¿Familia, escuela u orden? La congregación de señoras del Oratorio de Orizaba

La antigua villa de Orizaba, ciudad ya a mediados del siglo XIX, se distinguió desde el siglo XVIII por una importante vida religiosa, no sólo en la parroquia sino en sus numerosas cofradías, sus conventos, sus congregaciones, es decir, las corporaciones religiosas más tradicionales. Mas todas estaban pensadas, en realidad, para los varones de la villa. No es faltaran las mujeres devotas, que vestían el hábito de hermanas terceras franciscanas, o que asistieran a la vela permanente del Santísimo Sacramento, acudieran al confesionario con un sacerdote en particular que guiara sus espíritus, e incluso fundaran con sus bienes algunas obras pías en beneficio espiritual de sus almas y material de algún pobre seminarista deseoso de ordenarse. Pero no había ningún espacio exclusivo para ellas; es decir, no había ni beaterios, ni conventos. Al menos no hasta que en 1850 surgió finalmente una iniciativa para fundar un instituto peculiar, la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri bajo la invocación del Sagrado Corazón de Jesús.
Las constituciones de la nueva casa, copiadas de su antecedente francés por el párroco y futuro primer obispo de Veracruz, Francisco Suárez Peredo en febrero de 1850, señalaban que la vocación que habían de seguir las hermanas sería claramente religiosa, vida de oraciones, de lecturas sagradas, de silencios y mortificaciones (ayunos), de confesiones y ejercicios espirituales, de cultos y de fiestas a sus devociones, aunque sin ser especialmente severa. Tan es así que la primera de sus prácticas había de ser la oración perpetua delante del Santísimo Sacramento, relevándose las hermanas de dos en dos. Habrían de seguir también el oficio divino, en este caso un oficio parvo, esto es, pequeño, reducido, acaso pensando en que era más adecuado para una orden finalmente nueva. Celebrarían lo mismo a San Felipe Neri que al Sagrado Corazón, claro está, a más de confirmar su particular vocación por la Eucaristía exponiendo al Santísimo todos los viernes del año. En fin pues, como toda corporación religiosa, había de tener sus distintivos: su hábito, sus autoridades particulares, algunos bienes, etcétera. Lo que no había, y la distinguía del carácter propio de un convento de monjas, eran votos solemnes. Es decir, las hermanas hacían voto de castidad y pobreza, pero este último sólo respecto del usufructo de sus bienes, de los cuales guardaban el derecho de propiedad, y sólo delante del obispo, quien podía por tanto desvincularlas de ellos sin necesidad de recurrir a la Santa Sede como en la mayoría de las órdenes de votos solemnes.
Ahora bien, aunque no conocemos el proceso en todos sus detalles, sabemos que la mitra de Puebla autorizó la fundación justamente en febrero de 1850, y pudo hacerlo de manera directa pues fundándose en sus antecedentes franceses, ésta no era una nueva orden sino una “familia de piadosísimas señoras”, según la habían definido en una de las Congregaciones de la Curia Romana en enero de 1836. Incluso la clausura no les era propia, pues como instituto de “votos simples”, “no pueden considerarse como verdaderas profesas”, según otro breve de 1821. Así, las orizabeñas no entraban propiamente a un convento, sino a una familia religiosa bajo la sujeción principal de su obispo, el de la Puebla de los Ángeles.
Mas sabemos también que pronto se presentaron estas constituciones ante la legislatura local veracruzana para pedir su autorización, por parte de Sor María Asunción, la primera prelada de la nueva casa. Los legisladores, según se desprende del decreto número 122, fechado en 1o. de mayo del mismo 1850, concibieron el mismo instituto a partir sobre todo de uno de los artículos de sus constituciones, el 14, en cuyo segundo párrafo se contemplaba que las hermanas de coro podrían dedicarse a educar niñas. Actividad limitada, que no debía estorbar su dedicación principal a la oración, e incluso dirigida a unas pocas hijas de la élite, pues debían ser admitidas sólo las que “sepan toda clase de labores, o dibujo o piano, o alguna clase de lenguas”. Los diputados en cambio trataron de hacer de ésta la principal actividad de las religiosas, y mandaron en el artículo 2o. de ese decreto que el gobierno velara por el cumplimiento de “la obligacion que se imponen en su constitucion de educar religiosa y civilmente á las niñas”. Así, la casi doméstica “familia de señoras religiosas” de las constituciones, se convirtió en el decreto y sobre todo en su reglamento, emitido por el gobernador Miguel Palacios, en “un establecimiento público de enseñanza”, que como tal debía de estar bajo la supervisión de los jefes políticos, quienes asistirían a sus exámenes.
