Gobernador o príncipe: el debate sobre los honores al gobernador de Michoacán, 1825

Catedral de Morelia, litografía del siglo XIX

En esta oportunidad comparto por aquí parte de una ponencia que tuve el honor de presentar en el Seminario de Historia de la Iglesia que coordina la Dra. Cecilia Bautista en la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el pasado jueves 9. Aprovechando que era un evento en Morelia, qué mejor que hablar sobre un tema político de ese Estado: el debate sobre los honores con que el gobernador y autoridades del naciente Estado debían ser recibidas y tratadas en sus asistencias a la Catedral, regulados por decretos de 24 de julio y 16 de octubre de 1824 del Congreso Constituyente. El Cabildo Catedral de Valladolid de Michoacán dirigió a ese cuerpo legislativo una “representación” (así se decía entonces) inconformándose, pero la comisión de negocios eclesiásticos de la legislatura la rechazó en dictamen del 11 de noviembre de ese año. Los canónigos recurrieron al Congreso nacional, lo que motivó la publicación del dictamen de esa comisión en el periódico El Sol, uno de los más difundidos entonces, el 27 de enero de 1825. El mismo periódico le abrió sus páginas a una Apología del cabildo eclesiástico de Valladolid el día 4 de febrero y a una refutación, obra del licenciado José María Jiménez, en marzo. Son esos tres textos los que forman el pequeño corpus documental que da pie a este apunte. El lector podrá encontrarlos con facilidad en la Hemeroteca Nacional Digital de México, donde los hemos consultado.

Ese debate aparecido en las páginas de El Sol de principios de 1825, puede inscribirse en los problemas afrontados con la construcción del orden propio del Estado liberal a principios del siglo XIX. Aunque tanto en América como en Europa implicó reemplazar a las antiguas monarquías fundadas en una legitimidad religiosa, las élites de los nacientes Estados-nacionales en buena medida, aunque no sin discusiones, llegaron a estimar que la religión era necesaria, y en particular sus ceremonias, para reforzar el nuevo orden. Un poco por doquier, lo mismo en Francia en tiempos de Napoleón Bonaparte, que en México al menos hasta 1859, las autoridades civiles continuaron asistiendo a los grandes ceremoniales religiosos y recibiendo en las iglesias honores que antaño habían tocado a los magistrados de las monarquías. En ese sentido, en ese marco general, podría preguntarse por el interés particular que tiene este caso concreto. Pues bien, tengo la impresión de ayuda a reflexionar sobre la lógica de las posturas políticas de la época. La historiografía ha cuestionado desde hace tiempo las clásicas categorías de liberales y conservadores, pero a más de tener dificultades para llevar ese cuestionamiento más allá del ámbito académico, a veces también hay complicaciones para evidenciar los matices posibles de los posicionamientos de entonces, en particular en temas religiosos. Este debate nos ofrece un caso original de una defensa “liberal”, por así decir, de un Cabildo Catedral, y de un Congreso constituyente que construye sus argumentos de manera al menos “tradicional”.

Encabezado del periódico “El Sol”, Hemeroteca Nacional Digital de México.

Desde luego, esos adjetivos entrecomillados los utilizo aquí sobre todo para evidenciar la paradoja de inicio. Podemos decir desde ahora que, al menos por lo que toca a la cuestión ceremonial, habría que agregar casi siempre un referente preciso para clarificar esas categorías. Cabe advertirlo, en realidad el debate era doble. Los documentos publicados por El Sol, dan cuenta, primero, del desacuerdo sobre la razón de los honores en la iglesia para la autoridad civil, si los recibían como “primeras autoridades” o como “a patronos”; segundo, un tema más profundo: la necesidad misma de unos honores finalmente monárquicos para una autoridad republicana.

Pues bien, la comisión eclesiástica del Congreso Constituyente de Michoacán fue la que afrontó el primer cuestionamiento. Tres diputados firmaron el dictamen de 11 de noviembre de 1824: José Salgado, Pedro Villaseñor y Manuel González, tres hombres que habrían de tener una trayectoria política importante en los años siguientes. Evidentemente, ni ellos ni nadie podía decir entonces que el gobernador de Michoacán ejercía el Patronato. En esos primeros años de la república federal, aunque el clero lo tenía claro desde 1822, del lado civil, incluso a nivel nacional todavía se dudaba la forma en que el asunto debía de abordarse. Justo mientras el debate en El Sol tenía lugar, comenzaba a gestionarse el envío a Roma de un representante diplomático, el canónigo poblano Francisco Pablo Vázquez. Los honores en la iglesia pues, no podían corresponderle al gobernador de Michoacán sino como “primera autoridad” del Estado. En buena lógica de un gobierno representativo naciente, el Congreso constituyente de Michoacán bien hubiera podido hacer tabula rasa, y alegar el ejercicio de su soberanía, como representantes del pueblo, para imponer la medida, razonándola, por ejemplo, a partir de la utilidad de la religión para la estabilidad política. Por el contrario, los diputados se mostraron extremadamente conciliadores con la tradición. El dictamen se extiende en probar que esos honores “que ha mandado a hacer este congreso al ejecutivo del estado”, “le pertenecen por derecho eclesiástico, por costumbre y por la opinión de graves autores”.

