Apuntes dispersos sobre secularización

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Fragmento de los “Sentimientos de la nación” de José María Morelos, 183.

La actualidad de este verano en México constituye una buena oportunidad para repasar un poco de la historia del proceso de secularización en nuestro país, tanto más porque muchos de los términos de los debates de estos días han hecho referencia a la historia. Desde 1821 y hasta 1859 (o 1867 según se vea), el catolicismo fue la religión oficial de la nación mexicana. Había sido uno de los tres principios proclamados por el Plan de Iguala (junto con la independencia y la unión de españoles y mexicanos), en buena medida respondiendo a la legislación reformista española del año anterior. Tras la caída del Primer Imperio, las constituciones de 1824 (restablecida en 1847), 1836, 1843, hacían mención explícita de su exclusividad, y los demás regímenes provisionales de esas décadas mantuvieron el mismo principio. La religión y la política, en principio, no se reconocían como separadas, aunque tampoco era fácil establecer con precisión los detalles de esa relación. No era la simple y llana continuidad respecto de la antigua monarquía católica española, antes bien constantemente se discutía sobre mantener o modificar su herencia jurídica.

Largo sería enumerar todas las implicaciones de este estado de cosas. Esta relación entre catolicismo y nación implicaba límites a la práctica de otras religiones, desde luego, pero también la posibilidad de censura de libros e incluso de la prensa, aunque –algunos obispos lo lamentaron en su momento– nunca llegó a estructurarse un verdadero sistema represivo oficial. Las contribuciones económicas religiosas estuvieron respaldadas por la coacción civil, pero sólo hasta 1833 en el caso del diezmo, la más importante de ellas. De hecho, si algo sabemos de estas décadas es la significativa y progresiva reducción de los ingresos eclesiásticos. Ni siquiera logró establecerse una regulación permanente respecto de la provisión de beneficios, es decir, el nombramiento de obispos y párrocos. Es bien sabido que la autoridad civil llegó a reclamar el derecho de presentación, pero que la autoridad eclesiástica sólo reconoció un derecho de exclusiva. Tal vez donde era más visible y más estable ese carácter de ideología oficial del Estado estuvo en el orden ceremonial. Se mantuvo el carácter oficial de las celebraciones católicas (Semana Santa y Corpus Christi en particular), así como el uso del ceremonial católico en cualquier celebración o conmemoración oficial, aunque no sin la competencia simultánea de un incipiente ceremonial público laico.

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“Ciudadano Benito Juárez Presidente de los Estados Unidos Mejicanos”, litografía de G. G. Ancira tomada de “Nación de Imágenes. La litografía mexicana del siglo XIX”, 1994

No fue pues una época estática. La opinión pública de la época llegó a discutir con mucha frecuencia y abiertamente la continuidad de esta íntima relación entre el Estado y la Iglesia, el catolicismo y la nación, la política y la religión, en particular por lo que tocaba a la tolerancia de cultos. Sin embargo, sólo a partir del triunfo del Plan de Ayutla en 1855 y en particular con motivo de la redacción de una nueva constitución, la que finalmente se promulgó en febrero 1857, llegó a plantearse un conflicto cada vez más polarizado al respecto, que terminó en una guerra civil. Fue en ese marco, como es bien sabido, que se promulgaron las célebres Leyes de Reforma, estableciendo la “perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos”, según reza el artículo 3o. de la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos. Esto es, el ámbito de lo político iba cobrando autonomía respecto del religioso, de ahí que todo esto que venimos exponiendo sea posible concebirlo como parte de un proceso de secularización. Mas conviene siempre recordarlo, no es que los liberales decimonónicos pretendieran acabar con la religión. La misma ley, exactamente en el mismo artículo, declaraba: “El gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica, así como el de cualquier otra”.

