Rememorando un decreto de 1824

DSCF3401 - copiaDebió ser hacia el año 2001 cuando el Dr. Juan Ortiz Escamilla me sugirió que consultara la Colección de leyes y decretos de Veracruz para lo que luego sería mi tesis de licenciatura. Descubrí que la colección publicada en 1997 no incluía los años que más me interesaban entonces (1833-1834), pero justo eso me obligó a revisar los que correspondían a los años del primer federalismo desde 1824. Fue entonces que tomé conocimiento del decreto 19 del Congreso Constituyente, “Sobre la formación de aranceles parroquiales y prohibición de ofrendas, responsos nocturnos, etc.” de agosto de ese año. Como ese título indica, era una medida de los legisladores veracruzanos que, en su primera parte, establecía normas para el cobro de derechos por parte de los párrocos, pero que en sus últimos artículos prohibía además diversas prácticas religiosas, las más de ellas relacionadas con el dinero (la demanda de limosnas, “venta de rosarios, escapularios y estampas”) pero también otras que eran propias de las festividades populares (“danzas, fuegos artificiales, comilonas”).

Si bien ya entonces me di cuenta de su importancia, a la distancia veo que en realidad despaché en breves líneas un documento que se prestaba para un análisis más amplio. En la tesis, incluso en la versión publicada en 2006, y ya antes en un artículo que publiqué en la revista Ulúa, dí cuenta del decreto, de la reacción del episcopado, en particular la del obispo de Puebla, mas me interesó sobre todo señalar la moderación de ambas partes. No fue sino hasta los años en que estudié el doctorado, que reparé, en primer lugar, en la amplitud del debate. Es cierto, ya en la tesis de licenciatura citaba fragmentos de folletos que el Dr. Brian Connaughton mencionaba en su obra Ideología y sociedad en Guadalajara (CONACULTA, 1992). Mas sólo cuando la Dra. Annick Lempérière me señaló la importancia de una consulta más amplia de la prensa y folletería de la época fue que descubrí, por una parte, el periódico El Oriente de Xalapa, que claramente era el medio de expresión de los constituyentes veracruzanos (su editor era el diputado Sebastián Camacho). Por otro lado, pude entonces buscar la Contestación del obispo poblano en la Colección Lafragua de la Biblioteca Nacional de México.

El Oriente1Fue así que en dos artículos, publicados en 2010, sobre todo en el que traté el tema de la limosna, volví sobre este decreto, apuntando ya a la importancia de ese debate público por lo que tocaba a la relación entre prácticas religiosas y dinero. En la tesis doctoral pude exponer con cierta amplitud las “opiniones sobre la religión y [el] anticlericalismo” de los publicistas veracruzanos, incluyendo los de El Oriente. En el verano y el otoño de 1824, dicho periódico abundó en sus críticas contra la “superstición”, las “preocupaciones” (prejuicios, diríamos hoy) y el “fanatismo” de quienes criticaban al decreto 19. Se publicaron en particular “remitidos” (cartas) de autores anónimos pero que elegían elocuentes seudónimos (“El arriero despreocupado”, “El ermitaño Prevost”, “El Anti-Inquisidor”) y que respondían a las publicaciones de El Caduceo de Puebla (sobre todo al Católico poblano), que tomó la defensa del obispo. Prensa irónica e incluso satírica respecto de las prácticas religiosas de la época, no dudaba en calificar de “sacaliñas” a las reliquias, de “ociosos zaragates” a los cuestores de limosnas, de “mitotes” a las representaciones de Semana Santa, así como de “ridículos farsantes” a quienes participaban en ellas, por sólo citar algunos ejemplos. Empero, la crítica, siendo mordaz, no apuntaba sino a la protección de lo sagrado, caricaturizando las mezclas con lo profano (representado no sólo por el dinero, sino también por la violencia, la embriaguez y la sexualidad), reclamaban los publicistas de manera insistente la pureza de la religión, bien ilustrada en sus artículos incluso de temas litúrgicos oponiendo a los populares responsos, la solemnidad de la misa.

El Oriente, además, no desaprovechó la prohibición de libros que justo por entonces emprendiera el obispo poblano, para abundar también a favor de su libre circulación. A propósito del obispo Pérez y de su Contestación, en la tesis doctoral señalé el desfase entre su vocabulario del obispo y el de los diputados. Ahora creo que bien valdría la pena hacer mayor énfasis aún en su defensa de la jurisdicción eclesiástica y de aquellas prácticas, abundando en su legitimidad, reconociendo empero la posibilidad de hacer reformas. En un tenor semejante va un último material, de la colección de misceláneas de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”, del que sólo ahora me he percatado su existencia. Se trata de un folleto más, el Dictamen de la comisión eclesiástica nombrada por el señor obispo de la Puebla sobre el decreto del honorable Congreso de Veracruz que trata de aranceles. Aunque, como cabía esperar, muy semejante a la respuesta episcopal, es interesante por su esfuerzo en citar autores que no fueran “sospechosos de parcialidad” como Van Espen, el célebre canonista anticurial del siglo XVIII.

Al paso del tiempo no es posible dejar de repetir que el tono de los intercambios es más bien moderado, trasluciendo la voluntad de mantener el pacto fundamental de una república en que el catolicismo era religión nacional. Empero, es cierto, al mismo tiempo el debate anticipaba ya los ejes sobre los que la discusión no haría sino polarizarse. Por una parte, el mantenimiento de la distinción entre jurisdicciones que cooperaban o la concepción de una soberanía estatal omnipotente; por otra, la distinción también entre disciplina externa modificable y dogma inalterable, o en cambio, la imposibilidad de reformar la primera sin caer en proposiciones “formalmente heréticas” o “cuando menos, vehementemente sospechosas”, según los términos de la comisión eclesiástica que dictaminó el decreto. El decreto y el debate que ocasionó, planteaban así la dificultad de establecer a quién había de corresponder el control y la reforma de la sociedad, si podía tratarse de una tarea compartida o completamente exclusiva; esto es, cuáles eran los verdaderos “supremos poderes” de la nueva nación. En ese sentido, aun siendo moderado, fue un aporte interesante, y además de impacto nacional según prueban las publicaciones de los documentos eclesiásticos en Guadalajara, en el proceso de secularización en México.

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