Encabezado del periódico “El Sol”, Hemeroteca Nacional Digital de México.

Venían al auxilio de los constituyentes, en la primera categoría (el derecho), los Decretos de la Congregación de Ritos y los libros litúrgicos oficiales; en la tercera, canonistas, entre ellos regalistas como Juan de Solórzano y Pedro Frasso, pero también Agostino Barbosa, el Cardenal Giovanni Battista de Luca y Francisci de Fargna, más bien cercanos a Roma. Ese esfuerzo de justificar con argumentación tradicional los honores para una autoridad del nuevo orden resultaba en frases que pueden sonar características: “el libro del evangelio no se dará a besar sino a los obispos, prelados mayores y grandes príncipes, en cuya última clase debe reputarse el gobernador…” Esto es, el gobernador constitucional quedaba equiparado a un monarca del Antiguo Régimen. Pero más característico aún fue el alegato conforme al segundo término, es decir, en función de la costumbre. Evidentemente los legisladores no podían afirmar que en la Catedral de Michoacán se hubiera recibido ya antes a una “suprema autoridad”. Recurrieron pues a la costumbre que se “haya observado en otras partes”, México sobre todo: los ejemplos del trato en la Metropolitana a los virreyes, a la regencia, a Iturbide, al supremo poder ejecutivo y en particular al gobernador mexiquense, debían servir de regla. Aprovechando a los canonistas, otros ejemplos americanos (Guatemala), españoles y europeos, permitían hablar incluso de una “antigua costumbre”.

El tenor del dictamen, recordaba así los documentos jurídicos del Antiguo Régimen. Eso lo notó El monitor, seudónimo del autor de una “Apología del cabildo eclesiástico de Valladolid”. Este defensor de la posición del clero ante los representantes populares michoacanos fundó en cambio sus argumentos en principios modernos. Dos en concreto mencionados en exclamaciones y preguntas: “Que mal se compone la igualdad patriótica con tanta ansia de preeminencias”, decía y agrega de inmediato “¿en qué tierra vivimos? ¿en la Europa esclava o en la América libre?” Irónico, apuntó que para igualar al gobernador con un monarca “se le debía […] también besar la mano y doblar la rodilla”, pero más importante, recordó que los fundamentos de la autoridad habían cambiado: la soberanía ya no provenía de Dios, principio que estimaba la verdadera fuente de esos honores, sino del pueblo. Así pues “en probando la comisión que el gobernador de Michoacán es una imagen de la divinidad, creo que el cabildo no se negará a incensarle ni a salir a recibirle en procesión”. Por el mismo principio de la soberanía popular y por la lógica del gobierno representativo tampoco cabía pensar en el gobernador como verdadero equivalente de un monarca: “aquello de representar el gobernador al estado es un descubrimiento nuevo”, decía casi al final de su diatriba. Y es que en efecto, el gobernador no era sino el depositario del Poder Ejecutivo, no una autoridad suprema en el sentido antiguo.

Encabezado del periódico “El Sol”, Hemeroteca Nacional Digital de México.

A esta “apología”, respondió el licenciado José María Jiménez con argumentos más bien de orden práctico: era necesario afirmar la autoridad del gobierno. Decía por ejemplo: “no por ser libre la América se ha hecho indigna de que sus primeros jefes sean acatados en el templo”, e incluso terminaba con una acusación contra El monitor, en el sentido de “fomentar las ideas de algunos hombres que miran con notable desprecio a los congresos y gobernadores de los estados”, cuando antes se sometían sin problema a la autoridad monárquica, “a pretexto de la libertad e igualdad republicana”. En realidad no había un verdadero argumento lógico claro para continuar con esos honores, como no fuera, finalmente, el del poder soberano haciéndose respetar. Desde luego, en ese sentido, es difícil decir quién era finalmente tradicional y quién liberal en esta materia. El Congreso hacía explícitamente uso de formas de argumentación tradicionales, pero no es menos cierto que al final era prácticamente una convicción de los liberales de entonces que no había manera de hacerse respetar sin este tipo de honores tradicionales. La Apología del Cabildo Catedral se construía explícitamente recurriendo a los valores modernos, en particular la igualdad, pero al mismo tiempo hay que recordar que era una de las catedrales que, en las querellas sobre estos temas en el siglo XVIII, había sido de las que más sistemáticamente se había negado a conceder honores a los magistrados de la monarquía. En ese sentido, insisto ya para cerrar este apunte, la lección que deja este debate, cuya resolución desconocemos aún, pero acaso ya es conocido de los colegas michoacanos, es la arbitrariedad por definición de un trato particular, ya no digamos en la iglesia sino en cualquier espacio público, a las autoridades modernas.

 

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