Archivo por meses: mayo 2016

Testimonios de un pueblo cofradiero

Altar mayor de la iglesia parroquial de San Andrés Zautla, imagen tomada del blog  Colonialmexico

Altar mayor de la iglesia parroquial de San Andrés Zautla, imagen tomada del blog Colonialmexico de Richard D. Perry.

En la vasta masa de documentos que constituyen el Archivo General de la Nación (AGN), y a reserva de lo que en los últimos años se ha ido abriendo al público como grupo documental Indiferente Virreinal, existen apenas dos testimonios muy precisos de la vida cofradiera del pueblo de San Andrés Zautla, ubicado en el actual Oaxaca. Se trata de dos breves licencias que se encuentran en los libros del antiguo Juzgado de Indios, y que hoy forman el grupo documental de ese mismo nombre en el AGN, una data de 1694 (AGN, Indios, vol. 32, f. 217r) y la otra de 1718 (AGN, Indios, vol. 42, exp. 67, fs. 91r-91v).

Aunque hoy en día dicho pueblo es célebre por la fiesta del Dulce Nombre en enero, lo que sabemos es que a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII existían al menos tres cofradías: Nuestra Señora del Rosario, San Andrés y Santísimo Sacramento. En ese sentido, por esas devociones, era un pueblo “normal”, por así decir, del obispado de Oaxaca. Siendo una región donde la orden dominica llevó a cabo buena parte de la labor de evangelización, no es de extrañar que encontremos una cofradía dedicada a la principal advocación mariana promovida por esos frailes, y tal era el caso de la Virgen del Rosario. Tampoco es raro ver una cofradía dedicada al santo patrón del pueblo, un apóstol además, que hasta hoy se ve en el nicho central del altar principal de la iglesia parroquial. En fin, la del Santísimo es buen testimonio de que era una parroquia que seguía los grandes lineamientos del catolicismo a nivel global. Como se sabe bien, desde el siglo XVI esta cofradía se difundió por el mundo católico como un medio para sostener el culto a la Eucaristía, cuyo carácter de “presencia real de Cristo” había que realzar de manera sensible. Eran estas cofradías las que se ocupaban de pagar la lámpara de aceite que debía arder en permanencia ante los sagrarios, así como de organizar las festividades correspondientes, incluyendo la procesión por excelencia del catolicismo de los siglos XVI al XVIII, la del jueves de Corpus Christi. Así pues, lo que ya nos indican estas licencias, es que San Andrés Zautla era un pueblo con una vida festiva importante a lo largo del año: es bien posible que ya entonces se celebraran Corpus, entre mayo y junio porque es fiesta móvil, a la Virgen del Rosario en octubre y a San Andrés apóstol el 30 de noviembre.

En segundo lugar, las dos licencias nos hablan de cómo se organizaban esas cofradías. Es significativo que mientras las de Rosario y San Andrés actuaron a través de sus mayordomos, José de Arellano y Andrés Luis respectivamente, la del Santísimo fue presentada por el “común y naturales”, es decir, el pueblo de indios en conjunto. Es harto probable, por tanto, que mientras las primeras funcionaran como una responsabilidad individual, la del mayordomo, más o menos acompañada por algunos habitantes del pueblo (o incluso por todos), mientras que en realidad la del Santísimo bien podía haber sido el pueblo mismo. Hoy solemos imaginar cofradía como si fuera sólo un conjunto limitado de personas voluntariamente reunidas, como si fuesen las asociaciones de nuestros días. Entre los siglos XVII y XVIII no era raro ver algunas que prácticamente eran el resultado de un esfuerzo muy individual, y otras que al contrario se confundían con una comunidad completa. No es un asunto menor, toda vez que esa confusión fue justo la que denunciaron algunos magistrados y fiscales de la Corona a mediados del siglo XVIII y fue uno de los puntos de inicio de la reforma de cofradías.

AGN, Indios, vol. 42, f. 91v.

AGN, Indios, vol. 42, f. 91v.

En fin, de lo que más nos hablan las dos licencias es de los bienes de las cofradías. Solemos pensarlos como “bienes eclesiásticos”, a veces implicando que eran del clero. Y si bien es cierto que los párrocos intervenían en ellos, no dejaban de estar en buena medida bajo el control de los propios feligreses. Esto se nota de manera particular en estas licencias en que no aparece por ninguna parte una intervención clerical. Ahora bien, ¿qué tipo de bienes se trata? Tierras y ganado. En 1694 los mayordomos de las dos cofradías habían acudido a la autoridad del virrey para arrendar dos sitios de ganado que una cacica, doña María de San Pedro, les había dejado en su testamento. En 1718 el común y naturales obtuvo del virrey la licencia para usar una marca de hierro propia para el ganado que donaban a la cofradía del Santísimo y que vemos en la imagen. Esto es, al igual que en muchas otras regiones de Nueva España y del mundo hispánico, las cofradías poseían bienes semovientes, e incluso podían llegar a confundirse con ellos. Es importante advertir la diferencia entre arrendar o administrar el ganado. Las cofradías fueron acusadas constantemente de consumir su ganado en sus grandes banquetes festivos, sobre todo cuando los administraban por sí mismas. Uno de los grandes esfuerzos de los obispos de mediados y finales del siglo XVIII iría en el sentido de obligarlos a llevar una administración “ordenada” de esos bienes, es decir, llevando libros, registros, cuentas, etcétera. Algunso prelados convertían así la gestión cofrade en un asunto más de papeles, “burocrático” diríamos hoy. El arrendamiento, en cambio, ofrecía la ventaja de generar ingresos más consistentes y permanentes, desde luego, sería muy atrevido hacer más suposiciones a partir de estos dos breves documentos.

En cualquier caso, esas dos licencias nos ofrecen la oportunidad de pensar que las devociones y la organización cofradiera del pueblo de San Andrés Zautla tiene una historia; es decir, ha pasado por cambios como muestra la ausencia del Dulce Nombre en los documentos de esa época. Y asimismo, nos permite al menos imaginar que, como las de cualquier otro pueblo de la Nueva España y luego de México, vivían mezclando lo sagrado y lo profano.

Festivos repiques y sensibilidad metálica: una nueva campana para la Catedral de México, 1751

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Retrato de la infanta María Antonia Fernanda de Borbón.

