Archivo por meses: mayo 2009

La trampa de Ramos Arizpe

El 6 de mayo de 1833 se presentó ante la Cámara de Senadores del Congreso Federal mexicano un dictamen con un proyecto de decreto cuyo primer artículo decía: “El patronato de la iglesia mexicana reside radicalmente en la nación y su ejercicio se arreglará por una ley particular”. Aprobado por los senadores, pasó a la Cámara de Diputados, que hizo lo propio el 21 siguiente. Aunque las discusiones tuvieron lugar en sesiones secretas, ello no evito que se conociera por la prensa e incluso por el episcopado, el cual no tardó en protestar por dicha declaratoria. La más conocida de dichas protestas fue la del obispo de Puebla, Francisco Pablo Vázquez y Sánchez Vizcaíno, fechada el 30 de mayo y dirigida al presidente Antonio López de Santa Anna. La protesta tenía un claro fundamento: desde 1822, lo hemos visto en entradas anteriores, el clero había declarado que el patronato había quedado abolido y que a la autoridad civil no correspondía sino el derecho de exclusiva. Aunque no conozco con precisión los detalles, creo que podría decirse que las voces de los obispos fueron escuchadas pues el gobierno no llegó a publicar el decreto en cuestión.

Hasta ahí todo iba, digámoslo así, normal. No era la primera vez que los congresistas mexicanos pretendían declarar el patronato residente en la nación, pero hasta ahora siempre había prevalecido el argumento de la negociación con la Santa Sede. Pero entonces también apareció en la misma escena un línea de argumentación algo distinta. El ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos Miguel Ramos Arizpe, presentó su memoria anual ante el congreso ese mismo mes. Ramos Arizpe era un hombre ya de larga experiencia en la política, diputado en las Cortes de Cádiz de 1812 y en las de 1820, fue luego diputado en los primeros congresos constituyentes mexicanos. Clérigo, había ingresado al cabildo catedral de Puebla gracias al gobierno español de tiempos del Trienio Liberal, y había sido promovido a deán en las provisiones de 1831 de las que hablamos en la entrada anterior. Pues bien, el ministro y deán arguyó en su memoria que la nación no sólo tenía en sí el derecho del patronato, sino que ya lo había ejercido sin la oposición más mínima del ilustrado, patriota y dócil clero mexicano”. Y para probarlo enumero ocho decretos, de los Congresos o del gobierno, entre los cuales resaltaban sobre todo las provisiones de beneficios mayores y menores realizadas entre 1829 y 1831.

Comentando dicha argumentación, el obispo de Michoacán Juan Cayetano Gómez de Portugal y Solís, no pudo sino decir: “El ministro de negocios eclesiásticos yerra en todo esto”. La descalifcación no venía de cualquiera. Monseñor Portugal había sido compañero de Ramos Arizpe en el congreso constituyente de 1824 y había luego ocupado una curul en casi todas las legislaturas federales posteriores hasta su promoción al episcopado. Conocía bien, por tanto, los términos de todos esos decretos. Lo hemos visto en las entradas anteriores, en todos ellos la autoridad civil ejercía la exclusiva, no el patronato.

Cabe reconocer que la maniobra del ministro era inteligente: no había necesidad de hacer ya ninguna declaratoria de que el patronato residía en la nación porque ésta ya lo había ejercido. Por tanto, no había sino que seguir sobre el mismo camino. Meses más tarde eso fue lo que haría el congreso, ordenando se proveyeran los beneficios eclesiásticos según las leyes de Indias, aunque no pudo evitar la paradoja de anular algunos de los decretos que habían servido de argumento a Ramos Arizpe, como los de la provisión de canonjías y de curatos. El lector que se interese en los detalles de esta historia puede recurrir al primer capítulo de la obra de Reynaldo Sordo Cedeño, El congreso en la primera república centralista (1993).

