Archivo por meses: octubre 2016

La piedad testamentaria de la élite orizabeña del siglo XVIII

Fragmento traducido de la tesis “Utilité du public ou cause publique. Les corporations religieuses et les changements politiques à Orizaba, (Mexique) 1700-1834”, presentada para obtener el grado de Doctor en Historia de la Universidad Paris I Panthéon-Sorbonne en septiembre de 2010. La versión original puede verse en este mismo sitio en la sección correspondiente.

Catedral y el padre Llano 2

Antigua iglesia parroquial de San Miguel de Orizaba, actual catedral.

Como en el caso del capitán Bringas y del regidor Montes Argüelles, las fuentes notariales nos permiten identificar otras prácticas piadosas de los notables devotos, en este caso las prácticas testamentarias. Seguimos aquí, cierto, las prácticas identificadas ya hace tiempo por la historiografía francesa, especialmente por Michel Vovelle, bajo el término de “piedad barroca”[1]. Es interesante abordar el tema pues en el caso de México la obra de Vovelle ha tenido muy escasa recepción en la historiografía mexicanista, a diferencia por ejemplo de la historiografía española, donde los estudios sobre las actitudes ante la muerte han estudiado sistemáticamente los testamentos de varias regiones de la Península[2]. Presentaremos aquí tan sólo una primera aproximación a la piedad testamentaria de la élite de Orizaba, pues veremos sus transformaciones en el capítulo siguiente. Los datos proceden del análisis de las 79 últimas voluntades de que disponemos de entre los 226 miembros de la élite orizabeña de finales del Antiguo Régimen, dictadas entre 1767 y 1829.

En esta época, cabe recordarlo, los testamentos comenzaban siempre con una profesión de fe e incluso una invocación de la Virgen, de San José y del santo patrono del testador como abogados ante el tribunal divino. Enseguida, incluían cláusulas donde se indicaba la elección de la sepultura y de las honras fúnebres, con el número de misas mortuorias[3]. Entre las devociones testamentarias de los notables, la más extendida era sin duda la elección del hábito franciscano como mortaja: la encontramos en cincuenta casos, es decir poco más de un quinto del total. Los notables de la villa actuaban como los más visibles de la sociedad de la época: los nobles. En efecto, el hábito franciscano era también la mortaja más frecuente de la nobleza novohispana de la época[4].

El hábito franciscano permitía a los difuntos ganar las indulgencias propias de los religiosos; sin embargo, uno de los notables orizabeños decidió ir más allá un poco antes de su muerte. Alexandro Fernández era un comerciante originario del reino de Oviedo, pero vecino de Orizaba. Como la mayor parte de la élite de la villa era cosechero de tabaco y fue incluso diputado del gremio en 1771. Previamente había sido administrador de las alcabalas designado por los vecinos (1770), pero sin duda era ya conocido en la villa por ser colector de diezmos desde 1768. Además, tenía buenas relaciones con los otros notables: compadre del regidor Juan Antonio de Cora, amigo de Marcos González, comandante de las milicias de la villa, estaba casado con María Josefa de la Vega, hija de otro comerciante. Mas nos interesa sobre todo porque se reveló como un devoto, en particular en sus últimos días. Cierto, era cofrade del Santísimo Sacramento, y fue incluso mayordomo entre 1768 y 1769. En 1773 una enfermedad lo obligó a dejar todos sus negocios bajo la responsabilidad de su esposa y amigos para retirarse al convento de San Francisco de Puebla, donde profesó antes de morir el 23 de agosto[5].

Los funerales de este comerciante ejemplar retirado al convento fueron espectaculares. Su cuerpo, revestido con el hábito franciscano, fue llevado por “doce pobres” hasta el cementerio del convento de Puebla, acompañados por el párroco, el sacristán y numerosos clérigos, quienes cantaron el responso, como hicieron también las otras comunidades religiosas de la ciudad. Mas Alexandro Fernández no fue el único notable orizabeño del siglo XVIII que designó el lugar de su descanso eterno y sus pompas fúnebres, dos preocupaciones que acercaban a los notables de la villa, de nuevo, con las prácticas de la nobleza del reino[6]. En total treinta y cinco personajes de la élite mostraron ese cuidado. Cierto, es una proporción pequeña en relación al total, pero es significativo que se encuentren entre esta treintena de personas una cuarta parte de los miembros del ayuntamiento, de los que ocho se enterraron en el convento carmelita. Los cinco primeros regidores, por ejemplo, designaron todos su lugar de entierro: reposan hasta hoy en el convento carmelita, en la iglesia parroquial y en la capilla del Rosario[7].