En 1750 tuvo lugar la boda de la infanta doña María Antonieta Fernanda de Borbón, hija de Felipe V, rey de España, con Víctor Amadeo de Saboya, duque de Saboya y príncipe heredero del reino de Cerdeña. Como era común en un matrimonio entre la realeza de la época, fue el embajador de Su Majestad Sarda quien acudió a pedir la mano de la infanta. Hubo por tanto una primera boda por poder en Madrid el 13 de abril de ese año, que luego sería ratificada en persona en la Colegiata de Oulx, ya en el Piamonte.  Alianza entre dos casas reales europeas, este evento podría parecer extremadamente distante. Sin embargo, cabe ante todo recordar que entonces el reino de la Nueva España hacía parte de la monarquía hispánica, y todos los eventos de la Casa Real se celebraban en todos los rincones de su vasto territorio. Esto, desde luego, conforme las comunicaciones de la época y las circunstancias del momento lo permitían. Además, casi sobra decirlo, la monarquía hispánica era una monarquía católica, por lo tanto los eventos de la Casa Real se celebraban en las iglesias, con la liturgia religiosa correspondiente, en presencia de los magistrados del rey y del público.

Fue hasta 1751 cuando el navío de registro Jasón llevó condujo entre otros documentos la real cédula en que se ordenaba al virrey de Nueva España “haga publicar y que se celebre con las debidas demostraciones de alegría y hacimiento de gracias a la Majestad Divina” esos esponsales. Debía pues, organizarse una fiesta oficial, que se programó para el 8 de julio de ese año. Era una fiesta religiosa en la que el conjunto de los fieles de los reinos americanos, encabezado por sus autoridades eclesiásticas, elevaba oraciones por la prosperidad de los príncipes recién casados. Mas era también una fiesta política, como lo ha señalado una amplia historiografía, en la cual a través de la cual, esos “reyes distantes” (por retomar el título de la obra clásica del profesor Víctor Mínguez), físicamente a un océano de distancia, se hacían presentes de manera simbólica llamando a la cohesión de sus extensos dominios. No era un asunto menor ni para los magistrados reales que representaban al monarca, ni tampoco para las élites que, como cabezas del público, de los súbditos novohispanos, hacían de esas oportunidades el momento de despliegue de su lealtad y de su jerarquía. De ahí que muchas veces esas fiestas que debían representar la concordia terminaran en querellas: la política de la época se hacía en las fiestas religiosas.

DSCF4156Así pues, el virrey de la Nueva España, que era entonces el primer Conde de Revillagigedo, comunicó el encargo de la celebración a los responsables de la iglesia más importante de la ciudad y corte de México, el Cabildo de la Catedral Metropolitana. Los canónigos justamente eran clérigos expertos en ceremonias, tanto más los de la Metropolitana de México, donde estos eventos eran casi el pan de cada día. La discusión que tuvieron el 5 de julio de 1751 en la sala capitular ilustra bien la importancia del tema. La fiesta, entonces y ahora, implicaba gastos, que los canónigos pensaron inicialmente en reducir. Empero, tras “varias expresiones”, concluyeron que debía hacerse “con toda pompa y solemnidad”. El honor de la corporación podía quedar comprometido, pues “aunque faltase lo más leve, se notaría y se hablaría”. La sociedad capitalina en todos sus rangos llegaba a asistir y observaba con detenimiento esas ceremonias. No faltaban los que se encaramaban en torres y azoteas para alcanzar a ver esos despliegues monárquicos, y sus reacciones eran asimismo un elemento más del juego político de entonces.

Llevados pues a desembolsar de la fábrica de la Iglesia (es decir, los fondos para el mantenimiento del edificio y los gastos materiales del culto), los canónigos mandaron que se desplegara para la ocasión el catálogo completo de elementos festivos oficiales de la época. Lo más caro, y sin duda también lo más impresionante entonces, era la iluminación de la fachada y torre por tres noches consecutivas. Además había que engalanar el exterior del edificio con “colgaduras”, es decir, con gallardetes, que lucían las armas del rey. En cuanto a las ceremonias propiamente dichas, lo principal era la misa solemne de acción de gracias que habría de celebrar de pontifical el arzobispo de México, don Manuel Rubio y Salinas. Asimismo se realizaría procesión solemne por las naves de la Catedral, es decir, en el interior solamente, cantando el himno de acción de gracias por excelencia del ritual católico, el Te Deum, “con toda la música y solemnidad”. La Catedral podía permitírselo gracias a su capilla de música, renombrada orquesta y coro cuyo sostén y atención era una de las obligaciones que hoy son más conocidas del Cabildo Catedral en el siglo XVIII. Música, luces, ornamentos lucirían en todo su esplendor. Sin embargo, la expresión de la alegría no hubiera podido quedar completa sin un elemento más, no menos fundamental: las campanas.

DSC_0034En efecto, ya lo hemos mencionado en otra oportunidad, los “alegres repiques” eran infaltables en cualquier celebración e incluso eran exigidos por el pueblo. Durante los tres días que duró la iluminación, las esquilas de la Catedral repicaron a vuelo, dos veces en cada jornada, al mediodía y a la oración, es decir, ya entrando la noche. Tal vez nos dé una idea del apego de la sociedad por su sonido el maltrato que se llevó una de las campanas en esa oportunidad. El 23 de julio de 1751 los canónigos recibieron del tesorero el recuento de los daños causados por la fiesta: la campana en cuestión se había quebrado, había perdido las asas del badajo, y éste le había abierto dos sendos agujeros. En suma, “con el motivo de los muchos repiques […] quedó inservible”. No había de otra sino destruirla y fundir una nueva.

Las actas de los cabildos que los canónigos celebraron el 12 y 27 de agosto, a más de la ya mencionada del 23 de julio, son interesantes pues nos cuentan un poco la historia de esa campana, auténtica mártir de la fiesta regia, y de la sensibilidad metálica de los clérigos. Originalmente había pertenecido al Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, la Catedral la había comprado en dos mil quinientos pesos, una cifra no menor en la época mas en realidad bajo para una campana según veremos. Sobre todo, ya entonces se le oía defectuosa. En efecto, “era bronca”, se afirma en el acta capitular, es decir, tenía un sonido desagradable, y “para ver si se componía”, ya había pasado por una refundición. Entonces se descubrió bien a bien el origen del problema: “se hizo de lo que dieron de limosna de calderetas y otras cosas de este tenor”. Lamentablemente el acta no nos dice con precisión ni la edad y el año en que se refundió, pero como vemos, acaso por motivos económicos, la propia Catedral debió seguirla utilizando. Y aunque los canónigos la estimaran “bronca”, el hecho mismo de que siguiera sonando tan activamente hace sospechar que no era necesariamente la misma opinión de los feligreses. Como sea, nos encontramos con varias prácticas interesantes: campana hecha de limosna, es decir, recolectando donaciones en metálico, que fue de una iglesia a otra, aceptada con resignación por el clero, pero que trabajó mucho en esos mediados del siglo XVIII. El último en sentenciar su destino fue el ensayador mayor de la Casa de Moneda de México, Manuel de León, un hombre devoto según hemos visto en otra oportunidad, quien fue consultado como experto en metales por el tesorero de la Catedral. Según él, el metal de los restos de la campana “no servía absolutamente para nada pues estaba recocido y era desde sus principios malo”. Jubilada definitivamente, sus pedazos se vendieron a principios de agosto a un tal Lemus, en 616 pesos y 7 reales. Descendida de las alturas del campanario de la Catedral, pasó de unos usos que se estimaban sagrados a otros completamente profanos, pero que desconocemos.