Ahora bien, me interesa resaltar la “trampa” de Ramos Arizpe sobre todo porque la confusión entre patronato y exlcusiva pareciera haber trascendido en el tiempo a través de la obra de diversos historiadores. Así es, la legislación citada por el ministro, las constituciones estatales y las discusiones de los congresos han servido para que varios autores lleguen a la conclusión de durante el primer federalismo existió un patronato que llaman “virtual”. En esa línea, la profesora Anne Staples decía en 1976 (La Iglesia en la primera república federal mexicana, SepSetentas, p. 59) que “como lo había hecho el virrey en virtud del patronato, los gobernadores podían eliminar a los candidatos non-gratos de la lista” de la provisión de beneficios. Como hemos visto, los virreyes no eliminaban candidatos, sino que “presentaban” directamente a uno de entre una terna. Los gobernadores sólo podían “excluir”. Ahí la diferencia entre patronato (derecho de presentación) y derecho de exclusiva. Puede parecer un asunto menor, un detalle intrascendente, pero creemos que no lo es tanto. En diversos trabajos la doctora Josefina Zoraida Vázquez nos ofrece muestras claras de las consecuencias de la confusión entre patronato y exclusiva. Su análisis de la constitución federal y de diversos decretos del congreso nacional, insisten en que la nación contaba con facultades en materia del patronato y que por ello ejercía de árbitro entre los estados y la iglesia, pero que los estados “se atribuyeron el ejercicio del patronato” (“Federalismo, reconocimiento e iglesia”, en Manuel Ramos (comp.), Historia de la Iglesia en el siglo XIX, 1998). Una iglesia debilitada desde la guerra de independencia no habría podido oponerse sino hasta el nombramiento de los primeros obispos, entre los cuales el de Puebla comenzó a ejercer el liderazgo necesario para oponerse a dicha competencia.

Paradójicamente cuando la doctora Vázquez cita las constituciones estatales, la mayor parte de sus referencias están en términos de “exclusiva” y no de “patronato”. Mas la interpretación ha hecho escuela: existen diversos trabajos sobre Michoacán, Jalisco, México, Puebla y Veracruz (Josefina Zoraida Vázquez (coord.), El establecimiento del federalismo en México, 2003) en donde se presenta a los estados efectivamente “apoderándose” del derecho de patronato, a pesar, repetimos de que las fuentes digan casi siempre “exclusiva”. No muy lejana es la interpretación del profesor Brian Connaughton, quien acuñó la expresión “patronato virtual” (“El ocaso del proyecto de ‘Nación Católica’. Patronato virtual, préstamos y presiones regionales, 1821-1856” en La construcción de la legitimidad política en México, 1999) para referirse a las atribuciones del gobierno durante el primera federalismo con aceptación tácita de la iglesia, como una vía, afirma, de protegerse contra los grupos que cuestionaban su papel en el nuevo régimen a través de la prensa.

Desde luego toda bibliografía que aquí citamos trata temas y realiza análisis que van mucho más allá del debate del patronato y que son sin duda, pertinentes e interesantes. Empero, nos parece, repetimos, que no se trata de un detalle menor. Rechazando la intervención del gobierno independiente, el alto clero no hacía, según nuestro punto de vista, sino proteger su legitimidad. Y no era una cuestión intrascendente, ya lo decía el profesor François-Xavier Guerra, en buena medida la gran crisis del Imperio español y la construcción de las nuevas naciones hispanoamericanas afrontaban el gran problema de cómo construir una nueva legitimidad tras el quiebre de la antigua lealtad monárquica. El clero hubiera podido ceder a la intervención plena de los gobiernos civiles, de hecho lo hizo en otras partes de América, como en Buenos Aires, donde tuvo lugar la implementación de un proyecto de iglesia nacional muy temprano en la década de 1820 (Roberto Di Stéfano, El púlpito y la plaza, 2004). Hubiera podido también buscar de inmediato y sin concesión fundar su legitimidad en un contacto mucho más estrecho con la Santa Sede, como lo pretendían ya algunos sectores de la iglesia española. Creemos que lo interesante es que el alto clero haya buscado más bien soluciones intermedias, como la de la exclusiva, en que no comprometía ni su relación con la Santa Sede ni con la autoridad civil. Pensar pues, que habían aceptado el patronato, nos impide ver la parte tal vez más original de la historia de la naciente Iglesia mexicana en construcción, además de pintarnos un cuadro de una Iglesia, o bien muy debilitada, o bien demasiado comprometida con el nuevo régimen.

