Exclusiva

Vamos a dedicar esta entrada a estudiar con detalle un documento que no por muy citado es mejor conocido: el “Acta de la junta de diocesanos celebrada en México en el año de 1822” publicada en las Pandectas hispano-mejicanas de Juan Rodríguez de San Miguel.

Era el 19 de octubre de 1821, apenas unas pocas semanas después de que el Ejército Trigarante entrara a la Ciudad de México y se estableciera un gobierno provisional independiente para el entonces Imperio Mexicano. En esa fecha, el regente Agustín de Iturbide escribió al arzobispo de México Pedro José de Fonte haciendo notar la necesidad urgente de ocupar los beneficios eclesiásticos vacantes y pidiéndole “le exponga cuanto crea conveniente a llenar aquel objeto salvando la regalía del Patronato”. Podríamos decir que con esa carta el antiguo Patronato regio desaparece definitivamente de la historia para dejar paso al debate sobre el Patronato. Un debate entre el episcopado y los políticos mexicanos que se prolongará hasta que las Leyes de Reforma consagren la separación Iglesia-Estado en 1859. Si hoy puede parecernos una discusión un tanto bizantina, entonces no era un asunto menor: se trataba ni más ni menos que del lugar de la Iglesia y de la religión, no sólo en una nueva república independiente, sino sobre todo en un Estado liberal. Básicamente, el debate enfrentará a las dos fuentes hasta entonces absolutamente conciliables del antiguo Patronato regio: la concesión pontificia contra la regalía de la Corona que los liberales transformarán en atributo de la soberanía nacional.

Pero no nos adelantemos, antes de asomarnos siquiera a ese debate, por cierto lleno, como cualquier otro, de trampas retóricas para el historiador, veamos cómo respondió el arzobispo Fonte a la solicitud del regente.

Como en cualquier otro asunto de gravedad, el arzobispo no respondió por sí solo, sino que consultó con dos cuerpos eclesiásticos: la junta de censura y el cabildo catedral. Los censores se reunieron el 20 de noviembre de 1821 y declararon:
1o. El cese del Patronato con la independencia y la necesidad de solicitarlo a la Santa Sede para el nuevo gobierno independiente.
2o. Que “por derecho devolutivo” la “potestad de proveer” recaía en los obispos.
3o. Que éstos debían dar “previamente noticia de las elecciones al gobierno, para que siendo las personas electas, gratas y de su satisfacción y confianza, y no ofreciéndosele nota alguna que oponerles”, procediera la colación canónica.

Conviene decir desde ahora que el segundo punto fue el más controvertido. Más adelante hubo quienes criticaron que se “devolviera” un derecho que había cesado. Pero no nos engañemos, esa era una crítica tramposa: no era el Patronato lo que volvía a los obispos, sino la libre provisión. Los censores actuaban en perfecta concordancia con el Concilio de Trento, que había establecido que, si un patronato cesaba, los beneficios se restablecían “a su antiguo estado de libertad”. Un estado que era, desde luego, jurídico y no histórico, pues los beneficios americanos nunca habían sido de libre colación.

Pero habíamos dicho que el arzobispo consultó también con otro cuerpo, el cabildo catedral. Éste se reunió el 24 de noviembre para tratar el asunto. Los canónigos redactaron entonces un extenso, erudito y ambigüo dictamen en el que, sin separarse de lo dicho por los censores, insertaron otra de las trampas de la discusión. Más atentos a los deseos del regente Iturbide, declararon que era para “salvar la regalía del Patronato” que los obispos pasarían a la Regencia una nota informando sobre los nombrados. Así, sin decirlo, los canónigos confundían el derecho de presentación del Patronato, con uno muy distinto, el de excluir candidatos: la exclusiva. Tal confusión, que entonces servía a los canónigos para salvar las apariencias con el futuro emperador, no dejará de repetirse con otros propósitos en los años siguientes.

Según parece, la Regencia no se dejó convencer tan fácilmente. En febrero de 1822, José Domínguez, ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, citó a una junta de representantes de las nueve diócesis de la provincia eclesiástica mexicana. Acudieron siete eclesiásticos: el provisor del arzobispado Félix Flores Alatorre en nombre tanto de la arquidiócesis como de la diócesis de Durango; los canónigos dignidades Florencio del Castillo, de Oaxaca, José Domínguez Letona, de Michoacán, y Manuel Pérez Suárez, de Puebla; los prebendados Toribio González, de Guadalajara y Pedro González, de México, a nombre de la mitra de Sonora, y el cura de San Miguel Antonio Cabeza de Vaca por la mitra de Monterrey. Sin embargo, su respuesta no fue muy distinta. Era de esperarse así pues tres de ellos (Flores Alatorre, González y Cabeza de Vaca) eran también miembros de la junta de censura que había emitido el dictamen del 20 de noviembre.

En las varias sesiones que tuvo la junta entre febrero y junio, los eclesiásticos repitieron que se concedía al gobierno el derecho de excluir candidatos, pero ya no el de presentarlos directamente para su consagración, como era, lo hemos visto antes, bajo el Patronato regio. Más directos que los canónigos, declararon que con ello no hacían sino “la consideración justamente debida a la potestad civil”, sin pretender salvar ninguna regalía, y asegurando en cambio la legitimidad canónica de la provisión de beneficios. Tal era la diferencia, que puede parecer menor pero que entonces era sustancial, entre el Patronato y la Exclusiva.

Esta última, por cierto, no era ninguna novedad en los nombramientos eclesiásticos. De hecho, cuando menos desde el siglo XVII había una elección, la más importante del catolicismo, que se realizaba con la exclusiva de los tres grandes monarcas católicos europeos, los de España, Francia y el Sacro Imperio. Nos referimos desde luego a la elección del Papa. En efecto, el Emperador, el rey católico y el rey cristianísimo contaban cada uno con un cardenal protector que podía excluir a alguno de los candidatos a la sucesión de San Pedro si no era de la confianza del monarca. Así, si la exclusiva podía garantizar la legitimidad de esa elección tanto como las buenas relaciones con los soberanos católicos, no es de extrañarse que los eclesiásticos mexicanos recurrieran a ella para salvar su propia legitimidad y la tranquilidad de la relación con el nuevo Imperio. Mas lo que no sabían los miembros de esas juntas era que apenas unos meses más tarde los poderes soberanos serían ya no uno, sino más de veinte.

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