final, el Consejo de Castilla parcialmente al modesto sacristán, bien que el documento no nos permite saber cómo fue el final de esa historia a nivel del pueblo. Sirva aquí en todo caso como una página más de historia campanera en el mundo hispánico.

 

Archivo Histórico Nacional de España, Consejos, leg. 31116, exp. 21, fs. 4-5

Muy Poderoso Señor

Rafael Martínez de Ariza, en nombre y virtud del correspondiente poder que presento, de Félix Angulo López, vecino y sacristán de la iglesia parroquial de Tresjuncos, obispado de Cuenca, ante Vuestra Alteza como más haya lugar en derecho digo: Que parte de la dotación de la sacristía que obtiene Angulo consiste en la porción de granos con que le contribuyen los labradores por el trabajo de tocar las campanas a nublado en tiempo de tempestades, aunque sean horas incómodas de media noche. Esta limosna, o remuneración por una costumbre inmemorial se ha pedido o cobrado por los antecesores de Angulo, y por este mismo en las heras, siguiendo en esto sin duda el ejemplo de todos los demás pueblos del obispado, cuyos labradores han suministrado dicha contribución en las mismas. Así que esperaba mi parte no habría persona que intentase privarle de la expresada limosna y despojarle injusta y violentamente de la posesión en que está y han estado sus antecesores de cobrarla, pero el suceso no ha correspondido a su justa esperanza. En efecto, señor, habiendo acudido D. Félix Ramírez, presbítero en dicha villa (enemigo declarado de mi parte) asociado de otro vecino de la misma, al alcalde ordinario de ella D. Manuel Ruiz, a quien gobierna y dirige el mencionado presbítero, como primo hermano que es de la mujer de dicho alcalde, con la solicitud de que se prohibiese a mi parte pedir la referida limosna, o más bien estipendio debido a su trabajo, y deseando complacer ciegamente el alcalde a su amigo y pariente el presbítero Ramírez, valiéndose de una ocasión tan oportuna de manifestar en la persona de mi parte el encono y enemiga que dicho alcalde profesa al otro alcalde, su compañero y suegro de mi parte, de resultas de varios pleitos que se han suscitado en dicha villa, accedió a la referida pretensión por auto proveído sin acuerdo de asesor y notificado a mi parte en 4 de julio próximo pasado, por el cual se le conmina con la multa de 20 ducados si sale a pedir la indicada acostumbrada limosna, no sólo por las heras, sino aun por las casas. La superior penetración del Consejo comprende perfectamente que la pretensión del presbítero Ramírez y la providencia del alcalde Ruiz no han tenido otro objeto que el de explicar su enemiga y desahogar las desavenencias que respectivamente tienen con mi parte y con su padre político, respecto lo cual, que por la expresada providencia queda mi parte indotado y enteramente arruinado, pues depende su subsistencia y la de su familia de la mencionada contribución, porque los demás emolumentos que rinde la sacristía son de corta consideración, y que ante todas cosas debe ser restituido en la posesión en que han estado sus antecesores y mi parte de percibir dicho estipendio, y de la cual ha sido despojado injusta y violentamente, esto es sin haber sido oído ni vencido en un juicio formal, por tanto:

A Vuestra Señoría  suplico que habiendo por presentado el referido poder y teniendo en su alta consideración las que van hechas, se sirva mandar librar la real provisión correspondiente para que siendo cierto, como lo es, haber estado los antecesores de mi parte y mi parte mismo en la quieta y pacífica posesión de que ha sido este injustamente despojado, no se le impida el salir por las heras a recoger la contribución que siempre han pagado al sacristán por tocar a nublado, conminando al alcalde con las multas y apercibimientos que la circunspección del Consejo estime oportunas, como dicta la justicia que pido, imploro la protección del Consejo, juro lo necesario, etc.-

Rafael Martínez Ariza.

Lic. D. Cayetano Montes.

 

(f. 5v)

Sala de Justicia 1ª, Madrid, 5 de agosto de 1799: La justicia ordinaria de la villa de TresJuncos no impida a esta parte pueda pedir la limosna que voluntariamente le quieran dar los vecinos en sus casas, después de recogidos los frutos, por la razón que expresa.

 

Cofradías de haciendas yucatecas

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Catedral de Mérida, siglo XIX. Imagen tomada del CD “Nación de imágenes, litografía mexicana del siglo XIX . colección de Ricardo Pérez Escamilla”, 1995.

Uno de los puntos que me pareció más interesante de estudiar la reforma de cofradías es que, paradójicamente, era el episcopado, y no tanto los reformadores civiles, quien estaba más interesado en ellas por su lado económico, hasta el punto de definirlas como unos bienes eclesiásticos, que no debían seguir bajo el control de los fieles, sino del propio clero. Uno de los más radicales esfuerzos al respecto fue sin duda, la reforma emprendida en la diócesis de Yucatán en tiempo del obispo fray Luis de Piña y Mazo. Los bienes “vulgarmente llamados de cofradías”, básicamente estancias ganaderas, fueron rematados para reducirlos a capitales que habrían de ser impuestos sobre las rentas reales. Remito al lector al libro en cuestión para conocer más de esa reforma y las reacciones que ocasionó, por ahora dejo aquí simplemente uno de sus documentos principales: el auto del juez episcopal, el provisor, ordenando la venta de esos bienes.

Archivo General de Indias, leg. 3096A.
Auto de venta de haciendas de cofradías del provisor de Yucatán, 1781.

En la ciudad de Mérida, a cinco de septiembre de mil setecientos ochenta y un años. El señor doctor D. Rafael del Castillo y Sucre, chantre dignidad de esta Santa Iglesia Catedral, juez hacedor de rentas diezmales, examinador sinodal del obispado, provisor y vicario general, y especialmente comisionado por el ilustrísimo señor obispo diocesano, mi señor, para entender en la venta y remates, y reducción a censos redimibles de las estancias y demás bienes pertenecientes al culto de los santos, vulgarmente llamados de cofradías.

Habiendo visto estos autos, obrados de acuerdo con su señoría ilustrísima, que constan en primer lugar de una información recibida por mí el infrascripto notario mayor, a quien se cometió, sobre la necesidad y utilidad de vender para convertir en censos las referidas estancias y bienes, por la cual aparece que el señor canónigo mercedario de dicha santa iglesia, Dr. D. Pedro Faustino Brunet; D. José Nicolás de Lara, cura de su sagrario y rector de su seminario conciliar; el señor coronel de milicias D. Alonso Manuel de Peón, caballero del orden de Calatrava; el señor tesorero oficial real D. Clemente Rodríguez Truxillo; el señor coronel de los reales ejércitos D. Francisco Pineiro, sargento mayor de milicias; los caballeros regidores D. José Cano, alguacil mayor, D. Estanislao José del Puerto, abogado de los reales consejos y de los naturales de esta provincia, D. Juan José Domínguez, D. Antonio Roo y Fonte, protector de los naturales y su procurador D. Antonio Brunet, testigos todos de la referida información, declarando los unos bajo la religión del juramento, y certificando los otros según su carácter, deponen unánimemente acerca de la necesidad y utilidad de convertirse en censos perpetuos los mencionados bienes, porque de otra suerte se hallan inevitablemente expuestos a menoscabos y ruinas, procedidas de muchas y diversas causas, así naturales como políticas.

En segundo lugar, de la representación fiscal, constante de fojas diez a trece, reducida a demostrar y apoyar la propiedad, necesidad y utilidad de proceder a la conversión de dichos caudales en censos perpetuos redimibles, como también a exponer el grande e importantísimo servicio que se logra hacer a la Corona, franqueando a Su Majestad todas las cantidades que resultaren de la venta de los referidos bienes, para que sirva de ellas y las emplee en sostener los muchos y frecuentes desembolsos que ocasiona a su real erario la presente guerra, imponiéndolas al censo redimible sobre sus rentas reales, según sus soberanas intenciones, declaradas por su real cédula de diez y siete de agosto del año próximo pasado.

En tercer lugar, de las certificaciones del notario mayor y los receptores de esta curia, colocadas a fojas catorce y quince, relativas de las antiguas y continuas quejas y recursos de los indios contra los mayordomos, administradores o ecónomos, tanto eclesiásticos como seculares, encomendados de dichas estancias, con motivo de las extracciones clandestinas que de ellas se ejecutan, de la poca o ninguna eficacia de las providencias que para su remedio se han expedido por este tribunal eclesiástico, de la indiferencia con que se mira el culto de los santos, y finalmente de la firme resolución que a vista de todo han tomado los señores jueces antecesores de vender las mencionadas estancias siempre que se les presentase comprador.

En cuarto lugar, de la representación de treinta y uno de agosto presentada por el abogado de los naturales de esta provincia, a consecuencia de auto de treinta y uno de julio, en que se le mandó dar vista de estas diligencias, para que expusiese sobre ellas cuanto le pareciese conducente a resguardar los derechos de sus clientes, por la cual refuerza las razones y fundamentos que había expuesto por su declaración de fojas seis, para que se procediese a la venta y reducción a censos de las mencionadas estancias, como necesario, útil y conveniente, no sólo al culto y a la perpetuidad de dichos bienes, sino también a los mismos indios, por los motivos que expresa, exponiendo al mismo tiempo diversas reglas y condiciones que cree preciso se observen por este tribunal en las ventas y remates de las estancias, a efecto de que los indios queden con la propiedad y uso de las tierras que les pertenecen por hallarse dentro de la demarcación de sus pueblos, y de que sean demolidas las haciendas situadas junto a ellos, a menos distancia que la que permite la costumbre de la provincia, por los perjuicios que les causan los ganados, y de que hasta ahora han sido molestados, sin reclamarlos por respetos de los santos.

Y finalmente, de la certificación despachada por el notario mayor de esta curia eclesiástica, constante a fojas diez y nueve, que demuestra haberse vendido por el mismo tribunal en tiempo de varios señores ilustrísimos y provisores muchas estancias pertenecientes al culto de los santos, de las que vulgarmente llaman cofradías, dijo su señoría:

Que es visible, pública y notoria la necesidad de reducirlas a censos perpetuos para libertarlas así de los menoscabos y ruinas que han padecido en otros tiempos y se hallan expuestas a sufrir en lo venidero, por causa de las hambres, secas y plagas de que es perseguida esta provincia, como también de los daños y perjuicios que siempre han experimentado por las extracciones, quiebras, descubiertos y mala versación de los mayordomos, priostes o patrones, a pesar de las providencias, instrucciones y reglas con que los ilustrísimos señores antecesores y particularmente el señor D. Juan Gómez de la Parada y el señor D. fray Ignacio de Padilla, de gloriosa memoria, han procurado redimir dichos bienes de todo atraso, quebranto y exterminio, y sin embargo de que con el mismo objeto los han encomendado unas veces a indios, otras a curas y últimamente a españoles, resultando de su mala cuenta y administración que no se cumplen las disposiciones de sus piadosos fundadores, ni se da a los santos el culto que han deseado, que asimismo es visible, pública y notoria la utilidad que resulta a los propios bienes, al culto de los santos, a los mismos indios, y al resto de los habitantes de esta provincia, de que se vendan y reduzcan al censo, aun en el caso de que no fuese necesario hacerlo por las razones antecedentemente expuestas, pues dado, y no concedido, que ni se hallasen amenazadas de casos fortuitos, menos contingentes en el país que en otra parte, ni tampoco sujetos a malos administradores, siempre quedaban pensionados con multitud de gastos inevitables y precisos, cuales son el diezmo, el rediezmo que tiran anualmente los citados administradores, la contribución señalada a los curas por su asistencia a las hierras de ganado y castras de colmenas, los salarios de vaqueros y sirvientes, la toma anual de cuentas y visitas generales de que van a quedar libres para siempre dichas fundaciones, con las ventajas de que todo lo que se ahorra de dichos gastos puede emplearse en el mayor culto de los santos, y agregarse a su fondo; de que trasladadas a otros dueños, en quienes no concurren las circunstancias que tanto respetan los indios, por principios de religión y piedad, no sólo reclamarán los perjuicios que les causen por su inmediación a los pueblos, sino que se libertarán para siempre de que los administradores a título de que trabajan para los santos, los tengan empleados en hacer su propio negocio, sin pagarles el jornal correspondiente, y también que poseídas y administradas las enunciadas haciendas por dueños propietarios y no por manos precarias, que sólo trataban de su interés particular, destrozándolas y arruinándolas a su arbitrio, para emplear en gastos y diversiones profanas los bienes eclesiásticos, es consecuente que se fomenten los ganados, abunde la cera y la tierra se cultive con otro interés, beneficio del común, del rey y de la Iglesia, por razón del aumento que tomarán los diezmos, y que finalmente, además de las causas de necesidad y utilidad que obligan a convertir en censos redimibles los mencionados bienes, muebles, raíces y semovientes, interviene también la de piedad, por estar destinadas las cantidades que procediesen de su venta para que Su Majestad las emplee en sostener la presente guerra, contra los enemigos de la Iglesia y del Estado, recibiéndolas al censo sobre sus rentas reales, conforme a la real cédula de diez y siete de agosto del año inmediato pasado, que según el sentir de los mejores autores es una de las causas más piadosas que pueden mover el ánimo de la Iglesia, no ya a vender sus bienes para reducirlos a censos, sino para enajenarlos, distraerlos y consumirlos, y que en consecuencia de todo lo referido, aprobaba y aprobó la expresada información de necesidad y utilidad, interponiendo en ella para su mayor validación su autoridad y judicial decreto.

Que declaraba y en toda forma declaró ser necesario, útil y piadoso reducir a censos perpetuos redimibles impuestos sobre rentas reales los caudales resultantes de la venta de las mencionadas estancias, bienes muebles, raíces y semovientes, a cuyo efecto mandaba y mandó, que no sólo en esta ciudad, la de Campeche y villa de Valladolid, sino también en todos los pueblos se haga saber, que dentro de cuarenta días contados desde el doce del corriente mes y año, se han de vender en pública subastación y rematar en el mejor postor las estancias, sitios y colmenares que se llaman de cofradías, para reducir su valor a censos perpetuos, impuestos a razón de un cuatro por ciento sobre las rentas reales, y lo que no quisiere Su Majestad, a razón de un cinco por ciento según la costumbre de la provincia, sobre fincas libres, idóneas y bien acondicionadas, a satisfacción del tribunal, con intervención del promotor fiscal de esta curia y demás requisitos que se han establecido en el presente gobierno, conforme a derecho.