Exclusiva y Federalismo II

En estas últimas entradas he tratado de abordar un tema que, desde mi muy particular punto de vista, no por ser clásico de la historia religiosa mexicana ha sido necesariamente bien aclarado y que gira en torno a la definición del patronato y de la exclusiva. Pues bien, fue en ese marco, el de un patronato declarado extinto, y de un derecho de exclusiva que la jerarquía eclesiástica había reconocido en la autoridad civil nacional pero del que se habían apropiado los estados, que tuvo lugar la primera gran provisión de beneficios mayores de México. Sobre esa provisión, que tuvo lugar entre 1829 y 1831, trataremos brevemente en esta entrada. Cabe decir en primer lugar que el asunto fue abordado en buena medida por una razón de urgencia. En efecto, lo hemos dicho en la entrada anterior, se había enviado un representante diplomático a la Santa Sede, el doctor Vázquez, con el objetivo de obtener el patronato para la nueva nación, y acaso lo ideal hubiera sido esperar el resultado de sus negociaciones.

Sin embargo, se imponía un hecho evidente: la desaparición progresiva del episcopado provisto en los últimos años del régimen virreinal. Debemos recordar que en México existían entonces sólo la arquidiócesis de México, sus ocho diócesis sufragáneas de Puebla, Michoacán, Oaxaca, Guadalajara, Yucatán, Durango, Linares (Monterrey) y Sonora, y la diócesis de Chiapas. Por tanto diez obispados en total, de los cuales tres estaban vacantes ya en septiembre de 1821 (Michoacán, Chiapas y Sonora) en dos sus titulares huyeron a España (el arzobispo Fonte en 1822 y el obispo de Oaxaca Manuel Isidoro Pérez Suárez en 1827), y los otros cinco fueron tambien vacando uno a uno hasta que en abril de 1829 falleció el último obispo, el de Puebla, Antonio Joaquín Pérez. Pues bien, el gobierno del presidente Vicente Guerrero, por entonces en uso de facultades extraordinarias para afrontar la invasión española, dictó dos decretos, uno el 22 de mayo de 1829 para la provisión de curatos y sacristías mayores, y el segundo el 23 de septiembre para la de obispados. Ambos decretos son consultables en la colección legislativa de Dublán y Lozano.

El primero de esos decretos fue el reconocimiento de la situación vigente: ordenaba la provisión de curatos y sacristías mayores “con arreglo a los cánones y costumbres de las iglesias”, validando que el derecho de exclusiva recaía en los estados a través de sus respectivos gobernadores. Éstos recibirían una lista de al menos cinco candidatos para “excluir los que no le sean aceptos” pero con una limitante rotunda: “dejando al menos dos para que pueda hacerse libre provisión”. El gobierno federal reconocía pues que el derecho de presentación había cesado, tal y como lo habían determinado los eclesiásticos desde 1822, pero también, tal y como lo habían establecido los constituyentes estatales, que la exclusiva era un derecho de los estados.

La provisión de obispados debía realizarse en términos harto semejantes: los cabildos catedrales formarían una lista de entre 6 y 9 candidatos para que los gobernadores estatales ejercieran la exclusiva, hasta componer una lista de candidatos para enviarla a Roma. Es cierto, la lista no contemplaba sino un nombre por obispado, pero incluso en ese caso reconocía que no se hacía uso del derecho de presentación. Así lo confirmó la administración del vicepresidente Bustamante por un decreto del 17 de febrero de 1830, cuyo artículo 1o. reconocía claramante que este procedimiento se hacía “sin perjuicio de que se active el arreglo del ejercicio del patronato”. Un último decreto, del 16 de mayo de 1831, ordenó también la provisión de las canonjías de los cabildos catedrales, siempre bajo los mismos principios: los eclesiásticos preparando listas de las cuales los gobiernos estatales e incluso el federal (para la Catedral de México) ejerciendo la exclusiva.

Ahora bien, es importante decir que la lista de candidatos presentada en Roma por el doctor Vázquez permitió la provisión de seis obispados: Puebla, Michoacán, Guadalajara, Durango, Monterrey y Chiapas, y algo más tarde, Sonora y Yucatán. Empero, lejos de darle validez a la intervención de las autoridades estatales y federales en la provisión de obispos, la Santa Sede optó por proveerlos motu proprio, es decir, como si fuera de su propia iniciativa. Ello no evita reconocer que dicha intervención tuvo efectivamente lugar, no bajo la forma del patronato insistimos, sino bajo la forma de un acuerdo tácito respecto al uso del derecho de exclusiva entre las autoridades tanto federales como estatales con la jerarquía eclesiástica mexicana. Sin embargo, apenas un poco después de que todos estos nombramientos tuvieron lugar, precisamente uno de los beneficiados de ella, Miguel Ramos Arizpe, nuevo deán de la catedral de Puebla, pondría en cuestión toda la historia que hemos venido narrando, dándole un giro muy particular al debate del patronato.

