La (imposible) reforma de cofradías en la Nueva Galicia: el dictamen de Ambrosio de Sagarzurrieta de 1790 II

Una segunda parte del dictamen que en 1790 redacto el fiscal de la Audiencia de Guadalajara, Ambrosio de Sagarzurrieta, ante la negativa del obispo de esa ciudad, fray Antonio Alcalde, de aceptar la intervención de la autoridad regia en las cofradías de la diócesis, corresponde a los problemas reales de los pueblos de la jurisdicción. En efecto, en unas cuantas líneas el fiscal presentó varias controversias que habían llegado a la Real Audiencia sobre bienes de cofradías y de comunidad, para mostrar así que la raíz del problema era la intervención en ellos de los curas párrocos, sus vicarios, y en general el clero. Desde luego, el contexto era el de las cofradías ganaderas de la Nueva Galicia, por lo que esos bienes eran, fundamentalmente, reses. Vamos a reservar para una tercera parte las alternativas de solución que ofreció el fiscal, y que corresponden a una reforma que nunca logró llevarse a cabo. De cualquier forma, en la parte final del fragmento que presentamos ahora se advierte ya uno de los ideales del fiscal: la caridad. Esos bienes debían haber servido, no tanto para el culto cuanto para la caridad; es decir, asistir a los pueblos en el pago de tributos, afrontar carestías y hambrunas, y tener educación.

 

Dictamen del fiscal Ambrosio de Sagarzurrieta, 29 de marzo de 1790
Archivo General de Indias, Audiencia de Guadalajara, leg. 352.

Firma de Ambrosio de Sagarzurrieta, ya como fiscal de la Real Audiencia de México a principios del siglo XIX.

Firma de Ambrosio de Sagarzurrieta, ya como fiscal de la Real Audiencia de México a principios del siglo XIX.

Las certificaciones que corren en este expediente, y los otros que se le han agregado, no dejan duda de la verdad que se acaba de asentar: De la certificación ya citada relativa al negocio de los indios de Mazamitla, aparece que habiendo en dicho pueblo dos cofradías, la una de Ánimas y la otra de la Santísima Virgen, y teniendo la una de ellas (no se expresa cuál ni en qué paró la otra), más de cuatro mil reses y quinientas yeguas de vientre, se destruyó del todo ocho años hacía, que corresponde al de mil setecientos ochenta, siendo la causa la desidia y mal gobierno de los administradores de ella, que llaman priostes, y los consumos que hacían de dichos bienes los religiosos doctrineros, disipándolos a su arbitrio, y últimamente el cura D. Miguel Díaz de Rábago, quien se llevó los últimos restos, marcando los ganados con su propio fierro, además del de la cofradía, sin que lo pudiese remediar el pueblo.

De otra certificación dada por el teniente de escribano de Real Hacienda con fecha de 3 de junio de 1789 consta que recibida información de doce testigos sobre los hechos de Carlos Padilla, recaudador de tributos de la jurisdicción de Sayula, a que pertenece el pueblo de Chapala, contra el cual, por haber querido que los indios vendiesen algunos bienes de la que llaman cofradía para el pago de los tributos, dio queja el cura al reverendo obispo de esta diócesis, y este prelado al excelentísimo señor virrey de Nueva España, conde de Gálvez. Depusieron todos los doce testigos que los naturales del pueblo de Chapala compraron con dinero propio ganado vacuno y caballar y le pusieron al cuidado de Pedro de Herrera y Diego García, que lo pastorearon largo tiempo, que vendían el que necesitaban así para el pago de sus tributos como para el socorro de otras necesidades, sin licencia de los curas ni vicarios, que después ya empezaron a correr éstos con su administración, sin saber el motivo, pero siempre invirtiéndose sus productos en las mismas necesidades del pueblo, por considerarse como bienes de comunidad; que esto mismo consta de varias diligencias que practicó el bachiller D. Francisco Pintado, siendo cura del expresado pueblo, en averiguación de si dichos bienes eran de cofradía, que habiéndose éste quedado con las originales, se llevó un testimonio D. Antonio Tiburcio Ruiz, y otro se remitió a México; que sin embargo de esto el cura D. Antonio Velasco de Jara, sucesor del Br. Pintado, se apropió de dichos bienes, y desde entonces los han manejado a su arbitrio los demás curas, precisando a los indios a que den tres individuos para que sin estipendio alguno cuiden y pastoreen dicho ganado, que hasta el año de 1787 ascendía el número de este a cuatrocientas reses vacunas y cincuenta caballares, poco más o menos, y que ignoran en qué se invierten sus productos, pues ni de ellos se costea el aceite para la lámpara, ni la fiesta del santo patrón.

