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Festem fugo, defunctos ploro: un apunte sobre las campanas de las Catedrales de México y Sevilla

CampanaEn otras ocasiones lo hemos mencionado en este mismo blog: en el siglo XVIII, cuando los obispos hablaban de campanas, se referían sin dudar a sus facultades sobre la naturaleza. Incluso en edictos de obispos reformadores como don Francisco Antonio Lorenzana, aparece claramente el uso de las campanas para ahuyentar tempestades. Los prelados de la época solían ofrecer dos tipos de explicación al respecto, por un lado una verdadera potencia sobrenatural, adquirida por las campanas gracias al ritual de bendición, o bien simplemente a la capacidad para convocar las oraciones de los fieles. Era común que las dos vías fueran citadas por los obispos, quienes además casi siempre parafraseaban las propias oraciones que aparecen en el Pontifical Romano. No vamos a detenernos ahora en dar ejemplos, conviene, en todo caso, recordar que este uso era ya entonces objeto de la crítica de los ilustrados, quienes incluso llegaron a acusarlas de tener el efecto contrario por razones físicas.

En ese contexto, ¿se usaban las campanas de las catedrales de México y Sevilla para combatir las tempestades? Vamos a tratar de responder remitiéndonos a documentos consultados en los archivos en el Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México (ACCM) y en el Archivo Histórico del Arzobispado de México (AHAM) para el primer caso, y en el Archivo General del Arzobispado de Sevilla (AGAS), para el segundo. Veamos primero la normativa, por antigüedad tendríamos que señalar en principio el “Orden del tañido de las campanas y oficio del campanero” que se redactó en 1633 para las de Sevilla. Y efectivamente, el orden incluye en sus “formas generales de otros tañidos extrañordinarios”  capítulos 4 y 5, los tañidos “a plegaria por alguna tempestad” y “a exorcismo o plegaria por tempestad, langosta u otras necesidades”. Tempestades, vientos, lluvias, temblores y plagas eran pues los cinco grandes males que las campanas de la Catedral hispalense conjuraban. En el caso de plegaria debían participar seis campanas con ciclos de nueve golpes, mientras que en el exorcismo se incluía además otros toques que no detallaré aquí. Orden en principio vigente aún en el siglo XVIII, es un bello ejemplo de la tradición de las campanas como instrumento protector.

En cambio, en la Metropolitana de México no hemos podido encontrar, hasta ahora, instrumento alguno que contemplase de manera formal este tipo de uso. No es que no hubiera existido en la capital novohispana, antes bien a principios del siglo XVII las del convento imperial de Santo Domingo de México habrían logrado detener una tempestad en tiempos de la inundación de la ciudad, o al menos según una crónica de la orden que data de mediados de esa centuria. Empero, ni siquiera el erudito José María Marroquí, quien en el siglo XIX fue particularmente minucioso en el tema de las campanas de la capital, registró incidente alguno de este carácter para la Catedral.

Hay que destacarlo, tampoco había un documento tan formal como el Orden sevillano de 1633. Hasta donde hemos podido averiguar, los principales documentos normativos eran el Diario manual elaborado en 1751, pero que no era exclusivo de las campanas, sino que incluía todas las ceremonias a las que estaba vinculado el Cabildo Catedral. Más específico pero también más tardío es el “Cuaderno de toque de campanas” que se conserva hoy en el archivo del arzobispado y tiene fecha de 1775. Ni uno ni otro documento hacen alusión específica al tema de los repiques por nublados o cualquier otro evento meteorológico, temblores o epidemias. El Diario manual, sin embargo, menciona las “rogativas de campanas” para acompañar las procesiones con reliquias o imágenes en particular para pedir por la lluvia. El “Cuaderno” se limita al caso de las procesiones de letanías mayores y menores, que también tenían carácter propiciatorio.