Exclusiva y Federalismo

Cuando el emperador Agustín de Iturbide abdicó en marzo de 1823 no había aún una solución definitiva para la provisión de beneficios eclesiásticos. Ya por entonces algunos de los diputados del primer Congreso Constituyente eran de la idea de que el derecho de presentación era inherente a la soberanía nacional, pero nada llegaron a legislar en concreto. A fines de ese mismo año, sus sucesores, los miembros del segundo Congreso Constituyente reiniciaron las discusiones al respecto. El resultado fue el envío de una misión diplomática a Roma, a cargo del doctor Francisco Pablo Vázquez y Sánchez Vizcaíno, canónigo de la Catedral de Puebla. Aquella fue una misión larga, complicada y con numerosos vaivenes. Una historia apasionante por donde quiera que se le mire: desde México, por los debates sobre las instrucciones al enviado, que tuvieron resultados a veces contradictorios y generaron nuevos manifiestos de los obispos; desde Europa, por los cabildeos de monseñor Vázquez en diversas ciudades hasta conseguir su entrada en la corte pontificia, su alianza con el embajador de la Gran Colombia, su lucha contra los embajadores españoles. Resulta así, al mismo tiempo, una historia política, religiosa y diplomática, que da cuenta de los proyectos sobre la Iglesia y sobre el Estado, uno y otro entonces en ciernes, tanto de parte de los políticos como de los clérigos. Y sin embargo, es una historia que no vamos a abordar aquí.

En efecto, aunque se trata de un tema sobre el que hay mucho que decir, y del que apenas existe una gran obra (Roberto Gómez Ciriza, México ante la diplomacia vaticana, 1977), creo que es importante dejarlo un momento de lado. En principio, porque tengo poco que decir, estando como creo que muchos otros, a la espera de la prometedora publicación de la investigación de la doctora Martha Eugenia García Ugarte, que sin duda nos esclarecerá mucho sobre los proyectos de iglesia de la época. Pero sobre todo, porque hay otro aspecto, más olvidado aún si cabe, que si se relaciona con esa historia apasionante, podríamos decir que constituye su lado “local” y por tanto más bien árido. Es la historia, no de los debates sobre el patronato, sino sobre las disputas por la exclusiva entre la federación y los estados.

Habíamos dicho en la entrada anterior: una vez consumada la independencia, el alto clero fue consultado por las nuevas autoridades sobre la forma de proveer los beneficios vacantes y concluyó que el Patronato regio había cesado, que había que llegar a un acuerdo con la Santa Sede, pero que la autoridad soberana tenía derecho a la exclusiva, mientras se dejaran los candidatos suficientes para que los prelados ejercieran la libre colación. Pues bien, en 1824, los nuevos estados libres y soberanos que se fueron constituyendo en el seno de la ahora república federal mexicana, fueron atribuyéndose uno a uno eso mismo: el derecho de exclusiva.

Sabemos por una obra ya clásica de Charles W. Macune que el estado de México (El estado de México y la federación mexicana, 1978) asumió la exclusiva por su ley orgánica del 6 de agosto de 1824, y atribuyó su ejercicio al gobernador, contando incluso con la anuencia del cabildo de la Catedral metropolitana y del seminario arquidiocesano. Esas corporaciones validaron entonces la distinción entre patronato y exclusiva, y que por tanto el constituyente mexiquense no interfería en un asunto que, como hemos dicho, estaba en vías de negociarse con la Santa Sede. El 26 de noviembre de 1824, el congreso constituyente de Veracruz hizo la misma declaratoria: la exclusiva era un atributo del gobierno estatal. El constituyente poblano, que entonces contaba todavía entre sus diputados al doctor Vázquez, haría lo mismo en marzo de 1825. Jalisco seguiría la misma línea en 1826. Los decretos y declaraciones quedarían asentados en las constituciones estatales, sobre todo entre las facultades de los gobernadores. Fue el caso, además de las constituciones de México y Veracruz, de las de Chihuahua y Durango.