Como en el caso de los nobles estudiados por Verónica Zárate Toscano, hay pocos testimonios de las pompas fúnebres de los notables. Como los habitantes de la ciudad de Puebla, los orizabeños tuvieron la ocasión de ser testigos de los funerales de un regidor devoto: Manuel Montes Argüelles. Comerciante y cosechero de tabaco, Montes Argüelles había sido uno de los vecinos más importantes de la villa. Había ocupado cargos en las corporaciones civiles locales: consejero de la diputación de tabaqueros en 1771, regidor juez provincial de la Santa Hermandad (1767-1774) y más tarde regidor defensor de menores (1774-1785). Había sido también consejero del vecindario para la administración de las alcabalas y procurador del ayuntamiento. Igualmente había ejercido cargos a nombre del rey: correo mayor, comisario real de guerra y recaudador de anatas. El regidor fue también servidor de la nobleza: administró largo tiempo los intereses del conde de Medina y Torres y los del marqués del Valle de la Colina[8].

Tras su muerte, Montes Argüelles fue revestido con el hábito franciscano y enterrado en el cementerio del convento de carmelitas. El entierro, según declaró su hermano, fue hecho “con toda la pompa y esplendor posibles”. Los regidores, formados en cuerpo y precedidos por sus maceros, acompañaron el cadáver de su colega mientras que ese día y los siguientes los clérigos celebraron 155 misas por él y los religiosos carmelitas otras 115 misas. El regidor solicitó también otras 1 600 misas, celebradas más tarde por los clérigos y los carmelitas de Orizaba y los franciscanos de Córdoba.

Mas las pompas fúnebres no fueron suficientes para el fundador de la corporación municipal. Se mostró también caritativo: 100 pesos de limosna fueron distribuidos en su casa el día de su fallecimiento y 700 más fueron repartidos los días siguientes; los pobres de los hospitales de la villa recibieron también 200 pesos en total. Parte de su ropa fue distribuida entre los pobres, mientras que su esclavo Juan Mexía recibía la libertad y el perdón de sus deudas.

El testamento de un devoto incluía siempre una fracción de su herencia dejada para el sustento del culto: para el culto de la Eucaristía Montes Argüelles dejó dos custodias, una para la parroquia, la otra para el convento de carmelitas. Sobre todo, fundó cuatro obras piadosas: dos para las fiestas de Santa Ana y San Joaquín, una para los pobres y una capellanía para los sacerdotes de su familia o los vecinos de la villa[9].

El testamento de Manuel Montes Argüelles constituye el testimonio más explícito de las prácticas devotas de la élite de Orizaba, pero las encontramos también en otros notables. Veamos las misas testamentarias: como los nobles de la época, los notables de la villa intentaron acumular el mayor número posible: cincuenta y cuatro notables del siglo XVIII designaron su número, a veces más allá de las mil misas. Como es costumbre fueron los miembros del ayuntamiento los más notorios en estos temas: además de Manuel Montes Argüelles, nueve regidores y alcaldes se cuentan entre los veintinueve notables que solicitaron más de cien misas.

En la época se buscaba no sólo las oraciones inmediatas de las misas, sino también las oraciones a perpetuidad de las obras piadosas[10]. Éstas eran además la prueba de la solidaridad de los notables con las corporaciones religiosas. Hemos encontrado cuarenta y nueve obras pías y capellanías fundadas por veintisiete notables del siglo XVIII, de los cuales ocho miembros del ayuntamiento. Una vez más, éstos fueron los más destacados pues aportaron la mitad del total de fundaciones. El ejemplo más evidente es el del capitán Diego Bringas de Manzaneda, citado antes como devoto del convento del Carmen. El capitán Bringas fue el primer alcalde ordinario de la villa en 1764 y murió cuatro años más tarde. Además de cuatro capellanías fundadas en el convento de San Juan de la Cruz, estableció otras dos para sus descendientes y una para la lámpara del Santísimo de la capilla de Nuestra Señora de los Dolores[11]. Estas fundaciones constituyen también un testimonio destacado de la diversidad devocional de la villa, pues si bien había imágenes más solicitadas que otras, no hemos encontrado ninguna concentración significativa entre los notables.

NOTAS:

[1] M. Vovelle, Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle, París, Seuil, 1978. Podemos ver también un balance de las prácticas testamentarias a nivel europeo en P. Goujard, L’Europe catholique au XVIIIe siècle. Entre intégrisme et laïcisation, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2004, pp. 48-59.