Apenas perdida la campana, los canónigos comenzaron a tratar cómo reponerla. Si el problema de la destruida había sido el metal, pues sobre ello había que centrar la discusión. Y empezaron a escucharse las sensibilidades sobre el sonido de los metales en la sala capitular. “Siempre para lo sonoro era bueno el latón” afirmó uno de ellos, quién sabe si pensando en los costos; otro más señaló “era lo mejor el cobre de las minas de Santa Clara”, lo que llevó la discusión por el camino de la geografía: “el estaño del Perú se celebra mucho”, a lo que otro contestó “dicen que en el reino de Guadalajara se da uno muy bueno”. Lamentablemente el secretario no incluyó los nombres precisos que nos permitan imaginar al menos de dónde habían adquirido esos canónigos en particular estos conocimientos. Empero, la discusión nos muestra bien que eran hombres que se estimaban atentos al sonido de los metales.

Más todavía, el 27 de agosto de 1751, el tesorero llegó a la sala capitular acompañado del propio don Manuel de León, quien se ofreció como voluntario para seguir asesorando al Cabildo Catedral. El tesorero y De León habían acordado que se hiciera una prueba de la mezcla de metales más adecuada para la nueva campana, para ello, el ensayador real se ocupó de fundir cuatro campanitas de cobre, estaño y latón en diversas proporciones. De paso, nos enteramos que el secretario era el titular de esas campanillas y que las tenía normalmente en su escritorio de la sala capitular, no sabemos para qué las usaba. De León se ocupó de “demostrar” cada campanita, es decir, a hacerlas sonar, recomendando dos en particular. Lamentablemente el secretario no nos detalla la escena de esos graves eclesiásticos escuchándolas con oído atento, sólo sabemos que al final se decidieron por una proporción de dos libras de bronce por cuatro onzas de estaño y cuatro onzas de latón.

Retrato_del_Arzobispo_Don_José_Rubio_y_SalinasLargo fue el proceso, pues no fue sino hasta febrero de 1752 que pudo fundirse la campana. El procedimiento tuvo lugar en el pueblo de Azcapotzalco, bajo la vigilancia del tesorero, de Manuel de León y de los campaneros de la Catedral, los Carrillo. El arzobispo Manuel Rubio y Salinas consagró la campana el día 18 de marzo, y se le puso por nombre el de “San Pedro y San Pablo”, estrenándose en las vísperas de la fiesta de San José, es decir, el 22 de ese mes. El costo final, según el tesorero, fue de más de cinco mil pesos, más otros dos mil de otros gastos. Instrumento fundamental de las celebraciones de la época, el informe final de dicho clérigo nos muestra además que para su elaboración era necesario un intenso esfuerzo social. Acopiar los metales y llevarlos a la fundición era un primer paso. La fundición misma era un proceso largo, nocturno además, acompañado por comisionados de todos los interesados para evitar cualquier fraude en el metal, y al que seguía un reposo que en este caso duró al menos quince días. Estaban además las pruebas: si el estreno en la Catedral fue el 22 de marzo, en realidad la primera ocasión en que “se colgó y tocó” había sido en el pueblo de Azcapotzalco el 7 de marzo. Fueron las repúblicas de indios de Azcapotzalco y Tacuba las que hicieron el esfuerzo físico de conducir en carro los 136 quintales en que se estimó su peso. Espectacular era su sonido, no menos debía serlo el acto de su ascenso al campanario, que no por nada era un punto que fue particularmente costoso: 800 pesos por el pago de la mano de obra para la colocación de andamios y demás necesario. Es cierto, en todo ese procedimiento, pasamos ya de la historia de las sensibilidades a una historia más bien social, de la que sólo podemos exponer estos breves datos, que sabemos, repito, gracias a ese incidente en una fiesta motivada por un matrimonio que había tenido lugar al otro lado del Atlántico.

Volvamos pues, ya para cerrar, a insistir en nuestro tema fundamental: la sensibilidad hacia el sonido de los metales. La de San Pedro y San Pablo debía ser la “segunda voz” de la Catedral, después de la conocida como Doña María, según lo habían solicitado los campaneros al Cabildo Catedral en julio de 1751, quienes claramente decían que era lo “hace mucha falta”. Hoy puede parecernos al menos extraño todo este esfuerzo para cubrir esa “necesidad”, que estimaban tal lo mismo los ilustres canónigos que los modestos campaneros, no menos que el refinamiento en la selección de los metales por parte de unos y otros. Tal pues la diferencia a resaltar entre esa época y la nuestra, quién sabe si esos pueblos y esos clérigos no verían también con extrañeza nuestros propias sensibilidades sonoras. Nuestros oídos también perciben, no sólo de manera natural, sino en función de circunstancias históricas.

FUENTES:

Archivo del Cabildo Catedral Metropolitano de México, Actas de Cabildo, libro 41, fs. 10-10v, 12v-13, 22, 26 y 98v-99v.

La (imposible) reforma de cofradías en la Nueva Galicia: el dictamen de Ambrosio de Sagarzurrieta de 1790 II

Una segunda parte del dictamen que en 1790 redacto el fiscal de la Audiencia de Guadalajara, Ambrosio de Sagarzurrieta, ante la negativa del obispo de esa ciudad, fray Antonio Alcalde, de aceptar la intervención de la autoridad regia en las cofradías de la diócesis, corresponde a los problemas reales de los pueblos de la jurisdicción. En efecto, en unas cuantas líneas el fiscal presentó varias controversias que habían llegado a la Real Audiencia sobre bienes de cofradías y de comunidad, para mostrar así que la raíz del problema era la intervención en ellos de los curas párrocos, sus vicarios, y en general el clero. Desde luego, el contexto era el de las cofradías ganaderas de la Nueva Galicia, por lo que esos bienes eran, fundamentalmente, reses. Vamos a reservar para una tercera parte las alternativas de solución que ofreció el fiscal, y que corresponden a una reforma que nunca logró llevarse a cabo. De cualquier forma, en la parte final del fragmento que presentamos ahora se advierte ya uno de los ideales del fiscal: la caridad. Esos bienes debían haber servido, no tanto para el culto cuanto para la caridad; es decir, asistir a los pueblos en el pago de tributos, afrontar carestías y hambrunas, y tener educación.