Cierto, algunos constituyentes fueron previsores, como los Chiapas, Yucatán y el propio Durango, y se atribuyeron el derecho de presentación (el patronato pues), pero a futuro, dejando claro que mientras tanto el derecho que sí desde ese momento tenían era el de exclusiva. En su mayoría se perfilaba más o menos el mismo mecanismo: los obispos pasarían un informe confidencial al gobernador con una lista de candidatos a los beneficios vacantes, una terna decían algunos, para que tachara a aquellos que “puedan perturbar la tranquilidad pública”. En cualquier caso, debían quedar siempre los necesarios para la libre colación.

Creemos que es especialmente significativo que una de las constituciones de entonces no mencione nada sobre la exclusiva: la federal de octubre de 1824. Irónicamente había sido a las autoridades nacionales a las que el clero había reconocido ese derecho, y eran ellas mismas las que lo cedían de manera tácita a las nuevas soberanías estatales. En el lapso de apenas unos tres años, la ciudad de México había pasado de ser la sede del vicepatrono de la Iglesia, encargado de la presentación de los beneficios menores de la mayor parte del reino, a no tener siquiera (hasta donde sabemos al menos) la exclusiva de los de la arquidiócesis, sin haber opuesto ninguna resistencia. Quienes sí la opusieron fueron el obispo de Puebla, Antonio Joaquín Pérez Martínez, y el cabildo sede vacante de Guadalajara, ante el ejercicio de la exclusiva por parte de los gobiernos de Veracruz y Jalisco. Una reacción es cierto, inesperada, cuando había sido el propio clero el que había reconocido el derecho de exclusiva en manos de una autoridad civil desde 1822. Pero no, no nos extrañemos, monseñor Pérez y los canónigos tapatíos estaban preocupados, no tanto por el contenido en sí de los decretos sobre exclusiva, sino sobre todo por su aspecto formal. No debía ser especialmente halagador para los clérigos escuchar como justificación para el ejercicio de la exclusiva algún posible clérigo “perturbador de la tranquilidad pública”, como tampoco el hecho de tener que negociar nombramientos, no con uno, sino con tres o cuatro estados al mismo tiempo. Ello dado que los obispados eran más extensos que los estados, el de Puebla por ejemplo, contaba con parroquias en los estados de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca y Veracruz.

Sin embargo, a pesar de las reticencias habidas entre 1824 y 1826, la exclusiva acabó reconocida como un derecho de los estados, tanto por parte de la jerarquía eclesiástica como de las autoridades federales. Así lo reconocieron todas las partes cuando tuvo lugar la primera provisión de beneficios mayores del México independiente, entre 1829 y 1831, que incluyó tanto a los obispados como a los cabildos catedrales, y sobre la que hablaremos en la siguiente entrada.

Exclusiva

Vamos a dedicar esta entrada a estudiar con detalle un documento que no por muy citado es mejor conocido: el “Acta de la junta de diocesanos celebrada en México en el año de 1822” publicada en las Pandectas hispano-mejicanas de Juan Rodríguez de San Miguel.

Era el 19 de octubre de 1821, apenas unas pocas semanas después de que el Ejército Trigarante entrara a la Ciudad de México y se estableciera un gobierno provisional independiente para el entonces Imperio Mexicano. En esa fecha, el regente Agustín de Iturbide escribió al arzobispo de México Pedro José de Fonte haciendo notar la necesidad urgente de ocupar los beneficios eclesiásticos vacantes y pidiéndole “le exponga cuanto crea conveniente a llenar aquel objeto salvando la regalía del Patronato”. Podríamos decir que con esa carta el antiguo Patronato regio desaparece definitivamente de la historia para dejar paso al debate sobre el Patronato. Un debate entre el episcopado y los políticos mexicanos que se prolongará hasta que las Leyes de Reforma consagren la separación Iglesia-Estado en 1859. Si hoy puede parecernos una discusión un tanto bizantina, entonces no era un asunto menor: se trataba ni más ni menos que del lugar de la Iglesia y de la religión, no sólo en una nueva república independiente, sino sobre todo en un Estado liberal. Básicamente, el debate enfrentará a las dos fuentes hasta entonces absolutamente conciliables del antiguo Patronato regio: la concesión pontificia contra la regalía de la Corona que los liberales transformarán en atributo de la soberanía nacional.