[2] Véanse por ejemplo las colaboraciones publicadas en Actas, 1984, vol. II, en particular las de Pere Molas (Mataró), Ricardo García Cárcel (Barcelona) y Domingo González Lopo (Galicia), así como las publicadas en C. Álvarez Santaló, M. J. Buxó y S. Rodríguez, La religiosidad popular, vol. II « Vida y muerte: la imaginación religiosa », Barcelona, Anthropos, 1989, en particular las de Máximo García Fernández (Valladolid), Roberto J. López (Asturias), David González Cruz con Manuel José de Lara Ródenas (Sevilla), Juan del Arco Moya (Jaén), y María José García Gascón (Alicante). Para México V. Zárate, Los nobles ante la muerte en México: actitudes, ceremonias y memoria, 1750-1850, México, El Colegio de México/ Instituto Mora,  2000.

[3] Sobre la estructura del testamento véase por ejemplo:  Zárate, Nobles, 2000, pp. 31-33.

[4] Ibid., pp. 231-235.

[5] Archivo Notarial de Orizaba-Registros de Instrumentos Públicos (en adelante ANO, RIP), 1773, fs. 197-205, « Testamento por poder », 17 de septiembre de 1773.

[6] De hecho, según la obra de Zárate, los nobles de Nueva España indicaban normalmente el lugar de su entierro y rechazaban en su mayoría la iglesia parroquial. Zárate, Nobles, 2000, pp. 247-267. Sobre la importancia de los conventos para el entierro de los nobles en España, véase A. Atienza, Tiempos de conventos. Una historia social de las fundaciones en la España moderna, Madrid, Marcial Pons/ Universidad de La Rioja, 2008, pp. 277-285.

[7] Gregorio Frade Reguera y Villamil y Manuel Montes Argüelles en el convento carmelita, Diego Pérez Castropol y Manuel Fernando Martínez en la iglesia parroquial, Juan Antonio de Cora en la capilla del Rosario.

[8] ANO, RIP 1785, fs. 169v-191, « Testamento por poder », 30 de junio de 1785.

[9] Ibidem.

[10] Cfr. Zárate, Nobles, 2000, p. 274.

[11] Biblioteca Nacional de Antropología e Historia-Archivo Histórico de Micropelícula “Antonio Pompa y Pompa”, Archivo de la Orden del Carmen Descalzo (antes Colección Eulalia Guzmán), microfilm 11, vol. 63, « Libro en el cual están asentadas las capellanías y obras pías que tiene el convento de Orizaba… », 1794, capellanías 5, 30 y 48. ANO, RIP 1768, fs. s/n, escrituras del 15 y 16 de marzo de 1768.

Una reforma de cofradías episcopal: el arzobispo Haro y Peralta

Retrato del arzobispo Alonso Núñez de Haro, virrey de Nueva España. Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec.

En esta oportunidad continúo presentando aquí algunos documentos de la reforma de cofradías novohispana, pero ahora ya no de la reforma civil, sino de las reformas episcopales. En efecto, también las hubo, a veces vinculadas a la primera, otras en franca oposición, más bien soslayadas por la historiografía, con ciertas excepciones. Entre los obispos que se distinguieron al respecto sin duda hay que comenzar destacando al arzobispo Alonso Núñez de Haro y Peralta. Su pontificado fue largo, desde 1772 hasta 1800, llegó también a ser virrey de Nueva España entre mayo y agosto de 1787.

El arzobispo Haro se distinguió por ser uno de los prelados que aceptó e incluso impulsó la reforma civil, pero que al mismo tiempo realizó la suya a través de sus visitas pastorales. Así lo explica en este informe que corresponde al expediente particular de la cofradía sacramental de Teotihuacán. Su reforma fue autoritaria en apariencia, pues como él mismo narra en este informe, se dedicó a suprimir cofradías basado en ciertos criterios (falta de licencias, falta de bienes, conflictos internos), pero con el matiz de que no las eliminaba del todo, sino que las integraba a otras. Ya se cita aquí el informe que se le había pedido con motivo de la reforma general, ya bien conocido y analizado por varios historiadores, pero que no entregó sino cuando el expediente general ya había sido cerrado. En él se nota que además aprovechaba la ambigüedad de los términos cofradía y hermandad, manteniendo una importante participación en ellas. Sin él, empero, difícilmente hubiera habido cofradías que efectivamente acudieran al Consejo de Indias en Madrid para reformarse, mas paradójicamente, no es que hubiera renunciado a ejercer jurisdicción sobre ellas.