Que los vicarios jueces eclesiásticos de Campeche y Valladolid, y demás pueblos, manden dar desde el día señalado treinta pregones a las referidas estancias, sitios y colmenares, fijen cedulones en partes públicas y acostumbradas para que a todos conste, y puestas por diligencias con las posturas, pujas y mejoras, los remitan a este superior tribunal, con citación de los postores, para que por sí o sus poderes ocurran al remate que deberá hacerse de todas ellas en esta ciudad y curia eclesiástica, bajo de las calidades, circunstancias y condiciones siguientes.

Primera: Que desde luego será de cuenta de los rematadores satisfacer las costas que se ocasionen para que en esta inteligencia hagan sus posturas, pujas y mejoras.

Segunda: Que el valor de dichas estancias, sitios y colmenares se ha de entregar de contado en cajas reales, y en moderna corriente, sin recorte, vicio ni defecto, a satisfacción del señor tesorero juez oficial real.

Tercera: Que se corra en el supuesto y concepto de que el tribunal eclesiástico vende las expresadas estancias en que sólo tiene uso y derecho de servidumbre, según y como las han poseído y disfrutado los santos a quienes han estado consagradas, sin más dominio, propiedad y derecho que el que han tenido, vendiendo solamente lo que puede vender, y no lo que no puede ni le pertenece, esto es, la propiedad de aquellas tierras situadas dentro de la demarcación de los pueblos de indios, que comprende sus ejidos y propios, la cual como también el uso de labrar los montes.

Cuarta: Que las haciendas establecidas cerca de los pueblos, a menos distancia que la que permite la costumbre de la provincia, deben ser demolidas por el perjuicio que infieren a los indios los ganados, en cuyo caso sólo éstos se han de entender vendidos, sueltos y por sí solos, sin tierras, ni otro derecho alguno.

Que se haga saber este auto al licenciado D. Estanislao José del Puerto, regidor perpetuo de esta ciudad, abogado de los reales consejos y de los naturales de esta provincia, como también a su protector D. Antonio de Roo y Fonte, para que en su inteligencia promuevan en favor de sus partes lo que les parezca propio de su instituto y obligación, en la seguridad de que el ilustrísimo señor diocesano no desea otra cosa que el bien, alivio y fomento de los indios.

Que no se proceda a pregonar postura de ninguna hacienda en particular sin dar antes traslado a dicho caballero abogado para que represente por sus clientes lo que tuviere por conveniente, en vista de las circunstancias de dicha hacienda, que se le harán saber insertándose en cada cuaderno de remates la respectiva relación de la estancia testimoniada fielmente de las originales que han remitido los curas dela diócesis.

Que se cite al mismo caballero abogado y al protector D. Antonio Roo y Fonte, siempre que haya de verificarse algún remate, para que lo asistan, presencien y autoricen y firmen, como partes interesadas, se evite todo perjuicio a los indios y todo se practique sin vicio ni defecto que pueda inducir nulidad de los actos.

Que desde luego se pasen estas diligencias al ilustrísimo señor diocesano mi señor, para que sobre la ejecución de esta providencia, su suspensión, modificaciones o ampliaciones sobre las instrucciones que indispensablemente deben darse a los curas, administradores o ecónomos de los futuros censos, acerca del cumplimiento de sus piadosas obligaciones, tasa de gastos y demás circunstancias y puntos relativos, y sobre proponer a Su Majestad lo que le pareciere en orden a la administración de dichos censos, aplicación de los sobrantes de sus réditos anuales, disponga lo que juzgare más conveniente al servicio de Dios y bien común de los indios.

Que nombrando como nombraba por tasadores de los mencionados bienes a D. Alexandro Solís y D. José Antonio Esturla, para que previa la superior aprobación de su señoría ilustrísima, procedan asociados con el tasador público a hacer su justiprecio, con la mayor pureza y legalidad, se les dé noticia de este encargo, lo acepten y juren en toda forma, por ante mi el presente notario mayor.

Y finalmente, que pare instruir de todo a los vicarios foráneos de la provincia, y que tenga su debido cumplimiento, se les libren despachos con inserción de este auto, a los de Campeche y Valladolid, y a los demás cartas cordilleras, sustancialmente relativas de sus particulares, por el cual su señoría proveyó, así lo mandó y firmó, de que doy fe.

Doctor Rafael del Castillo y Sucre.

Ante mí, Antonio de Solís, notario mayor.

De la reforma de cofradías novohispanas a todos los reinos de Indias

Retrato de D. Ramón de Posada por Francisco de Goya, ca. 1801. Museo Legion of Honor de San Francisco

Retrato de D. Ramón de Posada por Francisco de Goya, ca. 1801. Museo Legion of Honor de San Francisco

El mes pasado presentaba en este espacio las reales cédulas generales que fueron producto de la reforma de cofradías por expedientes particulares que el Consejo de Indias llevó a cabo para las del reino de Nueva España en el último cuarto del siglo XVIII. Hay una última cédula real que fue producto de los esfuerzos del fiscal Ramón de Posada y Soto, pero que ya no se limitaba a extender su proyecto de organización formal de las cofradías a las novohispanas, sino que alcanzaba a todos los “dominios de Indias” del rey Carlos IV. Se trata de la cédula del 15 de octubre de 1805 dada para resolver un conflicto de jurisdicción entre el intendente y el vicario capitular de Maracaibo a propósito de las cuentas de una obra pía. Curiosa culminación de los esfuerzos por definir y hacer realidad la definición de las cofradías como unos cuerpos profanos, no dejaba de aprovechar la ambigüedad del vocabulario relacionado con ellas, incluso mezclando la definición que solía postular el clero. “Cofradías, obras pías y fundaciones piadosas y cualquier fondo de la misma clase” dice el documento, creando un bello contraste entre el contenido, que en cambio se refiere a la cofradía como una reunión de personas.

Desde luego, es difícil decir hasta qué punto esta real cédula tuvo eco en todos los reinos de Indias, aparte de Nueva España y Venezuela en el siglo XIX. Confieso que hasta ahora no me he ocupado de rastrear si en otras regiones llegó a ser recibida y obedecida efectivamente, bien que es casi seguro que sus alcances fueran limitados, como ocurría en general con las reformas borbónicas. Como sea, éste fue sin duda el punto culminante de esa difícil empresa que se inició en los años 1770, en las oficinas de los palacios reales de México y Madrid, impresionante a veces en sus declaraciones autoritarias, pero las más decepcionante en su implantación si la pensáramos sólo en esos términos. En cambio, interesante por mostrar la vigencia de la negociación entre el clero, la Corona, los súbditos y fieles. Aquí pues, el texto de la implantación de la reforma novohispana a nivel casi americano diríamos hoy.

 

Real cédula del 15 de octubre de 1805*

 

El rey

El gobernador intendente de Maracaibo dio cuenta de lo ocurrido con el vicario eclesiástico de aquella ciudad sobre conocimiento de las cuentas de la obra pía de nuestra Señora de la Soledad, y de la declaración hecha por mi Real Audiencia de Caracas, reducida a que su rendimiento y liquidación debió hacerse ante el Vice-Patrono Real, solicitando me dignase aprobar dicha providencia, con declaración de que el conocimiento de todas las cuentas de Cofradías, Obras pías y Fundaciones piadosas y cualquier fondo de la misma clase que esté sujeto a administración civil y temporal, corresponde en esos mis Dominios a los respectivos mis Vice-Patronos; que a los que lo sean toca examinarlas y aprobarlas, y presentar, elegir y nombrar mayordomos administradores de ellas, sin que sean válidos aun aquellos nombramientos provisionales, que se expidan sin su noticia y aprobación; que sean excluidos de este manejo todos los eclesiásticos de orden sacro, o aplicados al fuero de la Iglesia; y que se haga entender así a quienes corresponde su cumplimiento, por lo que conviene a las mismas instituciones pías, y a la conservación de las regalías de mi Real Patronato.

Visto en mi Consejo de Indias con lo que dijo mi Fiscal, y teniendo presente lo mandado a mi Virrey de Nueva España en cédula de veinte y siete de diciembre de mil ochocientos dos, con motivo de haberme dignado aprobar la fundación y constituciones de la cofradía de Ánimas del pueblo de Calimaya, jurisdicción de Tenango del Valle, he resuelto que para el gobierno de todas las Cofradías, Hermandades o Congregaciones de mis Dominios de Indias, se observen las reglas siguientes.

Primera: Que se suprima el gravamen que esté impuesto a los mayordomos de otorgar fianza, por no haber semejante práctica en las Congregaciones piadosas.

Segunda: Que éstas elijan en sus juntas para Mayordomos aquellos hermanos que merezcan su confianza por sus buenas cualidades, y los nombrados sirvan sin otro interés que el de contribuir por su parte al objeto de su instituto.

Tercera: Que no se puedan trasladar las cofradías, sin consentimiento de mis Vice-Patronos, a otro templo, ni alterar sus Constituciones sin impetrar para ello la correspondiente mi Real licencia.

Cuarta: Que para las elecciones de oficiales de dichas cofradías, hermandades o congregaciones y autorizar sus acuerdos, es suficiente el cofrade que se nombre por secretario de cada una de ellas, el cual debe servir este encargo sin derechos ni emolumentos.

Quinta: Que no se celebre junta alguna que sin que sea presidida por el Ministro Real que a este fin se nombre.

Sexta: Que los bienes de las expresadas cofradías, hermandades o congregaciones no se entiendan espiritualizados en tiempo alguno, ni se dejen de satisfacer en sus casos los derechos reales con ninguna causa ni pretexto.

Séptima: Que el cura de la parroquia o el prelado de la casa en que esté situada la cofradía, hermandad o congregación, asista a las juntas como previene la ley.

Octava: Que en todas las cofradías, hermandades o congregaciones haya tesorero que sirva dos años, y dos más si pareciese reelegirle; pero que no lo pueda ser por tercera vez sin haber pasado el intermedio de otros dos años.

Nona: Que el mayordomo de cada cofradía, hermandad o congregación debe presentar sus cuentas a la junta, y ésta nombrar dos sujetos de los más versados en la materia para que las reconozcan, y con su informe las vuelvan a la junta para su aprobación o la providencia que haya lugar; de manera que en las juntas nada sea judicial ni contencioso, pues cuando el negocio deba serlo, entonces ha de ocurrir al juez real que corresponda, para que proceda.

Décima y última: Que las llaves del arca, que debe tener cada cofradía, hermandad o congregación para custodiar sus caudales se ponga una en el hermano mayor o rector, otra en el mayordomo o diputado, y otra en el tesorero; y todos los meses se entre lo que se hubiere recaudado, y saque lo que fuere menester, sentándose en un libro y firmando las partidas todos tres.

En cuya consecuencia mando a mis Virreyes, Presidentes y Gobernadores, Vice-Patronos de mis Dominios de Indias e Islas Filipinas, y ruego y encargo a los muy Reverendos Arzobispos y Reverendos Obispos de ellas, guarden, cumplan y ejecuten y hagan guardar, cumplir y ejecutar la referida mi Real determinación en las cofradías, hermandades o congregaciones ya establecidas, teniéndola presente para las que en lo sucesivo se erijan y en las formación de sus estatutos o constituciones, sin cuya circunstancia no obtendrán mi real aprobación. Fecha en San Lorenzo a quince de octubre de mil ochocientos cinco.

Yo el Rey

Por mandado del rey nuestro señor

Antonio Porcel.

 

* AGI, México, leg. 3096A.

Cuerpos profanos o fondos sagrados

Portada Cuerpos profanosEsta semana ha salido de la imprenta el libro Cuerpos profanos o fondos sagrados. La reforma de cofradías en Nueva España y Sevilla durante el Siglo de las Luces, editado por el Centro Universitario de los Lagos (CULagos) de la Universidad de Guadalajara. Se trata del resultado final, o al menos lo es por ahora, de las investigaciones del autor de este blog sobre la reforma de cofradías a ambos lados del Atlántico. El proyecto lo emprendí con una beca del programa estancias posdoctorales en el extranjero de CONACYT en septiembre de 2010, que obtuve justo al terminar el doctorado en la Universidad de Paris I Panthéon-Sorbonne, y que realicé por un año bajo la tutoría del Dr. José de Jesús Hernández Palomo, investigador de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos dependiente del CSIC, en Sevilla. He venido a terminarlo siendo ya profesor del Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras del citado CULagos de la Universidad de Guadalajara, y siempre con el apoyo de sus autoridades.

No voy a repetir aquí lo que aparece en la introducción del libro, basta decir que se trata de una investigación que presenta las discusiones en torno a la definición de las cofradías en la segunda mitad del siglo XVIII. Esto es, revisa una de las reformas borbónicas tal vez de las más estudiadas, pero que, al menos para mí, resultaba poco entendida, y en cuya documentación fui profundizando durante esa estancia posdoctoral. Originalmente me había planteado examinar los procedimientos de fundación de nuevas cofradías y nuevos conventos franciscanos en tiempos de los Borbones a partir de los documentos del Archivo General de Indias. Si bien cumplí con la presentación de resultados de ambos ejes, lo más significativo de esos meses fue el haber podido revisar los dictámenes de los fiscales del Consejo de Indias en los expedientes particulares de las cofradías novohispanas. Aunque sus posturas variaban, progresivamente entendí que, más que tratar de destruirlas, parecían querer redefinirlas, “devolviéndolas” a la jurisdicción del rey, además de aprovecharlas para la promoción de la caridad. Desde luego fue así que comencé a ir “desenredando”, por así decir, la complicada madeja de los procedimientos de reforma, en los cuales, por cierto, es harto sencillo perderse.

Casi simultáneamente, comencé a percatarme que, para comprender cabalmente la reforma, y en particular para establecer de manera clara una valoración de sus alcances, era necesario compararla además con otro caso dentro de la misma monarquía hispánica. Esto me llevó pronto a interesarme por la reforma en la propia Sevilla, cuyos documentos comencé a rastrear también en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla, y luego en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, principalmente. La investigación me llevó asimismo a Roma, al Archivo Secreto Vaticano, para consultar los breves de indulgencias de las cofradías novohispanas. No puedo negarlo, fue un raro privilegio (que no debiera ser tal) el de poder investigar con libertad y sin muchas otras preocupaciones en esas tres ciudades, sobre todo, y aquí sí por razones más allá de la investigación, residir en la capital hispalense durante un año completo. Además pude introducirme, aunque de forma somera y con la distancia propia de una investigación académica, al intricado mundo de las hermandades sevillanas, hasta hoy uno de los timbres de identidad y orgullo de la ciudad.

Diversos programas de apoyo para la investigación (Apoyos a nuevos PTC de PROMEP y PIFI en particular), me permitieron completar el trabajo en los archivos madrileños y del arzobispado de Sevilla en diversas estancias breves, luego de haber comenzado a trabajar en la UdG en septiembre de 2011. Más fácil fue la consulta del Archivo General de la Nación y otros acervos complementarios en México. La redacción la realicé mayormente en Lagos de Moreno, sostenido en mis obsesiones cofradieras por mis colegas del Cuerpo Académico “Cultura y Sociedad” e incluso por los estudiantes de las carreras de Humanidades e Ingeniería Electrónica. En efecto, hasta estos últimos me escucharon alguna vez exponerles un poco de las inquietudes que se tradujeron en el libro, el cual avanzó en esa última fase al ritmo que permite la vida universitaria contemporánea.

Muchas cosas cambiaron a lo largo de este proyecto para el autor, a más de su lugar de residencia. Ha sido sin duda el intercambio con colegas que llevan a la Historia cultural como bandera el que me ha facilitado el pensar además a las cofradías desde la perspectiva de los propios documentos fundamentales redactados por sus integrantes. Así, si entre Sevilla y México me pareció claro que era necesario incluir una sección completa para los proyectos episcopales, pensando en la amplia visita del obispo Ruiz Cabañas y en el ya clásico informe de 1794 del arzobispo Haro y Peralta, fue en Lagos que surgió por completo una tercera sección para temas como el ritmo temporal, los espacios y hasta los cuerpos de los cofrades. Al final del recorrido, si tal vez no llegamos a una definición final y propiamente definitiva de las cofradías de la época, al menos confío en haber mostrado algunas otras facetas de ésta que fue por mucho tiempo una de las formas clásicas de organizar los esfuerzos colectivos en el Antiguo Régimen.

La reforma de cofradías novohispanas por expedientes particulares

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Retrato de Ramón de Posada por Francisco de Goya. Legion of Honor, San Francisco.

Menos conocida que la reforma general y sus voluminosos expedientes, acaso porque se acopla menos a la idea autoritaria que tenemos de las reformas borbónicas, y sin embargo algo más efectiva y no menos importante. Entre 1773 y 1820 al menos 133 cofradías novohispanas se presentaron ante el Consejo de Indias para que se aprobaran sus constituciones. De ello resultó un número difícil de determinar de reales cédulas en que la mayoría obtuvo la aprobación del rey, aunque con reformas, y sólo algunas debieron fusionarse con otras, y muy pocas fueron directamente suprimidas. Hemos analizado esa reforma sobre todo en un artículo publicado en 2012 en la Revista Complutense de Historia de América. Aunque entonces cometí algunos errores en los nombres de los fiscales que realizaron esa labor, en una próxima publicación, un poco más amplia, he tratado de subsanarlos. Ahora quisiera sólo llamar la atención sobre uno de los resultados de esta reforma. A pesar de ser una reforma por “casos particulares”, como la llamó ya el fiscal Lorenzo Hernández de Alva, no sólo generó medidas de ese tipo, particulares, sino también generales, es decir, que debían de aplicarse para todas las cofradías novohispanas, e incluso para todas las cofradías de los reinos de Indias. Fue el caso sobre todo de las reales cédulas dadas en Cartagena el 27 de diciembre de 1802, en los expedientes de las cofradías de ánimas de Santiago Calimaya, ánimas de Malinalco y del Santísimo Sacramento y Soledad de Tlapacoyan.

Esos expedientes y otros tres más, los de la archicofradía del cordón franciscano de Querétaro, la cofradía sacramental y de ánimas de Toluca y la de san Homobono de México, habían sido vistos por don Ramón de Posada el 3 de septiembre de 1802, como ministro del Consejo de Indias, todavía despachando como fiscal. Según sus propios términos, trató de “llevar sistema”, es decir, de establecer en ellas trece reglas generales para la redacción de constituciones, incluyendo la obligación de que las demás de una misma parroquia con las ya aprobadas. Justo ésta fue rechazada por los demás miembros del Consejo, pero concediendo en cambio la aprobación de las demás. A continuación incluyo el texto de esas cédulas, tomado del Archivo General de Indias, sección Audiencia de México, legajo 2651. El lector notará la repetición sistemática de las últimas prevenciones en que se trata de la junta de gobierno de cada una de estas cofradías, los detalles de su estructura, elecciones, obligaciones, jurisdicción bajo la que debían quedar, etcétera. Estos breves puntos resumían bien lo que los reformadores borbónicos trataron de hacer con ellas, destaquemos sobre todo el esfuerzo de dedicarlas a “cosa útil al vecindario”, manteniendo empero el carácter de “congregaciones piadosas”.

Reales cédulas dadas en Cartagena, 27 de diciembre de 1802

[Minuta]

El rey

Por cuanto por real cédula de 26 de febrero de 1785 tuve a bien condescender con la instancia de D. Rafael y D. Manuel Cetina, vecinos del pueblo de Calimaya, jurisdicción de Tenango del Valle, en el arzobispado de México, para que se les permitiera fundar en aquella iglesia parroquial la cofradía de Ánimas bajo el nombre del Patrocinio de San José y Ánimas del Purgatorio y formar para su régimen y gobierno las convenientes constituciones que graduasen útiles y concluidas las exhibieran para su calificación y examen al muy reverendo arzobispo de México y a aquel superior gobierno, y evacuado uno y otro acudieran con ellas a mi Consejo a impetrar mi real confirmación. En su cumplimiento se ha presentado con fecha de 15 de julio de 1802 y a nombre del citado D. Rafael Cetina y D. Pedro Rivera, un testimonio en que se hallan insertas dichas constituciones formadas para el mencionado efecto, las cuales son del tenor siguiente

[Aquí las constituciones a la letra]

Visto en mi Consejo de las Indias con lo que en su inteligencia y de los antecedentes del asunto expuso mi fiscal, ha parecido aprobar, como por esta mi real cédula apruebo las expresadas constituciones, con las advertencias y adiciones siguientes.

Que en la 3ª se añada que la contribución que señala sea voluntaria; en la 9ª que en lugar de acudir con 25 pesos a cada hermano difunto para su entierro y con 4 pesos más al párroco para una misa con vigilia por su alma se modere esta cuota a la que según las circunstancias del difunto esté tasado por el arancel su entierro si no fuera cofrade, para precaver que por sola esta calidad sean más costosos sus funerales, y se refundan estas limosnas en provecho de los que tienen obligación de enterrarse sin derecho a los pobres y en perjuicio de estos destinos.

Que en la 11ª se suprima el gravamen que se impone a los mayordomos de otorgar fianza por no haber semejante práctica en las congregaciones piadosas.

Que ésta elija en sus juntas para mayordomos aquellos hermanos que merezcan su confianza por sus buenas cualidades, y los nombrados sirvan sin otro interés que el de contribuir por su parte el objeto de su instituto.

Que no se pueda trasladar la cofradía sin consentimiento del superior gobierno a otro templo, ni alterar sus constituciones sin impetrar para ello la correspondiente licencia.

Que para las elecciones de oficiales de la cofradía y autorizar sus acuerdos es suficiente el cofrade que se nombre por secretario de la congregación, el cual debe servir sin derechos ni emolumentos.

Que no se celebre junta alguna, sin que sea presidida por el ministro real que a este fin se nombre.

Que sus bienes no se entiendan espiritualizados en tiempo alguno, ni se dejen de satisfacer en sus casos los derechos reales ahora ni en adelante con ninguna causa, ni pretexto.

Que los diputados sean ocho y se elijan todos los años cuatro a fin de que haya siempre sujetos instruidos en los asuntos que ocurran.

Que el rector sea secular, dure dos años y no pueda reelegirse.

Que el cura de la parroquia asista como previene la ley en concepto de prelado de la casa en que está la cofradía.

Que haya tesorero que sirva dos años y dos más si pareciere relevarle, pero que no lo pueda ser por tercera vez sin haber pasado al intermedio de otros dos años.

Que el mayordomo debe presentar sus cuentas a la junta, y ésta nombrar dos sujetos de los más versados en la materia para que las reconozcan y con su informe las vuelvan a la junta para su aprobación o la providencia que haya lugar, de manera que en las juntas nada sea judicial ni contencioso, pues cuando el negocio deba serlo, entonces ha de ocurrir al juez real que corresponda para que proceda.

Que los funerales, gastos y funciones se reduzcan a lo justo y debido para que resulte sobrante e invierta en socorro de los pobres, presos o enfermos, o en otra cosa útil al vecindario con audiencia de la junta de la misma cofradía.

Que las llaves del arca se pongan en el rector, diputado más antiguos y tesorero y todos los meses se entre lo que se hubiere recaudado, y saque lo que fuere menester, sentándose en un libro, firmando las partidas todos tres.

Por tanto, por la presente mi real cédula ordeno y mando a mi virrey, gobernador y capitán general de las provincias de la Nueva España, al regente y oidores de mi Real Audiencia y a los demás ministros, jueces y justicias de aquellos dominios; y ruego y encargo al muy reverendo arzobispo de la diócesis de México, al venerable deán y cabildo en sede vacante de aquella iglesia y a otros cualesquiera prelados, jueces eclesiásticos a quienes correspondan, guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir puntual y efectivamente la expresada mi real determinación según y en la forma que va referido sin contravenir ni permitir que en manera alguna se contravenga a ella, por ser así mi voluntad.

Fecha en Cartagena, a veinte y siete de diciembre de mil ochocientos dos.

Segunda cédula: cofradía del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de la Soledad de Tlapacoyan.

El rey

Virrey, gobernador y capitán general de las provincias de la Nueva España y presidente de mi Real Audiencia de México.

En carta de 27 de enero de 1801 me hizo presente vuestro antecesor D. Félix Berenguer de Marquina que los indios del pueblo de Santa María Tlapacoya, jurisdicción de Xalacingo, con sola la aprobación del ordinario eclesiástico, tenían fundada en su parroquia una cofradía del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de la Soledad, sin el esencial requisito de mi real licencia, que sus fondos consistían en dos sitios y dos caballerías de tierra poblados de algún ganado vacuno, que para legalizar este establecimiento ocurrieron dichos indios presentando sus constituciones, reducidas a fomentar el culto divino en aquella iglesia con varias funciones y sufragios que debían hacerse en ella por los cofrades, y especialmente por los fundadores, a prescribir el modo con que deben recibirse los cofrades, y procederse en las elecciones de mayordomos y diputados, y arreglar la administración de las tierras que pertenecen a la cofradía. Que dichas constituciones necesitaban de alguna reforma o explicación sobre varios puntos acerca de la sujeción que debían tener a la jurisdicción real, declarando la eclesiástica que la contribución de doce reales que se asignaba por el asiento fuese voluntaria y no forzosa, a mejorar el método de la administración de los bienes de la cofradía y proporcionar su  mayor seguridad, añadiendo que las juntas se presidieran por el juez real y que los bienes no pudieran espiritualizarse ni eximirse de contribuir con los derechos reales, con cuyas adiciones, habiendo quedado regulares, mes las dirigían testimoniadas a fin de que me dignara aprobarlas o determinar lo que fuera de mi real agrado. Visto en mi Consejo de las Indias con lo que en su inteligencia ha expuesto mi fiscal, ha parecido ordenaros y mandaros tengáis presentes para el examen y arreglo de dicha cofradía y sus constituciones las advertencias siguientes:

Que el mayordomo o mayordomos que se nombraren no se les impongan el gravamen de otorgar fianza por no haber semejante práctica en las congregaciones piadosas.

Que ésta elija en sus juntas para mayordomo aquellos hermanos que merezcan su confianza por sus buenas cualidades, y los nombrados sirvan sin otro interés que el contribuir por su parte al objeto de su instituto.

Que no se pueda trasladar la cofradía sin consentimiento del superior gobierno a otro templo, ni alterar sus constituciones, sin impetrar para ello la correspondiente licencia.

Que para las elecciones de oficiales de la cofradía y autorizar sus acuerdos es suficiente el cofrade que se nombre por secretario de la congregación, el cual debe servir sin derecho ni emolumentos.

Que no se celebre junta alguna sin que sea presidida por el ministro real que a este fin se nombre.

Que sus bienes no se entiendan espiritualizados en tiempo alguno, ni se dejen de satisfacer en sus casos los derechos reales ahora ni en adelante con ninguna causa ni pretexto.

Que los diputados sean ocho y se elijan todos los años cuatro a fin de que haya siempre sujetos instruidos en los asuntos que ocurran.

Que el rector sea secular, dure dos años y no pueda reelegirse.

Que el cura de la parroquia asista como previene la ley en concepto de prelado de la casa en que está la cofradía.

Que haya tesorero que sirva dos años y dos más si pareciere relevarle, pero que no lo pueda ser por tercera vez sin haber pasado al intermedio de otros dos años.

Que el mayordomo debe presentar sus cuentas a la junta, y ésta nombrar dos sujetos de los más versados en la materia para que las reconozcan y con su informe las vuelvan a la junta para su aprobación o la providencia que haya lugar, de manera que en las juntas nada sea judicial ni contencioso, pues cuando el negocio deba serlo, entonces ha de ocurrir al juez real que corresponda para que proceda.

Que los funerales, gastos y funciones se reduzcan a lo justo y debido para que resulte sobrante e invierta en socorro de los pobres, presos o enfermos, o en otra cosa útil al vecindario con audiencia de la junta de la misma cofradía.

Que las llaves del arca se pongan en el rector, diputado más antiguos y tesorero y todos los meses se entre lo que se hubiere recaudado, y saque lo que fuere menester, sentándose en un libro, firmando las partidas todos tres.

Y en su consecuencia os encargo arregléis dichas constituciones, el gobierno y administración de dicha hacienda y demás puntos de que se quejan los indios de modo que no quede al arbitrio del cura, ni de otro, el aprovecharse de sus productos, los cuales (sea cual fuere su principio) son el afán incesante de los infelices indios, ocupados toda la vida en el cultivo de una finca de que parece ser dicho cura dueño absoluto, y también del trabajo de esos naturales, con el común pretexto de la cofradía, y practicado esto se exhiban al muy reverendo arzobispo para su calificación y examen, y evacuado las remitiréis al mencionado mi Consejo con cuanto se actúe sobre el asunto, a fin de obtener mi real confirmación, y hasta que esto se verifique no podrán usar de ellas con ningún pretexto ni motivo, todo lo cual os participo a fin de que tenga el más exacto y puntual cumplimiento esta mi real determinación, por ser así mi voluntad.

Fecha en Cartagena, a veinte y siete de diciembre de mil ochocientos dos.

Yo el rey.

Por mandado del rey nuestro señor.

Antonio Porcel

 

Tercera cédula: cofradía de las benditas ánimas de Malinalco.

El rey.