Pero no nos adelantemos, antes de asomarnos siquiera a ese debate, por cierto lleno, como cualquier otro, de trampas retóricas para el historiador, veamos cómo respondió el arzobispo Fonte a la solicitud del regente.

Como en cualquier otro asunto de gravedad, el arzobispo no respondió por sí solo, sino que consultó con dos cuerpos eclesiásticos: la junta de censura y el cabildo catedral. Los censores se reunieron el 20 de noviembre de 1821 y declararon:
1o. El cese del Patronato con la independencia y la necesidad de solicitarlo a la Santa Sede para el nuevo gobierno independiente.
2o. Que “por derecho devolutivo” la “potestad de proveer” recaía en los obispos.
3o. Que éstos debían dar “previamente noticia de las elecciones al gobierno, para que siendo las personas electas, gratas y de su satisfacción y confianza, y no ofreciéndosele nota alguna que oponerles”, procediera la colación canónica.

Conviene decir desde ahora que el segundo punto fue el más controvertido. Más adelante hubo quienes criticaron que se “devolviera” un derecho que había cesado. Pero no nos engañemos, esa era una crítica tramposa: no era el Patronato lo que volvía a los obispos, sino la libre provisión. Los censores actuaban en perfecta concordancia con el Concilio de Trento, que había establecido que, si un patronato cesaba, los beneficios se restablecían “a su antiguo estado de libertad”. Un estado que era, desde luego, jurídico y no histórico, pues los beneficios americanos nunca habían sido de libre colación.

Pero habíamos dicho que el arzobispo consultó también con otro cuerpo, el cabildo catedral. Éste se reunió el 24 de noviembre para tratar el asunto. Los canónigos redactaron entonces un extenso, erudito y ambigüo dictamen en el que, sin separarse de lo dicho por los censores, insertaron otra de las trampas de la discusión. Más atentos a los deseos del regente Iturbide, declararon que era para “salvar la regalía del Patronato” que los obispos pasarían a la Regencia una nota informando sobre los nombrados. Así, sin decirlo, los canónigos confundían el derecho de presentación del Patronato, con uno muy distinto, el de excluir candidatos: la exclusiva. Tal confusión, que entonces servía a los canónigos para salvar las apariencias con el futuro emperador, no dejará de repetirse con otros propósitos en los años siguientes.

Según parece, la Regencia no se dejó convencer tan fácilmente. En febrero de 1822, José Domínguez, ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos, citó a una junta de representantes de las nueve diócesis de la provincia eclesiástica mexicana. Acudieron siete eclesiásticos: el provisor del arzobispado Félix Flores Alatorre en nombre tanto de la arquidiócesis como de la diócesis de Durango; los canónigos dignidades Florencio del Castillo, de Oaxaca, José Domínguez Letona, de Michoacán, y Manuel Pérez Suárez, de Puebla; los prebendados Toribio González, de Guadalajara y Pedro González, de México, a nombre de la mitra de Sonora, y el cura de San Miguel Antonio Cabeza de Vaca por la mitra de Monterrey. Sin embargo, su respuesta no fue muy distinta. Era de esperarse así pues tres de ellos (Flores Alatorre, González y Cabeza de Vaca) eran también miembros de la junta de censura que había emitido el dictamen del 20 de noviembre.

En las varias sesiones que tuvo la junta entre febrero y junio, los eclesiásticos repitieron que se concedía al gobierno el derecho de excluir candidatos, pero ya no el de presentarlos directamente para su consagración, como era, lo hemos visto antes, bajo el Patronato regio. Más directos que los canónigos, declararon que con ello no hacían sino “la consideración justamente debida a la potestad civil”, sin pretender salvar ninguna regalía, y asegurando en cambio la legitimidad canónica de la provisión de beneficios. Tal era la diferencia, que puede parecer menor pero que entonces era sustancial, entre el Patronato y la Exclusiva.

Esta última, por cierto, no era ninguna novedad en los nombramientos eclesiásticos. De hecho, cuando menos desde el siglo XVII había una elección, la más importante del catolicismo, que se realizaba con la exclusiva de los tres grandes monarcas católicos europeos, los de España, Francia y el Sacro Imperio. Nos referimos desde luego a la elección del Papa. En efecto, el Emperador, el rey católico y el rey cristianísimo contaban cada uno con un cardenal protector que podía excluir a alguno de los candidatos a la sucesión de San Pedro si no era de la confianza del monarca. Así, si la exclusiva podía garantizar la legitimidad de esa elección tanto como las buenas relaciones con los soberanos católicos, no es de extrañarse que los eclesiásticos mexicanos recurrieran a ella para salvar su propia legitimidad y la tranquilidad de la relación con el nuevo Imperio. Mas lo que no sabían los miembros de esas juntas era que apenas unos meses más tarde los poderes soberanos serían ya no uno, sino más de veinte.