Por una información de ocho testigos, los cinco examinados de orden de vuestra señoría a pedimento del alcalde y principales indios del pueblo de Santiago Juchitán y los tres de oficio, se comprende que el Br. D. Vicente Tello, juez eclesiástico del partido, habiendo puesto por caporal del ganado de la cofradía del hospital a José Gerónimo, sujeto de su devoción, había hecho varias extracciones y aunque el ganado estaba marcado con el fierro de la cofradía, lo arrendaba y vendía como propio, en cuya comprobación señalan los testigos las partidas, personas y lugares de la venta, contestando que cuando dicho D. Vicente Tello estuvo de juez eclesiástico en la villa de Purificación, acabó con la cofradía de ella, y pedido informe al cura doctrinero del partido, fray Francisco María Romero Leal, dijo que es cierto que los indios de Juchitán no han tenido paz desde que entró de caporal José Gerónimo, por no darles razón alguna de dicha cofradía, y que siendo ésta la mejor que había en todo el curato, se haya muy derrotada por la repetida saca de sus bienes de orden de dicho vicario Tello, sin saberse en qué se ha invertido la suma grande que importan los referidos bienes, pues en su iglesia y sacristía, estando muy necesitada, no aparece alhaja alguna; que menos sabe en qué se invirtieron los trescientos pesos que aseguraban los indios haber en el arca, y que habiendo trabajado veinte yuntas de bueyes en conducir madera a esta ciudad, de las cuales murieron bastantes por lo inservibles que vinieron, tampoco se sabía en qué se invirtieron sus alquileres.

El teniente general de la jurisdicción de Guachinango y Mascota, en oficio que dirigió a V.S. en 15 de enero de 1788, le dice que habiéndose extinguido el pueblo de Amatlán de las Cañas, que era de indios, se cobra un tanto anualmente de cada uno de los vecinos que allí se han establecido por el solar de las casas de su habitación y tierras que siembran pertenecientes a dicho pueblo, y sin embargo de que los productos  de estos arrendamientos son bienes rigurosamente comunes o llámensele propios, informa dicho teniente que los percibe el cura párroco por decir éste que se le dieron años ha para ayuda de la fábrica del templo, y añade dicho teniente que en ocasiones percibe alguna parte de dichos productos el teniente de justicia de dicho pueblo.

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Despacho del virrey Antonio Bucareli que motivó la protesta del obispo de Guadalajara.

En otro oficio del teniente de la jurisdicción de Tepospisaloya, partido de Guachinango, informó con fecha de 4 de febrero de dicho año de 88 que los pueblos de ella no tienen más bienes de comunidad que cuatro cofradías, y que según le aseguraban los indios, las dichas cofradías antes que fuese de vicario eclesiástico el doctor D. Salvador Branvila, sólo habían sufrido el lasto del tributo, manutención de sus caporales y el estipendio de dos misas anuales por cada cofradía, erogando el resto en los mayores servicios adealas [sic] o contribuciones que pagan a los reverendos padres guardianes, y se expresan en una memoria que acompañó, pero que en los años que fue vicario dicho Branvila les hizo éste varias extracciones de ganado.