Por cuanto en carta de veinte y siete de octubre de mil ochocientos uno ha hecho presente D. Félix Berenguer de Marquina, siendo virrey de las provincias de la Nueva España, con noticia que tuvo el subdelegado del partido de Malinalco, que la cofradía de Ánimas de aquel pueblo había padecido extravío en sus intereses, y estaba fundada sin las licencias necesarias, interpuso queja en aquella Real Audiencia el año de mil setecientos noventa y siete, y también por la resistencia del párroco a exhibir los libros, cuentas y demás documentos que le tenía pedidos; que como dicho tribunal advirtió la falta de aprobación de la cofradía, cuyo punto de gobierno se estimó perjudicial, pasaron los autos a aquel virreinato, de que dada vista al fiscal de lo civil, se promovieron las conducentes diligencias a fin de que los individuos presentasen las constituciones que juzgaran oportunas para que examinadas se me diese cuenta con ellas; que así se ejecutó con las insertas en el testimonio que acompañó, precedida la vista del citado ministro y del asesor general, quien encontrándolas arreglas con las modificaciones pedidas por el primero, y conformado dicho virrey con su exposición, las remitió para que me dignara dispensar la real aprobación, las cuales son de tenor siguiente:

Primera. Establecemos e instituimos que la cofradía se quede con el título de las Benditas Ánimas del Purgatorio de esta parroquia de Malinalco.

Segunda. Que para que se extienda la cofradía y pueda contar con algunos fondos capaces de dar el lleno debido a las fiestas y retribuciones de que después se hablará, para que no venga a su ruina y siempre permanezca, y por último, porque estas hermandades, dirigidas principalmente al culto y bien espiritual de las almas, no debe haber excepción de personas, se reciba a cualquiera que solicita, hombre, mujer, español o de otra casta, a menos que no sea de más de cincuenta años, enfermo habitual o embarazada, u otra casta infecta, a menos que no sea de más de cincuenta años, enfermo habitual o embarazada, pues a éstos, averiguada la verdad, no les valdrá la patente, y sólo habrá que devolverles lo que hubieren contribuido.

Tercera. Que los mismos dos reales que es corriente en otras se den por el asiento los españoles, mestizos y otras castas, y un real los indios y el cornadillo de medio real cada semana, y dos reales en cada una de las fiestas del Santísimo Patriarca Señor San José y Señor San Nicolás Tolentino.

Cuarta. Que al hermano o hermana que no hubiere cumplido diez años de asentado y estuviere debiendo cuando pida los Santos Sacramentos la tercera parte de lo que corresponda a su tiempo no se le acuda con lo que ofrece la patente, pero si en dicho tiempo satisficiere la deuda o lo que hace por que quede en menos de dicha tercera parte, se le ministre todo.

Quinta. Que a los hermanos que se apuntan por devoción con expresa renuncia de lo que ofrece la patente, habiendo pagado el cornadillo se les costee una misa de réquiem, se les dé, caso que lo pidan, el paño, guión y cera para su entierro. Y entre estos se puedan recibir por hermanos a los de edad avanzada, enfermedad habitual, mujeres embarazadas, poniendo el mandatario la correspondiente nota de que se asientan por devoción.

Sexta. Que para que haya quien represente a la cofradía, gobierne y distribuya sus haberes en lo que sea de su instituto, hagan las elecciones y promuevan el cumplimiento de las constituciones, se componga su mesa de los vocales que ha tenido siempre, y son doce diputados y el mayordomo tesorero, a cuyo cargo estará todo, debiéndose advertir que unos y otros han de ser prácticos del lugar y de ninguna manera lo serán los que no lo fueren.

Séptima. Que éstos se elijan anualmente por Pascua de Resurrección, los mismos doce diputados y mayordomo tesorero, procurando que no haya reelección hasta pasados siquiera dos años, y que caso de que por falta de individuos no pueda evitarse, no duren en los empleos más de tres años y eso de ninguna manera a los que queden debiendo, que a estos se excluye para siempre.

Octava. Que el diputado mayor convoque las juntas, así para las elecciones, como por cualquiera otro motivo que las exija, dando el correspondiente político aviso a los jueces secular y eclesiástico.

Novena. Que en cumplimiento de lo que previene la ley veinticinco, título cuarto, libro primero de la Recopilación de Indias y la real cédula de su aprobación, y de lo resuelto por punto general en estos casos, dicho juez real presida las juntas y no pueda haber alguna sin su noticia o asistencia, o la de aquella persona a quien quiera dar sus veces.

Décima. Que en los lugares donde se extienda la cofradía, sin agravio de las que con consentimiento de los respectivos curas interesados en las misas que se rezan o cantan por sus feligreses, como debe hacerse de conformidad con lo resuelto por el superior gobierno en cuanto a este punto en otras cofradías, se nombren los síndicos y mandatarios que asienten a los cofrades o reciban las pensiones o cornadillos, con obligación de poner éstos cada semana o mes lo que cobraren en poder de aquéllos y de dar aviso al mayordomo de los cofrades para que los asiente en el libro general, quedando al arbitrio de la mesa removerlos, habiendo motivo justo.

Undécima. Que sin embargo de que conforme a la opinión mejor recibida de los canonistas para estos oficios no es regular la asignación de sueldos, como que todos son de piedad, se siga dando a los mandatarios un real en cada peso que cobren por razón de cornadillo, siendo el cobro dentro del pueblo de su residencia, y siendo fuera dos reales en cada peso, porque como estos siempre son pobres, ninguno puede condonar ni remitir el trabajo de que comen, y si se les quita como se ha pretendido con otras sería exponer a esta cofradía a que se quedase sin ellas con perjuicio suyo.

Duodécima. Que el mayordomo tesorero afiance a satisfacción de la mesa los bienes entraren en su poder.

Décima tercia. Que éste reciba y entregue por inventario formal, anotando lo que hubiere de nuevo y lo consumido.

Décima cuarta. Que el mayordomo tesorero tenga un libro para asentar los caudales que reciba de todos los mandatarios y síndicos, las pagas que haga y el sobrante que le quede, deducidos los gastos que tenga a su cargo, y otros tres para asentar los cofrades, otro para las cuentas, y otro para los recibos de las misas que deben servir de comprobantes.

Décima quinta. Que cada uno dé cuenta al mayordomo tesorero en debida forma, con individualidad de las que sean de la cofradía y de las de la obra pía que dejó D. Juan Gerardo de Acosta, pues unas y otras serán a cargo de dicho mayordomo tesorero, por dirigirse uno y otro fin al beneficio de las Benditas Ánimas, como consta de la dotación, y éstas, examinadas por la mesa en junta de cabildo para la elección, pasen al juez eclesiástico, precisamente para que vea y se cerciore de que estos caudales y limosnas se han invertido en su piadoso destino, y no con otro fin, que es lo que previene el Santo Concilio de Trento en los capítulos octavo y noveno de la sesión veintidós De reformatione, pues caso de que en el particular se ofrezcan algunas disputas judiciales deberá ocurrirse al juez secular, como que dichos bienes y caudales no son ni pueden reputarse por espirituales, con cuya calidad se han aprobado ésta y las demás cofradías, por ceder lo contrario en perjuicio de las regalías de la Corona.

Décima sexta. Que en lo demás que a su pagamento concurre la dicha obra pía fundada por D. Juan Gerardo de Acosta, y son la escuela, misa de los lunes y rosario en la noche de dicho día, que procesionalmente sale por las calles, asistido de un sacerdote, en todo se guarde y cumpla con lo dispuesto por dicho donante, como consta de la donación que a fojas 2 es del tenor siguiente: Que con el fruto o rédito de la hacienda nombrada Piaxtla y una casa en dicho pueblo, se conserve y permanezca el Rosario de Ánimas que en los lunes en la noche ha permanecido el tiempo de más de treinta años, los que ha costeado el otorgante, y ha sido a cargo de la cofradía, con independencia de los gravámenes que dicha cofradía tiene, y con los productos de dicha hacienda y casa, también se ha de costear un maestro de enseñar virtudes que gane doscientos pesos anuales, y que éste sea hombre bastante virtuoso y bien inclinado para el ejemplo y educación de los niños naturales y de razón, a los que enseñe la doctrina cristiana, a leer, escribir, contar, con el gravamen diariamente los días de escuela, sobre tarde, que en consorcio de los niños se rece una parte del Rosario aplicándolo por las Benditas Ánimas, encargándosele también por los señores de la mesa de dicha cofradía la asistencia, especialmente en los días lunes, al Rosario de Ánimas, y que haya de tener a lo menos veinte y cinco niños de cada clase, y reciba todos los que ocurrieren sin despreciar a ninguno. Y por cuanto los sobrantes de los productos de la hacienda de Piaxtla y casa de la plaza no deben entrar en arca alguna, pues la voluntad del donante es que se inviertan a beneficio de las Benditas Ánimas como consta al f. 13, cláusula 2ª que a la letra es del tenor siguiente: Ítem. Ha de ser obligada esta cofradía a hacer que de los productos de dichas fincas se cante una misa todos los lunes del año en el mismo altar de Ánimas de dicha parroquia, en sufragio de ellas, con doble de esquila, tumbilla y responso a que deberá asistir el maestro de escuela con sus discípulos; y juntamente a costear el rosario de los lunes en la noche, que procesionalmente sale por las calles, y si después de haber reparado las fincas (sobre que tendrá especial cuidado la mesa, como que esto mira a la conservación de ellas) resultare algún sobrante, bien lo podrá aplicar a las otras funciones que dicha cofradía celebra en sufragio de las Benditas Ánimas del Purgatorio, pedimos que en todo se guarde y cumpla según y como lo expresa el donante, y sólo se introduzcan en arcas los caudales que fueren legítimos de la cofradía que se está erigiendo, y asimismo suplicamos que esta misa de los lunes perteneciente su pagamento a la obra pía, para que se cumpla con la asistencia de los niños escolásticos, sea a las ocho de la mañana, hora en que sin embargo de ser muy pobres y vivan retirados podrán cumplir con lo dispuesto en la donación, por lo que se seguirán dando al párroco tres pesos.

Décima séptima. Que para que se guarden los muebles precisos de la cofradía, sus sobrantes, sus títulos y papeles y lo demás que no sea preciso esté a mano para el uso diario y consumo de gastos, se fabrique una arca de tres llaves, de las cuales una tenga el mayordomo tesorero, otra el diputado mayor y la otra el síndico.

Décima octava. Que en habiendo en arcas alguna cantidad de consideración sin destino legítimo, se imponga con acuerdo de la mesa e intervención de dicho juez secular en finca segura, procediendo en este caso con la mayor madurez para que no pierda sus fondos.

Décima nona. Que sea de cargo del mayordomo pagar todos los martes del año una misa cantada de un ministro con su responso y doble de esquila por las almas de los cofrades difuntos, por la que se le darán al párroco dos pesos.

Vigésima. Que concluido el novenario que hace esta parroquia, pasado el día de la conmemoración de los difuntos, se siga haciendo uno de una misa cantada con un ministro con doble de esquila, tumbilla con cuatro luces en ella, y responso en el altar de Ánimas aplicado por las almas de los cofrades, por las que se le darán al párroco veinte y seis pesos.

Veinte y una. Que en los días del Santísimo Patriarca Señor San José y Señor San Nicolás Tolentino se han de celebrar sus funciones con misa de tres ministros, procesión y sermón, por lo que se darán al párroco catorce pesos por cada una, y que dichas funciones se hagan en sus respectivos días, sin que se puedan transferir y en el altar de Ánimas, y que igualmente se apliquen dichas misas por las almas de los cofrades vivos y difuntos, y por los bienhechores.

Veinte y dos. Que los mayordomos no puedan hacer gasto alguno a más de los referidos sin acuerdo de la mesa y pasando de cincuenta pesos sea indispensable la licencia de los jueces eclesiástico y secular que autorizan las juntas, dándola o negándola en ella, sin derechos algunos, pues como que están presentes bien podrán instruirse de la necesidad o utilidad que haya.

Obligaciones de la cofradía para regraciar a los hermanos su devoción y desembolsos.

A más de la aplicación de los sufragios y misas de las fiestas según lo establecido en los anteriores artículos, siempre que algún cofrade haya de recibir el viático se franquearán veinte velas de cera y dos pesos en reales, a cuyo fin se prevenga en las patentes avisen con tiempo al tesorero o síndico respectivo, llevando certificación del médico o ministro que ordenó se dispusiese.

Ítem. Dará la cofradía a cada hermano cuando fallezca veinticinco pesos en reales o doce pesos y medio y una mortaja, siendo del arbitrio de los dolientes pedir lo que les acomode.

Ítem. Se le darán al hermano cofrade veinte y cinco luces, paño, féretro, almohadas con el guión para la compañía de su cadáver.

Ítem. El día siguiente del entierro del hermano cofrade se le cantará una misa con doble y responso en la respectiva parroquia donde se verifique su entierro, por la que se le darán al párroco tres pesos, cuya misa se aplicará por su alma.

Malinalco, y noviembre diez y nueve de mil setecientos noventa y ocho años.- José González, mayordomo.- Juan Antonio Araujo, diputado mayor.- Manuel Centeno.- Ignacio Segura.- Mariano Centeno.- Antonio Araujo.- Bartolomé Jurado.- Vicente Díaz.- Rafael Reyes.- Manuel Mendoza.- José Nieto.- José Escobar.

Visto en mi Consejo de las Indias con lo que en su inteligencia expuso mi fiscal, ha parecido aprobar, como por esta mi real cédula apruebo las expresadas constituciones en todo lo que no sea contrario a las adiciones y advertencias siguientes:

  1. Que el mayordomo o mayordomos que se nombren no se les imponga el gravamen de otorgar fianza por no haber semejante práctica en las congregaciones piadosas; que ésta elija en sus juntas para mayordomos aquellos hermanos que merezcan su confianza por sus buenas cualidades, y los nombrados sirvan sin otro interés que el de contribuir por su parte el objeto de su instituto.
  2. Que no se pueda trasladar la cofradía sin consentimiento del superior gobierno a otro templo, ni alterar sus constituciones sin impetrar para ello la correspondiente licencia.
  3. Que para las elecciones de oficiales de la cofradía y autorizar sus acuerdos es suficiente el cofrade que se nombre por secretario de la congregación, el cual debe servir sin derechos ni emolumentos.
  4. Que no se celebre junta alguna, sin que sea presidida por el ministro real que a este fin se nombre.
  5. Que sus bienes no se entiendan espiritualizados en tiempo alguno, ni se dejen de satisfacer en sus casos los derechos reales ahora ni en adelante con ninguna causa, ni pretexto.
  6. Que los diputados sean ocho y se elijan todos los años cuatro a fin de que haya siempre sujetos instruidos en los asuntos que ocurran.
  7. Que el rector sea secular, dure dos años y no pueda reelegirse.
  8. Que el cura de la parroquia asista como previene la ley en concepto de prelado de la casa en que está la cofradía.
  9. Que haya tesorero que sirva dos años y dos más si pareciere reelevarle, pero que no lo pueda ser por tecera vez sin haber pasado al intermedio de otros dos años.
  10. Que el mayordomo debe presentar sus cuentas a la junta, y ésta nombrar dos sujetos de los más versados en la materia para que las reconozcan y con su informe las vuelvan a la junta para su aprobación o la providencia que haya lugar, de manera que en las juntas nada sea judicial ni contencioso, pues cuando el negocio deba serlo, entonces ha de ocurrir al juez real que corresponda para que proceda.
  11. Que los funerales, gastos y funciones se reduzcan a lo justo y debido para que resulte sobrante e invierta en socorro de los pobres, presos o enfermos, o en otra cosa útil al vecindario con audiencia de la junta de la misma cofradía.
  12. Que las llaves del arca se pongan en el rector, diputado más antiguo y tesorero y todos los meses se entre lo que se hubiere recaudado, y saque lo que fuere menester, sentándose en un libro, firmando las partidas todos tres.

