La (imposible) reforma de cofradías en la Nueva Galicia: el dictamen de Ambrosio de Sagarzurrieta de 1790

Lo hemos mencionado en semanas atrás: en 1776 comenzó el expediente general de reforma de cofradías de Nueva España. La recogida de datos iniciada entonces alcanzó incluso jurisdicciones bajo la autoridad, en lo eclesiástico, del obispado de Guadalajara. Su titular, fray Antonio Alcalde, opuso seria resistencia al respecto. De ahí que el caso fuera visto por el fiscal de la Real Audiencia de Guadalajara, Ambrosio de Sagarzurrieta, quien ya en marzo de 1790, redacto un extenso dictamen sobre el tema, que es el que transcribimos aquí en su primera parte. Como verá el lector, el fiscal se ocupó primeramente de la definición y de la historia de las cofradías para establecer en ellas la exclusiva jurisdicción real. Remitió a la legislación que hemos publicado en este espacio antes, así como a otros autores de derecho canónico de la época. Enseguida comenzó a analizar las afirmaciones del obispo Alcalde sobre la situación de las cofradías en la diócesis, hasta cuestionar la intervención del clero en ellas, según veremos en una segunda parte.

Dictamen del fiscal Ambrosio de Sagarzurrieta, 29 de marzo de 1790
Archivo General de Indias, Audiencia de Guadalajara, leg. 352.

El fiscal se hará cargo de la naturaleza de las cofradías, y después de probar que ni ellas ni sus bienes son espirituales como pretende el señor obispo, queriendo de aquí persuadir que deben estar sujetas a su sola jurisdicción, hará también ver que los inconvenientes que tanto ha ponderado dicho prelado no los hay ni son de esperar del plan que propondrá, sino antes bien considerables ventajas y utilidades así respecto de la congrua sustentación de los curas, reparo y adorno de los templos y aumento de las rentas del seminario, como respecto de la Real Hacienda y de la causa pública y del Estado.

Por nombre de cofradía de legos, que es de las que aquí se habla, se entiende cierta junta de legos que se congregan en cierto lugar por causa de algunos ejercicios piadosos. Es tan antiguo su establecimiento que se hace mención de él en las leyes de Solón, y trasladado de allí a las Doce Tablas lo adoptaron después de los Romanos Pontífices y Concilios, pero siempre y en todas partes con sujeción y dependencia de la autoridad del gobierno temporal, que es a quien toca saber y examinar si el colegio o junta que se introduce es útil o perjudicial al bien de la república. Las historias de todos los siglos y naciones están llenas de sucesos funestos de discordias y conjuraciones suscitadas por algunas juntas, colegios, cofradías o hermandades que congregándose con color de fines muy piadosos y cristianos, maquinaban allí los mayores atentados. A este propósito y para prevenir tales daños, las leyes romanas ordenaron que no se erigiese colegio, junta o cofradía, ni aun por causa de religión, sin licencia del Príncipe. Un Concilio de Francia mandó bajo pena de excomunión que no se erigiesen cofradías, sino por voluntad de los señores de los mismos lugares, y del obispo diocesano, interviniendo urgente necesidad y evidente utilidad; nuestras leyes de Partida y singularmente la ley cuarta, título tercero, partida sexta, dando por supuesto que son ilícitas y reprobadas las cofradías y juntas que no hayan obtenido la aprobación del rey, declaran que tales juntas o cofradías no pueden ser establecidas por herederas. Las leyes del título catorce, libro octavo de la Recopilación de Castilla caminan sobre el mismo fundamento, y particularmente la tercera, por la cual, después de declararse nulas todas las cofradías y cabildos hechos sin licencia del rey y autoridad del prelado, desde el año de mil cuatrocientos sesenta y cuatro, se manda que no se hagan otras en adelante, salvo con dichas calidades, y por causas pías y espirituales.