La GiraldaMás allá de los documentos normativos, en la segunda mitad del siglo XVIII hubo varias oportunidades para que las campanas de ambas catedrales hubieran sido usadas como recurso protector. En los autos capitulares de Cabildo pleno de la Patriarcal de Sevilla hemos recorrido sistemáticamente los años de 1744 a 1814. Curiosamente hemos encontrado más bien memoria de este uso que una práctica constante. Es cierto que en diciembre de 1750 los canónigos ordenaron que el campanero “toque a plegaria siempre que haya tormentas”. Sin embargo, en enero de 1778, cuando “fuertes huracanes e incesantes lluvias” azotaron Sevilla hasta el punto que se propuso que en las misas se incluyera la oración colecta correspondiente “para pedir serenidad” un canónigo alegó además que “era esta clase de temporal digna de alguna atención”, por lo cual, pidió se comisionara para dictamen la posibilidad de “la torre hacer en semejantes ocasiones la señal de plegaria que hace cuando hay tormentas”. Y en efecto, el asunto se turnó a la Diputación de Ceremonias, la cual tardó ocho meses casi precisos en responder, y lo hizo favorablemente, mas los canónigos respondieron que “ya no estaba en estilo tocar la plegaria con el expresado motivo de vientos”. De paso señalaron también que tampoco estaba en práctica “tocar a parto y a agonía”, que eran otros repiques que también aparecían en el Orden del tañido. A falta de costumbre, temían que “esta novedad podía causar en el pueblo alguna extrañeza y en el gobierno político algún reparo”, por lo que al final acordaron no hacer mayor novedad. De manera semejante, en abril de 1781, al preparar una rogativa contra una plaga de langostas, uno de los canónigos habría evocado que “la última vez que hubo la referida plaga se reconoció el patrocinio del señor San Fernando”, y lo más importante para nosotros: la plaga “se ahuyentó y levantó enteramente”, justo “al tiempo de los repiques”. Empero, esto indicó a los canónigos literalmente a qué santo encomendarse y no tanto el uso de las campanas.

Estos incidentes nos dejan ver que en realidad el uso protector de las campanas se estaba desgastando ya en la capital hispalense: existía el toque de rogativas, pero más bien acompañaba otros actos litúrgicos, en particular procesiones ya fuera por las naves o por las calles, y ya no se tocaba por casi ningún fenómeno meteorológico o desastre que no fuera efectivamente la tempestad. La ausencia explícita del toque por tormentas en los autos capitulares después de 1767 pareciera, o bien que no se necesitaba de la autoridad de los canónigos para que hacerlo sonar, o incluso que las campanas de la Giralda se iban dejando de usar para ello.

De manera semejante, en las actas de cabildo de la Catedral Metropolitana de México sólo hay menciones de rogativas de campanas, pero no propiamente como plegarias contra las tormentas sino acompañando otros actos litúrgicos en que imágenes y reliquias se movilizaban para afrontar epidemias, sequías e incluso guerras. En julio de 1762, las campanas tocaron a rogativa al paso de la procesión de la Virgen de los Remedios para pedir su intercesión en la guerra contra los ingleses. En 1768 y en 1776 hicieron lo propio con motivo de temblores, y en 1797 por la epidemia de viruela, acompañando las letanías en los primeros dos casos y en el último un novenario de misas con exposición eucarística. Si nos atenemos al Diario manual, también debieron haber sonado a rogativa acompañando la procesión con el cuerpo de San Primitivo para pedir por lluvias en 1776.

En ese sentido, también en la capital novohispana parecía que el uso estrictamente protector del toque de plegaria se había reducido. Todo ello contrasta con la reforma episcopal de esta época, que como ya adelantábamos hace mención de este uso de forma constante. Tomemos sólo como ejemplo los edictos del arzobispo Lorenzana en México en 1766 y en Toledo en 1782. En ambos claramente se dice: “Con su sonido huyen los malignos espíritus, no nos dañan las tempestades ni los rayos”, mas no hay medidas concretas que regulen este uso, las hubo apenas de manera muy puntual pero directa en México en 1791 en edicto del arzobispo Haro y Peralta insistiendo en que sólo debía hacerse bajo mandato de la mitra. Se diría que esta evocación del poder sobrenatural de las campanas era más bien una manera de contribuir a su sacralización y por tanto a insistir en la jursidcción episcopal.

En cambio, uno de los usos de las campanas que más se notan en las actas de cabildo y autos capitulares, era el doble por los difuntos. De nuevo es la Catedral de Sevilla la que nos ofrece el mejor ejemplo en términos normativos. En el “Orden del tañido de las campanas” se incluyen los dobles por el arzobispo de Sevilla, y por las más altas jerarquías de la Iglesia y la Monarquía: el rey, la reina, infantes y príncipes, cardenales y legados apostólicos en caso de morir en el territorio del arzobispado. La sección titulada Formas de dobles por difuntos, ya desde su título era elocuente al señalar que eran según las calidades de cada uno, es decir, según la posición en las jerarquías de la época. El capítulo que más nos interesa es el tercero, el doble por los prebendados. Había apartados específicos para cada nivel de la jerarquía de la Patriarcal, desde el deán, pasando por dignidades, canónigos, racioneros y medios racioneros, coadjutores, racioneros músicos, maestro de capilla, prebendados de otras iglesias y finalmente parientes: padres, madres y hermanos de prebendados.