En general, a lo largo del siglo XIX, si los liberales comenzaban a estimar que un Estado no podía tener ya religión exclusiva, no llegaban necesariamente a pensar (salvo excepción) que una sociedad pudiera sobrevivir sin religión. Solían ser muy críticos de las prácticas religiosas “populares”, de las procesiones, los peregrinajes, las fiestas, y en general el culto lleno de “exterioridades”. En cambio, aunque no sin discusión, temas como la espiritualidad, la educación, la vida familiar, la moral en general, y en particular la moral femenina, podían estimarse como propias del ámbito religioso. Ese fue el espacio que, sobre todo ya en los primeros años del siglo XX, habría de aprovechar el catolicismo social para expandirse y construir, ya que no un Estado católico, una sociedad católica, con organizaciones de todo tipo, siempre con ese adjetivo. La secularización ha implicado la autonomía de diversas esferas, cuyos límites están en constante negociación, pero no necesariamente una privatización de lo religioso, en la medida en que lo social y lo familiar tienen también implicaciones públicas. Por decirlo recuperando un concepto marxista, pasamos de la ideología del Estado a uno de los aparatos ideológicos del Estado. Casi sobra decirlo, el catolicismo ha llegado a aceptar la separación entre política y religión, y a valorar positivamente, por tanto, la independencia de la Iglesia y el Estado, pero no en cambio a ser completamente expulsado de lo público.

En nuestros días, justo podemos seguir viendo ese esfuerzo por la continuidad de un catolicismo, no como religión de Estado, sino como “religión pública”. La iniciativa presidencial a propósito del matrimonio pareciera desplazar el concepto católico del matrimonio –conservado aún por los impulsores del matrimonio civil en el siglo XIX–, y ha motivado por ello una amplia movilización del episcopado. Para reemplazarlo se ha recurrido a la teoría de género y a la doctrina de los derechos humanos, que consagran así su integración, después de mucho tiempo de luchas, a los aparatos ideológicos estatales mexicanos. Esta nueva batalla ha tenido lugar, desde luego, en los espacios públicos: las calles y plazas mexicanas en manifestaciones, sobre todo las de los días 10 y 24 de septiembre, en los medios de comunicación masivos, en las redes sociales, etcétera. No deja de ser interesante que este debate nos muestre hasta qué punto, sin embargo, sí ha habido un “avance” en el sentido de la privatización de lo religioso. Ha sido más bien con timidez, e incluso negándolo muchas veces, que las manifestaciones se han referido a esa filiación. Tan es así que muchos de sus participantes y promotores alegan hablar de biología al referirse al concepto de “naturaleza”, por evidente que sea que no la piensan sino en términos teológicos y conforme a ejemplos bíblicos: la naturaleza humana aparece, no como resultado de la evolución, sino como un diseño racional e intemporal, producto, se entiende implícitamente, de un plan divino.

En ese sentido, estas manifestaciones ofrecen un bello contraste con aquellas de finales de los años 1920, que en cambio lucían con orgullo cualquier adjetivo relacionado con lo religioso. Acaso sea la constatación de aquella frase célebre de Marx en el sentido de que las cosas suceden dos veces. Más importante, empero, es constatar los límites de la movilización. En realidad, incluso pensando en números de sus organizadores, han tenido una asistencia reducida si las comparamos con las manifestaciones públicas específicamente religiosas, como los grandes peregrinajes y procesiones en honor de imágenes marianas (Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, Nuestra Señora de Zapopan, en particular) capaces de reunir prácticamente cada año varios millones de personas. La idea peca de anacrónica, sin duda, pero no puedo dejar de señalar que acaso los liberales decimonónicos que hicieron la separación Iglesia-Estado, tal vez hubieran estado más cerca de la moral de los movimientos defensores del modelo familiar católico que de estos grandes actos de culto público. Más importante, y ya para cerrar estos apuntes dispersos, lo interesante es constatar, la diversidad pasada y presente del catolicismo mexicano,  la perenne complejidad del carácter público de la religión en una sociedad moderna y, de manera particular, insistir en que los eventos de estos días no hacen sino confirmar el avance de la secularización.

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