Exclusiva y Federalismo II

En estas últimas entradas he tratado de abordar un tema que, desde mi muy particular punto de vista, no por ser clásico de la historia religiosa mexicana ha sido necesariamente bien aclarado y que gira en torno a la definición del patronato y de la exclusiva. Pues bien, fue en ese marco, el de un patronato declarado extinto, y de un derecho de exclusiva que la jerarquía eclesiástica había reconocido en la autoridad civil nacional pero del que se habían apropiado los estados, que tuvo lugar la primera gran provisión de beneficios mayores de México. Sobre esa provisión, que tuvo lugar entre 1829 y 1831, trataremos brevemente en esta entrada. Cabe decir en primer lugar que el asunto fue abordado en buena medida por una razón de urgencia. En efecto, lo hemos dicho en la entrada anterior, se había enviado un representante diplomático a la Santa Sede, el doctor Vázquez, con el objetivo de obtener el patronato para la nueva nación, y acaso lo ideal hubiera sido esperar el resultado de sus negociaciones.

Sin embargo, se imponía un hecho evidente: la desaparición progresiva del episcopado provisto en los últimos años del régimen virreinal. Debemos recordar que en México existían entonces sólo la arquidiócesis de México, sus ocho diócesis sufragáneas de Puebla, Michoacán, Oaxaca, Guadalajara, Yucatán, Durango, Linares (Monterrey) y Sonora, y la diócesis de Chiapas. Por tanto diez obispados en total, de los cuales tres estaban vacantes ya en septiembre de 1821 (Michoacán, Chiapas y Sonora) en dos sus titulares huyeron a España (el arzobispo Fonte en 1822 y el obispo de Oaxaca Manuel Isidoro Pérez Suárez en 1827), y los otros cinco fueron tambien vacando uno a uno hasta que en abril de 1829 falleció el último obispo, el de Puebla, Antonio Joaquín Pérez. Pues bien, el gobierno del presidente Vicente Guerrero, por entonces en uso de facultades extraordinarias para afrontar la invasión española, dictó dos decretos, uno el 22 de mayo de 1829 para la provisión de curatos y sacristías mayores, y el segundo el 23 de septiembre para la de obispados. Ambos decretos son consultables en la colección legislativa de Dublán y Lozano.

El primero de esos decretos fue el reconocimiento de la situación vigente: ordenaba la provisión de curatos y sacristías mayores “con arreglo a los cánones y costumbres de las iglesias”, validando que el derecho de exclusiva recaía en los estados a través de sus respectivos gobernadores. Éstos recibirían una lista de al menos cinco candidatos para “excluir los que no le sean aceptos” pero con una limitante rotunda: “dejando al menos dos para que pueda hacerse libre provisión”. El gobierno federal reconocía pues que el derecho de presentación había cesado, tal y como lo habían determinado los eclesiásticos desde 1822, pero también, tal y como lo habían establecido los constituyentes estatales, que la exclusiva era un derecho de los estados.

La provisión de obispados debía realizarse en términos harto semejantes: los cabildos catedrales formarían una lista de entre 6 y 9 candidatos para que los gobernadores estatales ejercieran la exclusiva, hasta componer una lista de candidatos para enviarla a Roma. Es cierto, la lista no contemplaba sino un nombre por obispado, pero incluso en ese caso reconocía que no se hacía uso del derecho de presentación. Así lo confirmó la administración del vicepresidente Bustamante por un decreto del 17 de febrero de 1830, cuyo artículo 1o. reconocía claramante que este procedimiento se hacía “sin perjuicio de que se active el arreglo del ejercicio del patronato”. Un último decreto, del 16 de mayo de 1831, ordenó también la provisión de las canonjías de los cabildos catedrales, siempre bajo los mismos principios: los eclesiásticos preparando listas de las cuales los gobiernos estatales e incluso el federal (para la Catedral de México) ejerciendo la exclusiva.

Ahora bien, es importante decir que la lista de candidatos presentada en Roma por el doctor Vázquez permitió la provisión de seis obispados: Puebla, Michoacán, Guadalajara, Durango, Monterrey y Chiapas, y algo más tarde, Sonora y Yucatán. Empero, lejos de darle validez a la intervención de las autoridades estatales y federales en la provisión de obispos, la Santa Sede optó por proveerlos motu proprio, es decir, como si fuera de su propia iniciativa. Ello no evita reconocer que dicha intervención tuvo efectivamente lugar, no bajo la forma del patronato insistimos, sino bajo la forma de un acuerdo tácito respecto al uso del derecho de exclusiva entre las autoridades tanto federales como estatales con la jerarquía eclesiástica mexicana. Sin embargo, apenas un poco después de que todos estos nombramientos tuvieron lugar, precisamente uno de los beneficiados de ella, Miguel Ramos Arizpe, nuevo deán de la catedral de Puebla, pondría en cuestión toda la historia que hemos venido narrando, dándole un giro muy particular al debate del patronato.

Comentarios: