La trampa de Ramos Arizpe

El 6 de mayo de 1833 se presentó ante la Cámara de Senadores del Congreso Federal mexicano un dictamen con un proyecto de decreto cuyo primer artículo decía: “El patronato de la iglesia mexicana reside radicalmente en la nación y su ejercicio se arreglará por una ley particular”. Aprobado por los senadores, pasó a la Cámara de Diputados, que hizo lo propio el 21 siguiente. Aunque las discusiones tuvieron lugar en sesiones secretas, ello no evito que se conociera por la prensa e incluso por el episcopado, el cual no tardó en protestar por dicha declaratoria. La más conocida de dichas protestas fue la del obispo de Puebla, Francisco Pablo Vázquez y Sánchez Vizcaíno, fechada el 30 de mayo y dirigida al presidente Antonio López de Santa Anna. La protesta tenía un claro fundamento: desde 1822, lo hemos visto en entradas anteriores, el clero había declarado que el patronato había quedado abolido y que a la autoridad civil no correspondía sino el derecho de exclusiva. Aunque no conozco con precisión los detalles, creo que podría decirse que las voces de los obispos fueron escuchadas pues el gobierno no llegó a publicar el decreto en cuestión.

Hasta ahí todo iba, digámoslo así, normal. No era la primera vez que los congresistas mexicanos pretendían declarar el patronato residente en la nación, pero hasta ahora siempre había prevalecido el argumento de la negociación con la Santa Sede. Pero entonces también apareció en la misma escena un línea de argumentación algo distinta. El ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos Miguel Ramos Arizpe, presentó su memoria anual ante el congreso ese mismo mes. Ramos Arizpe era un hombre ya de larga experiencia en la política, diputado en las Cortes de Cádiz de 1812 y en las de 1820, fue luego diputado en los primeros congresos constituyentes mexicanos. Clérigo, había ingresado al cabildo catedral de Puebla gracias al gobierno español de tiempos del Trienio Liberal, y había sido promovido a deán en las provisiones de 1831 de las que hablamos en la entrada anterior. Pues bien, el ministro y deán arguyó en su memoria que la nación no sólo tenía en sí el derecho del patronato, sino que ya lo había ejercido sin la oposición más mínima del ilustrado, patriota y dócil clero mexicano”. Y para probarlo enumero ocho decretos, de los Congresos o del gobierno, entre los cuales resaltaban sobre todo las provisiones de beneficios mayores y menores realizadas entre 1829 y 1831.

Comentando dicha argumentación, el obispo de Michoacán Juan Cayetano Gómez de Portugal y Solís, no pudo sino decir: “El ministro de negocios eclesiásticos yerra en todo esto”. La descalifcación no venía de cualquiera. Monseñor Portugal había sido compañero de Ramos Arizpe en el congreso constituyente de 1824 y había luego ocupado una curul en casi todas las legislaturas federales posteriores hasta su promoción al episcopado. Conocía bien, por tanto, los términos de todos esos decretos. Lo hemos visto en las entradas anteriores, en todos ellos la autoridad civil ejercía la exclusiva, no el patronato.

Cabe reconocer que la maniobra del ministro era inteligente: no había necesidad de hacer ya ninguna declaratoria de que el patronato residía en la nación porque ésta ya lo había ejercido. Por tanto, no había sino que seguir sobre el mismo camino. Meses más tarde eso fue lo que haría el congreso, ordenando se proveyeran los beneficios eclesiásticos según las leyes de Indias, aunque no pudo evitar la paradoja de anular algunos de los decretos que habían servido de argumento a Ramos Arizpe, como los de la provisión de canonjías y de curatos. El lector que se interese en los detalles de esta historia puede recurrir al primer capítulo de la obra de Reynaldo Sordo Cedeño, El congreso en la primera república centralista (1993).