 

Dictamen del fiscal Ambrosio de Sagarzurrieta, 29 de marzo de 1790
Archivo General de Indias, Audiencia de Guadalajara, leg. 352.

Firma de Ambrosio de Sagarzurrieta, ya como fiscal de la Real Audiencia de México a principios del siglo XIX.

Firma de Ambrosio de Sagarzurrieta, ya como fiscal de la Real Audiencia de México a principios del siglo XIX.

Las certificaciones que corren en este expediente, y los otros que se le han agregado, no dejan duda de la verdad que se acaba de asentar: De la certificación ya citada relativa al negocio de los indios de Mazamitla, aparece que habiendo en dicho pueblo dos cofradías, la una de Ánimas y la otra de la Santísima Virgen, y teniendo la una de ellas (no se expresa cuál ni en qué paró la otra), más de cuatro mil reses y quinientas yeguas de vientre, se destruyó del todo ocho años hacía, que corresponde al de mil setecientos ochenta, siendo la causa la desidia y mal gobierno de los administradores de ella, que llaman priostes, y los consumos que hacían de dichos bienes los religiosos doctrineros, disipándolos a su arbitrio, y últimamente el cura D. Miguel Díaz de Rábago, quien se llevó los últimos restos, marcando los ganados con su propio fierro, además del de la cofradía, sin que lo pudiese remediar el pueblo.

De otra certificación dada por el teniente de escribano de Real Hacienda con fecha de 3 de junio de 1789 consta que recibida información de doce testigos sobre los hechos de Carlos Padilla, recaudador de tributos de la jurisdicción de Sayula, a que pertenece el pueblo de Chapala, contra el cual, por haber querido que los indios vendiesen algunos bienes de la que llaman cofradía para el pago de los tributos, dio queja el cura al reverendo obispo de esta diócesis, y este prelado al excelentísimo señor virrey de Nueva España, conde de Gálvez. Depusieron todos los doce testigos que los naturales del pueblo de Chapala compraron con dinero propio ganado vacuno y caballar y le pusieron al cuidado de Pedro de Herrera y Diego García, que lo pastorearon largo tiempo, que vendían el que necesitaban así para el pago de sus tributos como para el socorro de otras necesidades, sin licencia de los curas ni vicarios, que después ya empezaron a correr éstos con su administración, sin saber el motivo, pero siempre invirtiéndose sus productos en las mismas necesidades del pueblo, por considerarse como bienes de comunidad; que esto mismo consta de varias diligencias que practicó el bachiller D. Francisco Pintado, siendo cura del expresado pueblo, en averiguación de si dichos bienes eran de cofradía, que habiéndose éste quedado con las originales, se llevó un testimonio D. Antonio Tiburcio Ruiz, y otro se remitió a México; que sin embargo de esto el cura D. Antonio Velasco de Jara, sucesor del Br. Pintado, se apropió de dichos bienes, y desde entonces los han manejado a su arbitrio los demás curas, precisando a los indios a que den tres individuos para que sin estipendio alguno cuiden y pastoreen dicho ganado, que hasta el año de 1787 ascendía el número de este a cuatrocientas reses vacunas y cincuenta caballares, poco más o menos, y que ignoran en qué se invierten sus productos, pues ni de ellos se costea el aceite para la lámpara, ni la fiesta del santo patrón.

Por una información de ocho testigos, los cinco examinados de orden de vuestra señoría a pedimento del alcalde y principales indios del pueblo de Santiago Juchitán y los tres de oficio, se comprende que el Br. D. Vicente Tello, juez eclesiástico del partido, habiendo puesto por caporal del ganado de la cofradía del hospital a José Gerónimo, sujeto de su devoción, había hecho varias extracciones y aunque el ganado estaba marcado con el fierro de la cofradía, lo arrendaba y vendía como propio, en cuya comprobación señalan los testigos las partidas, personas y lugares de la venta, contestando que cuando dicho D. Vicente Tello estuvo de juez eclesiástico en la villa de Purificación, acabó con la cofradía de ella, y pedido informe al cura doctrinero del partido, fray Francisco María Romero Leal, dijo que es cierto que los indios de Juchitán no han tenido paz desde que entró de caporal José Gerónimo, por no darles razón alguna de dicha cofradía, y que siendo ésta la mejor que había en todo el curato, se haya muy derrotada por la repetida saca de sus bienes de orden de dicho vicario Tello, sin saberse en qué se ha invertido la suma grande que importan los referidos bienes, pues en su iglesia y sacristía, estando muy necesitada, no aparece alhaja alguna; que menos sabe en qué se invirtieron los trescientos pesos que aseguraban los indios haber en el arca, y que habiendo trabajado veinte yuntas de bueyes en conducir madera a esta ciudad, de las cuales murieron bastantes por lo inservibles que vinieron, tampoco se sabía en qué se invirtieron sus alquileres.

El teniente general de la jurisdicción de Guachinango y Mascota, en oficio que dirigió a V.S. en 15 de enero de 1788, le dice que habiéndose extinguido el pueblo de Amatlán de las Cañas, que era de indios, se cobra un tanto anualmente de cada uno de los vecinos que allí se han establecido por el solar de las casas de su habitación y tierras que siembran pertenecientes a dicho pueblo, y sin embargo de que los productos  de estos arrendamientos son bienes rigurosamente comunes o llámensele propios, informa dicho teniente que los percibe el cura párroco por decir éste que se le dieron años ha para ayuda de la fábrica del templo, y añade dicho teniente que en ocasiones percibe alguna parte de dichos productos el teniente de justicia de dicho pueblo.

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Despacho del virrey Antonio Bucareli que motivó la protesta del obispo de Guadalajara.

En otro oficio del teniente de la jurisdicción de Tepospisaloya, partido de Guachinango, informó con fecha de 4 de febrero de dicho año de 88 que los pueblos de ella no tienen más bienes de comunidad que cuatro cofradías, y que según le aseguraban los indios, las dichas cofradías antes que fuese de vicario eclesiástico el doctor D. Salvador Branvila, sólo habían sufrido el lasto del tributo, manutención de sus caporales y el estipendio de dos misas anuales por cada cofradía, erogando el resto en los mayores servicios adealas [sic] o contribuciones que pagan a los reverendos padres guardianes, y se expresan en una memoria que acompañó, pero que en los años que fue vicario dicho Branvila les hizo éste varias extracciones de ganado.

