Cofradías de haciendas yucatecas

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Catedral de Mérida, siglo XIX. Imagen tomada del CD “Nación de imágenes, litografía mexicana del siglo XIX . colección de Ricardo Pérez Escamilla”, 1995.

Uno de los puntos que me pareció más interesante de estudiar la reforma de cofradías es que, paradójicamente, era el episcopado, y no tanto los reformadores civiles, quien estaba más interesado en ellas por su lado económico, hasta el punto de definirlas como unos bienes eclesiásticos, que no debían seguir bajo el control de los fieles, sino del propio clero. Uno de los más radicales esfuerzos al respecto fue sin duda, la reforma emprendida en la diócesis de Yucatán en tiempo del obispo fray Luis de Piña y Mazo. Los bienes “vulgarmente llamados de cofradías”, básicamente estancias ganaderas, fueron rematados para reducirlos a capitales que habrían de ser impuestos sobre las rentas reales. Remito al lector al libro en cuestión para conocer más de esa reforma y las reacciones que ocasionó, por ahora dejo aquí simplemente uno de sus documentos principales: el auto del juez episcopal, el provisor, ordenando la venta de esos bienes.

Archivo General de Indias, leg. 3096A.
Auto de venta de haciendas de cofradías del provisor de Yucatán, 1781.

En la ciudad de Mérida, a cinco de septiembre de mil setecientos ochenta y un años. El señor doctor D. Rafael del Castillo y Sucre, chantre dignidad de esta Santa Iglesia Catedral, juez hacedor de rentas diezmales, examinador sinodal del obispado, provisor y vicario general, y especialmente comisionado por el ilustrísimo señor obispo diocesano, mi señor, para entender en la venta y remates, y reducción a censos redimibles de las estancias y demás bienes pertenecientes al culto de los santos, vulgarmente llamados de cofradías.

Habiendo visto estos autos, obrados de acuerdo con su señoría ilustrísima, que constan en primer lugar de una información recibida por mí el infrascripto notario mayor, a quien se cometió, sobre la necesidad y utilidad de vender para convertir en censos las referidas estancias y bienes, por la cual aparece que el señor canónigo mercedario de dicha santa iglesia, Dr. D. Pedro Faustino Brunet; D. José Nicolás de Lara, cura de su sagrario y rector de su seminario conciliar; el señor coronel de milicias D. Alonso Manuel de Peón, caballero del orden de Calatrava; el señor tesorero oficial real D. Clemente Rodríguez Truxillo; el señor coronel de los reales ejércitos D. Francisco Pineiro, sargento mayor de milicias; los caballeros regidores D. José Cano, alguacil mayor, D. Estanislao José del Puerto, abogado de los reales consejos y de los naturales de esta provincia, D. Juan José Domínguez, D. Antonio Roo y Fonte, protector de los naturales y su procurador D. Antonio Brunet, testigos todos de la referida información, declarando los unos bajo la religión del juramento, y certificando los otros según su carácter, deponen unánimemente acerca de la necesidad y utilidad de convertirse en censos perpetuos los mencionados bienes, porque de otra suerte se hallan inevitablemente expuestos a menoscabos y ruinas, procedidas de muchas y diversas causas, así naturales como políticas.

En segundo lugar, de la representación fiscal, constante de fojas diez a trece, reducida a demostrar y apoyar la propiedad, necesidad y utilidad de proceder a la conversión de dichos caudales en censos perpetuos redimibles, como también a exponer el grande e importantísimo servicio que se logra hacer a la Corona, franqueando a Su Majestad todas las cantidades que resultaren de la venta de los referidos bienes, para que sirva de ellas y las emplee en sostener los muchos y frecuentes desembolsos que ocasiona a su real erario la presente guerra, imponiéndolas al censo redimible sobre sus rentas reales, según sus soberanas intenciones, declaradas por su real cédula de diez y siete de agosto del año próximo pasado.

En tercer lugar, de las certificaciones del notario mayor y los receptores de esta curia, colocadas a fojas catorce y quince, relativas de las antiguas y continuas quejas y recursos de los indios contra los mayordomos, administradores o ecónomos, tanto eclesiásticos como seculares, encomendados de dichas estancias, con motivo de las extracciones clandestinas que de ellas se ejecutan, de la poca o ninguna eficacia de las providencias que para su remedio se han expedido por este tribunal eclesiástico, de la indiferencia con que se mira el culto de los santos, y finalmente de la firme resolución que a vista de todo han tomado los señores jueces antecesores de vender las mencionadas estancias siempre que se les presentase comprador.