Por tanto, por la presente mi real cédula ordeno y mando a mi virrey, gobernador y capitán general de las provincias de Nueva España, al regente y oidores de mi Real Audiencia de México, y a los demás ministros, jueces y justicias de aquellos dominios, y ruego y encargo al muy reverendo arzobispo de México, al venerable deán y cabildo en sede vacante de aquella iglesia, y a otros cualesquiera prelados y jueces eclesiásticos a quienes corresponde guarden y cumplan y hagan guardar y cumplir puntual y efectivamente la expresada mi real determinación, según y en la forma que va referido, sin permitir en manera alguna se contravenga a ella, por ser así mi voluntad.

Fecha en Cartagena, a veinte y siete de diciembre de mil ochocientos dos.

Yo el rey.

Por mandado del rey nuestro señor.

Antonio Porcel

 

 

El final de la reforma de cofradías de Sevilla

DSCF2648En otra oportunidad hemos hablado del final que tuvo la reforma de cofradías de Nueva España. Pues bien, en el reino de Sevilla las cosas fueron en parte distintas y en parte semejantes. Distintas, pues en la Península el expediente general del Consejo de Castilla generó una resolución, el real decreto de 1783, que implicó una “recogida de constituciones”. Esto es, los jueces reales debían incautar los documentos fundamentales de cada hermandad o cofradía para que acudieran al Consejo de Castilla para su reforma. Esto ocasionó la formación de numerosos expedientes particulares. Y justo en ello se asemejan ambos reinos, pues la reforma general novohispana dejó paso a una reforma asimismo por expedientes particulares. Además, sin embargo, la Real Audiencia de Sevilla no renunció de inmediato a establecer un “arreglo general” de las hermandades de la ciudad y del “reynado”, aunque el proceso fue bastante lento.

Más de una década después de la conclusión del expediente general de Madrid, y a una década exacta de que se tratara de reabrir el expediente general de Sevilla, uno de los numerosos expedientes judiciales que las hermandades sevillanas sostenían entre sí dio motivo a un último intento de reforma general. Como se ve en los documentos de abajo, las hermandades conocidas como de la Carretería y del Gran Poder se disputaban el horario de salida de sus estaciones de penitencia (procesiones) de la madrugada del Viernes Santo. El caso llegó al Consejo de Castilla, que pidió informe a la Real Audiencia de Sevilla, ésta aprovecho para buscar una nueva medida a aplicar sobre las hermandades de la ciudad, pues lo hecho desde 1787 e incluso desde antes, parecía ahora insuficiente. Abajo vemos la respuesta del Consejo, la forma en que la orden se aplicó, tratando de retomar lo que no se había cumplido en diez años, y la resolución final del caso de esas dos hermandades.

Así pues, también de aquel lado del Atlántico la reforma tuvo unos límites particulares, y procuró más bien evitar la reacción airada de la sociedad hispalense, tan solidaria en sus cofradías y hermandades.

 

Informe de la Real Audiencia de Sevilla sobre el pleito entre las hermandades de Carretería y Gran Poder, 17941

Muy Poderoso Señor

Con fecha 7 de abril del corriente año manda Vuestra Alteza le informemos lo que se nos ofrezca y parezca acerca de la pretensión hecha en 17 del anterior mes de marzo por la hermandad de Nuestra Señora de la Luz y Tres Necesidades, cita en su capilla propia en el barrio de la Carretería, extramuros de esta ciudad, sobre que la de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, con quien sigue pleito, que se halla retenido en la sala primera de este tribunal, se abstuviere de salir a hacer su estación el Viernes Santo por la mañana ínterin dicho pleito se determina definitivamente.

Y en su cumplimiento decimos que en la Sala Primera de este vuestro Tribunal se halla retenido y en estado de vista en definitiva pleito que principió en 16 de abril de 1791 ante el provisor y vicario general de este arzobispado la hermandad de Nuestra Señora de la Luz y Tres Necesidades, sobre que se le señalase día para hacer su estación la madrugada del Viernes Santo de dicho año, anterior a la que hubiese de señalársele a la de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, de suerte que en dicha estación o procesión le precediese aquella a ésta.

En seguida de esta pretensión se promovieron por una y otra artículos de manutención y otros en que recayeron diferentes autos de fuerza en recursos que para este tribunal instruyó la primera, y por el último en que se declararon por de legos dichos autos, se retuvieron en la sala primera con otros que al mismo tiempo se habían principado y seguía la Hermandad de la Luz ante vuestro teniente tercero de asistente contra la misma hermandad del Gran Poder sobre los mismos puntos y artículos.

Retenidos los autos, arregló sus pretensiones la de las Tres Necesidades al artículo de manutención en la posesión en que decía hallarse de que la del Gran Poder no le precediese en la estación de Semana Santa, estimando punto de preferencia el ir delante.

Ejecutoriado este artículo a favor de la hermandad del Gran Poder, se puso demanda de propiedad por la de la Luz y Tres Necesidades a la que está conclusa para vista, que es el estado del pleito.

Referir a Vuestra Alteza por menor con los pasajes del proceso, la obstinación y empeño con que se ha seguido, sería dilatarnos demasiado, baste decir que ha sido tal la tercedad y porfía de uno y otro cuerpo, que no han perdonado ardid ni medios de cuantos puede sugerir la cavilación más acalorada, que no hayan emprendido y seguido con el mayor tesón, al paso que el tribunal, conociéndolo así, ha dado las providencias más oportunas para cortarlos, y que ciertamente hubieran producido el efecto deseado, a no haberse empleado en gentes tan indóciles.

Toda la disputa, como a Vuestra Alteza llevamos manifestado, está ceñida a cuál de los dos cuerpos debe ir delante en la procesión de Semana Santa. Más claro: cuál de los dos ha de tomar más parte de la noche para conciliarse mayor lucimiento y cuál se ha de presidir a cual, de que podrá inferir Vuestra Alteza el espíritu de devoción que las anima y la edificación que causará al público un culto de esta idea.

Podemos asegurar a Vuestra Alteza que un asunto tan fútil en sí y de tan poco interés ha causado al pueblo gran escándalo en descrédito de dichas hermandades, y ocupado al tribunal mucho tiempo precioso con perjuicio y atraso de otros negocios de bastante gravedad.

Por lo cual, y respecto a estar cumplida la orden de Vuestra Alteza en todas sus partes, como se acredita de los testimonios que acompañan, somos de dictamen de que Vuestra Alteza mande recoger las reglas a dichas hermandades e igualmente a todas aquellas que las tengan aprobadas en esta ciudad, que no sean de Santísimo o Ánimas, mediante su inutilidad y lo mucho que ocupan al tribunal con sus diarios recursos, usurpándole el tiempo que debe emplear con ventajas del público en negocios de importancia.

Es cuanto podemos informar a Vuestra Alteza en cumplimiento de su superior precepto, cuya vida guarde Dios muchos años. Sevilla, 16 de julio de 1794.

Bernardo Ruega.- D. Isidro de la Hoz.- D. Josef María Valiente y Brost.- D. Bernardo Falcón.- D. Pedro Gómez Labrador.

 

Orden del Consejo de Castilla sobre el pleito entre las hermandades de Carretería y Gran Poder, 17982

Ha visto el Consejo el expediente formado en él a instancia de la Hermandad de Nuestra Señora de la Luz y Tres Necesidades, sita en su propia capilla en el barrio de la Carretería, extramuros de esa ciudad, sobre que la titulada de Jesús del Gran Poder establecida en la parroquia de San Lorenzo se abstenga de salir primero a hacer su estación en la Catedral el Viernes Santo por la mañana, ínterin y hasta tanto que se ve y determina por ese tribunal el pleito que siguen sobre el asunto en la sala primera de él. Y enterado el Consejo de cuanto resulta de dicho expediente, como también de lo que le informó esa Real Audiencia con fecha de 16 de julio de 1794 proponiendo entre otras cosas se recojan las ordenanzas a las expresadas hermandades, e igualmente a todas aquellas que las tengan aprobadas en esa ciudad que no sean del Santísimo o ánimas, mediante su inutilidad, y lo mucho que ocupan a ese tribunal con sus diarios recursos, usurpándole el tiempo que debe emplear con ventajas del público en negocios de importancia, ha resuelto, con presencia asimismo de lo expuesto por el señor fiscal, que esa Real Audiencia recoja las ordenanzas originales de las referidas dos cofradías de Nuestra Señora de la Luz y Tres Necesidades y Jesús del Gran Poder, con las alhajas que les correspondan, y que depositando éstas exponga al Consejo por mi mano si convendrá su reunión a otras sacramentales o de Ánimas, y el destino que deberá darse a sus bienes y efectos.

Al propio tiempo ha resuelto el Consejo se encargue a esa Real Audiencia que por lo respectivo a las demás hermandades, cumplir con lo mandado en el real decreto expedido en el año de 1783, sobre arreglo de cofradías en todo el reino, procediendo en su ejecución con prudencia y sin causar de una vez novedad notable, informando al Consejo lo que de todo resulte y demás que se le ofreciere y pareciere. Todo lo cual participo a V.S. de acuerdo del Consejo y para su inteligencia y que haciéndolo presente en el de ese Tribunal disponga su cumplimiento dándome V.S. en el ínterin aviso del recibo de esta a efecto de hacerlo presente en él.

Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid, 10 de septiembre de 1798.- Bartolomé Muñoz.- Señor Regente de la Real Audiencia de Sevilla.

Censura final del fiscal Joaquín José Márquez Villalobos en el expediente de reforma general de Sevilla, 17983

El fiscal de Su Majestad, visto este ramo separado que se ha formado con copia de la real orden de 10 de septiembre anterior relativa al arreglo de hermandades y que se le ha mandado pasar para que pida lo que corresponda sobre el segundo particular que incluye dicha orden, y teniendo asimismo presente el expediente general antiguo formado en el asunto.- Dice:

Que el Consejo encarga a esta Real Audiencia que por lo respectivo a todas las hermandades del territorio, exceptuadas las que han dado ocasión a que se expida dicha orden, cumpla con lo mandado en el real decreto del año de 1783 sobre arreglo de cofradías en todo el reino, procediendo en su ejecución con prudencia y sin causar de una vez novedad notable, informando al Consejo lo que de todo resulte, y demás que se le ofreciere y pareciere.

En cumplimiento de dicho real decreto se han dado por el Acuerdo desde su expedición, diferentes providencias, así generales como particulares, en los muchos expedientes que se promueven de esta naturaleza. En el año de 87 a impulso fiscal se dieron órdenes a los tenientes de esta ciudad para que recogiesen las ordenanzas de las hermandades establecidas en ella y practicasen otras diligencias conducentes a su respectivo arreglo, y también con el mismo fin se libró carta orden impresa por vereda a los justicias del territorio antiguo para la presentación y remisión de ordenanzas y evacuación de las mismas diligencias e informes circunstanciados sobre los puntos que se expresaron entonces en la censura fiscal de 13 de febrero de dicho año.

Según ha comprendido el fiscal, no correspondieron las resultas a los insinuados connatos, y aunque los tenientes remitieron sus expedientes y diligencias, acompañadas de una porción considerable de reglas, no las recogieron todas, quedando incompleto e imperfecto el desempeño de la comisión. Menos esmero hubo de haber de parte de las justicias de dichos pueblos, de las cuales muy pocas dieron cumplido el encargo hecho.

En este estado se recomienda por la citada orden el cumplimiento de dicho real decreto, y las nuevas circunstancias obligan a que en parte se adopten las mismas medidas tomadas en el año de 87, y en parte se arbitren otras más vigorosas y adecuadas a verificar el citado arreglo. El territorio de esta Real Audiencia se halla ampliado y comprende ahora otros muchos pueblos, a cuyas justicias no llegó ni pudo llegar la orden comunicada entonces por vereda. El exacto cumplimiento de la expedida últimamente por el Real y Supremo Consejo puede proporcionar otras ventajas y utilidades sobre las que antes se atendían, conforme a la nueva situación de las cosas.

Fundado pues el fiscal en dichas consideraciones, pide al acuerdo se sirva repetir su comisión a los tenientes de Asistente de esta ciudad para que a presencia de los expedientes formados en el año de 87 que al efecto deberán devolvérseles, recojan y remitan las reglas que falten, y asimismo procedan a que por todas las hermandades y sus respectivos hermanos mayores, mayordomos y oficiales les entreguen relaciones certificadas y exactas de los bienes y alhajas que les pertenezcan, conminados con la multa de 200 ducados en el caso de ocultación o fraude, cuyas diligencias den evacuadas dichos tenientes en el preciso término de 15 días con apercibimiento de ser responsables por la omisión, y de procederse a lo demás que haya lugar y para facilitárseles su práctica, podrá el presente escribano de Acuerdo poner en dichos expedientes lista certificada de las hermandades sitas en las iglesias o capillas de cada cuartel, puesto que según está entendido el fiscal, tiene a la mano dicho escribano de Acuerdo exacta noticia de todas las referidas hermandades, adquirida con el motivo de la invitación general que se les ha hecho al donativo y empréstito a Su Majestad en virtud de sus reales órdenes, cometidas al señor regente para su cumplimiento.