A fines del año de 1786 se formaron autos en la Real Audiencia, que después se han remitido a vuestra señoría en que los indios del pueblo de Mascota se quejaron de los ultrajes, tropelías e indebidos tratamientos que les hacía el cura de su reducción D. Juan José de Aguirre, de los servicios personales que les obligaba y de que no se les daba cuenta y razón de una pingüe cofradía. Además de las informaciones que dieron los indios, con que acreditaron en la mayor parte la verdad de sus quejas, hay dos informes, el uno del cura D. Lino Castellanos, sucesor de Aguirre, y el otro del alcalde mayor del partido D. Juan del Camino Alonso, que combinados dan muy cabal idea de que siendo tan rica dicha cofradía, no sirve sino de carga a los indios. Con efecto, a la sombra del considerable pie de más de mil reses y de producto anual de cien toros, poco más o menos, se emprendió la fábrica de un hospital de cal y canto, en que se había gastado más de diez mil pesos y aún no estaba concluido, contribuyendo además los indios con su trabajo personal. Sería tolerable esta superfluidad si al mismo tiempo que se procura construir un grande edificio de hospitalidad, se socorriese a los pobres enfermos y a los necesitados, pero el caso es que habiendo sido erigida dicha cofradía con el fin de aliviar estas necesidades de los indios y dar culto a la imagen de la Santísima Virgen, según se percibía de los autos de visita de los señores obispos de esta diócesis, no experimentaron socorro alguno en la general hambre y peste de los años de 85 y 86, de suerte que muchos indios, impelidos de la necesidad, abandonaron aquel pueblo, pasándose a otros, en busca de alimentos, y debiéndose haber pagado los tributos con los esquilmos de dicha cofradía, como fundada con caudal de los indios, se vieron precisados, por no hallar arbitrio para satisfacerlos, de ocurrir a esta Real Audiencia, por quien se les concedió releva, e igualmente que a los otros pueblos de aquella jurisdicción que se hallaban en igual caso de indigencia, sin que fuesen más socorridos de los bienes de sus cofradías que los del pueblo de Mascota. Añade el referido alcalde mayor que todo este trastorno proviene del absoluto dominio que se han tomado los curas sobre las cofradías, y que si estas se pusiesen a cargo de un secular que llevase cuenta y razón, y la diese a ambos jueces con asistencia de los indios para su aprobación y pago, lograrían considerables incremento, y de éstos podrían y deberían satisfacerse las regulares pensiones de misas y otras celebridades, reduciéndolas a lo justo, se pagarían los tributos y se socorrerían los indios en sus miserias y urgencias.

En Tequila hay bienes con el nombre de comunidad, y aunque lo son rigurosamente, les sirven tan poco a los indios como los de las cofradías, pues resultando del expediente de su materia que el producto anual de ellos es de 637 pesos, sin incluir otros bienes que ocultaron, y los descubrió la vigilancia y maña del corregidor D. Francisco Cárdenas, apenas alcanzan para costear las funciones de iglesia que celebran los indios de dicho pueblo. El mismo corregidor Cárdenas, en oficio de 9 de enero de 1788, consultando con vuestra señoría la duda de si los bienes de cofradía lo eran de comunidad, de cuyo nombre también los llaman, dice que este es un género de bienes adquiridos por el común de los indios de que conocen los curas, por ejemplo hay en dicho pueblo trapiche que se da en arrendamiento, hay igualmente cañas en correspondiente cantidad, sembradas con el trabajo del común de los indios, y esto se llama cofradía del Santísimo y de la Virgen. Hay otra en el pueblo de Amatlán, del mismo partido, fundada de igual suerte, y compuesta de ganado mayor, y otra cofradía que llaman de Ánimas, cuyo fondo es de nueve mil o más pesos, y tuvo origen de bienes de gente de razón.

Los antecedentes ejemplares son más que suficientes en concepto del fiscal para persuadir: que en este obispado se han confundido los bienes de comunidad y los de cofradía; que los curas son casi los únicos que se aprovechan de unos y otros; que lejos de mirar por su perpetuidad y de invertirlos en los usos a que están destinados por la erección, y por el voto e intención de los fundadores, los manejan tan despóticamente que nombran capellanes a su arbitrio, se arrebatan para sí los ganados, y no dan cuentas como debieran. Cuando más bien se administran estos bienes sólo se consigue que haya muchas fiestas de iglesia en que se disipan los indios, y echan entre sí derramas, pero no se les auxilia con estos bienes para el pago de sus tributos, para el alivio en sus enfermedades y vejez, para que se establezcan escuelas donde se les perfeccione en la lengua castellana, y se les enseñe a leer y escribir y la Doctrina Cristiana, de que están tan ignorantes que no se les puede oír en este punto sin llorar lágrimas de sangre.

La (imposible) reforma de cofradías en la Nueva Galicia: el dictamen de Ambrosio de Sagarzurrieta de 1790

Lo hemos mencionado en semanas atrás: en 1776 comenzó el expediente general de reforma de cofradías de Nueva España. La recogida de datos iniciada entonces alcanzó incluso jurisdicciones bajo la autoridad, en lo eclesiástico, del obispado de Guadalajara. Su titular, fray Antonio Alcalde, opuso seria resistencia al respecto. De ahí que el caso fuera visto por el fiscal de la Real Audiencia de Guadalajara, Ambrosio de Sagarzurrieta, quien ya en marzo de 1790, redacto un extenso dictamen sobre el tema, que es el que transcribimos aquí en su primera parte. Como verá el lector, el fiscal se ocupó primeramente de la definición y de la historia de las cofradías para establecer en ellas la exclusiva jurisdicción real. Remitió a la legislación que hemos publicado en este espacio antes, así como a otros autores de derecho canónico de la época. Enseguida comenzó a analizar las afirmaciones del obispo Alcalde sobre la situación de las cofradías en la diócesis, hasta cuestionar la intervención del clero en ellas, según veremos en una segunda parte.

Dictamen del fiscal Ambrosio de Sagarzurrieta, 29 de marzo de 1790
Archivo General de Indias, Audiencia de Guadalajara, leg. 352.

El fiscal se hará cargo de la naturaleza de las cofradías, y después de probar que ni ellas ni sus bienes son espirituales como pretende el señor obispo, queriendo de aquí persuadir que deben estar sujetas a su sola jurisdicción, hará también ver que los inconvenientes que tanto ha ponderado dicho prelado no los hay ni son de esperar del plan que propondrá, sino antes bien considerables ventajas y utilidades así respecto de la congrua sustentación de los curas, reparo y adorno de los templos y aumento de las rentas del seminario, como respecto de la Real Hacienda y de la causa pública y del Estado.