En cuarto lugar, de la representación de treinta y uno de agosto presentada por el abogado de los naturales de esta provincia, a consecuencia de auto de treinta y uno de julio, en que se le mandó dar vista de estas diligencias, para que expusiese sobre ellas cuanto le pareciese conducente a resguardar los derechos de sus clientes, por la cual refuerza las razones y fundamentos que había expuesto por su declaración de fojas seis, para que se procediese a la venta y reducción a censos de las mencionadas estancias, como necesario, útil y conveniente, no sólo al culto y a la perpetuidad de dichos bienes, sino también a los mismos indios, por los motivos que expresa, exponiendo al mismo tiempo diversas reglas y condiciones que cree preciso se observen por este tribunal en las ventas y remates de las estancias, a efecto de que los indios queden con la propiedad y uso de las tierras que les pertenecen por hallarse dentro de la demarcación de sus pueblos, y de que sean demolidas las haciendas situadas junto a ellos, a menos distancia que la que permite la costumbre de la provincia, por los perjuicios que les causan los ganados, y de que hasta ahora han sido molestados, sin reclamarlos por respetos de los santos.

Y finalmente, de la certificación despachada por el notario mayor de esta curia eclesiástica, constante a fojas diez y nueve, que demuestra haberse vendido por el mismo tribunal en tiempo de varios señores ilustrísimos y provisores muchas estancias pertenecientes al culto de los santos, de las que vulgarmente llaman cofradías, dijo su señoría:

Que es visible, pública y notoria la necesidad de reducirlas a censos perpetuos para libertarlas así de los menoscabos y ruinas que han padecido en otros tiempos y se hallan expuestas a sufrir en lo venidero, por causa de las hambres, secas y plagas de que es perseguida esta provincia, como también de los daños y perjuicios que siempre han experimentado por las extracciones, quiebras, descubiertos y mala versación de los mayordomos, priostes o patrones, a pesar de las providencias, instrucciones y reglas con que los ilustrísimos señores antecesores y particularmente el señor D. Juan Gómez de la Parada y el señor D. fray Ignacio de Padilla, de gloriosa memoria, han procurado redimir dichos bienes de todo atraso, quebranto y exterminio, y sin embargo de que con el mismo objeto los han encomendado unas veces a indios, otras a curas y últimamente a españoles, resultando de su mala cuenta y administración que no se cumplen las disposiciones de sus piadosos fundadores, ni se da a los santos el culto que han deseado, que asimismo es visible, pública y notoria la utilidad que resulta a los propios bienes, al culto de los santos, a los mismos indios, y al resto de los habitantes de esta provincia, de que se vendan y reduzcan al censo, aun en el caso de que no fuese necesario hacerlo por las razones antecedentemente expuestas, pues dado, y no concedido, que ni se hallasen amenazadas de casos fortuitos, menos contingentes en el país que en otra parte, ni tampoco sujetos a malos administradores, siempre quedaban pensionados con multitud de gastos inevitables y precisos, cuales son el diezmo, el rediezmo que tiran anualmente los citados administradores, la contribución señalada a los curas por su asistencia a las hierras de ganado y castras de colmenas, los salarios de vaqueros y sirvientes, la toma anual de cuentas y visitas generales de que van a quedar libres para siempre dichas fundaciones, con las ventajas de que todo lo que se ahorra de dichos gastos puede emplearse en el mayor culto de los santos, y agregarse a su fondo; de que trasladadas a otros dueños, en quienes no concurren las circunstancias que tanto respetan los indios, por principios de religión y piedad, no sólo reclamarán los perjuicios que les causen por su inmediación a los pueblos, sino que se libertarán para siempre de que los administradores a título de que trabajan para los santos, los tengan empleados en hacer su propio negocio, sin pagarles el jornal correspondiente, y también que poseídas y administradas las enunciadas haciendas por dueños propietarios y no por manos precarias, que sólo trataban de su interés particular, destrozándolas y arruinándolas a su arbitrio, para emplear en gastos y diversiones profanas los bienes eclesiásticos, es consecuente que se fomenten los ganados, abunde la cera y la tierra se cultive con otro interés, beneficio del común, del rey y de la Iglesia, por razón del aumento que tomarán los diezmos, y que finalmente, además de las causas de necesidad y utilidad que obligan a convertir en censos redimibles los mencionados bienes, muebles, raíces y semovientes, interviene también la de piedad, por estar destinadas las cantidades que procediesen de su venta para que Su Majestad las emplee en sostener la presente guerra, contra los enemigos de la Iglesia y del Estado, recibiéndolas al censo sobre sus rentas reales, conforme a la real cédula de diez y siete de agosto del año inmediato pasado, que según el sentir de los mejores autores es una de las causas más piadosas que pueden mover el ánimo de la Iglesia, no ya a vender sus bienes para reducirlos a censos, sino para enajenarlos, distraerlos y consumirlos, y que en consecuencia de todo lo referido, aprobaba y aprobó la expresada información de necesidad y utilidad, interponiendo en ella para su mayor validación su autoridad y judicial decreto.

