Exclusiva y Federalismo

Cuando el emperador Agustín de Iturbide abdicó en marzo de 1823 no había aún una solución definitiva para la provisión de beneficios eclesiásticos. Ya por entonces algunos de los diputados del primer Congreso Constituyente eran de la idea de que el derecho de presentación era inherente a la soberanía nacional, pero nada llegaron a legislar en concreto. A fines de ese mismo año, sus sucesores, los miembros del segundo Congreso Constituyente reiniciaron las discusiones al respecto. El resultado fue el envío de una misión diplomática a Roma, a cargo del doctor Francisco Pablo Vázquez y Sánchez Vizcaíno, canónigo de la Catedral de Puebla. Aquella fue una misión larga, complicada y con numerosos vaivenes. Una historia apasionante por donde quiera que se le mire: desde México, por los debates sobre las instrucciones al enviado, que tuvieron resultados a veces contradictorios y generaron nuevos manifiestos de los obispos; desde Europa, por los cabildeos de monseñor Vázquez en diversas ciudades hasta conseguir su entrada en la corte pontificia, su alianza con el embajador de la Gran Colombia, su lucha contra los embajadores españoles. Resulta así, al mismo tiempo, una historia política, religiosa y diplomática, que da cuenta de los proyectos sobre la Iglesia y sobre el Estado, uno y otro entonces en ciernes, tanto de parte de los políticos como de los clérigos. Y sin embargo, es una historia que no vamos a abordar aquí.

En efecto, aunque se trata de un tema sobre el que hay mucho que decir, y del que apenas existe una gran obra (Roberto Gómez Ciriza, México ante la diplomacia vaticana, 1977), creo que es importante dejarlo un momento de lado. En principio, porque tengo poco que decir, estando como creo que muchos otros, a la espera de la prometedora publicación de la investigación de la doctora Martha Eugenia García Ugarte, que sin duda nos esclarecerá mucho sobre los proyectos de iglesia de la época. Pero sobre todo, porque hay otro aspecto, más olvidado aún si cabe, que si se relaciona con esa historia apasionante, podríamos decir que constituye su lado “local” y por tanto más bien árido. Es la historia, no de los debates sobre el patronato, sino sobre las disputas por la exclusiva entre la federación y los estados.

Habíamos dicho en la entrada anterior: una vez consumada la independencia, el alto clero fue consultado por las nuevas autoridades sobre la forma de proveer los beneficios vacantes y concluyó que el Patronato regio había cesado, que había que llegar a un acuerdo con la Santa Sede, pero que la autoridad soberana tenía derecho a la exclusiva, mientras se dejaran los candidatos suficientes para que los prelados ejercieran la libre colación. Pues bien, en 1824, los nuevos estados libres y soberanos que se fueron constituyendo en el seno de la ahora república federal mexicana, fueron atribuyéndose uno a uno eso mismo: el derecho de exclusiva.

Sabemos por una obra ya clásica de Charles W. Macune que el estado de México (El estado de México y la federación mexicana, 1978) asumió la exclusiva por su ley orgánica del 6 de agosto de 1824, y atribuyó su ejercicio al gobernador, contando incluso con la anuencia del cabildo de la Catedral metropolitana y del seminario arquidiocesano. Esas corporaciones validaron entonces la distinción entre patronato y exclusiva, y que por tanto el constituyente mexiquense no interfería en un asunto que, como hemos dicho, estaba en vías de negociarse con la Santa Sede. El 26 de noviembre de 1824, el congreso constituyente de Veracruz hizo la misma declaratoria: la exclusiva era un atributo del gobierno estatal. El constituyente poblano, que entonces contaba todavía entre sus diputados al doctor Vázquez, haría lo mismo en marzo de 1825. Jalisco seguiría la misma línea en 1826. Los decretos y declaraciones quedarían asentados en las constituciones estatales, sobre todo entre las facultades de los gobernadores. Fue el caso, además de las constituciones de México y Veracruz, de las de Chihuahua y Durango.

Cierto, algunos constituyentes fueron previsores, como los Chiapas, Yucatán y el propio Durango, y se atribuyeron el derecho de presentación (el patronato pues), pero a futuro, dejando claro que mientras tanto el derecho que sí desde ese momento tenían era el de exclusiva. En su mayoría se perfilaba más o menos el mismo mecanismo: los obispos pasarían un informe confidencial al gobernador con una lista de candidatos a los beneficios vacantes, una terna decían algunos, para que tachara a aquellos que “puedan perturbar la tranquilidad pública”. En cualquier caso, debían quedar siempre los necesarios para la libre colación.

Creemos que es especialmente significativo que una de las constituciones de entonces no mencione nada sobre la exclusiva: la federal de octubre de 1824. Irónicamente había sido a las autoridades nacionales a las que el clero había reconocido ese derecho, y eran ellas mismas las que lo cedían de manera tácita a las nuevas soberanías estatales. En el lapso de apenas unos tres años, la ciudad de México había pasado de ser la sede del vicepatrono de la Iglesia, encargado de la presentación de los beneficios menores de la mayor parte del reino, a no tener siquiera (hasta donde sabemos al menos) la exclusiva de los de la arquidiócesis, sin haber opuesto ninguna resistencia. Quienes sí la opusieron fueron el obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez Martínez, y el cabildo sede vacante de Guadalajara, ante el ejercicio de la exclusiva por parte de los gobiernos de Veracruz y Jalisco. Una reacción es cierto, inesperada, cuando había sido el propio clero el que había reconocido el derecho de exclusiva en manos de una autoridad civil desde 1822. Pero no, no nos extrañemos, monseñor Pérez y los canónigos tapatíos estaban preocupados, no tanto por el contenido en sí de los decretos sobre exclusiva, sino sobre todo por su aspecto formal. No debía ser especialmente halagador para los clérigos escuchar como justificación para el ejercicio de la exclusiva algún posible clérigo “perturbador de la tranquilidad pública”, como tampoco el hecho de tener que negociar nombramientos, no con uno, sino con tres o cuatro estados al mismo tiempo. Ello dado que los obispados eran más extensos que los estados, el de Puebla por ejemplo, contaba con parroquias en los estados de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz.

Sin embargo, a pesar de las reticencias habidas entre 1824 y 1826, la exclusiva acabó reconocida como un derecho de los estados, tanto por parte de la jerarquía eclesiástica como de las autoridades federales. Así lo reconocieron todas las partes cuando tuvo lugar la primera provisión de beneficios mayores del México independiente, entre 1829 y 1831, que incluyó tanto a los obispados como a los cabildos catedrales, y sobre la que hablaremos en la siguiente entrada.

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