Privilegio o irreverencia: la querella de los sombreros del Ayuntamiento de Guadalajara, 1685-1729

0024“Tan antiguo y tan de primera nota es el tocarse o cubrirse las cabezas dentro de la Iglesia, que el Apóstol San Pablo, escribiendo a los de Corinto, les dice: Que todo hombre, sea el que fuere, que ora con la cabeza cubierta, entorpece su cabeza”, recordaba al inicio de un extenso escrito de algo más de 90 folios don Lucas de las Casas, canónigo doctoral de la Iglesia de Guadalajara en 1726. El texto, impreso con el título Demostración jurídica del derecho que tiene la Santa Iglesia Catedral y las demás de la ciudad de Guadalajara en la Nueva Galicia a que asistiendo dentro de ellas el Cabildo Secular no se cubra como lo ha practicado muchas veces (Archivo General de Indias, Guadalajara, leg. 226), cuya portada vemos en la imagen, indicaba bien desde su título que no era una obra meramente erudita sino con fines muy prácticos. El canónigo tomaba la pluma en el marco de un auténtico conflicto político, planteado en los términos de la época, iniciado desde finales del siglo XVII, cuando las autoridades municipales y reales, el Ayuntamiento y la Real Audiencia, acostumbraron portar sus sombreros los munícipes y sus birretes los oidores en las iglesias de la capital del reino de Nueva Galicia.

Conviene siempre recordarlo, el Imperio hispánico de los siglos XVII y XVIII era una monarquía en que no existía separación de la Iglesia y el Estado, de lo religioso y de lo político. La sociedad se estimaba naturalmente organizada en “cuerpos”, necesarios para la subsistencia material y para la salvación espiritual según los términos del catolicismo de la época, y que a su vez estructuraban prácticamente de manera distinta a una y otra institución. Cada uno de ellos contaba con su gobierno, sus leyes, sus bienes, sus símbolos y privilegios, reconocidos por la autoridad del monarca, quien daba orden al conjunto como juez supremo, garante último del bien común y el buen gobierno. En ese marco, el de una sociedad y una monarquía católicas, no es de extrañar que los conflictos se plantearan en el ámbito del ceremonial. En efecto, la asistencia a la iglesia no era como hoy, un asunto individual, sino una obligación tanto religiosa como política. En la liturgia, en particular en las cortesías eclesiásticas de las grandes ceremonias del catolicismo, entonces cada vez más fastuosas, era donde quedaba consagrado el poder político, poder auténticamente ceremonial como han apuntado ya diversos autores.

No es de extrañar por tanto, que las luchas por el poder fueran entonces luchas por ceremonias: los magistrados reales y en general los “cuerpos políticos” de la época, se disputaban en las iglesias, entre sí y con las autoridades eclesiásticas, lugares de honor y gestos de todo género. Paradójicamente esta época fue también la de un esfuerzo importante de las autoridades clericales, en el marco de lo que se conoce como la “Reforma católica”, a favor de una mejor definición y separación entre lo sagrado y lo profano. Los clérigos habrían de argumentar constantemente que los honores o los gestos demandados por los magistrados eran propios de lo sagrado y por tanto bajo su exclusiva jurisdicción. Y así fue justo en el caso de los sombreros en la iglesia: los canónigos tapatíos y en particular el doctor De las Casas en la obra que citamos, insistirían en la sacralidad del templo y en la exclusiva jurisdicción episcopal en la materia. Lo decían los canónigos con énfasis en una carta al rey en el Consejo de Indias de julio de 1726, unos meses antes de la redacción de la Demostración jurídica:  “Si a lo sagrado se debe toda veneración, mal puede venerarlo y respetarlo el que tiene puesto el sombrero en la Iglesia, como pudiera en una conversación vulgar, portándose al tiempo que se celebra el inefable sacrificio de la misa, del modo que si oyera en las tablas una comedia”.