Su mirada sobre las cofradías resulta interesante también por su optimismo: las describe como voluntarias, no gravosas sino útiles, con lo que descalificaba implícitamente los negativos argumentos de los reformadores civiles. Dejo pues al lector con este testimonio de un prelado regalista, reformador, pero también celoso de su autoridad.

 

Informe del arzobispo de México, 20 de mayo de 1780. Archivo General de Indias, México, leg. 2664

Señor

Cumpliendo puntualmente con el encargo que Vuestra Majestad se digna hacerme por su real despacho de 11 de julio último para que informe lo que se me ofreciere y pareciere sobre la erección de la cofradía del Santísimo y Ánimas Benditas del pueblo de San Juan Teotihuacán, y la aprobación que se solicita de sus constituciones, con el mayor respeto digo: que todo lo representado a Vuestra Majestad por parte del rector, diputados y demás oficiales de dicha cofradía es cierto, pues con ocasión de advertir en la visita general de este arzobispado, que ya está hecha de ciento y cuarenta curatos que apenas hay cofradía que esté erigida conforme a la ley de Indias, se ha mandado en los autos de las visitas de todas desde el año de 1776, lo mismo que en el de ésta, señaladamente que dentro de dos años acudan los oficiales de ellas a solicitar la real licencia y aprobación de Vuestra Majestad apercibiéndoles con la pena de suspensión del uso y ejercicio de sus constituciones en caso de no hacerlo, y mandando que los curas me den cuenta para proveer lo conducente.

Las constituciones de esta cofradía (de que con la más profunda veneración presento a Vuestra Majestad testimonio autorizado) por ser tan antiguas, no están tan expresivas y formales como las modernas. En éstas, regularmente se dispone que los cofrades den al tiempo del asiento ocho, cuatro o dos reales, y cada semana un medio real de jornalillo, y la cofradía se obliga a dar a cada uno, cuando fallece, veinte y cinco o más pesos para entierro y mortaja, lo que cumple puntualmente si los cofrades lo han hecho, y si no, no se les molesta ni se toma providencia alguna, porque todo es voluntario y nada gravoso.

El modo regular con que hasta dicho año de 1776 se han erigido las cofradías ha sido juntarse el cura con sus principales feligreses españoles, o indios o de castas formar las reglas o constituciones en que se contienen lo que queda referido, y que se digan tantas misas por la limosna que tasan, o conforme al arancel, las que se aplican por los cofrades vivos y difuntos; que se hagan tales fiestas; que haya junta anual que llaman cabildo, en que el mayordomo da cuentas a la mesa, que se compone del juez eclesiástico que la preside, del rector, mayordomo y diputados que se nombran oficiales, las que aprueba dicho juez de consentimiento de la mesa en los curatos de fuera de México, y en esta corte los provisores, que presiden las juntas y se hace la elección de los referidos oficiales. Estas constituciones las remitían los oficiales al ordinario solicitando su aprobación, la que lograban regularmente, conformándose con lo que pedía el promotor. Pero desde dicho año se ha mandado que no usen de ellas hasta lograr la real licencia y aprobación Vuestra Majestad.

Algunas cofradías tienen principales impuestos a su favor y con sus réditos se costean los gastos que tienen de cera, fiestas y la limosna de las misas, en otras se permite que pidan limosna los cofrades por sólo su respectivo curato para ayuda de dichos gastos, de las que también da cuenta el mayordomo a la mesa, y de su distribución. Y otras tienen ganados, cuyos productos invierten en los enunciados gastos, de manera que las cofradías no son gravosas al público y todas sus funciones son dirigidas al mayor culto divino y beneficio espiritual de los feligreses.

En la visita he cuidado de extinguir todas las que se llaman hermandades y son las que se han intentado erigir sin licencia real ni autoridad ordinaria. He aplicado sus bienes, principales y alhajas a otras cofradías, con la carga de hacer las fiestas y mandar decir las misas que se acostumbraba en aquellas, hasta donde alcanzaren sus productos, o las he dejado en calidad de pura devoción u obra pía, mandando que los curas nombren mayordomos que les den cuentas anuales de cargo y data, y que cumplidas las cargas que tienen se aplique el resto a las fábricas parroquiales. Asimismo he extinguido muchas cofradías que, o por no tener principales ni ganados, o porque se disipaban los que las pertenecían, eran gravosas al público, o porque en su gobierno no se observaba la fraternidad debida, cuidando siempre y también mis dignos antecesores de prohibir que se hagan gastos superfluos y de mandar que los productos se empleen en las cargas de su institución y que los sobrantes se apliquen a beneficio de dichas fábricas parroquiales.