A fines del año de 1786 se formaron autos en la Real Audiencia, que después se han remitido a vuestra señoría en que los indios del pueblo de Mascota se quejaron de los ultrajes, tropelías e indebidos tratamientos que les hacía el cura de su reducción D. Juan José de Aguirre, de los servicios personales que les obligaba y de que no se les daba cuenta y razón de una pingüe cofradía. Además de las informaciones que dieron los indios, con que acreditaron en la mayor parte la verdad de sus quejas, hay dos informes, el uno del cura D. Lino Castellanos, sucesor de Aguirre, y el otro del alcalde mayor del partido D. Juan del Camino Alonso, que combinados dan muy cabal idea de que siendo tan rica dicha cofradía, no sirve sino de carga a los indios. Con efecto, a la sombra del considerable pie de más de mil reses y de producto anual de cien toros, poco más o menos, se emprendió la fábrica de un hospital de cal y canto, en que se había gastado más de diez mil pesos y aún no estaba concluido, contribuyendo además los indios con su trabajo personal. Sería tolerable esta superfluidad si al mismo tiempo que se procura construir un grande edificio de hospitalidad, se socorriese a los pobres enfermos y a los necesitados, pero el caso es que habiendo sido erigida dicha cofradía con el fin de aliviar estas necesidades de los indios y dar culto a la imagen de la Santísima Virgen, según se percibía de los autos de visita de los señores obispos de esta diócesis, no experimentaron socorro alguno en la general hambre y peste de los años de 85 y 86, de suerte que muchos indios, impelidos de la necesidad, abandonaron aquel pueblo, pasándose a otros, en busca de alimentos, y debiéndose haber pagado los tributos con los esquilmos de dicha cofradía, como fundada con caudal de los indios, se vieron precisados, por no hallar arbitrio para satisfacerlos, de ocurrir a esta Real Audiencia, por quien se les concedió releva, e igualmente que a los otros pueblos de aquella jurisdicción que se hallaban en igual caso de indigencia, sin que fuesen más socorridos de los bienes de sus cofradías que los del pueblo de Mascota. Añade el referido alcalde mayor que todo este trastorno proviene del absoluto dominio que se han tomado los curas sobre las cofradías, y que si estas se pusiesen a cargo de un secular que llevase cuenta y razón, y la diese a ambos jueces con asistencia de los indios para su aprobación y pago, lograrían considerables incremento, y de éstos podrían y deberían satisfacerse las regulares pensiones de misas y otras celebridades, reduciéndolas a lo justo, se pagarían los tributos y se socorrerían los indios en sus miserias y urgencias.

En Tequila hay bienes con el nombre de comunidad, y aunque lo son rigurosamente, les sirven tan poco a los indios como los de las cofradías, pues resultando del expediente de su materia que el producto anual de ellos es de 637 pesos, sin incluir otros bienes que ocultaron, y los descubrió la vigilancia y maña del corregidor D. Francisco Cárdenas, apenas alcanzan para costear las funciones de iglesia que celebran los indios de dicho pueblo. El mismo corregidor Cárdenas, en oficio de 9 de enero de 1788, consultando con vuestra señoría la duda de si los bienes de cofradía lo eran de comunidad, de cuyo nombre también los llaman, dice que este es un género de bienes adquiridos por el común de los indios de que conocen los curas, por ejemplo hay en dicho pueblo trapiche que se da en arrendamiento, hay igualmente cañas en correspondiente cantidad, sembradas con el trabajo del común de los indios, y esto se llama cofradía del Santísimo y de la Virgen. Hay otra en el pueblo de Amatlán, del mismo partido, fundada de igual suerte, y compuesta de ganado mayor, y otra cofradía que llaman de Ánimas, cuyo fondo es de nueve mil o más pesos, y tuvo origen de bienes de gente de razón.

Los antecedentes ejemplares son más que suficientes en concepto del fiscal para persuadir: que en este obispado se han confundido los bienes de comunidad y los de cofradía; que los curas son casi los únicos que se aprovechan de unos y otros; que lejos de mirar por su perpetuidad y de invertirlos en los usos a que están destinados por la erección, y por el voto e intención de los fundadores, los manejan tan despóticamente que nombran capellanes a su arbitrio, se arrebatan para sí los ganados, y no dan cuentas como debieran. Cuando más bien se administran estos bienes sólo se consigue que haya muchas fiestas de iglesia en que se disipan los indios, y echan entre sí derramas, pero no se les auxilia con estos bienes para el pago de sus tributos, para el alivio en sus enfermedades y vejez, para que se establezcan escuelas donde se les perfeccione en la lengua castellana, y se les enseñe a leer y escribir y la Doctrina Cristiana, de que están tan ignorantes que no se les puede oír en este punto sin llorar lágrimas de sangre.

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