Ley2541La ley veinte y cinco, título cuarto, libro primero, de la Recopilación de Indias dispuso que en todas ellas no se funden cofradías, juntas, colegios o cabildos de españoles, indios, negros, mulatos u otras personas de cualquier estado o calidad, aunque sea para cosas y fines píos y espirituales, sin que preceda licencia del rey y autoridad del prelado eclesiástico, y ordena que habiendo hecho sus ordenanzas y estatutos las presenten en el Real Consejo de Indias para que en él se vean y provea lo que convenga, y entre tanto no puedan usar ni usen de ellas, y si se confirmaren o aprobaren no se puedan juntar ni hacer cabildo ni ayuntamiento si no es estando presente alguno de los ministros reales, que por el virrey, presidente o gobernador fuere nombrado, y el prelado de la casa donde se juntaren, y últimamente el señor D. Carlos Segundo, aunque en real cédula de veinte y cuatro de junio de mil seiscientos ochenta y dos concedió al obispo de esta diócesis D. Juan de Santiago de León Garavito licencia y facultad para que en las partes y lugares del distrito de este obispado que reconociese tener más necesidad de hospitales o cofradías para la curación de españoles, coyotes y mulatos, las pudiese fundar en la forma que tuviese por más conveniente, fue con la expresa calidad y condición de que interviniesen en ello las justicias ordinarias, y que la Real Hacienda no contribuyese con cosa alguna, de suerte que al paso que nuestro soberano dispensó para las cofradías de que habla dicha cédula la formalidad y requisito de la previa confirmación real que se ordena en las Leyes de Indias, que sin duda no es practicable en este punto por ser como serían en sus principios de tan corto principal las referidas cofradías de este obispado, no quiso que se hiciesen estas erecciones sin concurrencia e intervención de la autoridad real, transfiriendo y delegando para este efecto a las justicias ordinarias el ejercicio y uso de la regalía de conceder la licencia y aprobación, que es un equivalente de la confirmación y licencia real, y debe empeñar más a las justicias en el examen de la naturaleza y fines de estos establecimientos, en aprobar con circunspección sus estatutos, y estar vigilantes sobre su ejecución y cumplimiento, no sea que con color y pretexto de reglas y constituciones útiles se introduzcan prácticas reprobadas, maquinaciones y discordias turbativas de la paz y tranquilidad pública.


Si para averiguar la naturaleza de las cofradías de legos y distinguir los límites del sacerdocio e imperio se recurre a los escritores, especialmente a los antiguos, apenas se hallará otra cosa que confusión y conflicto de opiniones, por no haberse acercado a las fuentes y verdaderos principios que deben gobernar la materia. Entre los que ha leído el fiscal, ninguno la descifró mejor y en menos palabras que el presbítero D. Carlos Sebastián Berardi, en el tomo primero de sus comentarios sobre el Derecho Eclesiástico, disertación cuarta, capítulo siete. Allí, distingue entre las personas singulares de los cofrades, la misma cofradía o congregación y los bienes que le son anexos, y entre las iglesias erigidas por los cofrades juntamente con los bienes asignados a las mismas iglesias, los hospitales o lugares religiosos de que están encargados los cofrades y las obras de piedad que éstos deben ejercitar según su instituto. Cuando se trata de las singulares personas de los cofrades, y aun del mismo cuerpo de la cofradía o congregación y de los bienes de ésta, no deben reputarse como eclesiásticas ni las personas de los cofrades en particular ni el cuerpo de la cofradía, ni los bienes de ésta, por no prevenirse en ningún lugar del derecho que se reputen por tales, por lo cual (son palabras del citado autor) los privilegios y derechos de las personas, colegios y bienes eclesiásticos de ninguna manera se acomodan a las personas de los cofrades, ni al cuerpo de la cofradía ni a sus bienes, y por esta causa aun el mismo cuerpo de la cofradía es demandado ante los magistrados públicos, lo cual no negó ni aun el [ilegible] de jurisdicción, partida cuarta, sentencia segunda, caso ciento trece, y esto es verdad aunque en la erección de la cofradía haya intervenido la autoridad del superior eclesiástico, sea el que sea, porque esta autoridad sirve para que la cofradía se entienda lícita y aprobada aun por la autoridad eclesiástica, pero no para que se estime y tenga por congregación, cuerpo, o comunidad verdaderamente eclesiástica. Pero cuando se trata de las iglesias, de los bienes aplicados a ellas, y de las obras piadosas que han de ejercitar los cofrades, principalmente en la iglesia asignada a la cofradía, no hay duda que todas estas cosas, como verdaderamente eclesiásticas, están sujetas a la jurisdicción del obispo y derechos de los párrocos, como se ordena en los capítulos tercero y cuarto De religiosis dominibus. De aquí deduce el Berardi la razón para haber mandado el Concilio de Trento en la sesión veinte y dos, capítulo octavo, De reformatione, que los obispos tengan derecho de visitar las cofradías de los legos, aun las que llaman escuela o de otro cualquiera nombre, exceptuando solamente las que están bajo la inmediata protección de los reyes, y en el capítulo nueve de la misma sesión que los administradores de las cofradías estén obligados a dar cuenta anual de su administración al ordinario. Pero el fiscal haya la razón de esto en la facultad concedida por los príncipes a los obispos.