Asimismo, pide el fiscal se libre provisión o carta orden por vereda a los justicias de todos los pueblos del antiguo y nuevo territorio, para que en el tiempo de un mes recojan y remitan las reglas u ordenanzas de las hermandades y cofradías no aprobadas, e igualmente procedan a la entrega por sus respectivos mayordomos, hermanos mayores y oficiales de idénticas relaciones circunstanciadas y exactas, certificadas por los secretarios de dichas hermandades y firmadas por los mismos oficiales, de todos sus bienes y alhajas sin omitir ni ocultar cosa alguna bajo la multa de 200 ducados, y bajo la misma pena a los justicias si lo disimulan, y con apercibimiento de procederse a lo demás que convenga, y luego que sean remitidas las expresadas diligencias de cada pueblo pro sus justicias, convendrá que por el escribano de Acuerdo se ponga en cada expediente que se forme lista de las hermandades existentes en el respectivo pueblo, según lo resolutivo de las noticias y nóminas formadas con el expresado mérito de invitarse a dicho donativo y empréstito.

El Acuerdo podrá disponer sobre todo lo que fuere más acertado y justo. Sevilla, 17 de octubre de 1798.

Márquez.

Resolución final de la Sala de Gobierno del Consejo de Castilla en el pleito entre las hermandades de Carretería y Gran Poder, 17984

Señores de Gobierno 2ª

Bendicho

Isla

Isunza

Sin embargo de lo mandado en el auto de 23 de mayo de 1796, líbrese provisión para que la Real Audiencia de Sevilla no impida continuar en sus ejercicios a las cofradías de Nuestra Señora de la Luz y Jesús del Gran Poder, bajo las ordenanzas que tienen aprobadas, y la escritura de transacción que presentan.

Madrid, 9 de noviembre de 1798.

 

1 Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, leg. 1368, exp. 5, fs. s/n.

2 Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS), Justicia, Hermandades y cofradías, leg. 9813, exp. 4, fs. s/n.

3 AGAS, Justicia, Hermandades y cofradías, leg. 9813, exp. 4, fs. s/n.

4 AHN, Consejos, leg. 1368, exp. 5, fs. s/n.

La (imposible) reforma de cofradías en la Nueva Galicia: el dictamen de Ambrosio de Sagarzurrieta de 1790 II

Una segunda parte del dictamen que en 1790 redacto el fiscal de la Audiencia de Guadalajara, Ambrosio de Sagarzurrieta, ante la negativa del obispo de esa ciudad, fray Antonio Alcalde, de aceptar la intervención de la autoridad regia en las cofradías de la diócesis, corresponde a los problemas reales de los pueblos de la jurisdicción. En efecto, en unas cuantas líneas el fiscal presentó varias controversias que habían llegado a la Real Audiencia sobre bienes de cofradías y de comunidad, para mostrar así que la raíz del problema era la intervención en ellos de los curas párrocos, sus vicarios, y en general el clero. Desde luego, el contexto era el de las cofradías ganaderas de la Nueva Galicia, por lo que esos bienes eran, fundamentalmente, reses. Vamos a reservar para una tercera parte las alternativas de solución que ofreció el fiscal, y que corresponden a una reforma que nunca logró llevarse a cabo. De cualquier forma, en la parte final del fragmento que presentamos ahora se advierte ya uno de los ideales del fiscal: la caridad. Esos bienes debían haber servido, no tanto para el culto cuanto para la caridad; es decir, asistir a los pueblos en el pago de tributos, afrontar carestías y hambrunas, y tener educación.

 

Dictamen del fiscal Ambrosio de Sagarzurrieta, 29 de marzo de 1790
Archivo General de Indias, Audiencia de Guadalajara, leg. 352.

Firma de Ambrosio de Sagarzurrieta, ya como fiscal de la Real Audiencia de México a principios del siglo XIX.

Firma de Ambrosio de Sagarzurrieta, ya como fiscal de la Real Audiencia de México a principios del siglo XIX.

Las certificaciones que corren en este expediente, y los otros que se le han agregado, no dejan duda de la verdad que se acaba de asentar: De la certificación ya citada relativa al negocio de los indios de Mazamitla, aparece que habiendo en dicho pueblo dos cofradías, la una de Ánimas y la otra de la Santísima Virgen, y teniendo la una de ellas (no se expresa cuál ni en qué paró la otra), más de cuatro mil reses y quinientas yeguas de vientre, se destruyó del todo ocho años hacía, que corresponde al de mil setecientos ochenta, siendo la causa la desidia y mal gobierno de los administradores de ella, que llaman priostes, y los consumos que hacían de dichos bienes los religiosos doctrineros, disipándolos a su arbitrio, y últimamente el cura D. Miguel Díaz de Rábago, quien se llevó los últimos restos, marcando los ganados con su propio fierro, además del de la cofradía, sin que lo pudiese remediar el pueblo.

De otra certificación dada por el teniente de escribano de Real Hacienda con fecha de 3 de junio de 1789 consta que recibida información de doce testigos sobre los hechos de Carlos Padilla, recaudador de tributos de la jurisdicción de Sayula, a que pertenece el pueblo de Chapala, contra el cual, por haber querido que los indios vendiesen algunos bienes de la que llaman cofradía para el pago de los tributos, dio queja el cura al reverendo obispo de esta diócesis, y este prelado al excelentísimo señor virrey de Nueva España, conde de Gálvez. Depusieron todos los doce testigos que los naturales del pueblo de Chapala compraron con dinero propio ganado vacuno y caballar y le pusieron al cuidado de Pedro de Herrera y Diego García, que lo pastorearon largo tiempo, que vendían el que necesitaban así para el pago de sus tributos como para el socorro de otras necesidades, sin licencia de los curas ni vicarios, que después ya empezaron a correr éstos con su administración, sin saber el motivo, pero siempre invirtiéndose sus productos en las mismas necesidades del pueblo, por considerarse como bienes de comunidad; que esto mismo consta de varias diligencias que practicó el bachiller D. Francisco Pintado, siendo cura del expresado pueblo, en averiguación de si dichos bienes eran de cofradía, que habiéndose éste quedado con las originales, se llevó un testimonio D. Antonio Tiburcio Ruiz, y otro se remitió a México; que sin embargo de esto el cura D. Antonio Velasco de Jara, sucesor del Br. Pintado, se apropió de dichos bienes, y desde entonces los han manejado a su arbitrio los demás curas, precisando a los indios a que den tres individuos para que sin estipendio alguno cuiden y pastoreen dicho ganado, que hasta el año de 1787 ascendía el número de este a cuatrocientas reses vacunas y cincuenta caballares, poco más o menos, y que ignoran en qué se invierten sus productos, pues ni de ellos se costea el aceite para la lámpara, ni la fiesta del santo patrón.

Por una información de ocho testigos, los cinco examinados de orden de vuestra señoría a pedimento del alcalde y principales indios del pueblo de Santiago Juchitán y los tres de oficio, se comprende que el Br. D. Vicente Tello, juez eclesiástico del partido, habiendo puesto por caporal del ganado de la cofradía del hospital a José Gerónimo, sujeto de su devoción, había hecho varias extracciones y aunque el ganado estaba marcado con el fierro de la cofradía, lo arrendaba y vendía como propio, en cuya comprobación señalan los testigos las partidas, personas y lugares de la venta, contestando que cuando dicho D. Vicente Tello estuvo de juez eclesiástico en la villa de Purificación, acabó con la cofradía de ella, y pedido informe al cura doctrinero del partido, fray Francisco María Romero Leal, dijo que es cierto que los indios de Juchitán no han tenido paz desde que entró de caporal José Gerónimo, por no darles razón alguna de dicha cofradía, y que siendo ésta la mejor que había en todo el curato, se haya muy derrotada por la repetida saca de sus bienes de orden de dicho vicario Tello, sin saberse en qué se ha invertido la suma grande que importan los referidos bienes, pues en su iglesia y sacristía, estando muy necesitada, no aparece alhaja alguna; que menos sabe en qué se invirtieron los trescientos pesos que aseguraban los indios haber en el arca, y que habiendo trabajado veinte yuntas de bueyes en conducir madera a esta ciudad, de las cuales murieron bastantes por lo inservibles que vinieron, tampoco se sabía en qué se invirtieron sus alquileres.

El teniente general de la jurisdicción de Guachinango y Mascota, en oficio que dirigió a V.S. en 15 de enero de 1788, le dice que habiéndose extinguido el pueblo de Amatlán de las Cañas, que era de indios, se cobra un tanto anualmente de cada uno de los vecinos que allí se han establecido por el solar de las casas de su habitación y tierras que siembran pertenecientes a dicho pueblo, y sin embargo de que los productos  de estos arrendamientos son bienes rigurosamente comunes o llámensele propios, informa dicho teniente que los percibe el cura párroco por decir éste que se le dieron años ha para ayuda de la fábrica del templo, y añade dicho teniente que en ocasiones percibe alguna parte de dichos productos el teniente de justicia de dicho pueblo.

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Despacho del virrey Antonio Bucareli que motivó la protesta del obispo de Guadalajara.

En otro oficio del teniente de la jurisdicción de Tepospisaloya, partido de Guachinango, informó con fecha de 4 de febrero de dicho año de 88 que los pueblos de ella no tienen más bienes de comunidad que cuatro cofradías, y que según le aseguraban los indios, las dichas cofradías antes que fuese de vicario eclesiástico el doctor D. Salvador Branvila, sólo habían sufrido el lasto del tributo, manutención de sus caporales y el estipendio de dos misas anuales por cada cofradía, erogando el resto en los mayores servicios adealas [sic] o contribuciones que pagan a los reverendos padres guardianes, y se expresan en una memoria que acompañó, pero que en los años que fue vicario dicho Branvila les hizo éste varias extracciones de ganado.

A fines del año de 1786 se formaron autos en la Real Audiencia, que después se han remitido a vuestra señoría en que los indios del pueblo de Mascota se quejaron de los ultrajes, tropelías e indebidos tratamientos que les hacía el cura de su reducción D. Juan José de Aguirre, de los servicios personales que les obligaba y de que no se les daba cuenta y razón de una pingüe cofradía. Además de las informaciones que dieron los indios, con que acreditaron en la mayor parte la verdad de sus quejas, hay dos informes, el uno del cura D. Lino Castellanos, sucesor de Aguirre, y el otro del alcalde mayor del partido D. Juan del Camino Alonso, que combinados dan muy cabal idea de que siendo tan rica dicha cofradía, no sirve sino de carga a los indios. Con efecto, a la sombra del considerable pie de más de mil reses y de producto anual de cien toros, poco más o menos, se emprendió la fábrica de un hospital de cal y canto, en que se había gastado más de diez mil pesos y aún no estaba concluido, contribuyendo además los indios con su trabajo personal. Sería tolerable esta superfluidad si al mismo tiempo que se procura construir un grande edificio de hospitalidad, se socorriese a los pobres enfermos y a los necesitados, pero el caso es que habiendo sido erigida dicha cofradía con el fin de aliviar estas necesidades de los indios y dar culto a la imagen de la Santísima Virgen, según se percibía de los autos de visita de los señores obispos de esta diócesis, no experimentaron socorro alguno en la general hambre y peste de los años de 85 y 86, de suerte que muchos indios, impelidos de la necesidad, abandonaron aquel pueblo, pasándose a otros, en busca de alimentos, y debiéndose haber pagado los tributos con los esquilmos de dicha cofradía, como fundada con caudal de los indios, se vieron precisados, por no hallar arbitrio para satisfacerlos, de ocurrir a esta Real Audiencia, por quien se les concedió releva, e igualmente que a los otros pueblos de aquella jurisdicción que se hallaban en igual caso de indigencia, sin que fuesen más socorridos de los bienes de sus cofradías que los del pueblo de Mascota. Añade el referido alcalde mayor que todo este trastorno proviene del absoluto dominio que se han tomado los curas sobre las cofradías, y que si estas se pusiesen a cargo de un secular que llevase cuenta y razón, y la diese a ambos jueces con asistencia de los indios para su aprobación y pago, lograrían considerables incremento, y de éstos podrían y deberían satisfacerse las regulares pensiones de misas y otras celebridades, reduciéndolas a lo justo, se pagarían los tributos y se socorrerían los indios en sus miserias y urgencias.

En Tequila hay bienes con el nombre de comunidad, y aunque lo son rigurosamente, les sirven tan poco a los indios como los de las cofradías, pues resultando del expediente de su materia que el producto anual de ellos es de 637 pesos, sin incluir otros bienes que ocultaron, y los descubrió la vigilancia y maña del corregidor D. Francisco Cárdenas, apenas alcanzan para costear las funciones de iglesia que celebran los indios de dicho pueblo. El mismo corregidor Cárdenas, en oficio de 9 de enero de 1788, consultando con vuestra señoría la duda de si los bienes de cofradía lo eran de comunidad, de cuyo nombre también los llaman, dice que este es un género de bienes adquiridos por el común de los indios de que conocen los curas, por ejemplo hay en dicho pueblo trapiche que se da en arrendamiento, hay igualmente cañas en correspondiente cantidad, sembradas con el trabajo del común de los indios, y esto se llama cofradía del Santísimo y de la Virgen. Hay otra en el pueblo de Amatlán, del mismo partido, fundada de igual suerte, y compuesta de ganado mayor, y otra cofradía que llaman de Ánimas, cuyo fondo es de nueve mil o más pesos, y tuvo origen de bienes de gente de razón.

Los antecedentes ejemplares son más que suficientes en concepto del fiscal para persuadir: que en este obispado se han confundido los bienes de comunidad y los de cofradía; que los curas son casi los únicos que se aprovechan de unos y otros; que lejos de mirar por su perpetuidad y de invertirlos en los usos a que están destinados por la erección, y por el voto e intención de los fundadores, los manejan tan despóticamente que nombran capellanes a su arbitrio, se arrebatan para sí los ganados, y no dan cuentas como debieran. Cuando más bien se administran estos bienes sólo se consigue que haya muchas fiestas de iglesia en que se disipan los indios, y echan entre sí derramas, pero no se les auxilia con estos bienes para el pago de sus tributos, para el alivio en sus enfermedades y vejez, para que se establezcan escuelas donde se les perfeccione en la lengua castellana, y se les enseñe a leer y escribir y la Doctrina Cristiana, de que están tan ignorantes que no se les puede oír en este punto sin llorar lágrimas de sangre.

La (imposible) reforma de cofradías en la Nueva Galicia: el dictamen de Ambrosio de Sagarzurrieta de 1790

Lo hemos mencionado en semanas atrás: en 1776 comenzó el expediente general de reforma de cofradías de Nueva España. La recogida de datos iniciada entonces alcanzó incluso jurisdicciones bajo la autoridad, en lo eclesiástico, del obispado de Guadalajara. Su titular, fray Antonio Alcalde, opuso seria resistencia al respecto. De ahí que el caso fuera visto por el fiscal de la Real Audiencia de Guadalajara, Ambrosio de Sagarzurrieta, quien ya en marzo de 1790, redacto un extenso dictamen sobre el tema, que es el que transcribimos aquí en su primera parte. Como verá el lector, el fiscal se ocupó primeramente de la definición y de la historia de las cofradías para establecer en ellas la exclusiva jurisdicción real. Remitió a la legislación que hemos publicado en este espacio antes, así como a otros autores de derecho canónico de la época. Enseguida comenzó a analizar las afirmaciones del obispo Alcalde sobre la situación de las cofradías en la diócesis, hasta cuestionar la intervención del clero en ellas, según veremos en una segunda parte.