Por nombre de cofradía de legos, que es de las que aquí se habla, se entiende cierta junta de legos que se congregan en cierto lugar por causa de algunos ejercicios piadosos. Es tan antiguo su establecimiento que se hace mención de él en las leyes de Solón, y trasladado de allí a las Doce Tablas lo adoptaron después de los Romanos Pontífices y Concilios, pero siempre y en todas partes con sujeción y dependencia de la autoridad del gobierno temporal, que es a quien toca saber y examinar si el colegio o junta que se introduce es útil o perjudicial al bien de la república. Las historias de todos los siglos y naciones están llenas de sucesos funestos de discordias y conjuraciones suscitadas por algunas juntas, colegios, cofradías o hermandades que congregándose con color de fines muy piadosos y cristianos, maquinaban allí los mayores atentados. A este propósito y para prevenir tales daños, las leyes romanas ordenaron que no se erigiese colegio, junta o cofradía, ni aun por causa de religión, sin licencia del Príncipe. Un Concilio de Francia mandó bajo pena de excomunión que no se erigiesen cofradías, sino por voluntad de los señores de los mismos lugares, y del obispo diocesano, interviniendo urgente necesidad y evidente utilidad; nuestras leyes de Partida y singularmente la ley cuarta, título tercero, partida sexta, dando por supuesto que son ilícitas y reprobadas las cofradías y juntas que no hayan obtenido la aprobación del rey, declaran que tales juntas o cofradías no pueden ser establecidas por herederas. Las leyes del título catorce, libro octavo de la Recopilación de Castilla caminan sobre el mismo fundamento, y particularmente la tercera, por la cual, después de declararse nulas todas las cofradías y cabildos hechos sin licencia del rey y autoridad del prelado, desde el año de mil cuatrocientos sesenta y cuatro, se manda que no se hagan otras en adelante, salvo con dichas calidades, y por causas pías y espirituales.

Ley2541La ley veinte y cinco, título cuarto, libro primero, de la Recopilación de Indias dispuso que en todas ellas no se funden cofradías, juntas, colegios o cabildos de españoles, indios, negros, mulatos u otras personas de cualquier estado o calidad, aunque sea para cosas y fines píos y espirituales, sin que preceda licencia del rey y autoridad del prelado eclesiástico, y ordena que habiendo hecho sus ordenanzas y estatutos las presenten en el Real Consejo de Indias para que en él se vean y provea lo que convenga, y entre tanto no puedan usar ni usen de ellas, y si se confirmaren o aprobaren no se puedan juntar ni hacer cabildo ni ayuntamiento si no es estando presente alguno de los ministros reales, que por el virrey, presidente o gobernador fuere nombrado, y el prelado de la casa donde se juntaren, y últimamente el señor D. Carlos Segundo, aunque en real cédula de veinte y cuatro de junio de mil seiscientos ochenta y dos concedió al obispo de esta diócesis D. Juan de Santiago de León Garavito licencia y facultad para que en las partes y lugares del distrito de este obispado que reconociese tener más necesidad de hospitales o cofradías para la curación de españoles, coyotes y mulatos, las pudiese fundar en la forma que tuviese por más conveniente, fue con la expresa calidad y condición de que interviniesen en ello las justicias ordinarias, y que la Real Hacienda no contribuyese con cosa alguna, de suerte que al paso que nuestro soberano dispensó para las cofradías de que habla dicha cédula la formalidad y requisito de la previa confirmación real que se ordena en las Leyes de Indias, que sin duda no es practicable en este punto por ser como serían en sus principios de tan corto principal las referidas cofradías de este obispado, no quiso que se hiciesen estas erecciones sin concurrencia e intervención de la autoridad real, transfiriendo y delegando para este efecto a las justicias ordinarias el ejercicio y uso de la regalía de conceder la licencia y aprobación, que es un equivalente de la confirmación y licencia real, y debe empeñar más a las justicias en el examen de la naturaleza y fines de estos establecimientos, en aprobar con circunspección sus estatutos, y estar vigilantes sobre su ejecución y cumplimiento, no sea que con color y pretexto de reglas y constituciones útiles se introduzcan prácticas reprobadas, maquinaciones y discordias turbativas de la paz y tranquilidad pública.


Si para averiguar la naturaleza de las cofradías de legos y distinguir los límites del sacerdocio e imperio se recurre a los escritores, especialmente a los antiguos, apenas se hallará otra cosa que confusión y conflicto de opiniones, por no haberse acercado a las fuentes y verdaderos principios que deben gobernar la materia. Entre los que ha leído el fiscal, ninguno la descifró mejor y en menos palabras que el presbítero D. Carlos Sebastián Berardi, en el tomo primero de sus comentarios sobre el Derecho Eclesiástico, disertación cuarta, capítulo siete. Allí, distingue entre las personas singulares de los cofrades, la misma cofradía o congregación y los bienes que le son anexos, y entre las iglesias erigidas por los cofrades juntamente con los bienes asignados a las mismas iglesias, los hospitales o lugares religiosos de que están encargados los cofrades y las obras de piedad que éstos deben ejercitar según su instituto. Cuando se trata de las singulares personas de los cofrades, y aun del mismo cuerpo de la cofradía o congregación y de los bienes de ésta, no deben reputarse como eclesiásticas ni las personas de los cofrades en particular ni el cuerpo de la cofradía, ni los bienes de ésta, por no prevenirse en ningún lugar del derecho que se reputen por tales, por lo cual (son palabras del citado autor) los privilegios y derechos de las personas, colegios y bienes eclesiásticos de ninguna manera se acomodan a las personas de los cofrades, ni al cuerpo de la cofradía ni a sus bienes, y por esta causa aun el mismo cuerpo de la cofradía es demandado ante los magistrados públicos, lo cual no negó ni aun el [ilegible] de jurisdicción, partida cuarta, sentencia segunda, caso ciento trece, y esto es verdad aunque en la erección de la cofradía haya intervenido la autoridad del superior eclesiástico, sea el que sea, porque esta autoridad sirve para que la cofradía se entienda lícita y aprobada aun por la autoridad eclesiástica, pero no para que se estime y tenga por congregación, cuerpo, o comunidad verdaderamente eclesiástica. Pero cuando se trata de las iglesias, de los bienes aplicados a ellas, y de las obras piadosas que han de ejercitar los cofrades, principalmente en la iglesia asignada a la cofradía, no hay duda que todas estas cosas, como verdaderamente eclesiásticas, están sujetas a la jurisdicción del obispo y derechos de los párrocos, como se ordena en los capítulos tercero y cuarto De religiosis dominibus. De aquí deduce el Berardi la razón para haber mandado el Concilio de Trento en la sesión veinte y dos, capítulo octavo, De reformatione, que los obispos tengan derecho de visitar las cofradías de los legos, aun las que llaman escuela o de otro cualquiera nombre, exceptuando solamente las que están bajo la inmediata protección de los reyes, y en el capítulo nueve de la misma sesión que los administradores de las cofradías estén obligados a dar cuenta anual de su administración al ordinario. Pero el fiscal haya la razón de esto en la facultad concedida por los príncipes a los obispos.