Por encargo de este superior gobierno estoy trabajando un informe sobre todas las cofradías de este arzobispado, y en él expondré mi dictamen acerca de cada una de ellas y las que me parece que deben subsistir y cuáles son dignas de extinguirse. Este informe demanda mucho trabajo y tiempo, y en tanto que le concluyo juzgo conveniente que subsista la cofradía de San Juan Teotihuacán y que Su Majestad se digne aprobar sus constituciones, y las de las demás cofradías que yo crea deben subsistir, porque son útiles a las parroquias y a los mismos cofrades, como dejo indicado. Sus constituciones no contienen cosa opuesta a las regalías de Vuestra Majestad y en las juntas anuales que celebran los cofrades suelen verificarse en parte el espíritu de vuestra ley real de Indias, porque asisten a muchas los corregidores, alcaldes mayores y demás justicias del partido, en calidad de oficiales de mesa.

Pero considerando lo difícil que es el recurso a Vuestra Majestad para solicitar la real aprobación de las constituciones de las cofradías que están erigidas en la forma dicha, especialmente siendo indios los oficiales de mesa, como lo son de muchas, y atendiendo a los costos necesarios que aquel prepara, y a que si se les obliga a ello se arruinarán las más de las cofradías, me parecía que se ocurriría a todo con que Vuestra Majestad se dignare, siendo de su soberana aprobación, dar facultad a vuestro virrey de este reino para que en su real nombre aprobase las constituciones o estatutos de todas las cofradías que están ya erigidas, y que para las que se hayan de fundar en lo sucesivo se observe puntualmente lo dispuesto por la citada ley, o lo que fuere del real agrado de Vuestra Majestad.

Nuestro Señor guarde a Vuestra Majestad los muchos años que le pido y necesita el Estado. México, 20 de mayo de 1780.

Señor,

Alonso, Arzobispo de México

Agustín Rivera en la historia de la secularización

Una entrada breve para compartir un video que ya hace tiempo tenía pendiente. En septiembre de 2015 tuvo la gentileza de visitarnos en Lagos de Moreno la Dra. Elisa Cárdenas Ayala, investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, para participar en el proyecto que desarrollaba entonces el Cuerpo Académico “Cultura y Sociedad” del Centro Universitario de los Lagos a propósito de las perspectivas para analizar la vida y obra Agustín Rivera y Sanromán. La profesora Cárdenas Ayala nos impartió una interesante conferencia en que integraba a Rivera en la problemática de la secularización en México, además de destacarlo como precursor de la historia social. Es buen tiempo para volver sobre Rivera, en este que sigue siendo el año del centenario de su fallecimiento, y en vísperas de que se publiquen los resultados concretos de ese proyecto.

 

Agustín Rivera: historia, política y polémica from CULTURA Y SOCIEDAD-CULAGOS on Vimeo.

Un canónigo sin familia

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Cabecera de la Sala Capitular de la Catedral de Sevilla, estado actual.

Hacer historia de la imagen del clero del siglo XVIII permite constatar las dificultades que entonces seguía teniendo implantar, incluso entre los propios sacerdotes, la idea de la dignidad clerical. Ya van varios artículos de este blog dedicados al tema, en los que he tratado de resaltar el aspecto más visible de esa dignidad: la vestimenta y la tonsura. Lo mismo en obras de disciplina eclesiástica como la del cardenal Lambertini (quien llegara a Papa con el nombre de Benedicto XIV), que en medidas concretas tomadas a través de edictos, tanto episcopales como de cabildos sedevacante, es un tema que se repite en varias ocasiones a lo largo del siglo. Desde luego, nunca deja de estar asociado a otros aspectos de su conducta: quienes  abandonaban el color negro, el traje modesto y de preferencia talar y el cuello romano, se les acusaba de preferir las capas y los sombreros ostentosos, y en consecuencia, las diversiones profanas, como el baile y el juego. Es por ello que también han aparecido en este blog ejemplos de clérigos profanos, como Ramón Cardeña y Gallardo, capellán de honor honorario del rey Carlos IV y canónigo de gracia de Guadalajara, ya de principios del siglo XIX.