Patronatos

Creo que es momento de hablar de temas más clásicos de la historia religiosa mexicana. Aquí uno que es absolutamente fundamental: el Patronato regio, bajo el cual se encontraban, desde finales del siglo XV la iglesia de Granada, desde el siglo XVI todas las iglesias de los reinos de Indias y, desde el siglo XVIII, todas las iglesias peninsulares. Aquí presentaré únicamente cinco puntos que me parecen importantes sobre este tema.

1. ¿Qué es el Patronato? Remontémonos un poco en el tiempo, hasta la definición que presentan las Siete Partidas, la célebre recopilación de leyes realizada en el siglo XIII bajo el reinado Alfonso X de Castilla. Si parece algo exagerado ir hasta esta recopilación fundadora del derecho hispánico, no está de más decir que su trascendencia a lo largo de los siglo fue tal que no utilizamos aquí sino la versión que aparece de ellas en las Pandectas hispano megicanas publicadas por el abogado mexicano Juan N. Rodríguez de San Miguel en el siglo XIX. Pues bien, las Partidas presentaban una etimología del término y la interpretaban como “padre de carga” para enseguida definirlo como “el derecho o poder que ganan en la Eglesia, por bienes que fazen, los que son Patronos della”. Tales bienes podían ser la tierra, la construcción o la dotación de una iglesia, aquí como pocas veces la iglesia, el edificio, confundida con la Iglesia la comunidad. A cambio, los patronos recibían “honra, utilidad y carga”, pues se constituían en protectores de la iglesia y adquirían derechos sobre ella, el más importante: “e quando la Eglesia vacare (decían las Partidas), deue presentar Clerigo para ella”. Es decir, adquiría lo que en derecho canónico se llama “derecho de presentación”.

2. ¿Qué es el derecho de presentación? Veamos para ello el Curso de derecho canónico hispano e indiano del padre Murillo Velarde, utilizado en el siglo XVIII en el mundo hispánico, pero que sigue en buena medida el Corpus Iuris Canonici. La presentación no era sino una de las cinco vías posibles para designar, o mejor dicho, para proveer, los titulares de los beneficios eclesiásticos, es decir, los cargos con sus respectivas dotaciones, bienes y rentas. Las otras cuatro vías eran la elección, la postulación, la nominación y la libre colación. En la elección, un cuerpo colegiado designaba al titular por tres vías posibles: escrutinio, compromiso o inspiración el elegido tenía algún impedimento para el cargo, entonces simplemente se le postulaba hasta que un superior le concediera la excepción correspondiente. La nominación tenía lugar normalmente para los beneficios que se concursaban, pues los examinadores del concurso nominaban una terna de entre los concursantes para que un superior designara. En la presentación, que es la que nos interesa, el patrono designaba al titular del beneficio, mediando a veces la nominación, es decir, podía recibir la terna resultado de un concurso para designar al ganador. Acto seguido, el patrono presentaba al nuevo beneficiado ante el superior correspondiente para que éste le diera la colación canónica. La libre colación, tenía lugar cuando un prelado o superior designaba sin preceder elección, presentación o nominación alguna.

Así pues cuando hablamos del Patronato regio sobre las iglesias de Indias, queremos decir sobre todo que eran los reyes quienes designaban a los titulares de los beneficios eclesiásticos. Ahora bien, este derecho tiene también su historia.

3. ¿Cómo se obtuvo el Patronato? Los precedentes del Patronato indiano se remontan cuando menos al siglo XIII, cuando menos por lo que toca a su reconocimiento por el Papa. Los monarcas de Castilla y Aragón obtuvieron su ejercicio en los territorios que iban conquistando a los árabes, por ejemplo Córdoba en 1236 y Valencia en 1239. El precedente directo fue la bula Orthodoxae fidei, de 1486, en que el papa Inocencio VIII concedió el patronato de las iglesias de Granada y de Canarias. Así, en principio, el Patronato indiano sería una concesión pontificia otorgada por el papa Julio II en la bula Universalis Ecclesiae de julio de 1508.