Los emperadores cristianos, singularmente Justiniano y nuestros reyes, considerando por una parte que los magistrados seculares implicados con multitud de negocios graves no podían aplicar toda su atención al cuidado, régimen y cumplimiento de las obras piadosas, y por otra advirtiendo la solicitud y vigilancia de los obispos y su gran caridad en socorrer todas las necesidades hasta enajenar con este objeto los bienes eclesiásticos, y aun los vasos sagrados, no dudaron encargar a éstos y encomendarles la tutela y protección de toda obra piadosa. Correspondieron al principio dedicando con todo esmero al desempeño de este encargo. Mas en el siglo diez y once de la Iglesia muchos obispos, más solícitos de sus propias utilidades que del bien de las iglesias y del fiel cumplimiento de las obras piadosas, más las gravaban que las ayudaban, exigiéndoles contribuciones que no debían. Entonces los administradores o defensores solicitaron y obtuvieron para dichas obras piadosas exención de la jurisdicción episcopal, a ejemplo de la que por el mismo tiempo y por las mismas causas obtuvieron muchos monasterios. Conocieron los obispos sucesores cuanto había decaído su autoridad y jurisdicción con tales abusos, y para reparar este daño y recuperar su antigua autoridad, se aplicaron al fomento y cuidado de dichas obras pías, lo que les fue causa para que el Concilio de Viena, presidido por Clemente Quinto, y después el Santo Concilio de Trento, ordenasen que los obispos, aun como delegados de la Silla Apostólica, fuesen ejecutores de todas las disposiciones piadosas, tanto en la última voluntad como entre vivos, tuviesen derecho de visitar los hospitales y cualesquiera colegios y cofradías de legos, aunque fuesen exentos, salvo los constituidos bajo la inmediata protección de los reyes, y tomasen cuentas todos los años a los administradores de cualesquiera lugares píos.

De aquí es que cuando los obispos visitan las cofradías y otros lugares y obras pías y toman las cuentas de los administradores de ellas, no lo hacen en virtud de su jurisdicción y facultades nativas, sino en virtud de los encargos, diputaciones o comisiones de los príncipes seculares, que sin embargo de no ser ESPIRITUALES ni propiamente ECLESIÁSTICAS todos los dichos lugares PÍOS, ni sus bienes, los pusieron bajo su cuidado, tutela y protección.

De lo dicho se infiere que no deben excluirse de estos oficios de visitación y toma de cuentas los magistrados seculares, porque cuando los príncipes encargaron a los obispos la vigilancia sobre las obras piadosas no abdicaron de sí toda la potestad, ni es presumible que la hayan dejado de conceder tácitamente a las justicias reales, a lo menos en los casos en que se noten graves abusos y negligencias de parte de los administradores de dichas obras pías y de los obispos; y esto es tan cierto que lo tiene declarado así la Sagrada Congregación del Concilio según lo refiere el Próspero Fragnani en el comentario del capítulo cuarto De religionis dominibus, número doce, y está mandado en la ley veinte y dos, título segundo, libro primero de la Recopilación de Indias.