DSC_0039En la práctica la jerarquía era mucho más clara, pues estaba relacionada con el número de campanas que doblaban, según una tabla fechada en 1768 y que se conserva en el archivo de la Catedral. Había dobles de seis, cinco, cuatro y tres campanas, entre los cuales estaban repartidas un total de 93 categorías, veintiuno en la primera, doce en la segunda, treinta y dos en la tercera y veintiocho en la cuarta.

Tan detallada reglamentación no implicaba que el doble fuera automático, desde luego era necesaria la notificación del deceso, pero además es claro que era un verdadero privilegio que la Giralda doblara por un fallecido en su entierro o en sus honras, de ahí que además el Cabildo pleno recibía solicitudes para obtenerlo al menos “de gracia”. Tan sólo entre 1769 y 1799 se recibieron 104 sólitos o memoriales de este tipo, es decir, tres o cuatro al año en promedio, pero de ellos, más de la mitad, 59 procedieron de tres corporaciones que en realidad no correspondían a ninguna de las categorías que entraban en la tabla: las archicofradías sacramental y de ánimas de la capilla del Sagrario y la hermandad de la capilla de las Doncellas. El Cabildo nunca permitió que se les incluyera en la tabla pero siempre respondió positivamente a su petición de un doble en cada una de las honras fúnebres anuales por los hermanos de las tres corporaciones. Algo semejante ocurre con las otras corporaciones clericales de la ciudad: aunque en la tabla sólo aparecía el capellán mayor de la Capilla Real, cuatro capellanes reales recibieron el doble, al igual que el abad de la Universidad de Beneficiados, que tampoco aparecía en ella.

Entre quienes se presentaron como particulares, el grupo más característico son los parientes de los prebendados. En el Orden del tañido y en tabla aparecen exclusivamente padres, abuelos y hermanos, pero de las diecisiete peticiones del período que he citado, once corresponden a otros parientes: cuatro sobrinas o sobrinos, tres cuñados, un padrastro, una media hermana, un tío y la esposa de un tío. En suma pues, el Cabildo de la Patriarcal si bien hacía notar su control de las campanas y llegó a negarlas incluso para las honras fúnebres del rey Carlos III que pretendieron organizar la Capilla Real y la Sociedad Médica, correspondía con cierta amplitud al deseo de los notables sevillanos de hacer escuchar el doble de la Giralda en los funerales de sus parientes.

La situación en la Metropolitana de México tenía matices distintos. En principio, porque sus campanas las compartía con la parroquia del Sagrario, y porque de nuevo no hay documentos normativos tan precisos, aunque tanto los Estatutos de 1585, el Diario manual de 1751 y “Cuaderno del toque de campanas” de 1775 incluyen algunas anotaciones sobre el tema, sobre todo por lo que hace a los toques llamados de vacante. Gracias a las actas de cabildo sabemos con detalle los toques dados por los Papas y por los reyes, datos que nos indican los máximos dobles posibles. Asimismo, las actas dan cuenta de que existía un “doble de Cabildo”, que podía usarse también para parientes del virrey y del arzobispo; de hecho, es gracias a ello que sabemos consistía en el doble solemne de todas las campanas durante tres cuartos de hora al mediodía, oraciones, al amanecer y antes de las ceremonias correspondientes. Este doble se usaba también en los entierros de canónigos de otras Catedrales que fallecían en la capital novohispana. Además, el Cabildo Catedral tenía una concordia establecida con la Real Audiencia de México y aprobada en real cédula de 1680 por la que se concedía, entre otros honores, un doble especial a los entierros de oidores, alcaldes, fiscales y alguacil mayor, propietarios, y a sus esposas, hijos, yernos y nueras.

Concordia de la discordia para los canónigos, que constantemente alegaban que había resultado muy pesada para ellos, la Real Audiencia tendía a leerla ampliando sus términos, mientras el Cabildo Catedral a reducirlos a lo literal. Destaquemos un caso muy concreto: en abril 1765, cuando falleció el corregidor de México, quien era además alcalde del crimen honorario, la Catedral terminó enterrándolo conforme a la concordia, pero sólo porque era además hermano y cuñado de dos canónigos. Uno de los capitulares no dejó de señalar el peligro de que “todos los demás señores capitulares han de querer que se haga lo mismo con sus parientes”, esto era tanto como indicar que, contrario a Sevilla, la Metropolitana de México no les concedía esos honores.