Que declaraba y en toda forma declaró ser necesario, útil y piadoso reducir a censos perpetuos redimibles impuestos sobre rentas reales los caudales resultantes de la venta de las mencionadas estancias, bienes muebles, raíces y semovientes, a cuyo efecto mandaba y mandó, que no sólo en esta ciudad, la de Campeche y villa de Valladolid, sino también en todos los pueblos se haga saber, que dentro de cuarenta días contados desde el doce del corriente mes y año, se han de vender en pública subastación y rematar en el mejor postor las estancias, sitios y colmenares que se llaman de cofradías, para reducir su valor a censos perpetuos, impuestos a razón de un cuatro por ciento sobre las rentas reales, y lo que no quisiere Su Majestad, a razón de un cinco por ciento según la costumbre de la provincia, sobre fincas libres, idóneas y bien acondicionadas, a satisfacción del tribunal, con intervención del promotor fiscal de esta curia y demás requisitos que se han establecido en el presente gobierno, conforme a derecho.

Que los vicarios jueces eclesiásticos de Campeche y Valladolid, y demás pueblos, manden dar desde el día señalado treinta pregones a las referidas estancias, sitios y colmenares, fijen cedulones en partes públicas y acostumbradas para que a todos conste, y puestas por diligencias con las posturas, pujas y mejoras, los remitan a este superior tribunal, con citación de los postores, para que por sí o sus poderes ocurran al remate que deberá hacerse de todas ellas en esta ciudad y curia eclesiástica, bajo de las calidades, circunstancias y condiciones siguientes.

Primera: Que desde luego será de cuenta de los rematadores satisfacer las costas que se ocasionen para que en esta inteligencia hagan sus posturas, pujas y mejoras.

Segunda: Que el valor de dichas estancias, sitios y colmenares se ha de entregar de contado en cajas reales, y en moderna corriente, sin recorte, vicio ni defecto, a satisfacción del señor tesorero juez oficial real.

Tercera: Que se corra en el supuesto y concepto de que el tribunal eclesiástico vende las expresadas estancias en que sólo tiene uso y derecho de servidumbre, según y como las han poseído y disfrutado los santos a quienes han estado consagradas, sin más dominio, propiedad y derecho que el que han tenido, vendiendo solamente lo que puede vender, y no lo que no puede ni le pertenece, esto es, la propiedad de aquellas tierras situadas dentro de la demarcación de los pueblos de indios, que comprende sus ejidos y propios, la cual como también el uso de labrar los montes.

Cuarta: Que las haciendas establecidas cerca de los pueblos, a menos distancia que la que permite la costumbre de la provincia, deben ser demolidas por el perjuicio que infieren a los indios los ganados, en cuyo caso sólo éstos se han de entender vendidos, sueltos y por sí solos, sin tierras, ni otro derecho alguno.

Que se haga saber este auto al licenciado D. Estanislao José del Puerto, regidor perpetuo de esta ciudad, abogado de los reales consejos y de los naturales de esta provincia, como también a su protector D. Antonio de Roo y Fonte, para que en su inteligencia promuevan en favor de sus partes lo que les parezca propio de su instituto y obligación, en la seguridad de que el ilustrísimo señor diocesano no desea otra cosa que el bien, alivio y fomento de los indios.

Que no se proceda a pregonar postura de ninguna hacienda en particular sin dar antes traslado a dicho caballero abogado para que represente por sus clientes lo que tuviere por conveniente, en vista de las circunstancias de dicha hacienda, que se le harán saber insertándose en cada cuaderno de remates la respectiva relación de la estancia testimoniada fielmente de las originales que han remitido los curas dela diócesis.

Que se cite al mismo caballero abogado y al protector D. Antonio Roo y Fonte, siempre que haya de verificarse algún remate, para que lo asistan, presencien y autoricen y firmen, como partes interesadas, se evite todo perjuicio a los indios y todo se practique sin vicio ni defecto que pueda inducir nulidad de los actos.

Que desde luego se pasen estas diligencias al ilustrísimo señor diocesano mi señor, para que sobre la ejecución de esta providencia, su suspensión, modificaciones o ampliaciones sobre las instrucciones que indispensablemente deben darse a los curas, administradores o ecónomos de los futuros censos, acerca del cumplimiento de sus piadosas obligaciones, tasa de gastos y demás circunstancias y puntos relativos, y sobre proponer a Su Majestad lo que le pareciere en orden a la administración de dichos censos, aplicación de los sobrantes de sus réditos anuales, disponga lo que juzgare más conveniente al servicio de Dios y bien común de los indios.

Que nombrando como nombraba por tasadores de los mencionados bienes a D. Alexandro Solís y D. José Antonio Esturla, para que previa la superior aprobación de su señoría ilustrísima, procedan asociados con el tasador público a hacer su justiprecio, con la mayor pureza y legalidad, se les dé noticia de este encargo, lo acepten y juren en toda forma, por ante mi el presente notario mayor.

Y finalmente, que pare instruir de todo a los vicarios foráneos de la provincia, y que tenga su debido cumplimiento, se les libren despachos con inserción de este auto, a los de Campeche y Valladolid, y a los demás cartas cordilleras, sustancialmente relativas de sus particulares, por el cual su señoría proveyó, así lo mandó y firmó, de que doy fe.

Doctor Rafael del Castillo y Sucre.

Ante mí, Antonio de Solís, notario mayor.

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