Los emperadores cristianos, singularmente Justiniano y nuestros reyes, considerando por una parte que los magistrados seculares implicados con multitud de negocios graves no podían aplicar toda su atención al cuidado, régimen y cumplimiento de las obras piadosas, y por otra advirtiendo la solicitud y vigilancia de los obispos y su gran caridad en socorrer todas las necesidades hasta enajenar con este objeto los bienes eclesiásticos, y aun los vasos sagrados, no dudaron encargar a éstos y encomendarles la tutela y protección de toda obra piadosa. Correspondieron al principio dedicando con todo esmero al desempeño de este encargo. Mas en el siglo diez y once de la Iglesia muchos obispos, más solícitos de sus propias utilidades que del bien de las iglesias y del fiel cumplimiento de las obras piadosas, más las gravaban que las ayudaban, exigiéndoles contribuciones que no debían. Entonces los administradores o defensores solicitaron y obtuvieron para dichas obras piadosas exención de la jurisdicción episcopal, a ejemplo de la que por el mismo tiempo y por las mismas causas obtuvieron muchos monasterios. Conocieron los obispos sucesores cuanto había decaído su autoridad y jurisdicción con tales abusos, y para reparar este daño y recuperar su antigua autoridad, se aplicaron al fomento y cuidado de dichas obras pías, lo que les fue causa para que el Concilio de Viena, presidido por Clemente Quinto, y después el Santo Concilio de Trento, ordenasen que los obispos, aun como delegados de la Silla Apostólica, fuesen ejecutores de todas las disposiciones piadosas, tanto en la última voluntad como entre vivos, tuviesen derecho de visitar los hospitales y cualesquiera colegios y cofradías de legos, aunque fuesen exentos, salvo los constituidos bajo la inmediata protección de los reyes, y tomasen cuentas todos los años a los administradores de cualesquiera lugares píos.

De aquí es que cuando los obispos visitan las cofradías y otros lugares y obras pías y toman las cuentas de los administradores de ellas, no lo hacen en virtud de su jurisdicción y facultades nativas, sino en virtud de los encargos, diputaciones o comisiones de los príncipes seculares, que sin embargo de no ser ESPIRITUALES ni propiamente ECLESIÁSTICAS todos los dichos lugares PÍOS, ni sus bienes, los pusieron bajo su cuidado, tutela y protección.

De lo dicho se infiere que no deben excluirse de estos oficios de visitación y toma de cuentas los magistrados seculares, porque cuando los príncipes encargaron a los obispos la vigilancia sobre las obras piadosas no abdicaron de sí toda la potestad, ni es presumible que la hayan dejado de conceder tácitamente a las justicias reales, a lo menos en los casos en que se noten graves abusos y negligencias de parte de los administradores de dichas obras pías y de los obispos; y esto es tan cierto que lo tiene declarado así la Sagrada Congregación del Concilio según lo refiere el Próspero Fragnani en el comentario del capítulo cuarto De religionis dominibus, número doce, y está mandado en la ley veinte y dos, título segundo, libro primero de la Recopilación de Indias.

El que los fieles hayan fundado y dotado las cofradías con el fin de dar culto a alguna imagen, o de que se celebren algunas misas o se hagan otros ejercicios espirituales, no es causa ni prueba de que sus bienes sean espirituales o eclesiásticos. Los aniversarios, memorias de misas y capellanías laicales llevan el mismo objeto y no por eso son espirituales sus bienes, ni están exentos de la jurisdicción de los jueces reales.- Lo mismo debe decirse acerca de la pensión que pagan las cofradías para el seminario conciliar, según lo dispuesto por el Tridentino, y por la ley treinta y cinco, título quince, libro primero de la Recopilación de Indias, pues es constante que esta pensión no sólo se debe de los bienes espirituales sino también de los que no lo son, como tengan relación a algún fin piadoso. El mismo Concilio manda expresamente se apliquen al seminario todos los bienes y rentas que estén destinados en algunas iglesias y lugares para educar y alimentar niños. Los diezmos de Indias, que son bienes temporales del real patrimonio, aun en la parte que están cedidos a las iglesias, según se asienta en el artículo ciento setenta y tres de la Real Ordenanza de Intendentes, contribuyen al seminario. Temporales son también los estipendios con que acude la Real Hacienda a los religiosos doctrineros, y sin embargo se manda en la ley siete, título veinte y tres, libro primero de las municipales que los oficiales reales rebajen el tres por ciento que corresponde a los seminarios, y que el resto se lo entreguen en dinero y no en especie a los religiosos. Siendo de notar que estando los hospitales comprendidos generalmente, así como las cofradías, en la carga de la pensión conciliar, nuestros soberanos eximieron de ella los hospitales de indios, según se ve en la ley cuarta, título cuarto de dicho libro primero, lo que no hubieran hecho si esta pensión cargase sobre bienes propiamente espirituales o eclesiásticas. Es pues manifiesto que las justicias reales tienen autoridad bastante para conocer y juzgar no sólo de las personas de los cofrades en particular, sino también de la junta, congregación o cuerpo de la cofradía y de sus bienes, y que estarán obligadas a hacerlo cuando adviertan desórdenes, abusos o descuidos en el uso de sus rentas.

Antonio Alcalde y Barriga

Retrato de fray Antonio Alcalde, obispo de Guadalajara, en la sacristía de la actual Catedral Basílica de San Juan de los Lagos. Foto de Simona Villalobos Esparza