DSC_0038Fuera de esos casos, e incluyendo a los que se presentaron alegando la concordia pero suscitaron discusión, sólo he podido identificar catorce solicitudes de dobles de entierros. Tres fueron rechazadas de manera contundente: para los párrocos del Sagrario en 1750, para la esposa del exregente Manuel de Blaya en 1812, y para los hermanos de la congregación de Nuestra Señora de la Antigua en 1813. Sólo once notables capitalinos alcanzaron el doble de la Catedral en sus entierros: tres frailes, dos generales de la orden betlemítica y un obispo electo de Santa Cruz de la Sierra, los primeros beneficiados con doble de Cabildo y el último con doble de oidor; seglares fuero cuatro, dos mujeres, la Condesa de San Mateo de Valparaíso en 1804 y la esposa de Manuel Castillo Negrete, fiscal nombrado del Consejo de Indias en 1808; dos varones, el corregidor de la Ciudad de México que ya he mencionado en 1765 y el contador de diezmos de la Catedral en 1809, todos con doble de Cabildo. Además tres clérigos, los párrocos del Sagrario José Nicolás Larragoiti, con doble de segunda clase, y Juan Francisco Domínguez, prebendado electo, con doble de Cabildo, ambos en 1813, y el bachiller Juan Bautista Alcíbar en 1816, con doble de Cabildo, pero sólo en su entierro. En fin, un militar, el comandante realista Francisco Bringas, muerto en la batalla del Monte de las Cruces en 1810. A ellos habría que agregar dos honras fúnebres anuales, una a partir de 1768 por los caballeros militares, pagada por el gobierno virreinal, y otra desde 1794 por los sacerdotes difuntos de la capital, fundada como obra pía por el citado bachiller Alcíbar.

En suma pues, si los dobles de la catedral eran importantes en ambas ciudades, los canónigos de México estuvieron siempre menos dispuestos a distinguir con sus campanas la memoria de los notables, ni siquiera las de sus propios familiares. Era éste un honor que sólo podía alcanzarse por méritos notorios y no por el linaje. Este particular desbalance entre estas dos funciones de las campanas en estas dos catedrales del siglo XVIII, no puede sino hacernos pensar en la importancia, hoy diríamos más política que religiosa que terminaban teniendo estos “bronces sagrados”. Acaso importaban más para hacer escuchar la jerarquía clerical que para proteger al público.

Una cofradía trasatlántica: la Real Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe de México en Madrid

guadalupe-madridEntre 1740 y hasta al menos 1823, existió en Madrid una cofradía de nacionales que, hasta donde sé al menos, no ha llamado mucho la atención de los historiadores mexicanos: la Real Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe de México. Su sede tradicional fue la iglesia de San Felipe el Real, aunque sus últimos cultos de que tenemos noticia se realizaron en la de San Gil el Real. No hemos podido encontrar estudios amplios sobre ella, a pesar de la importancia aún contemporánea de la devoción, y de que hoy los historiadores presumimos de atender no sólo a la circulación cultural de Europa a América, sino también en sentido de América a Europa. Como sea, sirva este artículo para algunas noticias que recopiladas de la Biblioteca y Hemeroteca Digitales Hispánicas y de la Bibliotea Virtual del Patrimonio Bibliográfico español.

En primer lugar, cabe destacar que contamos con una impresión de las constituciones, fechadas en 1743 y con aprobación del rey Felipe V por cédula real del 22 de octubre de ese mismo año, en la que además se citaba otra del 2 de abril anterior en que se había declarado por hermano mayor de ella. La organización que el documento presenta es muy clásica dentro de las cofradías y hermandades peninsulares. Claramente su objetivo prácticamente único era el culto del 12 de diciembre “con la más posible decencia”, bien que en realidad sólo aparecen como elementos obligatorios la exposición del Santísimo Sacramento, el sermón y un triduo de misas en los días previos. La debía encabezar una junta de trece oficiales, encabezados por un prefecto. El rey les impuso su jurisdicción exclusiva como requisito para ser hermano mayor, pero habían pasado ya por la aprobación de la autoridad ordinaria eclesiástica, y los oficiales estaban vigilados por un maestro de ceremonias que debía ser clérigo, así que en realidad era una cofradía aún marcada por la presencia clerical. Un detalle interesante es que estaba abierta tanto a hombres como a mujeres, y de hecho era más fácil el ingreso en este último caso, aunque no tenían a acceso a los cargos, salvo, como era clásico también en la época, como camareras de la Virgen. Los oficiales debían renovarse anualmente por votos secretos, aunque siempre bajo la propuesta de los oficiales vigentes. Desde luego, los congregantes debía colaborar para el financiamiento del culto con 4 pesos al ingreso y 2 anualmente, la congregación retribuía con asistencia a sus funerales y siete misas, así como con oraciones por sus almas.