Ahora bien, podría pensarse que se trata de un problema americano, por lo que conviene citar también ejemplos peninsulares. En concreto me interesa referir aquí muy brevemente un caso que, si bien todavía no he podido conocer en todos sus detalles, corresponde muy bien con esta problemática, el de don Juan Neve, canónigo de la Catedral de Sevilla en la década de 1760. Aunque el apellido que llevaba ya deja la impresión de que se tratara de un hombre de rancio abolengo, en realidad la descripción que de él nos han dejado las actas del cabildo pleno sevillano (que por ahora son mi única fuente), contrasta bien con el elitista –o arribista, según se vea– Cardeña, a quien se relaciona más bien con los notables de México y Madrid. Para decirlo directamente, el retrato que tenemos es el de un personaje no sólo pobre en lo económico sino también culturalmente. Había llegado a una prebenda de ese cuerpo de clérigos tan preocupados siempre por las buenas maneras, las ceremonias y en general la “civilidad”, como eran los canónigos entonces, sin compartir por completo esa cultura casi cortesana.

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La Giralda, torre de la Catedral de Sevilla, estado actual.

Es bien cierto que al recorrer los autos capitulares si algo se nota es que los propios canónigos todavía eran muy dispares en su conducta. Con cierta frecuencia, sobre todo en los llamados “cabildos espirituales”, era necesario llamar la atención a los propios “señores” en el sentido de que guardaran silencio en el coro, se mantuvieran en su lugar correspondiente en las procesiones, y guardaran el orden al tomar la palabra en los cabildos. El 20 de junio de 1766, Neve justo se hizo notar por su conducta en la sala capitular, pues intervenía “atropellando y atravesando los votos de otros”, e incluso llegaba a la violencia verbal profiriendo “amenazas en todas ocasiones y sin reserva de personas” (Archivo de la Catedral de Sevilla, Secretaría, leg. 7180, fs. 108v-109). A tal punto llegó en esa reunión, que se le pidió retirarse para tratar directamente sobre su comportamiento. Mas para los canónigos, así como el traje implicaba de inmediato el resto de la conducta de los clérigos, los excesos verbales de Neve los llevaron pronto a su vestimenta y luego a su régimen de vida en general.

En efecto, en primer lugar se destacaba su “porte irregular” o “porte indecente”, que era un atentado “al honor de la sobrepelliz que viste”, aquí ya no por excesos de vanidad sino por falta de limpieza y dignidad. En el cabildo de 27 de junio (Archivo de la Catedral de Sevilla, Secretaría, leg. 7180, fs. 113v-114) se trató el caso por extenso, luego de vencer la resistencia del propio Neve a salir de la sala para seguir discutiendo su caso. El porte, decíamos, llevó a su régimen de vida: “no teniendo casa en que viva ni familia que le asista”; si lo primero era más bien exageración retórica, en todo caso era un vecino cuya casa “no la tiene poblada”, contrario a lo que era propio de un hombre de honor en la época, el típico “vecino de casa poblada”. Vivía solo pues, y por tanto se le veía en las calles de la capital hispalense “andando siempre solo y sin aquel acompañamiento que autoriza y distingue a las personas de su honor y carácter”. Destaquemos esto, los canónigos implicaban aquí que sus familias, es decir, los consaguíneos o no que vivían bajo su mismo techo, estaban ahí ante todo para brindarles “asistencia” y “acompañamiento”. Eran de alguna forma un elemento que reforzaba su carácter de élite, lo que hoy en día puede parecernos al menos extraño, más en estos días en que justo se discute en México la definición de la familia. No sabemos con precisión cómo se formaba la de los canónigos sevillanos, aunque de nuevo los reproches a Neve insisten en la importancia del servicio y atenciones domésticas. Tan no había familia que le asistiera en su casa que terminaba “quedándose a comer en la Iglesia”, así como “metiéndose para el fin de afeitarse en las barberías”, y lo que era  peor, “limpiando por su persona” su caballo.

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Puerta del patio de los Naranjos de la Catedral de Sevilla, estado actual.

El desbocado y solitario canónigo además faltaba a la dignidad también por su traje, ya decíamos, aunque la descripción de éste terminó ocupando un lugar casi secundario respecto a lo demás. No sólo se presentaba con “aquel fetor que acompaña a los lacayos” (por aquello de bañar a su caballo), sino que además usaba “una casaquilla de montar casi de color bajo de la sotana pero visible”. Por todas estas faltas, pero sobre todo por las acusaciones que lanzaba en los cabildos, terminó siendo arrestado el propio 27 de junio de 1766, primero en la sala capitular y, luego de que el Cabildo recibiera el respaldo arzobispal, fue trasladado a la sala de pruebas de música (Archivo de la Catedral de Sevilla, Secretaría, leg. 7180, fs. 119-120). Fuertes deben haber sido sus expresiones como para que el día 11 de julio los canónigos siguieran confirmando su arresto por 24 votos contra 4 que promovían su libertad. Sin duda, profundizar en su expediente nos permitirá conocer más a detalle tanto su vida sin familia como las faltas que cometió, por ahora debemos terminar citando algunos incidentes finales. La noche del 14 de julio de 1766 se fugó de la Catedral “en chupa” (es decir, de nuevo sin preocuparse por su porte clerical) aprovechando que encontró abierta la puerta del patio de los Naranjos, adonde había convencido a su custodio de que lo acompañara “con el pretexto de tomar el fresco” ya desde hacía varias noches (Archivo de la Catedral de Sevilla, Secretaría, leg. 7180, fs. 128v-129). Imploró el perdón de los canónigos el 26 de septiembre y se le levantó el arresto por fin el 1o de octubre (Archivo de la Catedral de Sevilla, Secretaría, leg. 7180, fs. 176v-177, 179v y 182v), aunque no sabemos si con ello terminó este caso o si recurrió a algún magistrado de la Corona.

