El fin de la reforma general de cofradías novohispanas

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Carátula del último cuaderno del expediente general de cofradías. AGN, Cofradías y archicofradías, vol. 18.

Amplios legajos de información se acumularon en las oficinas del gobierno del reino de Nueva España a consecuencia de lo pedido por el fiscal Areche en 1775. Sabemos que para 1778 la mayor parte de los justicias reales del reino habían cumplido con enviar informes. Al año siguiente el fiscal Merino decidió que éstos se enviaran a los obispos para ayudarlos a formar los que ellos debían entregar. Todo parece indicar que sólo el obispo de Oaxaca, José Gregorio Alonso de Ortigosa habría de devolverlos, por eso son casi los únicos que se conservan en los actuales legajos del expediente. Ortigosa fue también el primer obispo en enviar su informe.

Entre 1778 y 1787 el expediente quedó prácticamente detenido, aunque no sin algunas peripecias. Lo más significativo fue sin duda la resistencia del obispo de Guadalajara, fray Antonio Alcalde, quien logró justificar en la corte de Madrid (1788-1789) su exclusiva jurisdicción sobre las cofradías de su obispado, que por tanto no entraron nunca en el expediente. El expediente revivió en buena medida porque se mezcló con la iniciativa de reforma de cuestas de limosnas del virrey Revillagigedo de diciembre de 1789. Nuevamente se pidieron informes a las autoridades civiles, que para esta época eran ya los intendentes. Entonces fue conforme a un cuestionario más preciso, que incluía de nuevo un pedido de datos sobre las cofradías existentes en cada jurisdicción. Sólo Felipe Cleere en Zacatecas (1791) y Felipe Díaz de Ortega en Michoacán (1792) habrían de lograr enviar informes completos. Es significativo que en los informes de Yucatán, Guanajuato, Puebla, México, Oaxaca, e incluso Veracruz en un primer momento, faltó la información de las ciudades capitales, y claro, en Nueva Galicia el intendente Ugarte y Loyola no logró obtener ningún resultado.

Empero, el obispo Alcalde envió un escueto informe en 1783, lo propio haría el obispo Biempica de Puebla en 1791, sólo el obispo San Miguel de Michoacán presentó un informe extenso, pero de todas formas incompleto en el propio año de 1791. El informe más célebre, el del arzobispo de México, llegaría, paradójicamente,  después del cierre del expediente, en 1794. Con toda esa información, después de varias peripecias que seguía largo exponer aquí, el virrey Revillagigedo decidió que era tiempo de pasar a la fase resolutiva en julio de 1793. Se formó así un extracto e índice, y se pasó todo a la vista del fiscal protector de indios y por fin, al fiscal de lo civil, Lorenzo Hernández de Alva. Su respuesta final, que lo es en la medida en que las gestiones ya no continuaron, muestra que después de tantos esfuerzos, la espectacular reforma general de cofradías, tuvo que dejar paso a la reforma por expedientes particulares. Veamos los últimos pasos que ilustran los límites de una de las más célebres reformas borbónicas en Nueva España.

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Firma del fiscal Alva en su último dictamen en el expediente general de cofradías. AGN, Cofradías y archicofradías, vol. 18.

Alegación final del fiscal Lorenzo Hernández de Alva en el Expediente general de México, 1793.

AGN, Cofradías y archicofradías, vol. 18, fs. 238v-241.

Excelentísimo señor

El fiscal de lo civil dice: que el señor fiscal protector general de indios ha promovido ya en su antecedente respuesta las providencias que le han parecido oportunas conforme a las resultas y trámites de este cumuloso expediente.

Si en el presente estado en que se halla hubiese de pedir el fiscal resolutivamente algunas providencias, deberían ser éstas que se suprimiesen casi todas, o las más de las cofradías y hermandades, respecto de hallarse establecidas sin la necesaria licencia de S.M. y demás requisitos que previene la ley 25, título 4º, libro 1º de la Recopilación de Indias.

Son muchos los casos particulares en que el fiscal ha promovido la observancia y cumplimiento de esta real disposición, y en consecuencia se ha verificado que varias cofradías se hubiesen suprimido y que otras se hayan formalizado, ocurriéndose a S.M. por la real licencia necesaria, y aprobación de sus estatutos, a que ha contribuido no poco el celo de algunos ilustrísimos señores prelados, que en sus visitas han tomado las providencias convenientes y oportunas al insinuado efecto, como le consta al fiscal por muchos expedientes que ha despachado de igual naturaleza.

En esta forma se van logrando los saludables e importantes fines de la citada ley en los casos particulares que han ocurrido y merecido la soberana aprobación de S.M. y su Consejo Supremo, por donde se han despachado muchas reales cédulas de confirmación de estatutos y constituciones de cofradías.

A la verdad que por este medio se ha facilitado el cumplimiento de la referida ley sin los embarazos que presentan los expedientes graves y cumulosos en que se trata de providencias generales, como ha sucedido en el presente, según lo que él mismo manifiesta, no por omisión y negligencia de los intendentes y subdelegados, e ilustrísimos señores arzobispos y obispos, sino por la calidad y clase del asunto que exige muchas y prolijas diligencias precisas e indispensables para su mayor instrucción.

Por todas estas consideraciones se abstiene el fiscal de pedir por ahora en general las insinuadas providencias que ha promovido y promoverá en los expedientes particulares que en lo sucesivo ocurran, para la mejor observación y cumplimiento de la citada ley, y suscribe la antecedente respuesta del señor fiscal protector general de indios, con el aditamento de que se repitan órdenes de recuerdo al señor provisor de este arzobispado, al señor corregidor de esta capital y a los señores intendentes de Guadalajara, Guanajuato, Oaxaca, San Luis Potosí y Mérida de Yucatán para que den cuenta con las resultas de las que se les libraron en virtud del superior decreto de V.E. de 19 de mayo último.

Vuestra excelencia podrá servirse mandar se haga como propone y pide dicho señor ministro, que se libren los recuerdos insinuados y que a su tiempo vuelva el expediente al fiscal.

México, 5 de diciembre de 1793.

Alva.

[Decreto]

México, 6 de diciembre de 1793. Como pide el señor fiscal de lo civil. Revillagigedo.

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