El que los fieles hayan fundado y dotado las cofradías con el fin de dar culto a alguna imagen, o de que se celebren algunas misas o se hagan otros ejercicios espirituales, no es causa ni prueba de que sus bienes sean espirituales o eclesiásticos. Los aniversarios, memorias de misas y capellanías laicales llevan el mismo objeto y no por eso son espirituales sus bienes, ni están exentos de la jurisdicción de los jueces reales.- Lo mismo debe decirse acerca de la pensión que pagan las cofradías para el seminario conciliar, según lo dispuesto por el Tridentino, y por la ley treinta y cinco, título quince, libro primero de la Recopilación de Indias, pues es constante que esta pensión no sólo se debe de los bienes espirituales sino también de los que no lo son, como tengan relación a algún fin piadoso. El mismo Concilio manda expresamente se apliquen al seminario todos los bienes y rentas que estén destinados en algunas iglesias y lugares para educar y alimentar niños. Los diezmos de Indias, que son bienes temporales del real patrimonio, aun en la parte que están cedidos a las iglesias, según se asienta en el artículo ciento setenta y tres de la Real Ordenanza de Intendentes, contribuyen al seminario. Temporales son también los estipendios con que acude la Real Hacienda a los religiosos doctrineros, y sin embargo se manda en la ley siete, título veinte y tres, libro primero de las municipales que los oficiales reales rebajen el tres por ciento que corresponde a los seminarios, y que el resto se lo entreguen en dinero y no en especie a los religiosos. Siendo de notar que estando los hospitales comprendidos generalmente, así como las cofradías, en la carga de la pensión conciliar, nuestros soberanos eximieron de ella los hospitales de indios, según se ve en la ley cuarta, título cuarto de dicho libro primero, lo que no hubieran hecho si esta pensión cargase sobre bienes propiamente espirituales o eclesiásticas. Es pues manifiesto que las justicias reales tienen autoridad bastante para conocer y juzgar no sólo de las personas de los cofrades en particular, sino también de la junta, congregación o cuerpo de la cofradía y de sus bienes, y que estarán obligadas a hacerlo cuando adviertan desórdenes, abusos o descuidos en el uso de sus rentas.

Antonio Alcalde y Barriga

Retrato de fray Antonio Alcalde, obispo de Guadalajara, en la sacristía de la actual Catedral Basílica de San Juan de los Lagos. Foto de Simona Villalobos Esparza

El ilustrísimo señor obispo de esta diócesis, para recomendar más su solicitud de que las cofradías de este obispado permanezcan en el actual sistema de despótico gobierno de los curas, pondera los gravísimos males y perjuicios que dice se seguirían de cualesquiera novedad en esta materia, ya porque les faltaría congrua dotación a los curas, decencia a los templos, rentas al seminario y socorro a los pobres necesitados, como porque tema y aun dice haber tenido moción en los indios con sólo el rumor de las providencias que se han dado. No explica dicho ilustrísimo prelado cuáles son los pueblos en que ha tenido esta moción, motivo porque el fiscal no puede promover diligencias para averiguar la verdad, pero puede asegurar que no han llegado a su noticia tales movimientos, sin embargo de que a haberlos habido era regular se hubiesen comunicado con sus expedientes al que responde. El único que había cuando se aposesionó de la fiscalía era el de los indios de Mazamitla, y a que es referente la certificación extendida por el escribano de cámara a veinte y seis de marzo de mil setecientos ochenta y nueve que está al folio ciento seis de este expediente. Mas aquellos movimientos provinieron de causa enteramente contraria, como fue los malos tratamientos y excesivos derechos parroquiales que exigían a dichos indios el cura y vicario del partido, y el destrozo que hicieron de los bienes de las cofradías, apropiándoselos para sí, y aunque no consta expresamente de dicha certificación el movimiento de los indios de Mazamitla y su fuga a los montes, porque cuando pidió y se mandó poner este documento sólo se tenía noticia de que el señor obispo tenía temores de movimientos, como insinuó a V.S. en su oficio de treinta de junio, pero no el que realmente los hubiese habido, según lo informó dicho prelado a Su Majestad, diez y seis días después de dicho oficio, le parece al fiscal será bastante prueba el relato de la respuestas que dio en aquel negocio con fecha de catorce de marzo de mil setecientos ochenta y ocho, de que es copia la adjunta. Tampoco señala dicho prelado los curas que con el rumor de las providencias del gobierno sobre cofradías renunciaron sus curatos. Lo cierto es, y le consta a V.S. que ha sido numeroso el concurso de opositores a curatos que hubo en el año próximo de ochenta y nueve.

Todas las providencias de este gobierno en punto de cofradías se han reducido a pasar oficio a dicho señor obispo para que previniese a los curas franqueasen a los jueces reales las noticias que les pidiesen respectivas a bienes de cofradías y testimonios de las escrituras y documentos concernientes a ellas, y mandar al rector del seminario que informase a cuanto ascienden las pensiones que pagan las cofradías de este obispado, sin que se haya expedido la menor orden sobre el particular a ninguno de los justicias ni curas de la provincia. ¿Y es posible que unos pasos tan moderados como estos, el pedir unos informes que los prelados deben dirigir de oficio a Su Majestad, según previene la ley veinte y cinco, título catorce, libro tercero de la Recopilación de Indias, y consiguientemente tampoco los deben excusar cuando se los pidan los gobernadores y tribunales superiores de estos dominios, es posible que sólo el haber pedido esto dicho al señor obispo y al rector del seminario sin saberse el uso que se pretendía hacer de estas noticias, ha de haber concitado tanto los ánimos que los curas han renunciado sus curatos y alterándose la tranquilidad de los pueblos en tan pocos días como mediaron desde el veinte y tres de junio en que V.S. pasó el oficio a dicho señor obispo hasta el diez y seis de julio en que su ilustrísima representó a Su Majestad estas renuncias y conmociones? Dice el señor obispo que los curas y las iglesias de este obispado no tienen la asignación en los diezmos que prescribe la ley de Indias, infiriendo de aquí que si les falta el auxilio de las cofradías no podrán sustentarse los curas, ni repararse las fábricas de los templos, ni proveerse de los paramentos sagrados necesarios en que has ahora dice no se ha grabado la Real Hacienda. Pero es hecho notorio y consta de los cuadrantes y repartimientos de diezmos que hay varios curatos en este obispado que llaman de erección, porque desde ella se les da parte en los diezmos y algunos otros a quienes se les ha señalado después conforme lo han exigido las necesidades, y el resto de los cuatro novenos beneficiales está depositado en virtud de la real cédula de trece de marzo de mil setecientos setenta y siete con el designio de juntar un fondo de donde se socorran los curatos y vicarías pobres, no sólo las ya establecidas, sino las que se establezcan, que es regular excedan ya en el día de cuatrocientos mil pesos. De suerte que entre todos los obispados de esta Nueva España sólo en este de Guadalajara se observa con tanto rigor la ley de Indias, y no sólo se observa en cuanto a la congrua de los curas sino también en cuanto a las fábricas de las iglesias, pues también es constante que además de la matriz tienen participio en los diezmos la iglesia de Aguascalientes, la de Asientos, la de San José de Gracia, la de Compostela, la de Lagos, la de Purificación y la de Pinos. Siendo esto tan cierto, como también lo es el que la Real Hacienda contribuye para la reedificación de las iglesias en los casos en que está obligada, como lo acaba de hacer con la de Lagos, en cantidad de ocho o diez mil pesos, según sabe V.S. por el expediente de su materia, no acaba de admirarse el fiscal cómo pudo el señor obispo de esta diócesis, prelado tan veraz, religioso, caritativo, amante del rey y del público, e igualmente docto, representar a Su Majestad que en esta diócesis no tienen participio en los diezmos los curas ni las iglesias foráneas, y que para éstas no se grava la Real Hacienda.

Esto induce al fiscal a creer que este venerable y digno prelado ha sido preocupado por algunos de los que le rodean, y que habiendo confiado por su mucha edad y achaques la extensión de la consulta, abusaron de la confianza, ingiriendo estas especies y las de conmoción popular para dar más brío, y vigorizar el pensamiento de que subsistan las cofradías en el mal estado que hoy tienen de despotismo de los curas, que se aprovechan de ellas con ruina de los pueblos. Aunque el gobierno no tuviera noticias de que las cofradías de este obispado se manejan con desorden, siempre sería conveniente averiguar de tiempo en tiempo cómo se administran, cuál es el auge o decremento de sus rentas, y si las emplean en los fines de su instituto, y más particularmente convendría examinar si bajo el título de cofradías de indios se han apoderado los curas de sus bienes de comunidad, dejando a aquellos miserables sin estos fondos tan precisos para el socorro de sus urgencias y bien del Estado. ¿Pues qué se habrá de decir en el caso en que el gobierno tenga positiva ciencia de que hay tales desórdenes y usurpaciones?

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