La excomunión de Hidalgo

En una curiosa prueba de que estas conmemoraciones del Bicentenario no serán tanto una oportunidad para replantearnos nuestro discurso nacional, sino más bien para perdernos en discusiones ya algo añejas, ha vuelto con fuerza el tema de la excomunión (que no “excomulgación” como aparece en algunos medios) del padre Hidalgo. Ya el año pasado el asunto llegó ni más ni menos que al Congreso, y los legisladores dieron una buena muestra de que es peligroso dejarle los temas históricos a los políticos. Hubo también una respuesta, no del todo afortunada digamos, de parte del padre Watson, director del archivo del Arzobispado de México. Últimamente el debate se ha desplazado a su ámbito original, el religioso, sirviendo de argumento para un desplegado de la Iglesia de la Luz del Mundo contra la Iglesia católica en que la acusa de “tergiversar los hechos” y más aún, con un dramatismo digno del propio siglo XIX, le reprocha querer “deslindarse del juicio de la historia”.

Como la mayor parte de los historiadores profesionales, estoy convencido que la historia ni juzga ni justifica, antes bien debe dar cuenta de la lógica de los actores en su contexto, y para ello debe guardar una cierta objetividad, que no significa la ausencia de todo compromiso (que es imposible) sino la conciencia plena de ellos. En ese sentido, huelga decir que el desplegado no me parece sino una denuncia anacrónica; sin embargo, ello no evita que aproveche este espacio para algunos comentarios sobre su contenido, que desde otros puntos de vista es harto interesante.

En primer término, llama la atención que es un desplegado bien informado. Incluye referencias de historiadores de prácticamente todas las generaciones de la historiografía mexicana, desde los eruditos de principios del siglo XX como Genaro García, hasta los profesionales más recientes como la doctora Ana Carolina Ibarra, católicos como el padre Gutiérrez Casillas y comunistas como Grigulevich. En segundo lugar, y a consecuencia del anterior, es en efecto un buen recuento, digámoslo así, del expediente de las “excomuniones de Hidalgo”. Por ello mismo, dicho sea de paso, es una buena prueba de que, tratándose de la historia, no basta la información de documentos, ni la lectura de toda la bibliografía, sino que se necesita sobre todo la formación de historiador para llegar a una interpretación legítima de una y otra.

Empero, es muy bueno ver junto todo el dossier, porque da cuenta de la complejidad del asunto. De entrada, es incluso imposible decir si Hidalgo estuvo o no excomulgado pues ya sería tomar algún partido. Para los fines de su diatriba, el desplegado acusa a la Iglesia católica de argumentar que el primer decreto de excomunión, el del obispo electo de Michoacán, Abad y Queipo, no era válido. Paradojas de la memoria, ése que fue en su momento el argumento de los propios insurgentes se le reprocha ahora a los actuales obispos, mientras que el redactor asume como propios los del bando realista. Cierto, los decretos de los obispos de Michoacán, México, Guadalajara, Puebla y Oaxaca excomulgando a los insurgentes existieron, no menos que los edictos de la Inquisición, que ha estudiado a fondo últimamente el doctor Gabriel Torres Puga de El Colegio de México. Ello no prueba sino que el episcopado novohispano, como el de prácticamente toda la América hispánica, cumplía bien lo que se esperaba de él: la promoción de la lealtad a la Corona. Hubo, empero, entre el alto clero una minoría que colaboró con la causa insurgente: los canónigos de Oaxaca estudiados por la profesora Ibarra; el doctor Velasco, canónigo de Guadalupe; en América del Sur, el célebre obispo de Quito, monseñor Cuero y Caicedo, que estuvo al frente de la junta de 1809, o el arzobispo de Caracas, monseñor Coll y Prat, que acabaría siendo llamado a cuentas en la península. Y hay que decir también que la posición del propio episcopado realista no era menos compleja, defendiendo, a veces con muy poco éxito, los privilegios personales de los clérigos incluso insurgentes.

Sin embargo, lo interesante creo es la lucha por la legitimidad católica que se desarrolló durante la guerra insurgente. Lejos de aceptarse herejes, los insurgentes se reclamaban más católicos que sus enemigos, y cuestionaban por todos los medios las personas de los obispos y de los inquisidores que les lanzaban los susodichos anatemas. Ya por sus convicciones o ya arrastrados por la vorágine de la guerra, en el campo de los insurgentes se encontraba un buen contingente de clérigos y religiosos, cuya primera preocupación era normalmente la administración de los sacramentos y la búsqueda de alternativas para “normalizar” la vida religiosa e institucional de los “capellanes de América”. Aunque sería llevar las cosas un poco lejos, hace algunas décadas había una historiografía interesada en el tema del “richerismo”, (la tendencia a resaltar la autoridad del párroco al mismo nivel, o casi, que la de los obispos o la del Papa) que miraba incluso a la guerra insurgente como una realización concreta de dicha corriente.

En fin, por decirlo en una frase, la participación del clero en la guerra de 1810 fue mucho más complicada que la mera oposición a ella que se dibuja en el desplegado. Un último detalle, quien se ocupe de leer el ya muy citado documento de la Iglesia de la Luz del Mundo encontrará fragmentos, no sólo de las excomuniones, oficiales digamos, del padre Hidalgo, sino también de la excomunión apócrifa, citada de una obra de Manuel López Gallo. A diferencia de los sobrios decretos de los prelados e inquisidores, la versión apócrifa es al estilo medieval maldiciendo cada parte del cuerpo del inculpado. Aunque no conozco mayores detalles de su origen y trayectoria, puedo remitir al menos al interesante análisis de Guy Rozat Dupeyron, “De una excomunión a otra”, en Palos de la Crítica, no. 2-3, 1980-1981, pp. 100-122.

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