Al año siguiente, dicho decreto llegó al Senado de la República para su validación, y la comisión que lo revisó, formada por los senadores Gómez Pedraza, Beltrán y Soto, dictaminó en febrero de 1851 que había invadido las facultades exclusivas de la federación. De nuevo el problema fundamental era saber cómo definir al nuevo instituto. Los senadores dudaron entre si se trataba de una cofradía o de un convento formal, reconocieron en cualquier caso que no era “una orden religiosa con votos solemnes” pero tal vez sí “una cofradía que se halla bajo instituciones particulares”. Y como cofradía, requería conforme a las Leyes de Indias (todavía vigentes en varios puntos), licencia del rey y del obispo. Caso en que fuera un convento formal, requerían de un rescripto pontificio (un breve o bula del Papa, para decirlo directamente), que a su vez debía pasar primero ante ellos. En cualquier caso, lo observaban bien los senadores, no era instituto educativo, pues lejos de fundar “escuelas públicas”, la instrucción la impartían “en su misma casa y como cosa secundaria”.
Paradójicamente, el Senado se mostraba preocupado por defender la “actual disciplina de la Iglesia”, término para decir, con sutileza, que no le tocaba ni siquiera al obispo de Puebla, sino al Papa establecer la nueva fundación, ni al Estado de Veracruz sino a la autoridad federal, dar su visto bueno por parte de la autoridad civil. Contradicciones propias del restablecimiento de un régimen en el que los Estados tendían a disputarle facultades a la Federación, y en el que los obispos veían también mermar las suyas ante la insistencia de la opinión pública en el sentido de que la autoridad civil podía intervenir en la disciplina externa de la Iglesia. Muestra además de que el catálogo completo de las corporaciones religiosas ponía siempre problemas para determinar una clasificación estricta, incluso a los actores de la época. Esto es, todo el problema resultaba de la dificultad de saber qué era exactamente la nueva congregación orizabeña, o también, cuál era la mejor forma de definirla para servirse cada instancia de ella para sus proyectos. Esas mujeres devotas reunidas en una casa de Orizaba ¿eran una familia de señoras que al retener su derecho de propiedad individual pero bajo un voto de pobreza ante el obispo permitían a éste intervenir en ellos pasando por encima de cualquier decreto de la autoridad civil contra los bienes eclesiásticos? ¿Era las maestras de un instituto de educación, por tanto dependiente de la autoridad del gobierno estatal, que podría servirse de él para “utilidad del público”, la enseñanza de las niñas? ¿Eran una cofradía o una orden (acaso una orden tercera) que por nueva y por pedir la validación de Roma, asunto de relaciones exteriores, quedaba más bien en la órbita del gobierno federal?
Lamentablemente no sabemos si alguna vez se dio respuesta a esta pregunta, aunque tenemos la sospecha de que no fueron precisamente las residentes en la casa las que más participaron en su resolución. El dilema, en todo caso, nos dice mucho del papel que obispos y políticos liberales del siglo XIX daban a las viejas corporaciones religiosas: el único acuerdo era que no podían ya tener toda la autonomía de que habían gozado bajo el Antiguo Régimen, tanto más si eran de mujeres.
Todo este expediente lo retomamos del Archivo Histórico del Senado de la República, ramo público y secreto 1825-1853, congreso 13, libro 64, fojas 2 a 20, uno de los archivos más eficientes que contamos en nuestro país.

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