Sea de una forma o de otra, el caso de Neve, ayuda a considerar algunos otros puntos dentro del honor clerical del siglo XVIII, especialmente oportunos en nuestros días. Acaso no sobra constatar que los canónigos de entonces no pensaban exactamente en términos de un modelo de familia natural.

Apuntes dispersos sobre secularización

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Fragmento de los “Sentimientos de la nación” de José María Morelos, 183.

La actualidad de este verano en México constituye una buena oportunidad para repasar un poco de la historia del proceso de secularización en nuestro país, tanto más porque muchos de los términos de los debates de estos días han hecho referencia a la historia. Desde 1821 y hasta 1859 (o 1867 según se vea), el catolicismo fue la religión oficial de la nación mexicana. Había sido uno de los tres principios proclamados por el Plan de Iguala (junto con la independencia y la unión de españoles y mexicanos), en buena medida respondiendo a la legislación reformista española del año anterior. Tras la caída del Primer Imperio, las constituciones de 1824 (restablecida en 1847), 1836, 1843, hacían mención explícita de su exclusividad, y los demás regímenes provisionales de esas décadas mantuvieron el mismo principio. La religión y la política, en principio, no se reconocían como separadas, aunque tampoco era fácil establecer con precisión los detalles de esa relación. No era la simple y llana continuidad respecto de la antigua monarquía católica española, antes bien constantemente se discutía sobre mantener o modificar su herencia jurídica.

Largo sería enumerar todas las implicaciones de este estado de cosas. Esta relación entre catolicismo y nación implicaba límites a la práctica de otras religiones, desde luego, pero también la posibilidad de censura de libros e incluso de la prensa, aunque –algunos obispos lo lamentaron en su momento– nunca llegó a estructurarse un verdadero sistema represivo oficial. Las contribuciones económicas religiosas estuvieron respaldadas por la coacción civil, pero sólo hasta 1833 en el caso del diezmo, la más importante de ellas. De hecho, si algo sabemos de estas décadas es la significativa y progresiva reducción de los ingresos eclesiásticos. Ni siquiera logró establecerse una regulación permanente respecto de la provisión de beneficios, es decir, el nombramiento de obispos y párrocos. Es bien sabido que la autoridad civil llegó a reclamar el derecho de presentación, pero que la autoridad eclesiástica sólo reconoció un derecho de exclusiva. Tal vez donde era más visible y más estable ese carácter de ideología oficial del Estado estuvo en el orden ceremonial. Se mantuvo el carácter oficial de las celebraciones católicas (Semana Santa y Corpus Christi en particular), así como el uso del ceremonial católico en cualquier celebración o conmemoración oficial, aunque no sin la competencia simultánea de un incipiente ceremonial público laico.

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“Ciudadano Benito Juárez Presidente de los Estados Unidos Mejicanos”, litografía de G. G. Ancira tomada de “Nación de Imágenes. La litografía mexicana del siglo XIX”, 1994

No fue pues una época estática. La opinión pública de la época llegó a discutir con mucha frecuencia y abiertamente la continuidad de esta íntima relación entre el Estado y la Iglesia, el catolicismo y la nación, la política y la religión, en particular por lo que tocaba a la tolerancia de cultos. Sin embargo, sólo a partir del triunfo del Plan de Ayutla en 1855 y en particular con motivo de la redacción de una nueva constitución, la que finalmente se promulgó en febrero 1857, llegó a plantearse un conflicto cada vez más polarizado al respecto, que terminó en una guerra civil. Fue en ese marco, como es bien sabido, que se promulgaron las célebres Leyes de Reforma, estableciendo la “perfecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos”, según reza el artículo 3o. de la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos. Esto es, el ámbito de lo político iba cobrando autonomía respecto del religioso, de ahí que todo esto que venimos exponiendo sea posible concebirlo como parte de un proceso de secularización. Mas conviene siempre recordarlo, no es que los liberales decimonónicos pretendieran acabar con la religión. La misma ley, exactamente en el mismo artículo, declaraba: “El gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica, así como el de cualquier otra”.