La parte original de las constituciones era la número XVII, que da cuenta de su carácter trasatlántico, pues permitía a los ausentes en Indias seguir siendo miembros. Los redactores fueron flexibles: era posible anticipar las contribuciones, enviarlas, e incluso se preveía mantener un cobrador en el reino de Nueva España. El ejemplar impreso que reseñamos data de 1780, e incluye al final un recuento de reformas de las constituciones, hechas sobre todo en la década anterior. Es difícil saberlo con precisión, pero no hubiera sido raro que la congregación hubiera tenido un buen momento inicial y algún período de menor actividad en la segunda mitad de la década de 1750 y en la de 1760. En cambio, a más de sus constituciones, la Congregación sacó a la imprenta un sermón de su fiesta principal de 1773 en 1784, a cargo del doctor Joseph Vela. Este texto hizo el viaje trasatlántico y fue reimpreso por Felipe Zúñiga y Ontiveros en México en 1786. Asimismo, en 1785 se imprimió una Colección de obras y opúsculos que nos ayuda a completar algunos datos. A más de incluir varios documentos guadalupanos (el breve y el oficio de Benedicto XIV, una novena, un triduo, dos relaciones históricas, la Felicidad de México de Becerra Tanco y la Maravilla Americana de Cabrera), cerraba con una Relación y estado del culto, lustre, progresos y utilidad de la propia Real Congregación.

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El Convento de San Felipe el Real de Madrid en el siglo XIX.

Verdadero recuento del cursus honorum de la corporación, para nosotros es lamentable que no incluya fechas precisas de algunas de sus acciones. Básicamente nos presenta a la congregación como difusora del culto, a través de la distribución de imágenes e impresos en los años 1740, además de la propia fiesta, que se completaba con una práctica religiosa muy en boga en ese siglo, un “rosario cantado por las calles”. Sin duda, lo más interesante era la sección de “utilidades”, al mismo tiempo religiosas que políticas. La congregación se atribuía haber sido el medio para que la devoción llegara a los reyes y a la corte de Madrid e incluso en Roma, favoreciendo así que se obrara el casi “milagro” de la erección de la Colegiata, la obtención de la manda forzosa testamentaria, y el oficio y misa concedido por Benedicto XIV. Más todavía, la Rel Congregación se hacía útil al “beneficio público de las Indias”, ni más ni menos que sirviendo de depósito de caudales; en fin, lo era también de manera específica para los indianos en Madrid, que les servía de apoyo considerando que la villa y corte era casi “un pais extranjero”, para quienes se proponía además el establecimiento de un hospicio.

Toda esa argumentación nos hace pensar en una corporación adaptada a las circunstancias de la época, las del catolicismo ilustrado, mas sin duda no es posible hacer una caracterización contundente sin datos más precisos. Alguna confirmación de su papel de difusor del culto guadalupano se encuentra en las facultades que otorgó al Conde de Castillejo, Fermín de Carvajal, en 1758, cuando iba de vuelta al reino del Perú, así como en una carta que el Cabildo Catedral Metropolitano de México recibió en 1746 pidiendo su contribución para la causa (Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México, Actas de Cabildo, libro 38, f. 29v). Del hospicio, en cambio, no tenemos más noticias. De hecho, en realidad lo que más conocemos de la congregación es el cumplimiento de su culto anual. El Diario de Madrid lo informaba de vez en vez en los años finales del Antiguo Régimen. Hay notas al respecto en los diarios de  diciembre de 1796, diciembre de 1807, diciembre de 1819 y diciembre de 1823, con algunos detalles de la “decencia” efectivamente alcanzada en la pompa del culto. Acaso la confirmación de la independencia dio fin a esta celebración anual, como sea, resultaría interesante explorar su historia con más detalle, así sea sólo para reiterar hasta qué punto el modelo de la cofradía de nacionales servía no sólo para los vascos, montañeses, asturianos y riojanos en América, sino también para los “novohispanos” en Madrid.

Cofradías de haciendas yucatecas

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Catedral de Mérida, siglo XIX. Imagen tomada del CD “Nación de imágenes, litografía mexicana del siglo XIX . colección de Ricardo Pérez Escamilla”, 1995.

Uno de los puntos que me pareció más interesante de estudiar la reforma de cofradías es que, paradójicamente, era el episcopado, y no tanto los reformadores civiles, quien estaba más interesado en ellas por su lado económico, hasta el punto de definirlas como unos bienes eclesiásticos, que no debían seguir bajo el control de los fieles, sino del propio clero. Uno de los más radicales esfuerzos al respecto fue sin duda, la reforma emprendida en la diócesis de Yucatán en tiempo del obispo fray Luis de Piña y Mazo. Los bienes “vulgarmente llamados de cofradías”, básicamente estancias ganaderas, fueron rematados para reducirlos a capitales que habrían de ser impuestos sobre las rentas reales. Remito al lector al libro en cuestión para conocer más de esa reforma y las reacciones que ocasionó, por ahora dejo aquí simplemente uno de sus documentos principales: el auto del juez episcopal, el provisor, ordenando la venta de esos bienes.