Ahora bien, me interesa resaltar la “trampa” de Ramos Arizpe sobre todo porque la confusión entre patronato y exlcusiva pareciera haber trascendido en el tiempo a través de la obra de diversos historiadores. Así es, la legislación citada por el ministro, las constituciones estatales y las discusiones de los congresos han servido para que varios autores lleguen a la conclusión de durante el primer federalismo existió un patronato que llaman “virtual”. En esa línea, la profesora Anne Staples decía en 1976 (La Iglesia en la primera república federal mexicana, SepSetentas, p. 59) que “como lo había hecho el virrey en virtud del patronato, los gobernadores podían eliminar a los candidatos non-gratos de la lista” de la provisión de beneficios. Como hemos visto, los virreyes no eliminaban candidatos, sino que “presentaban” directamente a uno de entre una terna. Los gobernadores sólo podían “excluir”. Ahí la diferencia entre patronato (derecho de presentación) y derecho de exclusiva. Puede parecer un asunto menor, un detalle intrascendente, pero creemos que no lo es tanto. En diversos trabajos la doctora Josefina Zoraida Vázquez nos ofrece muestras claras de las consecuencias de la confusión entre patronato y exclusiva. Su análisis de la constitución federal y de diversos decretos del congreso nacional, insisten en que la nación contaba con facultades en materia del patronato y que por ello ejercía de árbitro entre los estados y la iglesia, pero que los estados “se atribuyeron el ejercicio del patronato” (“Federalismo, reconocimiento e iglesia”, en Manuel Ramos (comp.), Historia de la Iglesia en el siglo XIX, 1998). Una iglesia debilitada desde la guerra de independencia no habría podido oponerse sino hasta el nombramiento de los primeros obispos, entre los cuales el de Puebla comenzó a ejercer el liderazgo necesario para oponerse a dicha competencia.

Paradójicamente cuando la doctora Vázquez cita las constituciones estatales, la mayor parte de sus referencias están en términos de “exclusiva” y no de “patronato”. Mas la interpretación ha hecho escuela: existen diversos trabajos sobre Michoacán, Jalisco, México, Puebla y Veracruz (Josefina Zoraida Vázquez (coord.), El establecimiento del federalismo en México, 2003) en donde se presenta a los estados efectivamente “apoderándose” del derecho de patronato, a pesar, repetimos de que las fuentes digan casi siempre “exclusiva”. No muy lejana es la interpretación del profesor Brian Connaughton, quien acuñó la expresión “patronato virtual” (“El ocaso del proyecto de ‘Nación Católica’. Patronato virtual, préstamos y presiones regionales, 1821-1856” en La construcción de la legitimidad política en México, 1999) para referirse a las atribuciones del gobierno durante el primera federalismo con aceptación tácita de la iglesia, como una vía, afirma, de protegerse contra los grupos que cuestionaban su papel en el nuevo régimen a través de la prensa.

Desde luego toda bibliografía que aquí citamos trata temas y realiza análisis que van mucho más allá del debate del patronato y que son sin duda, pertinentes e interesantes. Empero, nos parece, repetimos, que no se trata de un detalle menor. Rechazando la intervención del gobierno independiente, el alto clero no hacía, según nuestro punto de vista, sino proteger su legitimidad. Y no era una cuestión intrascendente, ya lo decía el profesor François-Xavier Guerra, en buena medida la gran crisis del Imperio español y la construcción de las nuevas naciones hispanoamericanas afrontaban el gran problema de cómo construir una nueva legitimidad tras el quiebre de la antigua lealtad monárquica. El clero hubiera podido ceder a la intervención plena de los gobiernos civiles, de hecho lo hizo en otras partes de América, como en Buenos Aires, donde tuvo lugar la implementación de un proyecto de iglesia nacional muy temprano en la década de 1820 (Roberto Di Stéfano, El púlpito y la plaza, 2004). Hubiera podido también buscar de inmediato y sin concesión fundar su legitimidad en un contacto mucho más estrecho con la Santa Sede, como lo pretendían ya algunos sectores de la iglesia española. Creemos que lo interesante es que el alto clero haya buscado más bien soluciones intermedias, como la de la exclusiva, en que no comprometía ni su relación con la Santa Sede ni con la autoridad civil. Pensar pues, que habían aceptado el patronato, nos impide ver la parte tal vez más original de la historia de la naciente Iglesia mexicana en construcción, además de pintarnos un cuadro de una Iglesia, o bien muy debilitada, o bien demasiado comprometida con el nuevo régimen.

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