Dictamen del fiscal Ambrosio de Sagarzurrieta, 29 de marzo de 1790
Archivo General de Indias, Audiencia de Guadalajara, leg. 352.

El fiscal se hará cargo de la naturaleza de las cofradías, y después de probar que ni ellas ni sus bienes son espirituales como pretende el señor obispo, queriendo de aquí persuadir que deben estar sujetas a su sola jurisdicción, hará también ver que los inconvenientes que tanto ha ponderado dicho prelado no los hay ni son de esperar del plan que propondrá, sino antes bien considerables ventajas y utilidades así respecto de la congrua sustentación de los curas, reparo y adorno de los templos y aumento de las rentas del seminario, como respecto de la Real Hacienda y de la causa pública y del Estado.

Por nombre de cofradía de legos, que es de las que aquí se habla, se entiende cierta junta de legos que se congregan en cierto lugar por causa de algunos ejercicios piadosos. Es tan antiguo su establecimiento que se hace mención de él en las leyes de Solón, y trasladado de allí a las Doce Tablas lo adoptaron después de los Romanos Pontífices y Concilios, pero siempre y en todas partes con sujeción y dependencia de la autoridad del gobierno temporal, que es a quien toca saber y examinar si el colegio o junta que se introduce es útil o perjudicial al bien de la república. Las historias de todos los siglos y naciones están llenas de sucesos funestos de discordias y conjuraciones suscitadas por algunas juntas, colegios, cofradías o hermandades que congregándose con color de fines muy piadosos y cristianos, maquinaban allí los mayores atentados. A este propósito y para prevenir tales daños, las leyes romanas ordenaron que no se erigiese colegio, junta o cofradía, ni aun por causa de religión, sin licencia del Príncipe. Un Concilio de Francia mandó bajo pena de excomunión que no se erigiesen cofradías, sino por voluntad de los señores de los mismos lugares, y del obispo diocesano, interviniendo urgente necesidad y evidente utilidad; nuestras leyes de Partida y singularmente la ley cuarta, título tercero, partida sexta, dando por supuesto que son ilícitas y reprobadas las cofradías y juntas que no hayan obtenido la aprobación del rey, declaran que tales juntas o cofradías no pueden ser establecidas por herederas. Las leyes del título catorce, libro octavo de la Recopilación de Castilla caminan sobre el mismo fundamento, y particularmente la tercera, por la cual, después de declararse nulas todas las cofradías y cabildos hechos sin licencia del rey y autoridad del prelado, desde el año de mil cuatrocientos sesenta y cuatro, se manda que no se hagan otras en adelante, salvo con dichas calidades, y por causas pías y espirituales.

Ley2541La ley veinte y cinco, título cuarto, libro primero, de la Recopilación de Indias dispuso que en todas ellas no se funden cofradías, juntas, colegios o cabildos de españoles, indios, negros, mulatos u otras personas de cualquier estado o calidad, aunque sea para cosas y fines píos y espirituales, sin que preceda licencia del rey y autoridad del prelado eclesiástico, y ordena que habiendo hecho sus ordenanzas y estatutos las presenten en el Real Consejo de Indias para que en él se vean y provea lo que convenga, y entre tanto no puedan usar ni usen de ellas, y si se confirmaren o aprobaren no se puedan juntar ni hacer cabildo ni ayuntamiento si no es estando presente alguno de los ministros reales, que por el virrey, presidente o gobernador fuere nombrado, y el prelado de la casa donde se juntaren, y últimamente el señor D. Carlos Segundo, aunque en real cédula de veinte y cuatro de junio de mil seiscientos ochenta y dos concedió al obispo de esta diócesis D. Juan de Santiago de León Garavito licencia y facultad para que en las partes y lugares del distrito de este obispado que reconociese tener más necesidad de hospitales o cofradías para la curación de españoles, coyotes y mulatos, las pudiese fundar en la forma que tuviese por más conveniente, fue con la expresa calidad y condición de que interviniesen en ello las justicias ordinarias, y que la Real Hacienda no contribuyese con cosa alguna, de suerte que al paso que nuestro soberano dispensó para las cofradías de que habla dicha cédula la formalidad y requisito de la previa confirmación real que se ordena en las Leyes de Indias, que sin duda no es practicable en este punto por ser como serían en sus principios de tan corto principal las referidas cofradías de este obispado, no quiso que se hiciesen estas erecciones sin concurrencia e intervención de la autoridad real, transfiriendo y delegando para este efecto a las justicias ordinarias el ejercicio y uso de la regalía de conceder la licencia y aprobación, que es un equivalente de la confirmación y licencia real, y debe empeñar más a las justicias en el examen de la naturaleza y fines de estos establecimientos, en aprobar con circunspección sus estatutos, y estar vigilantes sobre su ejecución y cumplimiento, no sea que con color y pretexto de reglas y constituciones útiles se introduzcan prácticas reprobadas, maquinaciones y discordias turbativas de la paz y tranquilidad pública.


Si para averiguar la naturaleza de las cofradías de legos y distinguir los límites del sacerdocio e imperio se recurre a los escritores, especialmente a los antiguos, apenas se hallará otra cosa que confusión y conflicto de opiniones, por no haberse acercado a las fuentes y verdaderos principios que deben gobernar la materia. Entre los que ha leído el fiscal, ninguno la descifró mejor y en menos palabras que el presbítero D. Carlos Sebastián Berardi, en el tomo primero de sus comentarios sobre el Derecho Eclesiástico, disertación cuarta, capítulo siete. Allí, distingue entre las personas singulares de los cofrades, la misma cofradía o congregación y los bienes que le son anexos, y entre las iglesias erigidas por los cofrades juntamente con los bienes asignados a las mismas iglesias, los hospitales o lugares religiosos de que están encargados los cofrades y las obras de piedad que éstos deben ejercitar según su instituto. Cuando se trata de las singulares personas de los cofrades, y aun del mismo cuerpo de la cofradía o congregación y de los bienes de ésta, no deben reputarse como eclesiásticas ni las personas de los cofrades en particular ni el cuerpo de la cofradía, ni los bienes de ésta, por no prevenirse en ningún lugar del derecho que se reputen por tales, por lo cual (son palabras del citado autor) los privilegios y derechos de las personas, colegios y bienes eclesiásticos de ninguna manera se acomodan a las personas de los cofrades, ni al cuerpo de la cofradía ni a sus bienes, y por esta causa aun el mismo cuerpo de la cofradía es demandado ante los magistrados públicos, lo cual no negó ni aun el [ilegible] de jurisdicción, partida cuarta, sentencia segunda, caso ciento trece, y esto es verdad aunque en la erección de la cofradía haya intervenido la autoridad del superior eclesiástico, sea el que sea, porque esta autoridad sirve para que la cofradía se entienda lícita y aprobada aun por la autoridad eclesiástica, pero no para que se estime y tenga por congregación, cuerpo, o comunidad verdaderamente eclesiástica. Pero cuando se trata de las iglesias, de los bienes aplicados a ellas, y de las obras piadosas que han de ejercitar los cofrades, principalmente en la iglesia asignada a la cofradía, no hay duda que todas estas cosas, como verdaderamente eclesiásticas, están sujetas a la jurisdicción del obispo y derechos de los párrocos, como se ordena en los capítulos tercero y cuarto De religiosis dominibus. De aquí deduce el Berardi la razón para haber mandado el Concilio de Trento en la sesión veinte y dos, capítulo octavo, De reformatione, que los obispos tengan derecho de visitar las cofradías de los legos, aun las que llaman escuela o de otro cualquiera nombre, exceptuando solamente las que están bajo la inmediata protección de los reyes, y en el capítulo nueve de la misma sesión que los administradores de las cofradías estén obligados a dar cuenta anual de su administración al ordinario. Pero el fiscal haya la razón de esto en la facultad concedida por los príncipes a los obispos.

Los emperadores cristianos, singularmente Justiniano y nuestros reyes, considerando por una parte que los magistrados seculares implicados con multitud de negocios graves no podían aplicar toda su atención al cuidado, régimen y cumplimiento de las obras piadosas, y por otra advirtiendo la solicitud y vigilancia de los obispos y su gran caridad en socorrer todas las necesidades hasta enajenar con este objeto los bienes eclesiásticos, y aun los vasos sagrados, no dudaron encargar a éstos y encomendarles la tutela y protección de toda obra piadosa. Correspondieron al principio dedicando con todo esmero al desempeño de este encargo. Mas en el siglo diez y once de la Iglesia muchos obispos, más solícitos de sus propias utilidades que del bien de las iglesias y del fiel cumplimiento de las obras piadosas, más las gravaban que las ayudaban, exigiéndoles contribuciones que no debían. Entonces los administradores o defensores solicitaron y obtuvieron para dichas obras piadosas exención de la jurisdicción episcopal, a ejemplo de la que por el mismo tiempo y por las mismas causas obtuvieron muchos monasterios. Conocieron los obispos sucesores cuanto había decaído su autoridad y jurisdicción con tales abusos, y para reparar este daño y recuperar su antigua autoridad, se aplicaron al fomento y cuidado de dichas obras pías, lo que les fue causa para que el Concilio de Viena, presidido por Clemente Quinto, y después el Santo Concilio de Trento, ordenasen que los obispos, aun como delegados de la Silla Apostólica, fuesen ejecutores de todas las disposiciones piadosas, tanto en la última voluntad como entre vivos, tuviesen derecho de visitar los hospitales y cualesquiera colegios y cofradías de legos, aunque fuesen exentos, salvo los constituidos bajo la inmediata protección de los reyes, y tomasen cuentas todos los años a los administradores de cualesquiera lugares píos.

De aquí es que cuando los obispos visitan las cofradías y otros lugares y obras pías y toman las cuentas de los administradores de ellas, no lo hacen en virtud de su jurisdicción y facultades nativas, sino en virtud de los encargos, diputaciones o comisiones de los príncipes seculares, que sin embargo de no ser ESPIRITUALES ni propiamente ECLESIÁSTICAS todos los dichos lugares PÍOS, ni sus bienes, los pusieron bajo su cuidado, tutela y protección.

De lo dicho se infiere que no deben excluirse de estos oficios de visitación y toma de cuentas los magistrados seculares, porque cuando los príncipes encargaron a los obispos la vigilancia sobre las obras piadosas no abdicaron de sí toda la potestad, ni es presumible que la hayan dejado de conceder tácitamente a las justicias reales, a lo menos en los casos en que se noten graves abusos y negligencias de parte de los administradores de dichas obras pías y de los obispos; y esto es tan cierto que lo tiene declarado así la Sagrada Congregación del Concilio según lo refiere el Próspero Fragnani en el comentario del capítulo cuarto De religionis dominibus, número doce, y está mandado en la ley veinte y dos, título segundo, libro primero de la Recopilación de Indias.

El que los fieles hayan fundado y dotado las cofradías con el fin de dar culto a alguna imagen, o de que se celebren algunas misas o se hagan otros ejercicios espirituales, no es causa ni prueba de que sus bienes sean espirituales o eclesiásticos. Los aniversarios, memorias de misas y capellanías laicales llevan el mismo objeto y no por eso son espirituales sus bienes, ni están exentos de la jurisdicción de los jueces reales.- Lo mismo debe decirse acerca de la pensión que pagan las cofradías para el seminario conciliar, según lo dispuesto por el Tridentino, y por la ley treinta y cinco, título quince, libro primero de la Recopilación de Indias, pues es constante que esta pensión no sólo se debe de los bienes espirituales sino también de los que no lo son, como tengan relación a algún fin piadoso. El mismo Concilio manda expresamente se apliquen al seminario todos los bienes y rentas que estén destinados en algunas iglesias y lugares para educar y alimentar niños. Los diezmos de Indias, que son bienes temporales del real patrimonio, aun en la parte que están cedidos a las iglesias, según se asienta en el artículo ciento setenta y tres de la Real Ordenanza de Intendentes, contribuyen al seminario. Temporales son también los estipendios con que acude la Real Hacienda a los religiosos doctrineros, y sin embargo se manda en la ley siete, título veinte y tres, libro primero de las municipales que los oficiales reales rebajen el tres por ciento que corresponde a los seminarios, y que el resto se lo entreguen en dinero y no en especie a los religiosos. Siendo de notar que estando los hospitales comprendidos generalmente, así como las cofradías, en la carga de la pensión conciliar, nuestros soberanos eximieron de ella los hospitales de indios, según se ve en la ley cuarta, título cuarto de dicho libro primero, lo que no hubieran hecho si esta pensión cargase sobre bienes propiamente espirituales o eclesiásticas. Es pues manifiesto que las justicias reales tienen autoridad bastante para conocer y juzgar no sólo de las personas de los cofrades en particular, sino también de la junta, congregación o cuerpo de la cofradía y de sus bienes, y que estarán obligadas a hacerlo cuando adviertan desórdenes, abusos o descuidos en el uso de sus rentas.

Antonio Alcalde y Barriga

Retrato de fray Antonio Alcalde, obispo de Guadalajara, en la sacristía de la actual Catedral Basílica de San Juan de los Lagos. Foto de Simona Villalobos Esparza

El ilustrísimo señor obispo de esta diócesis, para recomendar más su solicitud de que las cofradías de este obispado permanezcan en el actual sistema de despótico gobierno de los curas, pondera los gravísimos males y perjuicios que dice se seguirían de cualesquiera novedad en esta materia, ya porque les faltaría congrua dotación a los curas, decencia a los templos, rentas al seminario y socorro a los pobres necesitados, como porque tema y aun dice haber tenido moción en los indios con sólo el rumor de las providencias que se han dado. No explica dicho ilustrísimo prelado cuáles son los pueblos en que ha tenido esta moción, motivo porque el fiscal no puede promover diligencias para averiguar la verdad, pero puede asegurar que no han llegado a su noticia tales movimientos, sin embargo de que a haberlos habido era regular se hubiesen comunicado con sus expedientes al que responde. El único que había cuando se aposesionó de la fiscalía era el de los indios de Mazamitla, y a que es referente la certificación extendida por el escribano de cámara a veinte y seis de marzo de mil setecientos ochenta y nueve que está al folio ciento seis de este expediente. Mas aquellos movimientos provinieron de causa enteramente contraria, como fue los malos tratamientos y excesivos derechos parroquiales que exigían a dichos indios el cura y vicario del partido, y el destrozo que hicieron de los bienes de las cofradías, apropiándoselos para sí, y aunque no consta expresamente de dicha certificación el movimiento de los indios de Mazamitla y su fuga a los montes, porque cuando pidió y se mandó poner este documento sólo se tenía noticia de que el señor obispo tenía temores de movimientos, como insinuó a V.S. en su oficio de treinta de junio, pero no el que realmente los hubiese habido, según lo informó dicho prelado a Su Majestad, diez y seis días después de dicho oficio, le parece al fiscal será bastante prueba el relato de la respuestas que dio en aquel negocio con fecha de catorce de marzo de mil setecientos ochenta y ocho, de que es copia la adjunta. Tampoco señala dicho prelado los curas que con el rumor de las providencias del gobierno sobre cofradías renunciaron sus curatos. Lo cierto es, y le consta a V.S. que ha sido numeroso el concurso de opositores a curatos que hubo en el año próximo de ochenta y nueve.