Archivo General de Indias, leg. 3096A.
Auto de venta de haciendas de cofradías del provisor de Yucatán, 1781.

En la ciudad de Mérida, a cinco de septiembre de mil setecientos ochenta y un años. El señor doctor D. Rafael del Castillo y Sucre, chantre dignidad de esta Santa Iglesia Catedral, juez hacedor de rentas diezmales, examinador sinodal del obispado, provisor y vicario general, y especialmente comisionado por el ilustrísimo señor obispo diocesano, mi señor, para entender en la venta y remates, y reducción a censos redimibles de las estancias y demás bienes pertenecientes al culto de los santos, vulgarmente llamados de cofradías.

Habiendo visto estos autos, obrados de acuerdo con su señoría ilustrísima, que constan en primer lugar de una información recibida por mí el infrascripto notario mayor, a quien se cometió, sobre la necesidad y utilidad de vender para convertir en censos las referidas estancias y bienes, por la cual aparece que el señor canónigo mercedario de dicha santa iglesia, Dr. D. Pedro Faustino Brunet; D. José Nicolás de Lara, cura de su sagrario y rector de su seminario conciliar; el señor coronel de milicias D. Alonso Manuel de Peón, caballero del orden de Calatrava; el señor tesorero oficial real D. Clemente Rodríguez Truxillo; el señor coronel de los reales ejércitos D. Francisco Pineiro, sargento mayor de milicias; los caballeros regidores D. José Cano, alguacil mayor, D. Estanislao José del Puerto, abogado de los reales consejos y de los naturales de esta provincia, D. Juan José Domínguez, D. Antonio Roo y Fonte, protector de los naturales y su procurador D. Antonio Brunet, testigos todos de la referida información, declarando los unos bajo la religión del juramento, y certificando los otros según su carácter, deponen unánimemente acerca de la necesidad y utilidad de convertirse en censos perpetuos los mencionados bienes, porque de otra suerte se hallan inevitablemente expuestos a menoscabos y ruinas, procedidas de muchas y diversas causas, así naturales como políticas.

En segundo lugar, de la representación fiscal, constante de fojas diez a trece, reducida a demostrar y apoyar la propiedad, necesidad y utilidad de proceder a la conversión de dichos caudales en censos perpetuos redimibles, como también a exponer el grande e importantísimo servicio que se logra hacer a la Corona, franqueando a Su Majestad todas las cantidades que resultaren de la venta de los referidos bienes, para que sirva de ellas y las emplee en sostener los muchos y frecuentes desembolsos que ocasiona a su real erario la presente guerra, imponiéndolas al censo redimible sobre sus rentas reales, según sus soberanas intenciones, declaradas por su real cédula de diez y siete de agosto del año próximo pasado.

En tercer lugar, de las certificaciones del notario mayor y los receptores de esta curia, colocadas a fojas catorce y quince, relativas de las antiguas y continuas quejas y recursos de los indios contra los mayordomos, administradores o ecónomos, tanto eclesiásticos como seculares, encomendados de dichas estancias, con motivo de las extracciones clandestinas que de ellas se ejecutan, de la poca o ninguna eficacia de las providencias que para su remedio se han expedido por este tribunal eclesiástico, de la indiferencia con que se mira el culto de los santos, y finalmente de la firme resolución que a vista de todo han tomado los señores jueces antecesores de vender las mencionadas estancias siempre que se les presentase comprador.

En cuarto lugar, de la representación de treinta y uno de agosto presentada por el abogado de los naturales de esta provincia, a consecuencia de auto de treinta y uno de julio, en que se le mandó dar vista de estas diligencias, para que expusiese sobre ellas cuanto le pareciese conducente a resguardar los derechos de sus clientes, por la cual refuerza las razones y fundamentos que había expuesto por su declaración de fojas seis, para que se procediese a la venta y reducción a censos de las mencionadas estancias, como necesario, útil y conveniente, no sólo al culto y a la perpetuidad de dichos bienes, sino también a los mismos indios, por los motivos que expresa, exponiendo al mismo tiempo diversas reglas y condiciones que cree preciso se observen por este tribunal en las ventas y remates de las estancias, a efecto de que los indios queden con la propiedad y uso de las tierras que les pertenecen por hallarse dentro de la demarcación de sus pueblos, y de que sean demolidas las haciendas situadas junto a ellos, a menos distancia que la que permite la costumbre de la provincia, por los perjuicios que les causan los ganados, y de que hasta ahora han sido molestados, sin reclamarlos por respetos de los santos.

