Los bienes eclesiásticos

Uno de los temas más recurridos de la historia de la Iglesia católica del Antiguo Régimen es el de sus propiedades, los bienes eclesiásticos, en torno a los cuales la investigación ha avanzado mucho, pero tengo la impresión de que sus resultados no necesariamente alcanzan al público, ni siquiera a la opinión “ilustrada” por así decir. Al respecto, me parece que sigue viva la imagen que de los bienes eclesiásticos tenían los liberales del siglo XIX, que denunciaban las “riquezas de la Iglesia” siempre imaginadas como abundantísimas y regidas por criterios muy poco religiosos. Hasta hoy, no falta quien utilice un vocabulario economicista para referirse a ellas, utilizando comparaciones anacrónicas con la banca moderna o términos como “crédito”, “estrategias”, “inversión”, etcétera. En cambio, lo que la investigación ha constatado ampliamente es que bienes, sin duda los había, pero ni había una inteligencia que los centralizara, ni los valores para administrarlos eran de una esfera independiente de la religiosa. Es decir bienes sin duda, Iglesia en el sentido institucional del término, no había. La Iglesia del Antiguo Régimen era un conjunto muy complejo de corporaciones que gozaban de una amplia autonomía, tanto de hecho como de derecho, que los obispos normalmente tenían muchísimas difícultades para gobernar, y que desde luego tenía cada una sus bienes y mucha libertad para administrarlos, para unos fines que si para nuestros ojos a veces nos parecen profanos (y vale decir que para algunos obispos de la época también), estaban inscritos en lo que cada una de ellas consideraba sus fines particulares. Sobre esto es sin duda fundamental el libro de la profesora Annick Lempérière, Entre Dieu et le roi, París, Les Belles Lettres, 2004, pp. 43-49.

Así pues, bienes eclesiásticos es una categoría muy amplia en la que entran lo mismo las limosnas en especie que recibían los franciscanos, las haciendas de agustinos, jesuitas y otras órdenes, los diezmos también en especie que recibían los cabildos catedrales para sí y para los obispos, el fisco de la Inquisición, las obvenciones parroquiales de los curas y sus vicarios, los capitales (a veces puramente nominales) de capellanías y obras pías, las rentas también y bienes inmuebles de los conventos femeninos, y hasta las contribuciones, casas y tierras (a veces muy modestas) de las cofradías rurales. En fin un conjunto un tanto abigarrado que nunca estuvo a la disposición de una autoridad concreta, sino de esas mismas corporaciones en particular. Había sin duda corporaciones muy ricas, como las había también muy pobres: había una distancia importante entre los bienes del Cabildo Catedral de México y los del Cabildo Catedral de Oaxaca, por ejemplo, y unos y otros estaban sin duda lejos de los bienes de los que podía disponer una cofradía rural. Si tratamos de sumar todo, sin duda resultan cifras muy amplias, pero un ejercicio tal tiene poco sentido porque nadie en realidad logró nunca movilizar todos esos bienes como un todo homogéneo. Sobre todo ello, la historiografía reciente es muy abundante, citemos sólo algunos ejemplos, que si son un tanto aleatorios, pueden ser de utilidad al lector que le interese: una explicación muy completa sobre el funcionamiento de las capellanías puede encontrarse en Gisela Von Wobeser, Vida eterna y preocupaciones terrenales, UNAM, 1999; sobre la administración del diezmo es muy interesante la primera parte de la obra del doctor Óscar Mazín Gómez, El cabildo catedral de Valladolid de Michoacán, Colmich, 1996; para las cofradías un magnífico resumen es el artículo de Dorothy Tanck de Estrada “Los bienes y la organización de las cofradías en los pueblos de indios del México colonial. Debate entre el Estado y la Iglesia” en el libro La Iglesia y sus bienes, México, UNAM, 2004, pp. 33-57; para los bienes de los párrocos el capítulo “Ganarse la vida” del libro de William B. Taylor, Ministros de lo sagrado, Colmich, 1999.

Heterogéneos eran los bienes y no menos lo eran sus fines. Hasta el final del Antiguo Régimen, y a pesar de las indicaciones en contrario que los obispos y párrocos emitían a veces anualmente, las cofradías los utilizaban para celebrar la fiesta de sus santos patronos, incluyendo (como hasta hoy en algunas regiones) el pago del banquete y los fuegos artificiales, entre otros, que seguían haciendo parte obligada de la celebración. En el caso de las órdenes religiosas y de los clérigos, los bienes estaban destinados asegurar su subsistencia, según su estado: se esperaba que fueran suficientes para garantizar la dignidad de un párroco, por ejemplo, o la más alta de un canónigo, o incluso de un obispo, quienes a su vez debían recibir lo suficiente como para poder dar con “liberalidad” limosna a los pobres. Desde luego, los bienes eclesiásticos pagaban sobre todo el culto divino, en el que la ostentación y la pompa eran cuando menos obligados, así se tratara de la parroquia más pobre, visto que se celebraba en todas las iglesias la presencia real de Dios. Y por supuesto, se financiaba ampliamente la caridad en todos sus aspectos, en hospicios, hospitales, entierros de pobres, dotes de huérfanas, limosnas en sentido amplio, y un largo etcétera. Por todo ello, buena parte de los bienes eclesiásticos eran considerados como de “utilidad pública”. Otros bienes, en cambio, estaban íntimamente asociados a las familias de los fundadores, como los de muchas capellanías, que normalmente se transmitían a los descendientes del fundador y contra lo cual no valía ni siquiera un documento pontificio.

Cabe decir además que buena parte de la administración de estos bienes era colectiva, en la desconfianza permanente que el Antiguo Régimen tenía de las decisiones individuales: los mayordomos de las cofradías rendían cuentas ante el párroco y sus hermanos cofrades una vez al año, como los superiores de los religiosos en sus capítulos cada tres o cuatro, e incluso los párrocos no podían tomar decisiones enteramente arbitrarias sobre los bienes de sus parroquias, a riesgo de largos litigios con sus feligreses (que no faltaron cabe decir). La administración por supuesto debía seguir ciertas reglas, las de las propias corporaciones por ejemplo: las reglas de los religiosos, las constituciones de las cofradías, o los testamentos de los fundadores de capellanías y obras pías. Ello, desde luego, no evitaba abusos y fraudes de que dan cuenta los archivos judiciales.

En fin, conviene decir algo sobre el tema de los capitales, las rentas y los préstamos, que son los que han dado pie a la idea de que las corporaciones religiosas eran una especie de institución financiera. Los capitales de obras pías por regla general eran cargados sobre una propiedad para producir una renta fija de 5% anual, que era lo que se tenía por legal para evitar el pecado de la usura. En principio el fundador de la obra pía entregaba en metálico el capital en cuestión y luego la corporación, que se interesaba sobre todo por las rentas, buscaba un interesado, una persona de “buen crédito” que lo tomara sobre una de sus propiedades y pagara el rédito puntualmente, de preferencia durante largos años. Sin embargo, muchas veces los propios fundadores eran los que tomaban el capital, que por ello mismo tenía una existencia más nominal que real, y como una propiedad podía endeudarse hasta por todo su valor, los réditos caídos, los capitales incobrables o perdidos eran también el pan de cada día de muchas corporaciones. Es ilustrativo al respecto el libro, ya algo antiguo, de Michael P. Costeloe, Church wealth in Mexico. A study of the “Juzgado de Capellanías” in the archpishopric of Mexico, 1800-1856, Cambridge University Press, 1967, que nos muestra hasta qué punto la administración de los capitales de capellanías era complicada, y si a algo era ajena, era a criterios modernos de eficiencia.

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