Fiscales y reformas eclesiásticas

A lo largo de este año académico 2010-2011, que ahora toca a su fin para mí, gracias a una beca de estancia posdoctoral del CONACYT en la Escuela de Estudios Hispano-Americanos, y la gentil acogida en ella del Dr. José de Jesús Hernández Palomo, he podido dedicarme a revisar, entre otros, expedientes de fundación de conventos franciscanos y de constituciones de cofradías del siglo XVIII y hasta 1820. De su lectura, me queda la impresión de que si bien la historiografía sobre el tema ha insistido en el tema de las Reforma de la Iglesia emprendida por la Corona en esta época, tal vez habría que subrayar mucho más el papel jugado por unos de sus actores fundamentales: los fiscales de Su Majestad en sus tribunales, abogados, defensores tradicionales de sus regalías y en esta época sobre todo de su Real Erario. Dos de ellos en particular me han llamado poderosamente la atención, don Ramón de Posada y Soto y don Lorenzo Hernández de Alva y Alonso.

Peninsulares ambos y casi contemporáneos (Alva nació en 1740 y Posada en 1741), con grados universitarios en Derecho obtenidos en o incorporados a la Universidad de Valladolid, tuvieron una distinguida carrera en los tribunales americanos. Posada fue oidor en la Audiencia de Guatemala, luego fiscal de Real Hacienda en la Audiencia de México, de donde pasaría a fiscal del Consejo de Indias para los asuntos de Nueva España en 1793, culminando su trayectoria con una plaza de Consejero en 1802. En la plaza que dejaba como fiscal le sucedería justamente Hernández de Alva, quien también había comenzado su carrera en un tribunal pequeño, la Audiencia de Santo Domingo, como fiscal de lo civil, pasando luego a la del crimen de la Audiencia de México en 1780, y luego a la civil en 1784, puesto en que le llegaría su promoción al Consejo. A pesar de esa carrera y esos orígenes comunes, sus personalidades ofrecen un cierto contraste: la hoja de servicios de Posada de 1789 lo presentaba como un hombre eficiente, capaz de despachar 21,832 expedientes en poco más de siete años sólo en su plaza de fiscal de Real Hadienda. Hernández de Alva, en cambio, pasó a la historia como un letrado competente, pero caracterizado por su “morosidad voluntaria”, por emplear los términos con que lo describe Carlos María de Bustamente en su continuación de Los tres siglos de México durante el gobierno español. Y en honor a la verdad, uno diría que era cierto: recuerdo por ejemplo el expediente de la cofradía de Nuestra Señora de las Mercedes, que se le entregó por decreto del virrey de 14 de junio de 1792, y que no fue atendido sino por su sucesor, Ambrosio de Sagarzurrieta – otro ilustre reformador, cabe decir – con más de diez años de retraso, en 1803.

Pero más allá de ese aspecto de sus personalidades, uno y otro parecían tener clara la necesidad de reformar a las corporaciones religiosas novohispanas. Es importante destacarlo: reformar era conservarlas, haciéndolas útiles para el público, para la religión y para el rey, separándolas de lo profano si era necesario, o al contrario (y simultáneamente a veces) separándolas del ámbito eclesiástico para evitar los abusos clericales que usurpaban las regalías. Pero no se trataba de un empeño de eliminación, ni había de su parte una política de ataques ni de asestar “golpes mortales” a esas corporaciones. En ese empeño, es cierto, podían convertirse en obstáculos a vencer y convencer para obtener del virrey o del Consejo la aprobación de una solicitud. Al revisar los escritos de las corporaciones religiosas, rara vez se les escapaban los defectos que podían presentar: ¿licencia para un nuevo convento o una nueva cofradía en una capilla ya construida? Pues había que certificar que ésta había sido a su vez erigida con licencia del rey, que como Patrono era el único que podía darla. ¿Se piden franciscanos para atender a los pueblos de la Tierra Caliente? Primero hay que certificar si no bastará con dividir los extensos curatos de la región o con poner un vicario permanente a costa del cura (que no del Real Erario). ¿Una solicitud de una cofradía para cuestar limosnas para su fiesta? Antes hay que comenzar por verificar si tiene licencias del obispo y del rey para subsistir. Y así por el estilo.

Pero si en algunos expedientes parecía que los señores fiscales encontraban siempre  un problema para cada solución (y en ello no puedo evitar el anacronismo de verlos como buenos antecedentes de la burocracia contemporánea), en otros reconocían el valor del culto público, sobre todo del Santísimo Sacramento y los sufragios por las Ánimas del Purgatorio. Eran también capaces de expresar con abundantes adjetivos su reconocimiento al buen ejemplo de confradías y congregaciones devotas, procurando impulsar en ellas la caridad y reducir los fastos cultuales. Asimismo, valoraban la vida conventual, pero que fuera efectivamente tal, claustral, cuidando del debido honor del hábito, y que su tranquilidad no fuera interrumpida por los seglares. Además, sus dictámenes más radicales, no siempre eran seguidos por los Consejeros indianos, que reunidos en sala parecían bien dispuestos a limitar la reforma más que a profundizarla y ampliarla. Minoritarios pues, eran buenos ejemplos de lo que se ha dado llamar el “catolicismo ilustrado”, esa religiosidad siempre preocupada por separar lo sagrado de lo profano, que no podía escapar de sus constantes mezclas.

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