Y finalmente, de la certificación despachada por el notario mayor de esta curia eclesiástica, constante a fojas diez y nueve, que demuestra haberse vendido por el mismo tribunal en tiempo de varios señores ilustrísimos y provisores muchas estancias pertenecientes al culto de los santos, de las que vulgarmente llaman cofradías, dijo su señoría:

Que es visible, pública y notoria la necesidad de reducirlas a censos perpetuos para libertarlas así de los menoscabos y ruinas que han padecido en otros tiempos y se hallan expuestas a sufrir en lo venidero, por causa de las hambres, secas y plagas de que es perseguida esta provincia, como también de los daños y perjuicios que siempre han experimentado por las extracciones, quiebras, descubiertos y mala versación de los mayordomos, priostes o patrones, a pesar de las providencias, instrucciones y reglas con que los ilustrísimos señores antecesores y particularmente el señor D. Juan Gómez de la Parada y el señor D. fray Ignacio de Padilla, de gloriosa memoria, han procurado redimir dichos bienes de todo atraso, quebranto y exterminio, y sin embargo de que con el mismo objeto los han encomendado unas veces a indios, otras a curas y últimamente a españoles, resultando de su mala cuenta y administración que no se cumplen las disposiciones de sus piadosos fundadores, ni se da a los santos el culto que han deseado, que asimismo es visible, pública y notoria la utilidad que resulta a los propios bienes, al culto de los santos, a los mismos indios, y al resto de los habitantes de esta provincia, de que se vendan y reduzcan al censo, aun en el caso de que no fuese necesario hacerlo por las razones antecedentemente expuestas, pues dado, y no concedido, que ni se hallasen amenazadas de casos fortuitos, menos contingentes en el país que en otra parte, ni tampoco sujetos a malos administradores, siempre quedaban pensionados con multitud de gastos inevitables y precisos, cuales son el diezmo, el rediezmo que tiran anualmente los citados administradores, la contribución señalada a los curas por su asistencia a las hierras de ganado y castras de colmenas, los salarios de vaqueros y sirvientes, la toma anual de cuentas y visitas generales de que van a quedar libres para siempre dichas fundaciones, con las ventajas de que todo lo que se ahorra de dichos gastos puede emplearse en el mayor culto de los santos, y agregarse a su fondo; de que trasladadas a otros dueños, en quienes no concurren las circunstancias que tanto respetan los indios, por principios de religión y piedad, no sólo reclamarán los perjuicios que les causen por su inmediación a los pueblos, sino que se libertarán para siempre de que los administradores a título de que trabajan para los santos, los tengan empleados en hacer su propio negocio, sin pagarles el jornal correspondiente, y también que poseídas y administradas las enunciadas haciendas por dueños propietarios y no por manos precarias, que sólo trataban de su interés particular, destrozándolas y arruinándolas a su arbitrio, para emplear en gastos y diversiones profanas los bienes eclesiásticos, es consecuente que se fomenten los ganados, abunde la cera y la tierra se cultive con otro interés, beneficio del común, del rey y de la Iglesia, por razón del aumento que tomarán los diezmos, y que finalmente, además de las causas de necesidad y utilidad que obligan a convertir en censos redimibles los mencionados bienes, muebles, raíces y semovientes, interviene también la de piedad, por estar destinadas las cantidades que procediesen de su venta para que Su Majestad las emplee en sostener la presente guerra, contra los enemigos de la Iglesia y del Estado, recibiéndolas al censo sobre sus rentas reales, conforme a la real cédula de diez y siete de agosto del año inmediato pasado, que según el sentir de los mejores autores es una de las causas más piadosas que pueden mover el ánimo de la Iglesia, no ya a vender sus bienes para reducirlos a censos, sino para enajenarlos, distraerlos y consumirlos, y que en consecuencia de todo lo referido, aprobaba y aprobó la expresada información de necesidad y utilidad, interponiendo en ella para su mayor validación su autoridad y judicial decreto.

Que declaraba y en toda forma declaró ser necesario, útil y piadoso reducir a censos perpetuos redimibles impuestos sobre rentas reales los caudales resultantes de la venta de las mencionadas estancias, bienes muebles, raíces y semovientes, a cuyo efecto mandaba y mandó, que no sólo en esta ciudad, la de Campeche y villa de Valladolid, sino también en todos los pueblos se haga saber, que dentro de cuarenta días contados desde el doce del corriente mes y año, se han de vender en pública subastación y rematar en el mejor postor las estancias, sitios y colmenares que se llaman de cofradías, para reducir su valor a censos perpetuos, impuestos a razón de un cuatro por ciento sobre las rentas reales, y lo que no quisiere Su Majestad, a razón de un cinco por ciento según la costumbre de la provincia, sobre fincas libres, idóneas y bien acondicionadas, a satisfacción del tribunal, con intervención del promotor fiscal de esta curia y demás requisitos que se han establecido en el presente gobierno, conforme a derecho.