En general, a lo largo del siglo XIX, si los liberales comenzaban a estimar que un Estado no podía tener ya religión exclusiva, no llegaban necesariamente a pensar (salvo excepción) que una sociedad pudiera sobrevivir sin religión. Solían ser muy críticos de las prácticas religiosas “populares”, de las procesiones, los peregrinajes, las fiestas, y en general el culto lleno de “exterioridades”. En cambio, aunque no sin discusión, temas como la espiritualidad, la educación, la vida familiar, la moral en general, y en particular la moral femenina, podían estimarse como propias del ámbito religioso. Ese fue el espacio que, sobre todo ya en los primeros años del siglo XX, habría de aprovechar el catolicismo social para expandirse y construir, ya que no un Estado católico, una sociedad católica, con organizaciones de todo tipo, siempre con ese adjetivo. La secularización ha implicado la autonomía de diversas esferas, cuyos límites están en constante negociación, pero no necesariamente una privatización de lo religioso, en la medida en que lo social y lo familiar tienen también implicaciones públicas. Por decirlo recuperando un concepto marxista, pasamos de la ideología del Estado a uno de los aparatos ideológicos del Estado. Casi sobra decirlo, el catolicismo ha llegado a aceptar la separación entre política y religión, y a valorar positivamente, por tanto, la independencia de la Iglesia y el Estado, pero no en cambio a ser completamente expulsado de lo público.

En nuestros días, justo podemos seguir viendo ese esfuerzo por la continuidad de un catolicismo, no como religión de Estado, sino como “religión pública”. La iniciativa presidencial a propósito del matrimonio pareciera desplazar el concepto católico del matrimonio –conservado aún por los impulsores del matrimonio civil en el siglo XIX–, y ha motivado por ello una amplia movilización del episcopado. Para reemplazarlo se ha recurrido a la teoría de género y a la doctrina de los derechos humanos, que consagran así su integración, después de mucho tiempo de luchas, a los aparatos ideológicos estatales mexicanos. Esta nueva batalla ha tenido lugar, desde luego, en los espacios públicos: las calles y plazas mexicanas en manifestaciones, sobre todo las de los días 10 y 24 de septiembre, en los medios de comunicación masivos, en las redes sociales, etcétera. No deja de ser interesante que este debate nos muestre hasta qué punto, sin embargo, sí ha habido un “avance” en el sentido de la privatización de lo religioso. Ha sido más bien con timidez, e incluso negándolo muchas veces, que las manifestaciones se han referido a esa filiación. Tan es así que muchos de sus participantes y promotores alegan hablar de biología al referirse al concepto de “naturaleza”, por evidente que sea que no la piensan sino en términos teológicos y conforme a ejemplos bíblicos: la naturaleza humana aparece, no como resultado de la evolución, sino como un diseño racional e intemporal, producto, se entiende implícitamente, de un plan divino.

En ese sentido, estas manifestaciones ofrecen un bello contraste con aquellas de finales de los años 1920, que en cambio lucían con orgullo cualquier adjetivo relacionado con lo religioso. Acaso sea la constatación de aquella frase célebre de Marx en el sentido de que las cosas suceden dos veces. Más importante, empero, es constatar los límites de la movilización. En realidad, incluso pensando en números de sus organizadores, han tenido una asistencia reducida si las comparamos con las manifestaciones públicas específicamente religiosas, como los grandes peregrinajes y procesiones en honor de imágenes marianas (Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac, Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, Nuestra Señora de Zapopan, en particular) capaces de reunir prácticamente cada año varios millones de personas. La idea peca de anacrónica, sin duda, pero no puedo dejar de señalar que acaso los liberales decimonónicos que hicieron la separación Iglesia-Estado, tal vez hubieran estado más cerca de la moral de los movimientos defensores del modelo familiar católico que de estos grandes actos de culto público. Más importante, y ya para cerrar estos apuntes dispersos, lo interesante es constatar, la diversidad pasada y presente del catolicismo mexicano,  la perenne complejidad del carácter público de la religión en una sociedad moderna y, de manera particular, insistir en que los eventos de estos días no hacen sino confirmar el avance de la secularización.