San Sebastián AnalcoSi bien es difícil datar con precisión cuándo comenzó esta “costumbre”, es cierto que el Ayuntamiento guardaba memoria de ello. En una declaración de 1704 el licenciado Nicolás de Lezama Altamirano y Reynoso, quien había sido alcalde municipal en 1685, afirmaba que justo en ese año él y su compañero habían sido los primeros en cubrirse en la iglesia mientras se leía un edicto inquisitorial. Alegaba que lo había hecho “como natural, vecino y criado en la Ciudad de México”, copiando el uso de las autoridades de esa capital. Lezama dejaba claro que tenía conciencia, como el ayuntamiento en conjunto, de las implicaciones del gesto, pero “no era la promulgación del edicto cosa de oficio divino”, afirmaba. Esto es, los munícipes, sin decirlo de manera directa, tendían efectivamente a desacralizar el lugar, declarándose empero fieles a la sacralidad de los ritos: lo sagrado, se insinuaba, era la misa y no los edificios ni tampoco los predicadores o ministros del Santo Oficio.  Como cabía esperar, ya desde 1689 más o menos, el obispo de Guadalajara se había quejado ante el rey de esta práctica, pero la Corona terminó validándola gracias al apoyo que le dio la Real Audiencia, según consta en una real cédula de abril de 1697.

Era un documento regio breve, pero que tenía como trasfondo el carácter del rey como Patrono de las Iglesias americanas, y por tanto capaz también de conceder en ellas privilegios y honores, según se decía en la época. Los munícipes, desde luego, llevaban la cédula a las funciones religiosas y la exhibían de inmediato como argumento ante los clérigos sobre todo en caso de sermón.  En efecto, el antiguo alcalde había rendido declaración justo porque en la función en honor a San Sebastián en su ermita (cuyo estado actual vemos en la imagen de arriba) de enero de 1704, el predicador había amenazado con dejar el púlpito si los munícipes no se quitaban el sombrero, quejándose de que le causaban “mucha turbación”. Más todavía, asistía también el Cabildo Catedral, y el doctoral Diego de Estrada amenazó incluso desde el presbiterio con suspender los divinos oficios. El regidor decano, Juan Antonio de Ochoa habría respondido al primero “hiciese lo que quisiese” y al segundo que “pararan [los oficios] en hora buena”. Exaltado, el doctoral respondió blandiendo las mayores censuras eclesiásticas: “sálganse de la iglesia pena de excomunión mayor”. Los munícipes exhibieron su cédula real, aunque terminaron por abandonar la ermita con todo y maceros, pero siempre con los sombreros bien puestos, sin ceder un ápice del honor corporativo, aunque bajo las voces confundidas de otros dos canónigos y un clérigo sacristán.

boneteEl Ayuntamiento de Guadalajara, ya en 1728, en el último tramo de esta querella, que conocemos todavía de forma fragmentaria, habría de descartar los reclamos de los canónigos por dos vías. Primero, reduciéndolo a motivos personales, para esas fechas concretamente del canónigo doctoral; segundo, evidenciando el carácter político de la querella. Si las iglesias se profanaban por tener alguien cubierta la cabeza, los canónigos mismos eran culpables: al escuchar los sermones, decían los munícipes, era común que “el Cabildo tenga puesto sus bonetes y así estar con más autoridad que esta ciudad, Presidente y Real Acuerdo”. Acotemos que el catálogo de sombreros eclesiásticos es extenso, el lector puede ver ejemplos en la página de la Colección Philippi. En la imagen vemos el bonete al estilo que lo usan los canónigos hoy en día. Volviendo al tema, en el mismo tenor de los munícipes fue el dictamen del fiscal del Consejo de Indias que vio el caso ya en 1729, aun si podía ser “poco reverente” esta costumbre, esto es, siendo ciertamente religioso, el asunto era ante todo político: “por la autoridad que se necesita darles allá [es decir, en América]” a los tribunales, era posible confirmar la práctica de Guadalajara. Al final, sin embargo, triunfó el carácter religioso de la monarquía, el Consejo en pleno de 10 de noviembre de ese año, no aceptó lo recomendado por su fiscal,  y alegó que “para mayor reverencia al culto divino y mover más a ella los ánimos de los católicos y con su ejemplo aun los de aquellos que todavía no se han aprovechado de la luz del Evangelio”, impuso a oidores y munícipes el deber de descubrirse y respetar así los lugares sagrados.

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