Que los vicarios jueces eclesiásticos de Campeche y Valladolid, y demás pueblos, manden dar desde el día señalado treinta pregones a las referidas estancias, sitios y colmenares, fijen cedulones en partes públicas y acostumbradas para que a todos conste, y puestas por diligencias con las posturas, pujas y mejoras, los remitan a este superior tribunal, con citación de los postores, para que por sí o sus poderes ocurran al remate que deberá hacerse de todas ellas en esta ciudad y curia eclesiástica, bajo de las calidades, circunstancias y condiciones siguientes.

Primera: Que desde luego será de cuenta de los rematadores satisfacer las costas que se ocasionen para que en esta inteligencia hagan sus posturas, pujas y mejoras.

Segunda: Que el valor de dichas estancias, sitios y colmenares se ha de entregar de contado en cajas reales, y en moderna corriente, sin recorte, vicio ni defecto, a satisfacción del señor tesorero juez oficial real.

Tercera: Que se corra en el supuesto y concepto de que el tribunal eclesiástico vende las expresadas estancias en que sólo tiene uso y derecho de servidumbre, según y como las han poseído y disfrutado los santos a quienes han estado consagradas, sin más dominio, propiedad y derecho que el que han tenido, vendiendo solamente lo que puede vender, y no lo que no puede ni le pertenece, esto es, la propiedad de aquellas tierras situadas dentro de la demarcación de los pueblos de indios, que comprende sus ejidos y propios, la cual como también el uso de labrar los montes.

Cuarta: Que las haciendas establecidas cerca de los pueblos, a menos distancia que la que permite la costumbre de la provincia, deben ser demolidas por el perjuicio que infieren a los indios los ganados, en cuyo caso sólo éstos se han de entender vendidos, sueltos y por sí solos, sin tierras, ni otro derecho alguno.

Que se haga saber este auto al licenciado D. Estanislao José del Puerto, regidor perpetuo de esta ciudad, abogado de los reales consejos y de los naturales de esta provincia, como también a su protector D. Antonio de Roo y Fonte, para que en su inteligencia promuevan en favor de sus partes lo que les parezca propio de su instituto y obligación, en la seguridad de que el ilustrísimo señor diocesano no desea otra cosa que el bien, alivio y fomento de los indios.

Que no se proceda a pregonar postura de ninguna hacienda en particular sin dar antes traslado a dicho caballero abogado para que represente por sus clientes lo que tuviere por conveniente, en vista de las circunstancias de dicha hacienda, que se le harán saber insertándose en cada cuaderno de remates la respectiva relación de la estancia testimoniada fielmente de las originales que han remitido los curas dela diócesis.

Que se cite al mismo caballero abogado y al protector D. Antonio Roo y Fonte, siempre que haya de verificarse algún remate, para que lo asistan, presencien y autoricen y firmen, como partes interesadas, se evite todo perjuicio a los indios y todo se practique sin vicio ni defecto que pueda inducir nulidad de los actos.

Que desde luego se pasen estas diligencias al ilustrísimo señor diocesano mi señor, para que sobre la ejecución de esta providencia, su suspensión, modificaciones o ampliaciones sobre las instrucciones que indispensablemente deben darse a los curas, administradores o ecónomos de los futuros censos, acerca del cumplimiento de sus piadosas obligaciones, tasa de gastos y demás circunstancias y puntos relativos, y sobre proponer a Su Majestad lo que le pareciere en orden a la administración de dichos censos, aplicación de los sobrantes de sus réditos anuales, disponga lo que juzgare más conveniente al servicio de Dios y bien común de los indios.

Que nombrando como nombraba por tasadores de los mencionados bienes a D. Alexandro Solís y D. José Antonio Esturla, para que previa la superior aprobación de su señoría ilustrísima, procedan asociados con el tasador público a hacer su justiprecio, con la mayor pureza y legalidad, se les dé noticia de este encargo, lo acepten y juren en toda forma, por ante mi el presente notario mayor.

Y finalmente, que pare instruir de todo a los vicarios foráneos de la provincia, y que tenga su debido cumplimiento, se les libren despachos con inserción de este auto, a los de Campeche y Valladolid, y a los demás cartas cordilleras, sustancialmente relativas de sus particulares, por el cual su señoría proveyó, así lo mandó y firmó, de que doy fe.

Doctor Rafael del Castillo y Sucre.

Ante mí, Antonio de Solís, notario mayor.