Según el Compendio bulario índico, el papa habría concedido entonces a los reyes castellanos: a) La presentación ante la Santa Sede de todos los titulares de las iglesias metropolitanas, catedrales y monasterios, dignidades mayores y beneficios de ellas. b) La extensión de un año de plazo para presentar a los titulares para los que mediara la elección en un órgano colegiado. c) La presentación ante los obispos de los beneficios inferiores. d) El derecho a recurrir a otro obispo si el titular de la diócesis se negare a conceder la colación en diez días. Si a alguien le interesa ver la bula, está digitalizada en el, en el Archivo General de Indias bajo la signatura PATRONATO,1,N.8,R.3, Bula de Julio II, 28-VII-1508: patronato y presentación.

Sin embargo, la concesión pontificia no fue el único fundamento del Patronato indiano. En la Ordenanza del Patronato de 1574 el rey alegaba otra fuente, previa incluso a la bula pontificia. El patronato provenía de “haverse descubierto y adquirido aquel Nuevo Mundo, edificado y dotado en él las iglesias y monasterios a nuestra costa”. Uno y otra fuente, sin embargo, no eran sino completarias. El derecho de la época, no debemos olvidarlo, era acumulativo, por lo que, hasta la independencia al menos, no hubo mayor problema en mantener la doble argumentación sobre las fuentes del Patronato.

4. ¿Cómo se ejercía el Patronato? En concreto, podemos verlo en el título VI del libro 1o. de la Recopilación de Leyes de Indias. Hay que decir que el Patronato implicaba un gran esfuerzo burocrático en la corte de Madrid, donde se realizaban los más altos nombramientos. El rey se reservaba la presentación de arzobispos y obispos, si bien normalmente era tratada en el Consejo de Indias, cuyo parecer también era solicitado para el nombramiento de los cabildos catedrales, cuya presentación no se hacía ante el Papa sino ante el obispo respectivo. El rey se hacía presente además en los exámenes para las canonjías de oposición (doctoral, magistral y penitencial).

Por lo que toca a los beneficios menores, básicamente las parroquias, sacristías mayores, etcétera, eran los virreyes quienes se ocupaban de la presentación, en calidad de vicepatronos. Para los curatos se convocaba a concursos periódicos, de los que resultaba una terna de donde el vicepatrono designaba al nuevo titular para que el obispo le otorgara la colación canónica. Ahora bien, es importante decir que todo ello no implicaba el sometimiento absoluto de los eclesiásticos ante la potestad secular. Lejos de ello, nada más característico de la vida política del imperio hispánico que el enfrentamiento entre los altos prelados y los virreyes, aunque es cierto que en principio ambas potestades debían colaborar para el buen gobierno del reino.

5. Por último, ¿el Patronato era exclusivo de los reyes castellanos? Cabe decir que la mayor parte de las monarquías católicas de Europa contaban con alguna participación en la provisión de los beneficios eclesiásticos. Por el Concordato de Boloña de 1516, el rey de Francia tenía también el derecho de presentación, aunque sólo de los beneficios mayores, de la mayor parte de las iglesias de sus reinos. El rey de Portugal tenía asimismo el derecho de Patronato en sus reinos en tanto gran maestre de la Orden de Cristo.

El Patronato regio puede parecer un tema excesivamente técnico, sin embargo, no es un asunto menor. Era un procedimiento que permitía la participación de la potestad secular en los nombramientos eclesiásticos, manteniendo sin embargo los eclesiásticos su propia legitimidad a través de la colación canónica. Ésta, la conservaron siempre el Papa y los obispos, de manera que los reyes, por muy amplia que fuera su participación en todo el procedimiento, no investían directamente a los clérigos. Nada más caro a la Iglesia en su conjunto desde tiempos de la Reforma gregoriana (siglo XI), que evitar la intervención directa de las autoridades seculares en sus nombramientos. Tal había sido el sentido de la más célebre de los enfrentamientos medievales entre el Papa y el Emperador: la querella de las investiduras. De ahí que, una vez que se desintegró el Imperio hispánico, el primer problema eclesiástico de los nuevos estados nacionales fue la discusión sobre la continuidad o no del patronato indiano.