Lo que Juárez separó…

No podría terminar el año sin hablar un poco de la separación de la Iglesia y el Estado, en este que fue el año del sesquicentenario de las Leyes de Reforma. De hecho, podría decirse que a lo largo del año, independientemente de los homenajes oficiales, hubo debates que han servido de verdaderos actos conmemorativos, pues recuerdan hasta qué punto es éste un tema importante para la opinión pública hoy en día. En concreto el debate sobre la (des)penalización del aborto, en el que no entraré en esta oportunidad, ha servido para que de cuando en cuando se realicen manifestaciones o pronunciamientos “en defensa del Estado laico”, como si éste peligrase de manera permanente. Por ello creo oportuno dedicar esta entrada simplemente a recordar algunos puntos muy generales de cómo era la situación, digámoslo así, “antes de la laicidad”, antes de las Leyes de Reforma, para tener una mejor idea de lo qué significó la separación. Cierto, el “antes” es hablar de cuando menos cuatro siglos, desde la Conquista hasta la primera mitad del siglo XIX. En ese lapso hubo cambios que no son menores, especialmente en las décadas que precedieron la separación. Empero, creo que es posible hacer el esfuerzo de esbozar algunas cuestiones fundamentales. Casi sobra decir que como esto lo escribe alguien interesado más bien por el período 1760-1834, son esos años a los que me refiero en particular.

Por supuesto el punto central era la intolerancia religiosa: se entendía que toda comunidad estaba fundada sobre la religión católica, tal y como está se entendía entre los siglos XVI al XIX, que no es la misma que hoy. Desde el más pequeño pueblo hasta el reino (o la nación posteriormente), estaba constituida para buscar no sólo la subsistencia material sino también la salvación espiritual, una y otra imposible para el individuo solo. Consecuentemente, la autoridad que regía la comunidad era al mismo tiempo civil y religiosa, con fronteras completamente difusas. La sociedad pues, se gobernaba bajo una soberanía que era doble, o como se decía en el siglo XVIII, había “dos majestades”, la divina y la humana, algo que no podía sino resultar en constantes enfrentamientos entre ellas. Nada más clásico de los tiempos virreinales que las peleas entre los arzobispos y los virreyes, entre los gobernadores y los obispos, entre los párrocos y los alcaldes mayores. El ideal era que ambas cooperasen para el bien común, la realidad era que se negociaban permanentemente sus límites jurisdiccionales, a veces hasta llegar a la violencia física.

Sin embargo, es cierto que la cooperación existía y pasaba por el mutuo respaldo y la legitimación: las autoridades civiles debían respaldar a la autoridad eclesiástica en la persecución de los pecados públicos, la autoridad eclesiástica predicaba la colaboración con los proyectos de la autoridades civiles. Sólo por ilustrarlo un poco, era perfectamente normal que el clero predicara contra “el execrable vicio del contrabando”, no menos que los funcionarios reales persiguieran a algún fraile fugado del convento. “Todavía” en las primeras décadas del siglo XIX, los gobiernos de varios Estados de la federación mantuvieron, no necesariamente con eficacia, pero cuando menos como un medio de legitimación, las leyes civiles en materias como la persecución de “estampas obscenas” y “libros prohibidos”.

En tercer lugar, habría que destacar especialmente que la imbricación entre una y otra autoridad derivaba en la intervención de la autoridad civil en los nombramientos eclesiásticos. Este es el tema del Patronato regio y luego del Patronato nacional, al que me he referido en otras oportunidades. Por decirlo en una frase: era entendido que en la designación de sacristanes mayores, párrocos, canónigos, obispos y arzobispos debía participar el gobierno de alguna forma. La vía clásica, por así decir, fue el derecho de presentación que tuvieron los reyes castellanos, por la cual prácticamente elegían a toda la jerarquía eclesiástica americana. Tras la independencia, aunque el asunto estuvo en permanente discusión en México y nunca llego a saldarse, hubo cuando menos un derecho de excluir candidatos reconocido y ejercido plenamente por los gobiernos civiles. Cabe decir que en el siglo XIX este asunto, el de la intervención del Estado en la Iglesia, generó incluso la aparición de una corriente digamos “separacionista” católica, que criticaba dicha intervención cuando el Estado ya no cumplía cabalmente con sus deberes en contrapartida.

No menos importante, las corporaciones religiosas estaban ahí para prestar servicios públicos. Servicios que eran religiosos: los sacramentos y la predicación de la Palabra divina, que por indispensables para la salvación de la comunidad eran asimismo materia de la vigilancia de la autoridad civil. Se ocupaban también de organizar todo lo que se refería a la caridad, bajo la forma de las obras de misericordia, materiales y espirituales. Hospitales, hospicios, escuelas, casas de recogimiento, etcétera, normalmente fundados por clérigos, religiosos, cofradías o laicos devotos, no eran sino obras piadosas en las cuales la preocupación por el bienestar espiritual era muchas veces prioritario respecto del bienestar material de quienes eran ahí recibidos o recluidos.

Claro está, la colaboración entre ambas majestades pasaba también por los recursos. La autoridad civil debía ayudar y respaldar el financiamiento de las corporaciones religiosas. Las corporaciones religiosas debían colaborar (sin menoscabo de su dignidad, se entendía bien) al financiamiento de causas civiles. Fue bajo ese principio (y por concesión pontificia además) que una fracción del diezmo era para la Corona y luego para los primeros gobiernos independientes hasta 1833, fue por ello también que el rey en su largueza daba una limosna para los misioneros y para los conventos, o incluso que tras la independencia las catedrales y conventos fueron llamados a colaborar en el financiamiento de los ejércitos levantados para proteger la independencia nacional.

Me atrevería a resumir todo lo anterior con una frase del obispo de Puebla Francisco Fabián y Fuero, de mediados del siglo XVIII: “La Iglesia está en el Estado para conservarse pacífica y defendida en el tiempo de esta vida mortal, con la protección del Soberano… el Estado está en la Iglesia para lograr la vida inmortal sabiéndose eternamente salvado con su Príncipe…”

La frase es incluso original para la época pues resalta una reciprocidad que ya entonces ni las autoridades civiles ni las eclesiásticas gustaban de hacer explícita, pero que me parece importante subrayar. Así, las Leyes de Reforma marcaron sin duda tanto el fin del posible recurso a la autoridad civil para castigar por ejemplo la inasistencia a la misa dominical, no menos que el fin de las listas que los gobiernos diocesanos estaban obligados de pasarle a los gobernadores con los nombres de los candidatos a las parroquias. La separación pues, comprende situaciones a las que hoy estamos tan acostumbrados, tanto en la vida civil como en la eclesiástica, que a pesar de las apariencias estamos, al menos esa es mi convicción, bastante lejos de imaginarnos un posible retorno a la situación de anterior.

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