Objetos profanadores

Juan Cruz Ruiz Cabañas y CrespoEn las primeras décadas del siglo XIX comenzaron a circular por la Nueva España y continuarían llegando al México independiente cargamentos de objetos diversos que, por contener imágenes que o bien profanaban símbolos o personajes religiosos, o bien eran directamente “obscenas”, llegaron a preocupar seriamente al clero. Hasta donde sabemos, no ha habido un estudio que haga un seguimiento exhaustivo al respecto, por nuestra parte sólo podemos citar testimonios dispersos de la prensa veracruzana y de los edictos y circulares del obispado de Guadalajara. Lamentablemente la mayoría no contienen sino meras alusiones y no descripciones detalladas de esos objetos, tampoco sabemos su origen preciso, más allá de que se sobreentendía que no eran de producción local, lo cual no sería de sorprender en dos regiones con puertos importantes, como el de Veracruz y el de San Blas.

Los tres testimonios que contamos de Guadalajara son edictos que datan de 1812, 1822 y 1828. El primero, expedido por el obispo Juan Cruz Ruiz Cabañas y Crespo (a quien vemos en la imagen, retrato conservado en la sacristía de la Basílica de San Juan de los Lagos, foto de Simona Villalobos), tomaba medidas para detener la circulación “un considerable número de pañuelos de polvos” en los que estaban estampadas no sólo el más importante símbolo del cristianismo, la Cruz, sino incluso “insignias de la jurisdicción de la Iglesia, ornamentos, distintivos y hábitos de sus ministros”. El prelado, que siempre se distinguió por su preocupación por defender lo sagrado, decía con toda claridad: “no puede darse un tratamiento más indecoroso e irreverente” especialmente a la Santa Cruz, “que el de envolverla entre las inmundicias que recoge un pañuelo de narices”. Sabemos que se circuló por cordillera a toda la diócesis, de hecho el ejemplar que se conserva en el Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Guadalajara (AHAG, Edictos y circulares, c. 6, exp. 55) corresponde a la que se envió a la recóndita región de Bolaños y Colotlán, por lo que podemos suponer que se conoció por buena parte de la extensa diócesis. En cambio, desconocemos sus resultados; de hecho, ya desde esta época es difícil decir si la autoridad eclesiástica lograba tener éxito en confiscar esos objetos profanadores.

Una década más tarde, el propio monseñor Cabañas debía dirigir un nuevo edicto desde la villa de Aguascalientes (AHAG, Edictos y circulares, c. 7, exp. 44), ante todo sobre el tema de los libros, pero que se extendía a tratar también de “pinturas, tejidos y otros artefactos”, entre ellos de nuevo pañuelos, pero también “relojes y medias”. Introducidos por vía de San Blas desde el extranjero, en ellos, el problema en principio era el mismo que en 1812: “contienen objetos de los más augustos de nuestra religión en cosas puramente profanas, destinadas a los usos más viles”, pero había también una novedad, podían presentar “personas y escenas en las actitudes más impuras”. Esto es, por lo que tocaba al menos a las pinturas, sin duda se trataba de estampas de contenido “obsceno”, o por decirlo en términos algo anacrónicos, la pornografía de la época. “Harto corrompida está nuestra naturaleza sin que necesite de estímulos tan degradantes e injuriosos al mismo infeliz que los posee” sentenciaba el obispo, ordenando su confiscación a través de los párrocos y su envío a la Secretaría de cámara y gobierno episcopal.

DSCF4288Este último documento sería recuperado por el doctor Diego Aranda y Carpinteiro en agosto 1828 (AHAG, Edictos y circulares, c. 8, exp. 2), actuando entonces como gobernador de la mitra tapatía, de la que sería titular más tarde. En un extenso edicto dirigido sobre todo a perseguir la introducción de ediciones protestantes de la Biblia, incluyó en la penúltima de sus indicaciones la prohibición de estos “artefactos”, empezando por esculturas y pinturas. Justo un par de años antes, en 1826, precisamente unas “pinturas obscenas” habían dado ya motivo para un intercambio en la prensa,  pero la del otro lado de la República, en los alrededores de la capital del Estado de Veracruz, concretamente en las páginas del periódico de los liberales moderados El Oriente.

El 11 de septiembre de 1826 se publicó en dicho diario un “remitido”, es decir, una carta de un lector, bajo el seudónimo “El ranchero”. Era un propietario de la región de Xalapa, de la municipalidad de Coatepec, quien se quejaba de que, en su ausencia, el alcalde de ese pueblo, por encargo del alcalde primero de Xalapa, Juan Francisco Caraza, había registrado exhaustivamente su casa (“hasta el extremo de introducirse en la pieza interior donde duermo” en busca de “cuatro cuadros […] por haber sido delatados de sumamente obscenos, indecorosos e indecentes”, que no fueron encontrados. El quejoso se extendía tanto en el incumplimiento de los procedimientos judiciales adecuados como en lamentar la falta de “caridad evangélica” de quien hubiera hecho la denuncia. De hecho, concluía irónicamente: “¡Lástima que no exista la santísima inquisición! Tendría el gusto de verme asadito”.

Unos días más tarde, el 17, otro “remitido” bajo el seudónimo de Quiquomdam, salió en defensa de Caraza, revelando que “El ranchero” debía ser don Joaquín Posadas, que la casa estaba en el rancho de La Orduña, y que el denunciante no era sino el párroco de Xalapa, Luis de Mendizával y Zubialdea. Clérigo ilustrado, antiguo diputado en Cortes, y hombre cercano a los liberales moderados (en 1830 lo harían ciudadano de Veracruz por “sus esclarecidas virtudes, acreditado patriotismo y mérito literario”), el párroco de Xalapa recibió de inmediato un breve elogio. “Su ciencia y virtudes ajenas de ridiculez, lo liberan de la nota de sospechoso; y como que se tiene por parte, el juez no tiene más que proceder”. Es decir, el procedimiento habría sido, aunque no del todo conforme a las leyes, al menos legítimo. Cabe reconocerlo, así como el obispo Cabañas, el párroco buscaba el apoyo de la autoridad secular, en el entendido de que ésta era una autoridad pública comprometida también en la protección de la religión.

DSCF3716Empero, de nuevo la efectividad del recurso a las autoridades civiles era más que dudoso. De hecho, el conjunto de los “remitidos” publicados en El Oriente, muestran que ya entonces el nuevo orden liberal, a pesar de haber establecido un compromiso muy claro con la religión católica, no compartía siquiera las preocupaciones del clero sobre la peligrosidad de estampas y esculturas, pañuelos o medias. Un último “remitido”, firmado por “El metelón” lo dejaba claro: “aunque sea [el párroco] más doctor que San Agustín”, el alcalde Caraza no debía sino sujetarse a la ley pues si “sólo procedió atenido a que el padre lo dice: ya paso ese oscuro tiempo”. La defensa del alcalde incluso resultaba irrisoria: “ha dado que reír con el paralelo que hace, de que es lo mismo ocultar ladrones, que cuadros obscenos”.

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