El ilustrísimo señor obispo de esta diócesis, para recomendar más su solicitud de que las cofradías de este obispado permanezcan en el actual sistema de despótico gobierno de los curas, pondera los gravísimos males y perjuicios que dice se seguirían de cualesquiera novedad en esta materia, ya porque les faltaría congrua dotación a los curas, decencia a los templos, rentas al seminario y socorro a los pobres necesitados, como porque tema y aun dice haber tenido moción en los indios con sólo el rumor de las providencias que se han dado. No explica dicho ilustrísimo prelado cuáles son los pueblos en que ha tenido esta moción, motivo porque el fiscal no puede promover diligencias para averiguar la verdad, pero puede asegurar que no han llegado a su noticia tales movimientos, sin embargo de que a haberlos habido era regular se hubiesen comunicado con sus expedientes al que responde. El único que había cuando se aposesionó de la fiscalía era el de los indios de Mazamitla, y a que es referente la certificación extendida por el escribano de cámara a veinte y seis de marzo de mil setecientos ochenta y nueve que está al folio ciento seis de este expediente. Mas aquellos movimientos provinieron de causa enteramente contraria, como fue los malos tratamientos y excesivos derechos parroquiales que exigían a dichos indios el cura y vicario del partido, y el destrozo que hicieron de los bienes de las cofradías, apropiándoselos para sí, y aunque no consta expresamente de dicha certificación el movimiento de los indios de Mazamitla y su fuga a los montes, porque cuando pidió y se mandó poner este documento sólo se tenía noticia de que el señor obispo tenía temores de movimientos, como insinuó a V.S. en su oficio de treinta de junio, pero no el que realmente los hubiese habido, según lo informó dicho prelado a Su Majestad, diez y seis días después de dicho oficio, le parece al fiscal será bastante prueba el relato de la respuestas que dio en aquel negocio con fecha de catorce de marzo de mil setecientos ochenta y ocho, de que es copia la adjunta. Tampoco señala dicho prelado los curas que con el rumor de las providencias del gobierno sobre cofradías renunciaron sus curatos. Lo cierto es, y le consta a V.S. que ha sido numeroso el concurso de opositores a curatos que hubo en el año próximo de ochenta y nueve.

Todas las providencias de este gobierno en punto de cofradías se han reducido a pasar oficio a dicho señor obispo para que previniese a los curas franqueasen a los jueces reales las noticias que les pidiesen respectivas a bienes de cofradías y testimonios de las escrituras y documentos concernientes a ellas, y mandar al rector del seminario que informase a cuanto ascienden las pensiones que pagan las cofradías de este obispado, sin que se haya expedido la menor orden sobre el particular a ninguno de los justicias ni curas de la provincia. ¿Y es posible que unos pasos tan moderados como estos, el pedir unos informes que los prelados deben dirigir de oficio a Su Majestad, según previene la ley veinte y cinco, título catorce, libro tercero de la Recopilación de Indias, y consiguientemente tampoco los deben excusar cuando se los pidan los gobernadores y tribunales superiores de estos dominios, es posible que sólo el haber pedido esto dicho al señor obispo y al rector del seminario sin saberse el uso que se pretendía hacer de estas noticias, ha de haber concitado tanto los ánimos que los curas han renunciado sus curatos y alterándose la tranquilidad de los pueblos en tan pocos días como mediaron desde el veinte y tres de junio en que V.S. pasó el oficio a dicho señor obispo hasta el diez y seis de julio en que su ilustrísima representó a Su Majestad estas renuncias y conmociones? Dice el señor obispo que los curas y las iglesias de este obispado no tienen la asignación en los diezmos que prescribe la ley de Indias, infiriendo de aquí que si les falta el auxilio de las cofradías no podrán sustentarse los curas, ni repararse las fábricas de los templos, ni proveerse de los paramentos sagrados necesarios en que has ahora dice no se ha grabado la Real Hacienda. Pero es hecho notorio y consta de los cuadrantes y repartimientos de diezmos que hay varios curatos en este obispado que llaman de erección, porque desde ella se les da parte en los diezmos y algunos otros a quienes se les ha señalado después conforme lo han exigido las necesidades, y el resto de los cuatro novenos beneficiales está depositado en virtud de la real cédula de trece de marzo de mil setecientos setenta y siete con el designio de juntar un fondo de donde se socorran los curatos y vicarías pobres, no sólo las ya establecidas, sino las que se establezcan, que es regular excedan ya en el día de cuatrocientos mil pesos. De suerte que entre todos los obispados de esta Nueva España sólo en este de Guadalajara se observa con tanto rigor la ley de Indias, y no sólo se observa en cuanto a la congrua de los curas sino también en cuanto a las fábricas de las iglesias, pues también es constante que además de la matriz tienen participio en los diezmos la iglesia de Aguascalientes, la de Asientos, la de San José de Gracia, la de Compostela, la de Lagos, la de Purificación y la de Pinos. Siendo esto tan cierto, como también lo es el que la Real Hacienda contribuye para la reedificación de las iglesias en los casos en que está obligada, como lo acaba de hacer con la de Lagos, en cantidad de ocho o diez mil pesos, según sabe V.S. por el expediente de su materia, no acaba de admirarse el fiscal cómo pudo el señor obispo de esta diócesis, prelado tan veraz, religioso, caritativo, amante del rey y del público, e igualmente docto, representar a Su Majestad que en esta diócesis no tienen participio en los diezmos los curas ni las iglesias foráneas, y que para éstas no se grava la Real Hacienda.

Esto induce al fiscal a creer que este venerable y digno prelado ha sido preocupado por algunos de los que le rodean, y que habiendo confiado por su mucha edad y achaques la extensión de la consulta, abusaron de la confianza, ingiriendo estas especies y las de conmoción popular para dar más brío, y vigorizar el pensamiento de que subsistan las cofradías en el mal estado que hoy tienen de despotismo de los curas, que se aprovechan de ellas con ruina de los pueblos. Aunque el gobierno no tuviera noticias de que las cofradías de este obispado se manejan con desorden, siempre sería conveniente averiguar de tiempo en tiempo cómo se administran, cuál es el auge o decremento de sus rentas, y si las emplean en los fines de su instituto, y más particularmente convendría examinar si bajo el título de cofradías de indios se han apoderado los curas de sus bienes de comunidad, dejando a aquellos miserables sin estos fondos tan precisos para el socorro de sus urgencias y bien del Estado. ¿Pues qué se habrá de decir en el caso en que el gobierno tenga positiva ciencia de que hay tales desórdenes y usurpaciones?

Una familia clerical en el siglo XIX: los Sanromán

Para iniciar bien el mes de mayo, esta semana vamos a presentar aquí la conferencia que impartió el Dr. Eduardo Camacho Mercado, profesor del Departamento de Humanidades, Artes y Culturas Extranjeras (Universidad de Guadalajara-Centro Universitario de los Lagos), el pasado 28 de abril en el marco del XIII Ciclo del Seminario de Historia Mexicana, titulada Beneficios eclesiásticos y actividades profanas: los sacerdotes Sanromán en el siglo XIX. El profesor Camacho nos presenta una investigación realizada en el marco del proyecto Agustín Rivera y su tiempo: la cultura de Lagos en el siglo XIX, del Cuerpo Académico “Cultura y Sociedad”. A partir, sobre todo mas no exclusivamente, de la correspondencia conservada en el archivo particular de la familia Sanromán, nos presenta no sólo las historias de vida de los tres sacerdotes de esa gran parentela de los Altos y Guadalajara, sino que en concreto se pregunta por las opciones que tenían los sacerdotes de élites medias en ese siglo, además de una carrera propiamente eclesiástica. Sin adelantar más, bástenos dejar la palabra al conferencista a través de este video.

 

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