Todas las providencias de este gobierno en punto de cofradías se han reducido a pasar oficio a dicho señor obispo para que previniese a los curas franqueasen a los jueces reales las noticias que les pidiesen respectivas a bienes de cofradías y testimonios de las escrituras y documentos concernientes a ellas, y mandar al rector del seminario que informase a cuanto ascienden las pensiones que pagan las cofradías de este obispado, sin que se haya expedido la menor orden sobre el particular a ninguno de los justicias ni curas de la provincia. ¿Y es posible que unos pasos tan moderados como estos, el pedir unos informes que los prelados deben dirigir de oficio a Su Majestad, según previene la ley veinte y cinco, título catorce, libro tercero de la Recopilación de Indias, y consiguientemente tampoco los deben excusar cuando se los pidan los gobernadores y tribunales superiores de estos dominios, es posible que sólo el haber pedido esto dicho al señor obispo y al rector del seminario sin saberse el uso que se pretendía hacer de estas noticias, ha de haber concitado tanto los ánimos que los curas han renunciado sus curatos y alterándose la tranquilidad de los pueblos en tan pocos días como mediaron desde el veinte y tres de junio en que V.S. pasó el oficio a dicho señor obispo hasta el diez y seis de julio en que su ilustrísima representó a Su Majestad estas renuncias y conmociones? Dice el señor obispo que los curas y las iglesias de este obispado no tienen la asignación en los diezmos que prescribe la ley de Indias, infiriendo de aquí que si les falta el auxilio de las cofradías no podrán sustentarse los curas, ni repararse las fábricas de los templos, ni proveerse de los paramentos sagrados necesarios en que has ahora dice no se ha grabado la Real Hacienda. Pero es hecho notorio y consta de los cuadrantes y repartimientos de diezmos que hay varios curatos en este obispado que llaman de erección, porque desde ella se les da parte en los diezmos y algunos otros a quienes se les ha señalado después conforme lo han exigido las necesidades, y el resto de los cuatro novenos beneficiales está depositado en virtud de la real cédula de trece de marzo de mil setecientos setenta y siete con el designio de juntar un fondo de donde se socorran los curatos y vicarías pobres, no sólo las ya establecidas, sino las que se establezcan, que es regular excedan ya en el día de cuatrocientos mil pesos. De suerte que entre todos los obispados de esta Nueva España sólo en este de Guadalajara se observa con tanto rigor la ley de Indias, y no sólo se observa en cuanto a la congrua de los curas sino también en cuanto a las fábricas de las iglesias, pues también es constante que además de la matriz tienen participio en los diezmos la iglesia de Aguascalientes, la de Asientos, la de San José de Gracia, la de Compostela, la de Lagos, la de Purificación y la de Pinos. Siendo esto tan cierto, como también lo es el que la Real Hacienda contribuye para la reedificación de las iglesias en los casos en que está obligada, como lo acaba de hacer con la de Lagos, en cantidad de ocho o diez mil pesos, según sabe V.S. por el expediente de su materia, no acaba de admirarse el fiscal cómo pudo el señor obispo de esta diócesis, prelado tan veraz, religioso, caritativo, amante del rey y del público, e igualmente docto, representar a Su Majestad que en esta diócesis no tienen participio en los diezmos los curas ni las iglesias foráneas, y que para éstas no se grava la Real Hacienda.

Esto induce al fiscal a creer que este venerable y digno prelado ha sido preocupado por algunos de los que le rodean, y que habiendo confiado por su mucha edad y achaques la extensión de la consulta, abusaron de la confianza, ingiriendo estas especies y las de conmoción popular para dar más brío, y vigorizar el pensamiento de que subsistan las cofradías en el mal estado que hoy tienen de despotismo de los curas, que se aprovechan de ellas con ruina de los pueblos. Aunque el gobierno no tuviera noticias de que las cofradías de este obispado se manejan con desorden, siempre sería conveniente averiguar de tiempo en tiempo cómo se administran, cuál es el auge o decremento de sus rentas, y si las emplean en los fines de su instituto, y más particularmente convendría examinar si bajo el título de cofradías de indios se han apoderado los curas de sus bienes de comunidad, dejando a aquellos miserables sin estos fondos tan precisos para el socorro de sus urgencias y bien del Estado. ¿Pues qué se habrá de decir en el caso en que el gobierno tenga positiva ciencia de que hay tales desórdenes y usurpaciones?

La reforma de cofradías en Sevilla: tres censuras fiscales

DSCF2648El mes pasado publicábamos en este espacio el dictamen del fiscal del Consejo de Castilla, el Conde de Campomanes, pidiendo la reforma de las cofradías de los reinos peninsulares en 1769. Así se inició el expediente general de Madrid, que culminó en 1783 con una real resolución en que efectivamente se dispuso:

a) La supresión de aquellas que no contaran con licencia ni del rey ni de los obispos, y de las cofradías gremiales.

b) La subsistencia de las cofradías sacramentales y de las que contaran con licencias del rey y de los obispos, y la revisión de aquellas que sólo contaran con licencia episcopal, para reformarlas o reunirlas con cofradías sacramentales.

c) La reforma de las constituciones de todas las que podían subsistir, para lo cual, las reglas, ordenanzas o constituciones debían ser recogidas por los tribunales reales.

Tal fue la reforma a nivel peninsular, pero en cada uno de los reinos y provincias peninsulares hubo también intentos de reforma general. Por ejemplo, en el reino de Sevilla. En la imagen vemos el estado actual del edificio que fue sede de la Real Audiencia de Sevilla, tribunal que se ocupó de esa reforma, y cuyos fiscales José García León Pizarro (en 1776) y Juan Francisco Cáceres (en 1787) dictaron las censuras que aparecen a continuación. El primero trató de realizar una verdadera reforma sevillana, prácticamente contemporánea del expediente general de Madrid. Al segundo, en cambio, le tocó aplicar la resolución que resultó del expediente general de Madrid. Los tres breves documentos nos ayudan a entender la especificidad de las reformas de cofradías en el mundo hispánico. Como se advierte, aquí ya se trata de medidas que realmente afectaban a las cofradías, en concreto la confiscación de sus documentos fundamentales para obligarlas a reformarse, ya no sólo es una petición de información como fue sobre todo en el caso de Nueva España.

Aquí pues, el intento de dos letrados del último cuarto del siglo XVIII en el sentido de “poner orden” en el denso mundo cofrade de la capital andaluza, que desde luego, hoy en día es testimonio de los límites de aquel esfuerzo ilustrado.

Censuras del fiscal José García León Pizarro, intento de reforma general en Sevilla, 1776*

El fiscal de Su Majestad dice: Que de resulta de varios pleitos, se han formado expedientes sobre el examen de las constituciones y licencias de la erección de varias hermandades y cofradías para cumplir las leyes del reino y novísimas reales resoluciones, y siendo algunas de ellas establecidas en el convento del patriarca San Francisco, Casa grande de esta ciudad, se le informa que hay otras en el mismo, por lo cual si fuere del agrado del Real Acuerdo, se servirá mandar se haga saber al padre guardián de dicho convento pase a este tribunal relación y noticia puntual de todas las hermandades y congregaciones situadas en él con la debida claridad y distinción, para que el fiscal de Su Majestad reconozca las que hubiere más de las examinadas, o que se están examinando con el mismo fin y de resulta decir lo que se le ofrezca. Sevilla, 13 de junio de 1776.

García Pizarro

 

El fiscal de Su Majestad, en progreso en promover el más exacto cumplimiento y observancia de la ley del reino y novísimas resoluciones reales y del Supremo Consejo de Castilla, en punto de cofradías y hermandades de legos, dice: Se ha instruido las hay fuera de otras muchas en las ermitas o capillas del recinto de esta ciudad y sus arrabales, a saber: San Hermenegildo junto a la puerta de Córdoba, San Blas, San José, Nuestra Señora del Mayor Dolor en la Laguna, Nuestra Señora de los Dolores junto a San Marcos, San Onofre, Santo Cristo de Zalamea, San Sebastián, Nuestra Señora de la Piedad, Nuestra Señora del Patrocinio, los Mártires, Nuestra Señora de la Concepción en la Macarena, Nuestra Señora del Rosario en la Resolana, Nuestra Señora de la Estrella, San Andrés, la Santa Cruz del Rodeo, Santo Cristo de las Necesidades, Nuestra Señora de los Ángeles, Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de la Encarnación y Nuestra Señora de la Soledad, que por ahora tiene noticia, sin las muchas que hay en retablos y casas puertas de las calles, de que se procurará hacer instruir e informar, y para que con estas por ahora se cumpla lo ya proveído con otras, se servirá el Acuerdo mandar se haga saber a sus hermanos mayores o cofrades que hagan de cabeza que en el término preciso que se les señale presenten sus ordenanzas, estatutos o documentos de su erección, que pasen al oficio fiscal para su examen y demás conveniente, y que fuere del agrado de vuestra señoría, acordando también que así por la mayor brevedad y comodidad de la ejecución, como porque el conocimiento de estos expedientes quede en la distribución igual posible, por lo que hace a los oficios de cámara, se repartan todos los que en el día hay de esta naturaleza y se fueren instruyendo bajo las reglas prescriptas, o que se sirviere determinar este Real Acuerdo con la justificación, sabiduría y prudencia que acostumbra. Sevilla, 16 de julio de 1776

García Pizarro

* Archivo General del Arzobispado de Sevilla, Justicia, Hermandades y cofradías, leg. 9813, exp. 4, fs. 1 y 5-5v.

Censura del fiscal Juan Francisco Cáceres en aplicación de la Real resolución de 1783 en Sevilla, 1787*

El fiscal de Su Majestad: En vista de este expediente y real orden con que principia sobre reforma, extinción y respectivo arreglo de las hermandades y cofradías del reino, dice: Que pues a las muchas que hay en esta ciudad y pueblos del territorio de esta Real Audiencia, unas deben extinguirse absolutamente y otras necesitan la correspondiente aprobación para su subsistencia, todo bajo las reglas establecidas en las leyes del reino, y con arreglo a lo que ahora recomienda la citada resolución de Su Majestad a consulta del Consejo, es el fiscal de dictamen, que uniéndose dicho expediente al general de hermandades y cofradías de esta ciudad, se sirva mandar el Acuerdo, que respecto a ser muy pocas las que han obtenido la competente real aprobación y necesaria la supresión y reforma de muchas, se traigan y presenten para su inspección y demás que entonces convenga, las reglas, constituciones o documentos de la erección y gobierno de todas, en el preciso término que se las prescriba, a cuyo fin y para la mayor brevedad y comodidad de la ejecución, puede el Acuerdo encomendar a los tenientes de esta ciudad que inquiriendo cada uno e instruyéndose de las cofradías establecidas en sus respectivos cuarteles, procedan con la mayor actividad a recoger las ordenanzas de todas, haciéndole a los hermanos mayores, priostes o cofrades que hagan de cabeza de dichos cuerpos se las presenten y entreguen inmediatamente, ya tengan aprobación real, en cuyo caso se les habrán de devolver para que se arreglen a su tenor, siempre que revisadas por el fiscal y este Real acuerdo se encontraren estar conformes y deber subsistir con arreglo a lo nuevamente prevenido en la citada real determinación, o ya carezcan de dicha aprobación para los efectos convenientes ya indicados, pasándolas a este fin dichos tenientes a la presente escribanía del Acuerdo con las diligencias que hayan practicado en cumplimiento de lo referido, a costa de las insinuadas hermandades respectivamente, informando del mismo modo si no hubieren podido conseguir de alguna o algunas de ellas la citada presentación de sus ordenanzas, sobre la causa de no haberse verificado, diligencias para ello practicadas y noticias adquiridas en orden a cuál sea la parroquia, convento, iglesia, ermita o retablo en donde se hallen situadas y erigidas aquellas, el modo de su gobierno y personas que corran con él, haciéndolo igualmente con toda expresión y posible justificación acerca de los caudales que tengan todas, a excepción de las que manifiesten de pronto gozar de la real aprobación del Consejo, y por lo respectivo a los pueblos de la jurisdicción del tribunal, se servirá el Acuerdo mandar librar provisión o carta orden por vereda a sus justicias, para que en igual término evacúen las mismas diligencias de presentación y remisión de ordenanzas de hermandades que en ellos haya establecidas, a costa de éstas, e informe expresivo y circunstanciado que extenderán a manifestar si efectivamente se dirigen por las que tengan y la utilidad o ventajas que ocasionen al común de vecinos los expresados cuerpos, o si no les produzcan alguno, antes sí sirvan o sean fomento de dispendios de sus respectivos caudales y de otros desórdenes, con apercibimiento los enunciados tenientes y justicias que pasado dicho testimonio sin haber cumplido por su parte lo decretado, se procederá contra ellos como más haya lugar, y serán responsables de las resultas y a las costas que motiven su morosidad e inacción, hasta que se llegue a lograr lo que los hubiere mandado el Acuerdo. A cuyo efecto y que no se retarde como hasta aquí asunto de tanta entidad y recomendación, intentado y pedido mucho tiempo ha por el fiscal, habiendo entonces diferido a su solicitud el Acuerdo, determinará ahora este que el oficio cumplido que sea el plazo que se prescribiere, vuelva a pasar sin más dilación el expediente al fiscal, y lo demás que sobre todo contemplare su superior inteligencia más justo y acertado. Sevilla, 13 de febrero de 1787

Cáceres.

* Archivo General del Arzobispado de Sevilla, Justicia, Hermandades y cofradías, leg. 9813, exp. 4, fs. 14-17.